Rocío Yazmín Meza Linares
Expediente 1670/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1670/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Rocío Yazmín Meza Linares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
México, Distrito Federal, veintidós de octubre de dos mil quince. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa, a través del cual desahoga la prevención formulada en auto de dieciséis de octubre de dos mil quince. Ténganse por desahogado el requerimiento de mérito y se dejan sin efectos los apercibimientos decretados en el mismo. Vista la demanda de amparo y el ocurso aclaratorio presentados por Rocío Yazmín Meza Linares, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. De una lectura integral de la demanda de amparo, de sus anexos, del ocurso aclaratorio de cuenta y del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se desprenden los antecedentes siguientes: 1. Rocío Yazmín Meza Linares es una cadete que estudiaba el Curso de Formación de Oficiales Licenciadas en Enfermería Militar en la Escuela Militar de Enfermeras, perteneciente a la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 2. El tres de junio de dos mil catorce, se le inició la causa penal 183/2014, al considerársele como probable responsable del delito de deserción no estando en servicio. 3. El doce de junio de dos mil catorce, el Juez Tercero Militar adscrito a la Primera Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional dictó auto de formal prisión, en la causa penal referida; y, el cuatro de julio siguiente dictó sentencia condenatoria en la que declaró penalmente responsable a Rocío Yazmín Meza Linares. 4. En dicha sentencia se le impuso una pena de prisión de un mes; sin embargo, se le sustituyo por una amonestación, razón por la cual, la libertad provisional que se encontraba gozando pasó a ser definitiva y, en consecuencia, se ordenó la ejecución de dicha amonestación. La sentencia se declaró firme el catorce de julio de dos mil catorce. 5. Mediante oficio M-3/4866, de diecisiete de julio de dos mil catorce, emitido por el Comandante de la Primera Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto del Jefe del Estado Mayor en suplencia por su ausencia; apoyándose entre otros, en el artículo 2 del Reglamento de los Grupos de Militares Procesados y Sentenciados, se resolvió en definitiva el procedimiento de baja y se regularizó la situación administrativa de Rocío Yazmín Meza Linares, en los siguientes términos: a) Como resultado del auto de formal prisión dictado en la causa penal que se le siguió, se ordenó que a partir del doce de junio de dos mil catorce, causara baja de la Escuela Militar de Enfermeras y alta en el Grupo de Militares Procesados. b) Como consecuencia de la sentencia condenatoria de la causa penal se ordenó que a partir del cuatro de julio de dos mil catorce, causara baja del Grupo de Militares Procesados y alta en el Grupo de Militares Sentenciados. c) En virtud de lo anterior, quedó a disposición de la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional, conforme a los artículos 2 y 26 del Reglamento de los Grupos de Militares Procesados y Sentenciados. 6. Mediante el acuerdo 93441, de nueve de octubre de dos mil catorce, el Secretario de la Defensa Nacional ordenó que, a partir del dieciséis de octubre de dos mil catorce, Rocío Yazmín Meza Linares causara baja de la situación en que se encontraba (a disposición) y alta en la Planta del Cuartel General de la Novena Zona Militar en el municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, como Cabo Oficinista. 7. Inconforme con lo anterior, Rocío Yazmín Meza Linares promovió juicio de amparo del que correspondió conocer al Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en donde se registró el expediente 1076/2014. 8. Resulta innecesario mencionar cuáles fueron los actos que reclamó Rocío Yazmín Meza Linares y a qué autoridades se los atribuyó; sin embargo, lo que sí resulta de vital importancia es mencionar cuáles actos fueron materia de análisis en la sentencia que se dictó en dicho juicio de amparo. Así, tenemos que en la sentencia dictada el once de marzo de dos mil quince en ese juicio de amparo, el Juez de Distrito únicamente se ocupó de los actos siguientes: "Actos reclamados: 1. El oficio número M-3/4866, de diecisiete de julio de dos mil catorce, emitido por el Comandante de la Primera Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. 2. El oficio número S.A.-3105/014552, de veinticinco de julio de dos mil catorce, emitido por el Director de la Prisión Militar adscrita a la Primera Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. 3. Artículo 2 del Reglamento de los Grupos de Militares Procesados y Sentenciados". 9. En la sentencia referida, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal concedió el amparo en contra del artículo 2 del Reglamento de los Grupos de Militares Procesados y Sentenciados, al considerar que transgredía el principio de reserva de ley porque preveía un supuesto para decretar la baja de un militar que la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ni la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos contemplaban, a saber: estar sujeto a un proceso penal. Dicho de otra manera, el Juez de Distrito concluyó que la baja no constituye una pena derivada de la comisión del delito, sino una sanción administrativa independiente al proceso penal, que se substancia a través del procedimiento administrativo relativo. En consecuencia, concedió la protección constitucional para que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: "- No apliquen a la quejosa el artículo 2 del Reglamento de los Grupos de Militares Procesados y Sentenciados, reclamado en forma destacada. - Dejen insubsistente el oficio número M-3/4866, de diecisiete de julio de dos mil catorce, emitido por el Comandante de la Primera Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto del Jefe del Estado Mayor. - Dejen insubsistente el oficio número S.A.