Roció Viridiana Guzmán Orozco

Expediente 185/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
185/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
23/02/2022

Partes del expediente

  • Roció Viridiana Guzmán Orozco

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual, comunica el acuerdo de veintiuno de febrero del año en curso, dictado en la revisión principal 89/2022, del que se advierte, que admitió a trámite los recursos de revisión adhesiva hecho valer por las autoridades responsables; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que no obra la constancia de notificación al quejoso de la sentencia dictada en autos el veintiséis de enero de dos mil veintidós; en consecuencia, túrnense los autos al actuario judicial que corresponda para que realice la notificación en comento a la parte quejosa. Zapopan, Jalisco; a veintiséis de enero de dos mil veintidós. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1660/2020, promovido por Juan Rafael Muñoz de Cote Serrano, apoderado legal de Nurban Activo Inmobiliario, Sociedad Anónima de Capital Variable; Administradora Inmobiliaria del Bajío, Sociedad Anónima de Capital Variable; Elizabeth de los Ángeles Scoffie Mariz, apoderada legal de Terrenos Alvarado, Sociedad Anónima de Capital Variable; Bernardo Salcedo Anaya, apoderado legal de Soserque, Sociedad Anónima de Capital Variable; y José Luis Orozco Montes, apoderado legal de Grupo Nurban, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades, por considerarlos violatorios de derechos humanos y garantías otorgadas para su protección en el artículo 1, 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Juan Rafael Muñoz de Cote Serrano, apoderado legal de Nurban Activo Inmobiliario, Sociedad Anónima de Capital Variable; Administradora Inmobiliaria del Bajío, Sociedad Anónima de Capital Variable; Elizabeth de los Ángeles Scoffie Mariz, apoderada legal de Terrenos Alvarado, Sociedad Anónima de Capital Variable; Bernardo Salcedo Anaya, apoderado legal de Soserque, Sociedad Anónima de Capital Variable; y José Luis Orozco Montes, apoderado legal de Grupo Nurban, Sociedad Anónima de Capital Variable, el veintitrés de abril de dos mil veinte, presento su demanda ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados en la Ciudad de México, en donde el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, declaro carecer de competencia, luego, los autos fueron recibidos por el Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en donde previa aclaración de demanda, por acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil veinte, se admitió la demanda, luego en acuerdo de diecisiete de julio de dos mil veinte se admitió su ampliación. Luego, con fecha de dos de octubre de dos mil veinte, se celebró la audiencia constitucional en el asunto 316/2020, y en sentencia de fecha treinta de noviembre de dos mil veinte, se declararon incompetentes para conocer del presente asunto, por lo que con fecha quince de diciembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco se presentó la incompetencia en razón de la ejecución del acto, y únicamente respecto a los quejosos Juan Rafael Muñoz de Cote Serrano, apoderado legal de Nurban Activo Inmobiliario, Sociedad Anónima de Capital Variable; Administradora Inmobiliaria del Bajío, Sociedad Anónima de Capital Variable; Elizabeth de los Ángeles Scoffie Mariz, apoderada legal de Terrenos Alvarado, Sociedad Anónima de Capital Variable; Bernardo Salcedo Anaya, apoderado legal de Soserque, Sociedad Anónima de Capital Variable; y José Luis Orozco Montes, apoderado legal de Grupo Nurban, Sociedad Anónima de Capital Variable, por parte de Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, demanda de amparo promovida, contra las autoridades y actos que se precisaran en le considerando respectivo. C O N S I D E R A N D O JUICIO DE AMPARO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se combaten actos de autoridad administrativa, cuya ejecución se efectuó en la demarcación territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como, el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial JUICIO DE AMPARO de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, de la lectura de la demanda de amparo y anexos, así como de su ampliación que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional, consisten en: De la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el ámbito de sus respectivas atribuciones: ? La discusión, aprobación, expedición promulgación y publicación de la Ley de Instituciones de Crédito, en específico, el artículo 115. Del Titular de la Unidad Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Vicepresidente de Supervisión, Director General pertenecientes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ? Acuerdo 51/2020 de fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte, así como la ejecución mediante requerimiento 110/F/B/2472/2020 de treinta de marzo de dos mil veinte con folio SIARA UIF 2020/0000253, que se materializo en el bloqueo de las siguientes cuentas: JUICIO DE AMPARO Nurban Activo Inmobiliario Sociedad Anónima de Capital Variable cuentas 0104685997 y 0104680804. Administradora Inmobiliaria del Bajío Sociedad Anónima de Capital Variable cuenta 0107949480. Terrenos de Alvarado, Sociedad Anónima de Capital Variable cuenta 0110718688. Soserque, Sociedad Anónima de Capital Variable cuenta 0108485879. Grupo Nurban, Sociedad Anónima de Capital Variable, cuenta 198980292. Cuentas antes descritas pertenecientes a BBBVA Bancomer, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. NO SON CIERTOS, los actos reclamados al, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, Director General Adjunto de Atención a Autoridades "D", ambos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; pues así lo manifestaron al momento de rendir sus respectivos informes justificados. Lo anterior, sin que la parte quejosa aportara las pruebas que estimara necesarias para desvirtuar la negativa de las mencionadas autoridades responsables, o bien que de las constancias que integran el presente juicio de amparo se coligiera lo contrario. Es aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, de epígrafe y texto: "Por su parte el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que medularmente establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional". De la transcripción anterior se advierte, que el sobreseimiento del juicio de amparo procede, cuando de las constancias de autos no quede mostrada la existencia del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable en la demanda, o no se probare su existencia en la audiencia constitucional. En esa tesitura y toda vez que no fue demostrado en el cuaderno de amparo, la existencia de los actos reclamados antes precisados, se procede SOBRESEER en el juicio de garantías, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, respecto de las autoridades responsables Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, Director General Adjunto de Atención a Autoridades "D", ambos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. SON CIERTOS los actos reclamados al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y BBBVA Bancomer, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple; pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados, lo que resulta suficiente para tener por acreditada la veracidad de dichos actos. Tiene aplicación la Jurisprudencia que bajo el número 278, sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, Visible en la página 231, número de registro 394261, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sentado lo anterior, debe decirse que