Rodelvis Cala Merencio

Expediente 1547/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1547/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Rodelvis Cala Merencio

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el oficio firmado por el Encargado de la Dirección de la Estación Migratoria Siglo XXI adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, y anexo que acompañan, a través del cual rinde la información que se le requirió en proveído de quince de noviembre de dos mil veintidós e informa que el directo quejoso Robidelvis Cala Merencio, ya no se encuentra alojado en esa estación migratoria, toda vez se le otorgo la condición de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas por una temporalidad de veinte días hábiles, lo cual lo corrobora con el anexo que acompaño al oficio de cuenta. Documental a la cual se le concede valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto por los numerales 129 y 202 EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 2 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable la Jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, tomo VI del Apéndice de 1995, Quinta Época, del rubro siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. En ese orden, de la certificación de cuenta también se advierte que transcurrió el plazo de veinticuatro horas concedido a la promovente Fabiola Jaqueline Madrid Santiago en auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, para que proporcionara el domicilio actual y correcto del directo quejoso Robidelvis Cala Merencio, sin que haya formulado manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y se tiene por no presentada la demanda promovida en favor de Robidelvis Cala Merencio. Ello es así, dado que el numeral 15 de la ley reglamentaria, dice: Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 3 ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas.". De lo anterior se advierte que la finalidad de establecer los actos previstos en el numeral citado, es que la demanda de amparo se promueva por un tercero y lograr la localización del directo agraviado con el objeto de que ratifique la demanda promovida a su favor, para estar en aptitud de proveer lo correspondiente. En ese sentido, de los autos en consulta se advierte que mediante proveído de doce de noviembre de dos mil veintidós y en estricto cumplimiento al citado numeral 15 de la ley de la materia, se ordenó la ratificación de la demanda presentada por Fabiola Jaqueline Madrid Santiago, en representación de Robidelvis Cala Merencio, ordenando al actuario que se constituyera para ello en "las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad", lugar donde se dijo se encontraba el directo quejoso, con el apercibimiento que de no hacerlo en los términos ordenados, se tendría por no presentada. En cumplimiento a lo anterior, el trece de noviembre del presente año, el actuario judicial adscrito se constituyó en tales instalaciones en busca de los quejosos; sin embargo, no encontró al mencionado inconforme, pues le informo Claudia Albores Galindo, quien ostenta el cargo de mando medio de la estación migratoria, que dicho quejoso no se encontraba albergado en dichas instalaciones. Por auto de quince de noviembre del año que transcurre, se requirió a la autoridad responsable y al promovente información respecto al paradero de la parte quejosa. EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 4 Por tanto, como se apuntó, si el fin último ante los actos previstos en el numeral 15 de la ley de la materia, es lograr la localización del agraviado con el objeto de que ratifique la demanda promovida a su favor, para estar en aptitud de proveer lo correspondiente; y en ese sentido, es manifiesto que en el caso, resulta innecesario seguir con la búsqueda y localización del quejoso Robidelvis Cala Merencio, a fin de obtener la ratificación de la demanda promovida a su favor, cuando del referido informe de cuenta, la autoridad responsable fue contundente y categórica en informar que a dicho quejoso se le otorgo la condición de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas por una temporalidad de veinte días hábiles, razón por la cual ya no se encontraba alojado en esa instalación migratoria, sin que se cuente con un domicilio en el que pueda ser localizado para la ratificación de la misma, ni por parte de la responsable, ni por el propio promovente, por lo que se colige, el directo impetrante citado ya no se encuentra en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, una vez que cause estado el presente proveído se dejaran sin efectos las providencias dictadas por este juzgado en el auto inicial de doce de noviembre de dos mil veintidós. Comuníquese la presente determinación a las autoridades responsables, y hágase del conocimiento el contenido íntegro del presente auto, por única ocasión, al promovente en el domicilio que señaló en la demanda, y a los directos quejosos por medio de lista, así como las subsecuentes notificaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio suscrito por el Juez Ejecutor de Sentencia del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, al cual anexa copias certificadas del incidente I/09/2021-I de su índice. Atendiendo a la voluminosidad de tales constancias, en aras de lograr mejor control y manejo del presente expediente, se ordena formar un cuaderno de pruebas. Sin que resulte necesario hacer mayor pronunciamiento al respecto, dado que las citadas constancias se tuvieron por recibidas en auto de tres de los corrientes y se ordenó dar vista a las partes con las mismas.