-3105/014552, de veinticinco de julio de dos mil catorce, emitido por el Director de la Prisión Militar adscrita a la Primera Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. - Den de alta de la quejosa en la Escuela Militar de Enfermeras de la Secretaría de la Defensa Nacional para que pueda continuar sus estudios; considerando que la baja decretada por haber sido sujeta a proceso y sentenciada en la causa penal número 183/2014, por el delito de deserción no estando en servicio, del índice del Juez Tercero Militar adscrito a la Primera Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, se fundó en el sistema normativo derivado de los artículos 2 del Reglamento de los Grupos de Militares Procesados y Sentenciados; 139, 140, fracción XI, 141 y 142 del Reglamento de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; 66, fracción XIV, 67 y 68 del Reglamento de la Escuela Militar de Enfermeras y, que este sistema resulta inconstitucional, conforme al análisis de control directo y ex officio realizado en la presente sentencia de amparo". 10. Dicha sentencia fue impugnada a través del recurso de revisión, del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito a través del toca R.A. 146/2015, dictando sentencia el veinticinco de junio de dos mil quince, cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes: "PRIMERO. En la materia de revisión se MODIFICA la sentencia recurrida; esto es, únicamente respecto de los efectos de la concesión del amparo. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto número 1076/2014, promovido por Rocío Yazmín Meza Linares; en relación con los actos reclamados, las autoridades responsables y conforme a los motivos y los fundamentos expuestos en los considerandos sexto y octavo de la sentencia de amparo. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Rocío Yazmín Meza Linares; en relación con el artículo 2 del Reglamento de los Grupos de Militares Procesados y Sentenciados, reclamado al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; y su acto de aplicación consistente en el oficio número M-3/4866, de diecisiete de julio de dos mil catorce, emitido por el Comandante de la Primera Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional; y el oficio número S.A.-3105/014552, de veinticinco de julio de dos mil catorce, emitido por el Director de la Prisión Militar adscrita a la Primera Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional; conforme a los motivos y los fundamentos expuestos en el considerando décimo tercero de la sentencia de amparo y para los efectos precisados en el considerando último de esta resolución". Como se advierte de la anterior transcripción, el Tribunal Colegiado modificó la sentencia recurrida, pero únicamente por lo que hacía a los efectos de la concesión del amparo, ya que consideró que la protección constitucional no podía tener por efecto que diera de alta a la quejosa en la Escuela Militar de Enfermeras de la Secretaría de la Defensa Nacional para que pueda continuar sus estudios. Lo anterior, ya que: "(.) la materia de pronunciamiento del amparo únicamente tiene impacto respecto de la constitucionalidad del citado reglamento y su aplicación en los oficios respectivos; pero no fue motivo de la concesión la legalidad o no del fondo de esos oficios, ni mucho menos la regularización de la situación administrativa de la quejosa. Es por ello que se insiste, no puede obligarse en este momento procesal a las autoridades para que además de dejar de aplicar el artículo inconstitucional mediante la inexistencia que decreten de los oficios controvertidos, se les constriña a decidir de una determinada forma respecto de los derechos de la quejosa en su calidad de cadete estudiante de la citada Escuela Militar, pues los efectos de la concesión sólo pueden abarcar a partir del primer acto de aplicación respecto del cual la quejosa manifiesta que tuvo conocimiento del perjuicio que le causó la hipótesis prevista en la norma reclamada". 11. En cumplimiento a esa ejecutoria de amparo, el Director General de Educación Militar y Rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, emitió el oficio O.A.J.-303, de uno de septiembre de dos mil quince, en el que se concede "garantía de audiencia" a Rocío Yazmín Meza Linares en relación con una nueva causa de baja de la Escuela Militar de Enfermeras, consistente en la acumulación de faltas. En efecto, en dicho oficio, se le otorga un plazo de quince días a Rocío Yazmín Meza Linares para que manifieste lo que a su interés legal convenga, con el objeto de resolver si procede o no que cause baja de la Escuela Militar de Enfermeras, al haberse colocado en la hipótesis prevista en el artículo 66, fracción XV, del Reglamento de la Escuela Militar de Enfermeras (consistente en haber acumulado faltas). 