por lo que ve a la autoridad responsable Presidente de la Republica y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público sostienen que, en relación con el numeral 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así coma a emisión del Acuerdo 51/2020 de fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa carece de interés jurídico pare reclamarlos, la primera, porque refiere que no acreditaron el acto de aplicación del artículo cuya inconstitucionalidad reclaman, el segundo, porque en el acuerdo reclamado se incorpora a la lista de personas bloqueadas a Alejandro Arambula González, no a las aquí quejosas. Tales planteamientos son infundados, y para corroborarlo se analizaran de forma conjunta El precepto en cita, en la porción que invocan las autoridades responsables, es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracci6n I del artículo 50 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Por su parte, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establece: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien educe ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo lo de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podía invocarse como 'interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legitima El juicio de amparo podía promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación cometido en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si estos los causan un perjuicio análogo y pro vienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La victima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Con base en los anteriores preceptos, se colige que es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la justificación del interés jurídico de quien promueve el amparo, es decir, la demostración plena de que existe un derecho legítimamente tutelado que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del juicio de amparo, pues para que tal situación acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. Así, el interés jurídico del gobernado solo surge cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por esta el cumulo de derechos y obligaciones que le asisten, razón por la cual, si los actos reclamados no se refieren a algún derecho perteneciente a esa esfera jurídica, entonces al acudir a la vía de amparo carece de interés jurídico para impugnarlos y, de ser así, debe declararse la improcedencia del juicio. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas tesis, ha sostenido que el interés jurídico es aquel reconocido por la ley y que no es otra cosa, sino lo que la doctrina llama derecho subjetivo, es decir, aquella facultad o potestad de exigencia, establecida en una norma del derecho objetivo, que supone la existencia de dos elementos inseparables, una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. Sobre el particular, por las razones que informa, se inserta la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 568, tomo CXX del Semanario Judicial de la Federación, que establece: INTERES JURIDICO, NATURALEZA DEL. Aunque manifieste el quejoso que el acto reclamado afecta a su interés económico, este es diverso del interés jurídico y si bien es cierto que toda situación favorable a la satisfacción de una necesidad resulta un interés, este no siempre puede calificarse de jurídico, pues pare que tenga este carácter es menester que of derecho objetivo lo tutele a troves de alguna de sus normas y si no lo hace así, el puro interés material no puede ser protegido por el juicio de garantías. En esos términos, conforme al artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se establece que el juicio de amparo puede promoverse por quien acredite la afectación a un derecho subjetivo -interés jurídico-, o bien, cuando exista un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico - interés legítimo-; siendo necesario, edemas, que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios a del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, toda vez que no es válido aceptar que la parte quejosa alegue tenor un interés jurídico y legitimo en 'forma simultánea, sino que debe situarse en una u otra hipótesis, no de manera concomitante. En tal sentido, en materia de amparo contra leyes, a efecto de determinar el eventual perjuicio que &las pudieran ocasionar al promovente, debe atenderse al tipo de norma jurídica que se reclame, dada que puede acontecer que se trate de ordenamientos generales de carácter auto aplicativo, a bien, heteroaplicativo. En el primer caso, es suficiente que la parte quejosa se ubique el supuesto legal previsto, incidiendo así en su esfera jurídica, en virtud de que su aplicación crea, transforma o extingue situaciones de derecho. De ahí que, el hecho de que un dispositivo legal entre en vigor y con ello, se afecte al gobernado, será porque se ubica exactamente con lo previsto de forma abstracta con la norma jurídica. Por su parte, las normas de carácter heteroaplicativo son aquellas que requieren de la realización de una condición, con posterioridad a su entrada en vigor, pare que incidan en la esfera jurídica del gobernado. De esa forma, las obligaciones o derechos que establezcan serán exigibles en tanto se realice tal condición, la cual puede consistir en la realización de un acto jurídico, o bien, un hecho al que el derecho le fija consecuencias jurídicas, ya sea que se realice par una autoridad judicial, administrativa o legislativo, o bien, para un particular, el propio quejoso o un tercero, pues estos son los que determinan que el gobernado se sitúe dentro de la hipótesis legal. Al caso se invoca, para las razones que informa, la tesis número P./J. 55/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI (julio de 1997), Materia Constitucional, Coman, Novena Época, de rubro siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCION BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACION INCONDICIONADA." En el caso, la parte quejosa reclama la aplicación del ordenamiento legal antes referido, así como el Acuerdo 51/2020 de feche veintisiete de marzo de dos mil veinte, emitido por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, porque derivado de este se materialice el bloqueo de las siguientes cuentas bancarias a nombre de las personas morales quejosas: Nurban Activo Inmobiliario Sociedad Anónima de Capital Variable cuentas 0104685997 y 0104680804. Administradora Inmobiliaria del Bajío Sociedad Anónima de Capital Variable cuenta 0107949480. Terrenos de Alvarado, Sociedad Anónima de Capital Variable cuenta 0110718688. Soserque, Sociedad Anónima de Capital Variable cuenta 0108485879. Grupo Nurban, Sociedad Anónima de Capital Variable, cuenta 198980292. Cuentas que, de conformidad con lo manifestado par as apoderados legales de las instituciones bancarias referidas, fueron bloqueadas con motivo del requerimiento 110/F/B/2472/2020, de treinta de marzo de dos mil veinte con folio SIARA UIF/2020/000253. Asimismo, en su informe justificado el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, refiere que Alejandro Arambula González, incluido en la lista de personas bloqueadas mediante el acuerdo reclamado. En ese orden de ideas, por los razonamientos expuestos y en contraposición a lo argumentado por las autoridades responsables, es inexacto que en el presente asunto se actualice la causa de improcedencia contenida prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud que se justifica el interés jurídico de las ahora quejosas, para reclamar el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, con motivo de su acto de aplicaci6n, derivado de la ejecución del Acuerdo 51/2020 de fecha veintisiete de