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a doce de noviembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Fabiola Jacqueline Madrid Santiago en favor de Robidelvis Cala Merencio, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmense los respectivos expedientes, regístrense en el libro de gobierno relativo, así como en el Sistema José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 2 Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] bajo el consecutivo 1547/2022. CONSIDERACIONES PRELIMINARES Como cuestión previa y para una mejor intelección se destaca lo siguiente: Del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (sise), se aprecia que el quejoso Rovidelvis Cala Merencio (nombre correcto), a través del asesor jurídico federal, presentó demanda de amparo indirecto ante este mismo órgano jurisdiccional, el cual se radicó con el número 1537/2022, en el que reclamó los actos reclamados que consideró afectan su esfera jurídica. Asimismo, en la demanda con que se da cuenta, se advierte que el citado directo quejoso, a través de un patrocinio particular, ocurre a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que considera también en lo afectan; sin embargo, al analizar ambas demandas, se llega a la conclusión que dicho quejoso se duele de las mismas autoridades y de los mismos actos, como se demuestra del siguiente cuadro comparativo: J.A. 1537/2022 (1) J.A. 1547/2022 (2) ILEGAL ASEGURAMIENTO, ALOJAMIENTO ASEGURAMIENTO INCONSTITUCIONAL ILEGAL PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD ILEGALPRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DETENCIÓN ILEGAL DETENCIÓN REGRESO ASISTIDO O DEPORTACIÓN DEPORTACIÓN INCOMUNICACIÓN INCOMUNICACIÓN EXTRADICIÓN DESAPARICIÓN FORZADA HABERLO OBLIGADO A FIRMAR PAPELES DESCONOCIENDO SU CONTENIDO. José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 3 Como puede verse, los actos reclamados por el aludido directo quejoso, en ambas demandas de amparo, son esencialmente idénticos, además que se duele de las mismas autoridades en las dos. Así que, en el juicio de amparo indirecto 1537/2022, mediante auto de radicación de once de los corrientes, este juzgado concedió al impetrante, la suspensión de dichos actos reclamados1 y asimismo se le requirió también que ratificara su demanda, para cuyo cumplimiento se encuentra transcurriendo el término que en dicho auto de radicación del citado amparo (1537/2022), se le concedió. Dicho lo precedente, es necesario acotar los actos reclamados por el quejoso en esta nueva demanda que se presenta, que son: aseguramiento inconstitucional, ilegal privación de la libertad, ilegal detención, deportación, incomunicación, extradición, desaparición forzada y haberlo obligado a firmar papeles desconociendo su contenido. Por lo tanto, es claro que en la anterior demanda del citado quejoso y en esta nueva, los actos reclamados, redundan en el ilegal aseguramiento y alojamiento, incomunicación, privación ilegal de la libertad por la detención de la que fue objeto, la posible deportación de la que se queja, incluida también la posible expulsión del país que menciona, el destierro y cualquier otro acto en que la autoridad responsable determine enviarlo a su país de origen, sin agotar el procedimiento y los términos legales para ello. Luego, tales actos quedan comprendidos dentro de la medida cautelar consistente en la suspensión de plano concedida al quejoso, en la radicación del juicio de amparo 1 Como se advierte del apartado correspondiente al juicio 1537/2022 del cuadro comparativo. José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 4 1537/2022 del índice de este juzgado, es decir, sobre tales actos este juzgado ya concedió al impetrante la medida cautelar solicitada (suspensión de plano), por lo que el quejoso no se encuentra inaudito, ni se conculcan sus derechos humanos respecto de estos actos reclamados que se destacan. DESECHAMIENTO PARCIAL En consecuencia, quien ahora resuelve, estima que la demanda del quejoso Rovidelvis Cala Merencio (nombre correcto), debe desecharse parcialmente, como en seguida queda demostrado. El artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número I.1o.A. J/4, emitida en la Novena Época, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 5 de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En ese sentido, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo con que se da cuenta, como ya se precisó precedentemente, de oficio se advierte que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, con base a las razones que a continuación se exponen. En efecto, el mencionado artículo 61, en su fracción X, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. Del citado precepto se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, cuando sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La causa de improcedencia a que se hace referencia, es conocida como litispendencia, la que ha sido definida como el estado del litigio que se halla pendiente de resolución ante un tribunal, o lo que es igual, el estado del José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 6 juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria. La figura jurídica de la litispendencia se funda en tres razones principales: en el principio de economía procesal que exige que se eviten dos procesos sobre el mismo litigio; en la necesidad de evitar dos sentencias diversas y aun contradictorias sobre el mismo litigio; y finalmente, en que sería injusto obligar al demandado a defenderse en dos procesos diversos respecto de una misma demanda. En esa tesitura, en términos del referido artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando se actualizan los supuestos siguientes: a) Que la ley o acto que se reclamen en el juicio de amparo sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese diverso juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y c) Que ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De lo expuesto se advierte con meridiana claridad, que la improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, no se encuentra condicionada a que además de que el acto reclamado en un juicio de garantías sea idéntico a aquel que el quejoso reclame en otro diverso juicio de amparo en trámite contra las mismas autoridades responsables, en cada uno de los juicios exista también identidad de pretensiones o causa de pedir del quejoso, pues en dicho precepto legal se establece que no obsta para que se José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 7 configure la improcedencia en cuestión que las violaciones constitucionales sean diversas. De ahí que si el legislador no estableció tal condición, el juzgador de amparo tampoco puede hacerlo, atento al principio de que donde el legislador no distinguió el juzgador no puede establecer alguna distinción. Sobre el particular, conviene citar el criterio sustentado por el Tribunal Pleno del Más Alto Tribunal del País, visible en la página cuarenta y uno, Primera Parte, Tomo XCIX, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materia común, Sexta Época, que dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: 'El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior'. La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: 'El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas'. Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litis pendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso. De igual manera, resulta aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cuarenta y dos, Tomo José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 8 205-216 Primera Parte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materia común, que dice: LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia. Como se precisó con antelación, es un hecho notorio para este Juzgado, que el once de noviembre del año en curso, se radicó la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Custodio Lázaro, asesor jurídico federal, adscrito al Instituto Federal de Defensoría Pública, en favor de ROVIDELVIS CALA MERENCIO (nombre correcto) contra los actos reclamados señalados con antelación, entre otros, al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad y otras autoridades, a la cual correspondió el número de juicio 1537/2022 que se radicó y se concedió la suspensión de plano, por lo que, como se dijo al principio, es inconcuso que en el caso se actualiza la figura de litispendencia. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, junio de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son los siguientes: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 9 QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.- Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Y la jurisprudencia J/12, sustentada por el ahora Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicado en la página 295, Tomo V, enero de 1997, Novena Época, del Apéndice Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. Asimismo, sirve de apoyo el criterio de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO. Sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. De lo anterior, queda evidenciado que el acto reclamado en la demanda que dio origen a este asunto, es, en su esencia, materia de otro juicio de amparo previamente promovido por la misma parte quejosa, José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 10 contra las mismas autoridades y actos reclamados, que ya se encuentra radicada, pues, como se indicó, en el juicio de amparo 1537/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, fue recibida la demanda condigna el once de noviembre de dos mil veintidós y en esa fecha se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa, respecto de los actos que hoy nuevamente reclama y redundan en el ilegal aseguramiento y alojamiento, incomunicación, privación ilegal de la libertad por la detención de la que dice fue objeto, la posible deportación de la que se queja, incluida también la posible expulsión del país, el destierro y cualquier otro acto en que la autoridad responsable determine enviarlo a su país de origen, sin agotar el procedimiento y los términos legales para ello. Así que es palmario que dichos actos reclamados quedan comprendidos dentro de la medida cautelar consistente en la suspensión de plano concedida al quejoso, en la radicación del citado juicio de amparo (1537/2022) del índice de este juzgado. Por lo tanto, se insiste, con base en lo anteriormente expuesto, se actualiza la figura de litispendencia. Resulta aplicable al caso, la tesis VII.P.83 K, emitida por el entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página doscientos sesenta, Tomo XV, enero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que prevé: LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 11 de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio. Como corolario, con fundamento en lo contemplado en el artículo 113, en relación con el dispositivo 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, resulta procedente desechar la demanda de amparo, respecto de los actos reclamados acabados de mencionar (los que redundan en el ilegal aseguramiento y alojamiento, incomunicación, privación ilegal de la libertad por la detención de la que fue objeto, la posible deportación de la que se queja, incluida también la posible expulsión del país que menciona, el destierro y cualquier otro acto en que la autoridad responsable determine enviarlo a su país de origen, sin agotar el procedimiento y los términos legales para ello), por resultar notoriamente improcedentes, debido a que esencialmente son materia de otro juicio de amparo en trámite. DESECHAMIENTO RESPECTO DE AGENTES MIGRATORIOS Por otra parte, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, también SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, por su notoria improcedencia, únicamente respecto de las autoridades responsables que la promovente señala como "LOS AGENTES DE MIGRACIÓN QUE ESTABAN EN TURNO EL DÍA JUEVES 10 DIEZ DE NOVIEMBRE DEL 2022, EN LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS". Ello es de ese modo, pues no es factible tenerlos como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, ya que, al margen de la denominación genérica que realiza, se trata propiamente de los auxiliares de las autoridades ordenadoras, sobre las que este juzgado hace José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 12 pronunciamiento en este proveído. Cobra aplicación la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, de la Quinta Época, visible en la página 516, Tomo XVIII, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: AGENTES DE POLICÍA.