12. Inconforme con esa determinación, Rocío Yazmín Meza Linares promovió el juicio de amparo que ahora se analiza, en el que reclama múltiples actos y omisiones. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual manera, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez deber atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. A partir de las anteriores ideas y de una interpretación íntegra de la demanda de amparo, en relación con sus anexos, este Juzgador concluye que la quejosa reclama los siguientes actos: Los artículos 139; 140, fracciones VII y X; 141 y 142 de Reglamento de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea. Los artículos 66, fracción XV; 67 y 68 del Reglamento de la Escuela Militar de Enfermeras. El oficio O.A.J.-303, de uno de septiembre de dos mil quince, a través del cual se le concede derecho de audiencia. No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que en el capítulo de actos reclamados, la quejosa también alude a "la privación definitiva del derecho a la educación superior", así como a diversas "omisiones de cumplir con sus deberes militares", los cuales atribuye a distintitas autoridades; sin embargo, dichos actos no pueden ser considerados como reclamados autónomamente, ya que, atendiendo a la integridad de la demanda, se advierte que en realidad constituyen argumentos de defensa a partir de los cuales plantea la inconstitucionalidad de los actos que estima le afectan. Ahora bien, en mérito de lo hasta aquí expuesto y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgador estima que en la especie se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, toda vez que se impugna un acto dictado dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que no es de imposible reparación. Con el fin de demostrar la anterior conclusión, es necesario conocer el contenido de dichos artículos, en los que se prevé: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el artículo 107 de la Ley de Amparo se establecen supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, en ellos se especifican diversas hipótesis que de actualizarse, hacen procedente el juicio de amparo. Tomando en consideración lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, es dable concluir que si no se actualiza de manera expresa el supuesto de procedencia, entonces el juicio de amparo resultará improcedente. Así las cosas, en el caso concreto, no se surte a cabalidad el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que el oficio O.A.J.-303, de uno de septiembre de dos mil quince, a través del cual "se le concede garantía de audiencia a la quejosa", constituye el inicio de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y como tal, no es un acto de imposible reparación, toda vez que no afecta materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte. Lo anterior es así, ya que el hecho de que a través del referido oficio se le otorgue a la quejosa derecho de audiencia, con el fin de determinar si procede o no su baja de la Escuela Militar de Enfermeras, no constituye un acto de imposible reparación, sino que se trata de un acto procesal que sólo, de ser el caso, sólo podría afectar derechos adjetivos, por lo que es susceptible de controvertirse, en su caso, de manera conjunta con la resolución que resuelva en definitiva su situación. En efecto, en el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo se establece que el juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio -como sucede en este caso- sólo procede en dos supuestos, a saber: 1) contra la resolución definitiva, ya sea por vicios propios o bien, por violaciones cometidas durante el procedimiento, si dejaron sin defensa al quejoso y trascendieron al resultado de la resolución, y; 2) contra actos en el procedimiento, siempre que sean de imposible reparación. En ese precepto se define a los actos de imposible reparación como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte. Dicha norma alude a los derechos sustantivos, los cuales se diferencian de los derechos adjetivos o procesales, toda vez que la afectación de estos últimos podría no trascender a la resolución que se dicte en el fondo y, en caso contrario, es necesario que se impugnen junto con dicha resolución, en términos del artículo 107, fracción III, inciso, a) de la Ley de Amparo. Por tanto, si la quejosa reclama el oficio O.A.J.-303, de uno de septiembre de dos mil quince, a través del cual se le concede el derecho de audiencia para determinar si procede su baja o no de la Escuela Militar de Enfermeras, con motivo de la imputación que se le hace de haber acumulado un determinado número de faltas, es evidente que ese oficio constituye el inició de un procedimiento que habrá de terminar con el dictado de una resolución, razón por la cual, es innegable que se trata de un acto dictado dentro de un procedimiento administrativo seguido en su contra En consecuencia, resulta evidente que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, ya que ese acuerdo no se trata de un acto de imposible reparación en la medida en que no afecta derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte, sino que, en su caso, sólo es susceptible de afectar derechos procesales y, en consecuencia, la violación alegada debe hacerla valer cuando impugne la resolución definitiva de dicho procedimiento. Por