marzo de dos mu veinte, emitido par el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dada que a ellas les resultan aplicables las medidas contenidas en la normativa señalada, a fin de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran constituir lavado o blanqueo de capitales, pues actúan en como instrumento de intermediación entre el usuario -persona física- y la entidad financiera. Esto es así, ya que las personas morales son ficciones jurídicas cuyos actos los despliegan personas físicas que actúan en su nombre, atento a lo cual, debe entenderse que si estas aparecen en la lista indicada, emitida par la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el bloqueo debe alcanzar o hacerse extensivo a aquellas, coma eventuales y potenciales intermediarios. Lo anterior, porque las personas morales son centros de imputación jurídica, para o que pueden ser el instrumento de acción de socios, dueños, directivos, etcétera; de ahí que la legislaci6n entiende que a medida va dirigida tanto a clientes -rol que desplegarla la persona moral-, coma a usuarios -en el caso, las personas físicas-, incluido cualquier tercero que acto en nombre o par cuenta de esos clientes. En otro punto, el Presidente de la Republica argumenta que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, porque la parte quejosa consintió el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues, desde su punto de vista, el primer acto de aplicación de dicho dispositivo tuvo lugar con la publicación de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el propio artículo 115, en el Diana Oficial de la Federación de veinte de abril de dos mil nueve, pues a través de etas se contempla la obligación de las entidades financieras de suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones y/o servicios con las personas que aparezcan en la lista de personas bloqueadas. Tales argumentos deben desestimarse. En efecto, no es válido considerar que, por el solo hecho de que se expidieran las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo cuestionado, que prevén la obligación de las entidades financieras de suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con las personas que aparezcan en la lista de personas bloqueadas, se actualizaron en perjuicio de la parte quejosa los supuestos normativos del artículo que tilde de inconstitucional. Lo cual se concluye de ese modo, toda vez que las propias disposiciones de carácter general establecen como condición para la suspensión inmediata de operaciones, que se trate de una persona que aparezca en la lista de personas bloqueadas, motivo por el cual, no puede considerarse que con la sola vigencia de esas disposiciones generales, el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito afecto la esfera jurídica de las quejosas, pues ello sato acontecerá cuando con motivo de la emisión de la referida lista, en la que se incluya a una persona que actúe como firmantes y autorizados en las cuentas bancarias de una persona moral que no esté en aquella, circunstancia que aconteció al momento de emitirse el Acuerdo 51/2020, y que constituye el acto de aplicación que acredita su interés jurídico en esta instancia constitucional, a fin de reclamar el dispositivo en cuestión. De ahí que no se actualice la causa de improcedencia propuesta. Al continuar con el estudio, se advierte que el Presidente de la Republica sostiene que, en relación con el numeral 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción XXIII, en relación con of diverso 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Lo anterior, bajo el argumento de que el acto mediante el cual se aplicó dicho precepto, es decir, el Acuerdo 51/2020, no constituye una resolución definitiva del procedimiento respectivo, regulado en las reglas 70 a 75 de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el citado artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Lo anterior es infundado. Si bien el Acuerdo 51/2020, constituye el inicio del procedimiento regulado en las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, concretamente de la 72 a 74, y como tal no se trata de una resolución que ponga fin a dicho procedimiento, lo cierto es que, a orden contenida en el referido acuerdo, por cuanto implica que las entidades financieras suspendan de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con quienes fueron incluidos en dicha lista, así como el bloqueo de los recursos en las cuentas bancarias en que aparezca como titulares, cotitulares, firmantes o autorizados, fideicomitentes, representantes legales o apoderados; edemas de los casos en los que aparezcan coma beneficiarios o fideicomisarios, coma se advierte de la lectura de dicho acuerdo, lo que motive el bloqueo de las cuentas bancarias de las aquí quejosas y por lo tanto, constituye un acto de imposible reparación. de operaciones y el bloqueo de los recursos económicos existentes en las cuentas bancarias de las ahora quejosas las imposibilita para disponer materialmente de ellos, de manera que se yen imposibilitadas para utilizar sus recursos a fin de realizar transacciones u operaciones financiera, lo que afecta su desarrollo económico, e incluso puede provocar el incumplimiento de sus obligaciones; de ahí que, como se precisa, constituye un acto que afecta de manera inmediata sus derechos sustantivos y, por tanto, en su contra si es procedente el juicio de amparo. Al caso es aplicable, por identidad de razon, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 614, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 679 del Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Primera Parte' SCJN, Quinta Sección, Materia Administrativa, relativa a la Novena Época, que establece lo siguiente: EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. AUNQUE SE TRATE DE UN ACTO FUERA DE JUICIO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El citado precepto prevé que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, siendo actos de esa naturaleza los que causan una afectación en los derechos sustantivos de una persona. En ese tenor, el embargo de cuentas bancarias decretado en el procedimiento administrativo de ejecución constituye un acto de imposible reparación, porque imposibilita al particular afectado para disponer materialmente de sus recursos económicos, con lo que se le impide utilizarlos para realizar sus fines, pues esa indisponibilidad afecta su desarrollo económico, al provocar el incumplimiento de sus obligaciones, de ahí que sea un acto fuera de juicio que afecta de manera inmediata sus derechos sustantivos. Por tanto, en su contra procede el juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en su informe justificado, el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con residencia en la Ciudad de México, por conducto de la Directora General, refiere que en el presente juicio de amparo se actualiza la cause de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, pues en contra del Acuerdo 51/2020, que emitió el veintisiete de marzo de dos mil veinte se promovió diverso juicio de amparo por Alejandro Arambula González, el cual se radico en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, bajo el número de juicio 386/2020. Causa de improcedencia que resulta infundada. El referido artículo 61, en su fracción X, de la Ley de Amparo, sostiene la improcedencia del juicio de amparo, en lo que aquí es de interés, contra actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las JUICIO DE AMPARO mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora, Si el juicio de amparo que refiere la responsable fue promovido por Alejandro Arambula González, en el que educe