- No son autoridades contra las cuales se pueda pedir amparo, puesto que son simples auxiliares de las autoridades propiamente ejecutoras, que responden de sus actos, porque derivan de su voluntad propia, en virtud del imperio o mando que les confiere su cargo; mientras que los agentes intervienen sólo por la ejecución meramente material. SUSPÉNSION DE PLANO Sentado lo precedente, es necesario precisar que los actos reclamados en esta nueva demanda del quejoso Rovidelvis Cala Merencio, al margen de los que ya fueron objeto de pronunciamiento por este juzgado, subsisten los siguientes: ? Desaparición forzada de persona. ? Haberlo obligado a firmar papeles desconociendo su contenido. Ahora bien, primeramente es necesario tener en cuenta los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, que regulan la figura de la suspensión de plano, en la tramitación de un juicio como de la naturaleza del presente, que a la letra dice: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso". "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 13 autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal". Como se puede ver, las porciones normativas apenas transcritas, fijan las directrices o lineamientos a tomar en cuenta para conceder dicha medida cautelar; de ahí que el acto reclamado por el quejoso engasta en lo que tales preceptos previenen, esto es, ha sido solicitada por la parte quejosa y el acto reclamado se trata de desaparición forzada. Sin embargo, no se actualiza la hipótesis prevista en el último párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, en lo relativo a la desaparición forzada, que dice: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. (.) Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona". Lo anterior es así, pues al margen de lo narrado en la demanda por la compareciente en favor del directo quejoso, se aprecia que el posible acto de desaparición forzada de persona, lo cimienta en que las responsables le José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 14 han negado el acceso al interior de la estación o punto de revisión migratoria y tampoco le han permitido sostener plática alguna con su representado, lo cual per se, no constituye propiamente una desaparición forzada de persona. A ello hay que sumar lo que se advierte de las actuaciones del juicio de amparo 1537/2022, del índice de este juzgado, como se aprecia de la certificación de cuenta, en el sentido de que el directo quejoso, ante el actuario adscrito, ratificó la demanda presentada en su favor por el asesor jurídico federal adscrito a la Defensoría Pública Federal en el citado juicio, por lo que quejoso se encuentra alojado en las instalaciones de la Estación Migratoria siglo XXI del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad. Esto jurídica y racionalmente no constituye el ocultamiento de la autoridad de una persona con el fin de menoscabar sus garantías y derechos humanos, incluso para propinarle malos tratos, crueles o inhumanos. Sirve de apoyo a lo anterior, que como hecho notorio se invoca el citado juicio de amparo, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Registro digital: 2017123, Instancia: Pleno, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: P./J. 16/2018 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, que dice: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 15 Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. Por todo lo anterior, es de afirmarse que una desaparición forzada de persona, con los elementos que proporciona la compareciente y los que revela dicho juicio de amparo, no engasta en el caso concreto. Ello se sostiene a partir de las diversas definiciones contenidas en instrumentos internacionales -entre otros, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, del Informe del Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada o Involuntaria de Personas y el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas- que José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 16 determinó que los elementos que deben concurrir para actualizar dicha violación de derechos humanos caracterizada por ser pluriofensiva y continuada o permanente, son: 1) la privación de la libertad; 2) la intervención directa en dicho acto por agentes estatales o con la aquiescencia de éstos; 3) la negativa de reconocer la detención; y, 4) la negativa de revelar la suerte o paradero de la persona interesada, lo que en la especie no sucede, ya que, como se dijo, el directo quejoso, se encuentra en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, en el que el actuario de la adscripción, sin mayores problemas pudo entrevistarse con él. En consecuencia, con fundamento en los artículos 125 y 126, de la Ley de Amparo, aplicados a contra sentido, SE NIEGA LA SUSPENSIÓNI DE PLANO solicitada por la parte quejosa, respecto del acto reclamado consistente en la desaparición forzada de la que se queja. En apoyo de lo anterior, se invoca la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable con los siguientes datos, Registro digital: 2020364, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, Tesis: I.1o.P.162 P (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4527, que dice: DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Y CONCURRENTES PARA CONSIDERARLA UNA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, Y QUE DEBEN ESTUDIARSE CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO, SIN ESCINDIRLOS. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los párrafos 139 y 140 de la sentencia de 23 de noviembre de 2009 del Caso Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos -al que se acude por reunir los requisitos de su aplicabilidad conforme a la jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.)