otro lado, como ya se precisó con anterioridad, la quejosa también reclama normas generales; sin embargo, para que se pueda analizar la constitucionalidad de una norma general con motivo de su primer acto de aplicación, cuando éste se da dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, es necesario que dicho acto de aplicación sea de imposible reparación, pero en el caso, ya se demostró que el acto de aplicación que de dichas normas se reclama no es de esa naturaleza. A lo anterior, resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 2a./J. 215/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA CUANDO SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". No pasa inadvertido para este Juzgador que en su escrito aclaratorio, la quejosa refiere que el juicio resulta procedente porque se está decretando su baja; sin embargo, esa conclusión parte de una premisa incorrecta, ya que en el oficio reclamado no se creó, modificó o extinguió una situación jurídica concreta sobre su esfera de derecho, puesto que únicamente se le otorgó derecho de audiencia en relación con la imputación hecha (acumular faltas) para determinar si procedía o no su baja de la Escuela Militar de Enfermeras; es decir, en ese oficio no se determinó su baja, pues ese aspecto será materia de la resolución que se dicte una vez que se agote el derecho de audiencia que se le concedió. La anterior conclusión se robustece con el hecho de que uno de los actos que fue materia de análisis en el juicio de amparo 1076/2014, por parte del Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, consistió en el oficio M-3/4866, de diecisiete de julio de dos mil catorce, emitido por el Comandante de la Primera Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional que resolvió en definitiva el procedimiento de baja y regularizó la situación administrativa de la quejosa. Esa circunstancia, demuestra que la procedencia del juicio de amparo está reservada a la resolución definitiva en la que se determine la situación de la quejosa en la Escuela Militar de Enfermeras, lo que refuerza la conclusión a la que ha llegado este Juzgador con anterioridad. En mérito de lo expuesto, se concluye que, en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, la cual se advierte de manera patente y absolutamente clara, ya que sin importar lo que se pueda alegar en el juicio o las pruebas que se pudieren aportar, no sería factible llegar a una conclusión diversa, es decir, no variaría la convicción a la que ha llegado este Juzgador, razón por la cual, lo procedentes es desechar de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, en atención a las peticiones formuladas por la quejosa en el escrito con el que ha dado cuenta el secretario, se provee lo siguiente: Con apoyo en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Por autorizado en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a Francisco Hernández Tejeda; y, únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que menciona, en atención a la certificación de cuenta. Sin que sea procedente su petición para designar un representante común, toda vez que al tratarse de una sola quejosa no resulta aplicable el artículo 13 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo. Lo proveyó y firma Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien actúa asistido del licenciado Luis Hernández Plata, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.LHP*
- Principal
Notifíquese personalmente, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo. Agréguese el escrito signado por la quejosa, mediante el cual desahoga la prevención formulada en auto de ...Ténganse por desahogado el requerimiento de mérito y se dejan sin efectos los apercibimientos decretados en el mismo. Vista la demanda de amparo y ocurso aclaratorio presentados por ...Una vez analizada la demanda de amparo, este Juzgador estima que, en la especie, se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia y, en consecuencia, debe desecharse de plano...
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Notifíquese personalmente, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo. Agréguese el escrito signado por el autorizado de la quejosa, mediante el cual desahoga la prevención formulada en auto de ...Ténganse por desahogado el requerimiento de mérito ...dígasele que deberá estarse a lo que ahora se provee: ...se previene a la promovente para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad realice lo siguiente: 1. Informe a este órgano jurisdiccional cuál es el estado procesal que guarda el juicio de amparo ...2. Deberá exhibir nueve copias del escrito de aclaración que realice, ...3. De igual manera, deberá exhibir dos copias de ese escrito de aclaración para que, de ser el caso, se tramite el incidente de suspensión solicitado.-Se apercibe a la quejosa que de no cumplir con lo solicitado en los puntos 1 y 2, dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda,..De cumplir con dichos puntos pero no con el punto 3, de ser el caso, se postergara la apertura del incidente de suspensión...
- Principal
VISTO EL ESCRITO DE LA PARTE QUEJOSA... POR EL QUE DESAHOGA LA VISTA FORMULADO EN AUTOS... TENGASE POR HECHAS SUS MANIFESTACIONES MISMAS QUE SERAN TOMADAS EN CUENTA EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO.-
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