reclama el Acuerdo 51/2020 de fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte, signado por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en el presente juicio no se actualiza el motivo de improcedencia que invoca la responsable, pues no obstante que uno de los actos contra los cuales se promovió el presente juicio es el referido Acuerdo 51/2020, ello deriva del bloqueo que recayó a las cuentas bancarias de las quejosas, supuesto en el que, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 74/2011, ha determinado que tratándose de la aplicación de un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecuci6n, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, por lo cual, la existencia del diverso juicio de amparo no actualiza la causa de improcedencia que invoca la autoridad responsable, en la medida que la competencia para conocer respecto de las cuentas que aquí defienden las quejosas, como ya queda precisado en el considerando segundo de la presente resolución, se suite en favor de este juzgado de distrito, además, atendiendo al principio de relatividad de las sentencias en los juicios de amparo, la resolución que se emita en el O DE AMPARO 1660/2020 presente juicio, solo tendrá efectos respecto de las ahora quejosas. Ahora, respecto de la institución bancaria señalada como responsable, no sobra precisar que, si bien se trate de personas morales de derecho privado y, por regla general, en contra de sus actos es improcedente el juicio de amparo, lo cierto es que, en el caso, se acredita que actuaron en auxilio de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a efecto de ejecutar materialmente el Acuerdo 51/2020, por el cual se incluyó, entre otros, a Alejandro Arambula González en la lista de personas bloqueadas, y como consecuencia ordeno a la entidad financiera procedieran a suspender la realización de los actos ahí precisados, entre ellos impedir a disposición de recursos que estas contengan, incluyendo los casos en que dicha persona aparezca como titular, cotitular, firmante o autorizado, fideicomitente, representante legal o apoderado, así como beneficiario o fideicomisario, lo que finalmente motive el bloqueo de las cuentas que las personas morales quejosas defienden, además de que en términos del oficio número 110/F/8/2472/2020, con folio SIARA UlF/2020/000253, de treinta de marzo de dos mil veinte, se les indicó que impidieran de forma inmediata la disposición de los recursos de las cuentas en que la persona incluida en dicha lista, aparezca con alguna de las calidades antes precisadas. Actos que son susceptibles de afectar los derechos fundamentales de las ahora quejosas, pues, entre otros aspectos, les impide la libre disposición de su numerario, aunado a que su proceder se encuentra regulado par la Ley de Instituciones de Crédito, que es una norma de carácter general; de ahí que, por ende, intervienen como autoridades en cumplimiento de una disposición legal, y no como particulares, con motivo de una relación contractual con las promoventes, lo que constituye un acto unilateral que afecta su esfera jurídica. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, si bien no se transcriben, se tienen por reproducidos en aras de economía procesal, en virtud de no existir disposición en la Ley de Amparo que obligue a su trascripción; no obstante, lo anterior, para su análisis se sintetizarán más adelante. SÉPTIMO. Son inoperantes los conceptos de violación consistentes en la promulgación, discusión, aprobación y expedición de la Ley de Instituciones de Crédito, en específico su artículo 115, por lo que respecto a dichos actos procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal; por otra parte, son fundados los conceptos de violación en sentido que el bloqueo de cuentas bancarias se emitió en contravención al derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica. En el entendido que por razón de técnica jurídica en primer lugar se atenderán los conceptos de violación inoperantes y posteriormente aquellos que resultan fundados La parte quejosa reclama la promulgación, discusión, aprobación y expedición de la Ley de Instituciones de Crédito, en específico su artículo 115 párrafos noveno y decimoprimero, los cuales se estiman inoperantes, pues en el caso, existe criterio obligatorio para este órgano jurisdiccional, dado que la Suprema Corte declaró la validez del dispositivo cuestionado y, por ende, no procede someterlo a un nuevo control constitucional. Lo precedente en la jurisprudencia 2a./J. 46 /2018 (10a.) del rubro y texto siguientes: "ACTOS, OPERACIONES O SERVICIOS BANCARIOS. SU BLOQUEO ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE REALIZA PARA CUMPLIR COMPROMISOS INTERNACIONALES INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). El precepto referido al prever que las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas, contiene una medida cautelar de índole administrativa, la cual, para ser válida en relación con el principio constitucional de seguridad jurídica, de su regulación habrá de advertirse respecto de qué tipo de procedimiento jurisdiccional o administrativo se implementa. En consecuencia, debe realizarse una interpretación conforme del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito a efecto de que sea acorde con el principio constitucional mencionado, de la siguiente manera: a) La atribución únicamente puede emplearse como medida cautelar relacionada con los procedimientos relativos al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por nuestro país, lo cual se actualiza ante dos escenarios: i) Por el cumplimiento de una obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México, en la cual se establezca de manera expresa la obligación compartida de implementar este tipo de medidas ante solicitudes de autoridades extranjeras; o ii) Por el cumplimiento de una resolución o determinación adoptada por un organismo internacional o por una agrupación intergubernamental, que sea reconocida con esas atribuciones por nuestro país a la luz de algún tratado internacional. b) Sin embargo, la atribución citada no puede emplearse válidamente cuando el motivo que genere el bloqueo de las cuentas tenga un origen estrictamente nacional, pues al no encontrarse relacionada con algún procedimiento administrativo o jurisdiccional específico, resultaría contraria al principio de seguridad jurídica." En la ejecutoria de la que derivó dicha jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que la porción normativa, también aquí impugnada, sí presenta una problemática de validez constitucional, en tanto si bien contiene una medida de naturaleza cautelar lo cierto es que no precisa a qué procedimiento responde el bloqueo en cuestión. Sin embargo, dicho tribunal constitucional precisó que ello no implica que el marco normativo reclamado sea inconstitucional, pues consideró que es posible realizar una interpretación conforme del mismo. JUICIO DE AMPARO En ese sentido, concluyó que el artículo reclamado no será acorde con el principio de seguridad jurídica cuando el bloqueo de cuentas se realiza para cuestiones estrictamente nacionales, en tanto en estos supuestos, efectivamente la medida cautelar no se impondría en relación con un procedimiento específico y determinado, aspecto que trastocaría su validez constitucional. Por el contrario, indicó que el bloqueo es constitucional cuando se realiza para cumplir compromisos internacionales. De ahí que, se insiste, este órgano jurisdiccional estima que está imposibilitado jurídicamente para realizar un nuevo control constitucional del precepto legal impugnado, dado que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo una interpretación conforme, se pronunció respecto la validez del mismo en determinada hipótesis, pero sin considerarlo inconstitucional, sino limitando sus alcances y aplicación. Entonces, considerar lo contrario implicaría contrariar la naturaleza de sus resoluciones como "definitivas e inatacables", lo que resultaría adverso al orden constitucional. Siendo que dicha jurisprudencia sólo puede ser analizada en una contradicción de tesis, lo que en la actualidad se encuentra en trámite, esto es, en la contradicción de tesis 42/2020, misma que al momento que se emite la presente sentencia se encuentra pendiente de resolución por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo órgano de control de la regularidad constitucional y convencional de los actos emitidos por las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones y, como garante primordial del texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es susceptible de sujetarse a control constitucional por un órgano de menor jerarquía; desconocer lo anterior significaría ejercitar un medio de control de regularidad sobre otro más, esto es, si a través de un juicio de amparo o de un recurso de revisión se plantea la inconstitucionalidad de una jurisprudencia (o criterio obligatorio como es el caso) emitida por el Alto Tribunal, ello implicaría un contrasentido, ya que con el pretexto de analizar su supuesta inconstitucionalidad lo que en realidad se haría es modificar una decisión ejecutoriada, la cual goza además de las características de ser definitiva e inatacable. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 64/2014 (10a.), de rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA." En razón a lo anterior, procede declarar inoperantes los conceptos de violación encaminados a controvertir la porción normativa, al existir criterio obligatorio que da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado. Es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 14/97, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Sin que en el caso se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la ley de la materia, para suplir la deficiencia de la queja, habida cuenta que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, a partir de un análisis de control constitucional realizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se declaró la hipótesis de su validez y en qué caso resulta inconstitucional el bloqueo de cuentas bancarias; de ahí que, resulta improcedente suplir la deficiencia en los agravios dado que la porción normativa, bajo una interpretación conforme, es compatible con el orden constitucional según criterio de observancia obligatoria para este juzgado. Debido a lo anterior, se estima procedente negar el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados al Presidente de la República, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión, y Secretario de Hacienda y Crédito Público, precisados en el considerando segundo de esta resolución. OCTAVO. Estudio del fondo del asunto. Atendiendo a la causa de pedir, es fundado el motivo de disenso en que se aduce vulneración a los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, tal como a continuación se explica. Al respecto, cabe precisar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido jurisprudencia en el sentido de que a efecto de proceder al estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, lo cual tiene como propósito establecer que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental. Lo anterior, en razón que, por una parte, los artículos 108 y 175 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la referida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 68/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR1. En esa tesitura, atendiendo a la causa de pedir, resultan fundados los conceptos de violación en que se aduce vulneración sus derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, pues el bloqueo de las cuentas bancaria y de inversión de la quejosa no se sustenta en la existencia de algún procedimiento judicial o administrativo que haya decretado la medida cautelar, por el contrario las personas morales quejosas, no se encuentra incluida en la lista de personas bloqueadas a que se refiere el artículo 115 de la ley de Instituciones de Crédito. Se explica. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: 'Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento." Dicho precepto legal contiene el derecho fundamental de debido proceso que prevé como prerrogativa subjetiva pública de los gobernados el que no puedan ser molestados en su persona, papeles o domicilio, por lo que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos la cita de los fundamentos legales y la expresión 1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto 2000, Materia Común, página treinta y ocho (Registro 191384). PAULINA LIZBETH OROZCO CAMPOS de las razones que sustenten su actuar, es decir, sus actuaciones deben estar fundadas y motivadas, de manera tal que se garantice seguridad jurídica, cuyo objetivo es generar certidumbre, a fin de evitar actos arbitrarios e injustos. La prerrogativa de seguridad jurídica no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, en este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su sencillez o simplicidad, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Precisado lo anterior, se tiene que del oficio 110/F/B/2472/2020 signado por la Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dirigido al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se advierte, que le dio a conocer la lista de personas bloqueadas derivado del Acuerdo 51/2020, emitido por dicho Titular de la mencionada Unidad de Inteligencia Financiera; asimismo, le solicitó se identificara a los clientes o usuarios que se encontraran en dicha lista y se suspendiera de inmediato la realización de cualquier acto, operación o servicio relacionado con éstos, entre otros requerimientos. PAULINA LIZBETH OROZCO CAMPOS Asimismo, del contenido de dicho oficio se advierte que de conformidad con el Acuerdo 51/2020 en la lista de personas bloqueadas se encuentra ALEJANDRO ARÁMBULA GONZÁLEZ. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la jurisprudencia 2a./J. 46/2018 (10a.)2, estableció que en el supuesto de que el bloqueo de cuentas bancarias, realizado a partir del contenido del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, tenga como origen el cumplimiento de una resolución, pronunciamiento o solicitud de un organismo internacional, o bien, el cumplimiento de una obligación bilateral o multilateral asumida por nuestro país, no existirá transgresión al principio de seguridad jurídica Ello, al considerar que las medidas cautelares deben encontrarse referidas o vinculadas a determinados procedimientos jurisdiccionales o administrativos, justamente, debido a su carácter provisional y accesorio, cuyo objeto consiste en suplir interinamente la ausencia de una resolución definitiva en tales procedimientos. Así las cosas, estableció que para que una medida cautelar resulte válida en términos constitucionales, de su regulación habrá de advertirse respecto de qué tipo de procedimiento se implementa. Concluyó que la atribución contenida en el artículo 115 de la Ley de 2 De rubro: "ACTOS, OPERACIONES O SERVICIOS BANCARIOS. SU BLOQUEO ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE REALIZA PARA CUMPLIR COMPROMISOS INTERNACIONALES (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO)". Localización: Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 54, mayo de 2018, tomo II, página: 1270. Registro 2016903 Instituciones de Crédito, opera