- , interpretó diversa normativa en materia de desaparición forzada, entre otros, los artículos II y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual el Estado Mexicano es Parte desde el 9 de abril de José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 17 2002, el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1987-1988, Capítulo V.II., así como diversas definiciones contenidas en instrumentos internacionales -entre otros, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, del Informe del Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada o Involuntaria de Personas y el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas- y determinó que los elementos que deben concurrir para actualizar dicha violación de derechos humanos caracterizada por ser pluriofensiva y continuada o permanente, son: 1) la privación de la libertad; 2) la intervención directa en dicho acto por agentes estatales o con la aquiescencia de éstos; 3) la negativa de reconocer la detención; y, 4) la negativa de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. Por tanto, cuando se reclama ese acto en el juicio de amparo, deben estudiarse la concurrencia de dichos elementos, sin escindirlos, pues sólo de este modo el análisis legal de la desaparición forzada es consecuente con la compleja violación a derechos humanos que ésta conlleva, con su carácter continuado o permanente y con la necesidad de considerar el contexto en que ocurrieron los hechos, a fin de analizar sus efectos prolongados en el tiempo y enfocar integralmente sus consecuencias; estimar lo contrario, no permitiría respetar el derecho a la reparación integral del daño y a conocer la verdad de las víctimas, lo que equivaldría a inobservar la obligación de reparar las violaciones de derechos humanos, lo que es jurídicamente inadmisible, acorde con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RATIFICACIÓN DE DEMANDA Se instruye al actuario judicial adscrito a este juzgado para que se constituya en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración Siglo XXI, de esta ciudad, a fin de que localice al directo quejoso Rovidelvis Cala Merencio, y en caso de encontrarlo le comunique esta determinación y lo requiera para que en ese acto procesal o dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 15 de la ley de la materia, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, o transcurrido el plazo concedido, se tendrá por no presentada la misma, quedando sin efecto las providencias aquí decretadas. Asimismo, el funcionario encomendado deberá dar fe de la integridad física de la parte quejosa y de las José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 18 condiciones de su confinamiento, a fin de estar en aptitud de acordar lo procedente. De igual forma, se comisiona al actuario de la adscripción para que en caso de no encontrar a los directos quejosos recluidos en la Estación Migratoria antes citada, indague entre las diferentes autoridades migratorias en esta ciudad, a fin de que, de encontrarse dentro de la jurisdicción de este juzgado, se constituya de forma inmediata para lograr la encomienda aquí realizada. En el caso de que en el centro de migración se niegue que la parte agraviada se encuentre recluida en ese lugar, se faculta al actuario para que se introduzca y cerciore al interior de dichas instalaciones. PREVENCIÓN Por otra parte, con el fin de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en su párrafo primero textualmente dispone: "El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse (.) II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley: .". Por lo tanto, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y V, en relación al 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que se encuentre notificada de este acuerdo o en el acto de la notificación bajo protesta de decir verdad, aclaren su demanda en los aspectos siguientes: José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 19 Primero.- Señale si contra actos similares a los ahora reclamados (desaparición forzada) ha promovido con anterioridad un diverso juicio de amparo, debiendo indicar el número que le haya recaído y el órgano jurisdiccional que lo tramita o que conoció del mismo. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar respuesta de manera precisa a esta prevención, se tendrá por no presentado el libelo que se trata, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar directamente la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales el quejoso deba manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos que le consten. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. Así también se hace saber si con posterioridad y con motivo de las constancias allegadas por las partes, este tribunal advierte que la parte promovente, sus José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 20 representantes, abogados y/o autorizados afirmaron hechos falsos u omitieron los que le constaba con relación al acto reclamado y sus antecedentes, lo manifestado en su demanda y/o aclaración, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261, de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Y DOMICILIO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo. Asimismo, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley Amparo, se tiene por autorizada a la ocursante y a la diversa persona únicamente para los efectos que indica en sus libelo. También, como solicita la parte promovente, a fin de mejorar la comunicación - no procesal- con ésta en el presente juicio de amparo, se tiene designando como correo electrónico el siguiente: jakymadsan@gmail.com. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 21 Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C2, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que 2 Registro: 167640, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.725 C, Página: 2847. José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 22 intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. OFICIO DE COMPENSACIÓN Gírese oficio a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, para efectos de la compensación estadística. Notifíquese personalmente.

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