como una medida cautelar, en tanto se trata de una medida provisional que responde justamente a un procedimiento específico, esto es, el cumplimiento de los compromisos internacionales que ha adquirido nuestro país. Además, el Alto Tribunal precisó que dicha situación es armónica con el contenido del artículo 133 Constitucional, en el sentido de que los tratados internacionales celebrados por nuestro país y que estén de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, serán la Ley Suprema de la Unión, ante lo cual, la citada atribución de bloqueo de cuentas, justamente se enmarca como una medida implementada por nuestro país para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos. No obstante, en la ejecutoria en cuestión se determinó que la citada conclusión, consistente en que el citado artículo 115 es acorde con el principio de seguridad Jurídica, no se satisface cuando el bloqueo de cuentas se realiza para cuestiones estrictamente nacionales, en tanto que, en estos supuestos, la medida cautelar no se impondría en relación con un procedimiento específico y determinado, aspecto que trastoca su validez constitucional Por ello, la referida Sala del Máximo Tribunal, estimó que en el supuesto de que el bloqueo de cuentas se realice por un motivo estrictamente nacional, es decir, que no se origine al amparo del cumplimiento de un compromiso de índole internacional y mediante una solicitud extranjera, la medida cautelar no se encontraría relacionada con procedimiento alguno, jurisdiccional o administrativo, aspecto que en última instancia, se traduce JUICIO DE AMPARO en una vulneración al principio de seguridad jurídica protegido por el texto Constitucional. Lo anterior, estableció, no implica que el marco normativo reclamado sea inconstitucional, pues es posible realizar una interpretación conforme del mismo, ya que si bien, los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales nuestro País es parte implican la posibilidad de llevar a cabo un análisis de regularidad normativa, lo cierto es, que ello no debe conducir en todo momento a una declaración de invalidez de la disposición sometida a ese estudio, pues es factible llevar a cabo una interpretación que haga compatible el artículo con el texto Constitucional y con los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales. Corolario a lo expuesto, el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito3, a efecto de ser acorde con el 3 'ARTÍCULO 115.- En los casos previstos en los artículos 111 a 114 de esta Ley, se procederá indistintamente a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien requerirá la opinión previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o bien, a petición de la institución de crédito de que se trate, del titular de las cuentas bancarias o de quien tenga interés jurídico. En los casos previstos en los artículos 114 Bis 1, 114 Bis 2, 114 Bis 3 y 114 Bis 4 de esta Ley, se procederá a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de quien tenga interés jurídico. Dicha Secretaría requerirá la opinión previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Lo dispuesto en los artículos citados en este Capítulo, no excluye la imposición de las sanciones que conforme a otras leyes fueren aplicables, por la comisión de otro u otros delitos. Las instituciones de crédito, en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás obligaciones que les resulten aplicables, a: I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, y II. Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre: a. Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, relativos a la fracción anterior, y b. Todo acto, operación o servicio, que realicen los miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, que pudiesen ubicarse en el supuesto previsto en la fracción I de este artículo o que, en su Principio constitucional de seguridad jurídica, debe interpretarse de la siguiente manera: a)La atribución de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistente en el bloqueo de cuentas a los clientes y usuarios de servicios financieros, únicamente puede emplearse como medida cautelar relacionada con los procedimientos relativos al cumplimiento de compromisos internacionales caso, pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas. Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de conformidad con las disposiciones de carácter general previstas en el mismo, se elaborarán y presentarán tomando en consideración, cuando menos, las modalidades que al efecto estén referidas en dichas disposiciones; las características que deban reunir los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo para ser reportados, teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y naturaleza, los instrumentos monetarios y financieros con que se realicen, y las prácticas comerciales y bancarias que se observen en las plazas donde se efectúen; así como la periodicidad y los sistemas a través de los cuales habrá de transmitirse la información. Los reportes deberán referirse cuando menos a operaciones que se definan por las disposiciones de carácter general como relevantes, internas preocupantes e inusuales, las relacionadas con transferencias internacionales y operaciones en efectivo realizadas en moneda extranjera. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las citadas disposiciones de carácter general emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las instituciones de crédito deberán observar respecto de: a. El adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios, para lo cual aquéllas deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica o profesional y las plazas en que operen; b. La información y documentación que dichas instituciones deban recabar para la apertura de cuentas o celebración de contratos relativos a las operaciones y servicios que ellas presten y que acredite plenamente la identidad de sus clientes; c. La forma en que las mismas instituciones deberán resguardar y garantizar la seguridad de la información y documentación relativas a la identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo; d. Los términos para proporcionar capacitación al interior de las instituciones sobre la materia objeto de este artículo. Las disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo, señalarán los términos para su debido cumplimiento; e. El uso de sistemas automatizados que coadyuven al cumplimiento de las medidas y procedimientos que se establezcan en las propias disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo, y f. El establecimiento de aquellas estructuras internas que deban funcionar como áreas de cumplimiento en la materia, al interior de cada institución de crédito. Las instituciones de crédito deberán conservar, por al menos diez años, la información y documentación a que se refiere el inciso c) del párrafo anterior, sin perjuicio de lo establecido en éste u otros ordenamientos aplicables. O asumidos en nuestro país, lo cual se actualiza ante dos escenarios: 1. Por el cumplimiento de una obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México, en la cual se establezca de manera expresa la obligación compartida de implementar este tipo de medidas ante solicitudes de autoridades extranjeras. 2. Por el cumplimiento de una resolución o determinación adoptada por un organismo internacional o por una agrupación intergubernamental, que sea reconocida con tales atribuciones por nuestro País, a la luz de algún tratado internacional (verbigracia, para el cumplimiento de las resoluciones que en materia de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva emite el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas). b)La citada atribución no puede emplearse cuando el motivo que genere el bloqueo de las cuentas tenga un origen estrictamente nacional, esto es, que no se realice para el cumplimiento de un compromiso internacional, pues en tales supuestos, el bloqueo, al no encontrarse relacionado con algún procedimiento administrativo o jurisdiccional específico, sí resultaría contrario al principio de seguridad jurídica. Así quedó establecido por la Segunda Sala del Tribunal Supremo, por cuanto que determinó que nuestro PAULINA LIZBETH OROZCO CAMPOS 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.33.39.38.35.35.37.38 21/03/23 14:53:44 43 JUICIO DE AMPARO 1660/2020 ??????A???????? País ha asumido el compromiso internacional de adoptar medidas de acción rápida y eficiente ante solicitudes extranjeras, para identificar y congelar bienes relativos al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y al financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. Las anteriores consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia que derivó de la anotada ejecutoria, cuyo contenido es el siguiente: "ACTOS, OPERACIONES O SERVICIOS BANCARIOS. SU BLOQUEO ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE REALIZA PARA CUMPLIR COMPROMISOS INTERNACIONALES (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 115 DE LALEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). El precepto referido al prever que las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas, contiene una medida cautelar de índole administrativa, la cual, para ser válida en relación con el principio constitucional de seguridad jurídica, de su regulación habrá de advertirse respecto de qué tipo de procedimiento jurisdiccional o administrativo se implementa. En consecuencia, debe realizarse una interpretación conforme del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito a efecto de que sea acorde con el principio constitucional mencionado, de la siguiente manera: a) La atribución únicamente puede emplearse como medida cautelar PAULINA LIZBETH OROZCO CAMPOS 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.33.39.38.35.35.37.38 21/03/23 14:53:44 44 JUICIO DE AMPARO relacionada con los procedimientos relativos al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por nuestro país, lo cual se actualiza ante dos escenarios: i) Por el cumplimiento de una obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México, en la cual se establezca de manera expresa la obligación compartida de implementar este tipo de medidas ante solicitudes de autoridades extranjeras; o ii) Por el cumplimiento de una resolución o determinación adoptada por un organismo internacional o por una agrupación intergubernamental, que sea reconocida con esas atribuciones por nuestro país a la luz de algún tratado internacional. b) Sin embargo, la atribución citada no puede emplearse válidamente cuando el motivo que genere el bloqueo de las cuentas tenga un origen estrictamente nacional, pues al no encontrarse relacionada con algún procedimiento administrativo o jurisdiccional específico, resultaría contraria al principio de seguridad jurídica." Es preciso tener presente el contenido de los artículos 2, 14 y 15, fracción I, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 115, párrafos noveno y décimo primero, de la Ley de Instituciones de Crédito, así como las disposiciones 1, 70, 71, 72 y 73 de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, vigentes en la fecha de emisión del acuerdo reclamado, es decir, diez de mayo de dos mil diecinueve, que establecen: PAULINA LIZBETH OROZCO CAMPOS 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.33.39.38.35.35.37.38 21/03/23 14:53:44 45 JUICIO DE AMPARO 1660/2020 ??????A???????? Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. "Artículo 2. El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. (.)" "Artículo 14. Para los efectos de esta Sección, los actos, operaciones y servicios que realizan las Entidades Financieras de conformidad con las leyes que en cada caso las regulan, se consideran Actividades Vulnerables, las cuales se regirán en los términos de esta Sección." "Artículo 15. Las Entidades Financieras, respecto de las Actividades Vulnerables en las que participan, tienen de conformidad con esta Ley y con las leyes que especialmente las regulan, las siguientes obligaciones: PAULINA LIZBETH OROZCO CAMPOS 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.33.39.38.35.35.37.38 21/03/23 14:53:44 46 JUICIO DE AMPARO I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en el Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal, así como para identificar a sus clientes y usuarios; de conformidad con lo establecido por los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; 87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 129 de la Ley de Uniones de Crédito; 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 212 de la Ley del Mercado de Valores; 91 de la Ley de Sociedades de Inversión; 108 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; (.)" Ley de Instituciones de Crédito. "Artículo 115. En los casos previstos en los artículos 111 a 114 de esta Ley, se procederá indistintamente a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien requerirá la opinión previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o bien, a petición de la institución de crédito de que se trate, del titular de las cuentas bancarias o de quien tenga interés jurídico. . PAULINA LIZBETH OROZCO CAMPOS 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.33.39.38.35.35.37.38 21/03/23 14:53:44 47 JUICIO DE AMPARO 1660/2020 ??????A???????? Las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. La lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en los artículos referidos en la fracción I de este artículo. . La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá, en las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo, los parámetros para la determinación de la introducción o eliminación de personas en la lista de personas bloqueadas. ." Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. "1ª.- Las presentes Disposiciones tienen por objeto establecer, conforme a lo previsto por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, por una parte, las medidas y procedimientos mínimos que las instituciones de crédito están obligadas a observar para prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 Quáter del Código Penal Federal o que pudiesen ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código y, por la otra parte, los términos y modalidades conforme a los cuales dichas instituciones deben presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios relativos a los supuestos previstos en los artículos 139 Quáter o 400 Bis citados, así como aquellos que realicen los miembros de sus respectivos consejos de administración o sus directivos, funcionarios, empleados y apoderados, que pudiesen ubicarse en dichos supuestos o contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de estas Disposiciones. Las instituciones de crédito estarán obligadas a cumplir con las presentes Disposiciones únicamente respecto de aquellos productos o servicios que ofrezcan a sus clientes o usuarios, salvo que se establezca lo contrario. Los requisitos previstos en estas Disposiciones serán aplicables a todo tipo de cuentas abiertas por las Entidades y contratos celebrados por ellas para la realización de las Operaciones, independientemente de que abran dichas cuentas o celebren dichos contratos directamente o a través de comisionistas facultados para celebrar Operaciones a nombre y por cuenta de las propias Entidades, incluyendo los numerados y cifrados." "70ª.- La Secretaría pondrá a disposición de las Entidades, a través de la Comisión, la Lista de Personas Bloqueadas y sus actualizaciones. Las Entidades deberán adoptar e implementar mecanismos que permitan identificar a los Clientes o Usuarios que se encuentren dentro de la Lista de las Personas Bloqueadas, así como cualquier tercero que actúe en nombre o por cuenta de los mismos, y aquellas Operaciones que hayan realizado, realicen o que pretendan realizar. Dichos mecanismos deberán estar previstos en el Manual de Cumplimiento de la propia Entidad. Para efectos de lo dispuesto en el presente Capítulo, no se considerarán como Usuarios a las personas que realicen o pretendan realizar los actos u Operaciones siguientes: I. Cobro de cheques emitidos con cargo a cuenta corriente en sucursales de la Entidad librada, cuando el beneficiario o tenedor sea distinto al titular de dicha cuenta, y II. Recepción de recursos provenientes de la dispersión de fondos derivados de la aplicación de programas gubernamentales de apoyo. "71ª.- La Secretaría podrá introducir en la Lista de Personas Bloqueadas a las personas, bajo los siguientes parámetros: I. Aquellas que se encuentren dentro de las listas derivadas de las resoluciones 1267 (1999) y sucesivas, y 1373 (2001) y las demás que sean emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o las organizaciones internacionales; II. Aquellas que den a conocer autoridades extranjeras, organismos internacionales o agrupaciones intergubernamentales y que sean determinadas por la Secretaría en términos de los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano con dichas autoridades, organismos o agrupaciones, o en términos de los convenios celebrados por la propia Secretaría; III. Aquellas que den a conocer las autoridades nacionales competentes por tener indicios suficientes de que se encuentran relacionadas con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los relacionados con los delitos señalados, previstos en el Código Penal Federal; IV.Aquellas que estén compurgando sentencia por los delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos en el Código Penal Federal; V. Aquellas que las autoridades nacionales competentes determinen que hayan realizado o realicen actividades que formen parte, auxilien, o estén relacionadas con los delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos en el Código Penal Federal, y VI.Aquellas que omitan proporcionar información o datos, la encubran o impidan conocer el origen, localización, destino o propiedad de recursos, derechos o bienes que provengan de delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos en el Código Penal Federal o los relacionados con éstos." 72ª.- En caso de que la Entidad identifique que dentro de la Lista de Personas Bloqueadas, se encuentra el nombre de alguno de sus Clientes o Usuarios, deberá tomar las siguientes medidas: I. Suspender de manera inmediata la realización de cualquier acto, Operación o servicio relacionado con el Cliente o Usuario identificado en la Lista de Personas Bloqueadas, y II. Remitir a la Secretaría, por conducto de la Comisión, dentro de las veinticuatro horas contadas a partir de que conozca dicha información, un reporte de Operación Inusual, en términos de la 41ª de las presentes Disposiciones en el que, en la columna de descripción de la Operación se deberá insertar la leyenda "Lista de Personas Bloqueadas". Las Entidades que en términos de la presente Disposición hayan suspendido los actos, Operaciones o servicios con sus Clientes o Usuarios, de manera inmediata deberán hacer de su conocimiento dicha situación por escrito o a través de medios digitales, en el que se deberá informar a dichos Clientes y Usuarios los fundamentos y la causa o causas de dicha inclusión, así como que, dentro de los diez días hábiles siguientes al día de la recepción del citado escrito, JUICIO DE AMPARO podrán acudir ante la autoridad competente para efectos de la 73ª de las presentes Disposiciones. "73ª.- Las personas que hayan sido incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas podrán hacer valer sus derechos ante el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría conforme a lo siguiente: I. Se otorgará audiencia al interesado para que dentro del plazo de diez días hábiles, contado a partir de que tenga conocimiento de la suspensión a que se refiere la Disposición 72ª anterior, manifieste por escrito lo que a su interés convenga, aporte elementos de prueba y formule alegatos. El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, a petición de parte, podrá ampliar por una sola ocasión el plazo a que se refiere esta fracción, hasta por el mismo lapso, para lo cual considerará las circunstancias particulares del caso. II. El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dentro de los diez días hábiles siguientes a que se presente el interesado en términos de la fracción I anterior, emitirá resolución por la cual funde y motive su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas y si procede o no su eliminación de la misma, debiendo notificarla por oficio al interesado dentro de un plazo de quince días hábiles siguientes al de su emisión." De las disposiciones transcritas se obtiene lo siguiente: a) La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita tiene por objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su funcionamiento. b) Los actos y operaciones de las instituciones financieras se consideran actividades vulnerables; por ende, esas instituciones están obligadas a establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos del capítulo II del título vigésimo tercero del Código Penal Federal, así como identificar a sus clientes y usuarios de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. c) El artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito prevé que las instituciones de crédito deberán suspender en forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. d) La lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos u omisiones que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 115, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, es decir, establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en las hipótesis del diverso 400 de dicho código. e) Las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito tienen por objeto establecer, por una parte, las medidas y procedimientos mínimos que las instituciones de crédito están obligadas a observar para prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos del Código Penal Federal señalados en el párrafo que antecede. f) Asimismo, su objeto es definir los términos y modalidades conforme a los cuales las instituciones de crédito deben presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios relativos a las hipótesis establecidas en los mencionados artículos del Código Penal Federal, así como aquellos que realicen los miembros de sus respectivos consejos de administración o sus directivos, funcionarios, empleados, apoderados, que pudiesen ubicarse en esas hipótesis o contravenir o vulnerar la aplicación de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. g) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público pondrá a disposición de las instituciones de crédito, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la lista de personas bloqueadas y sus actualizaciones. h) Las instituciones de crédito deberán adoptar e implementar mecanismos que permitan identificar a los clientes o usuarios que se encuentren dentro de la lista de las personas bloqueadas, así como cualquier tercero que actúe en nombre o por cuenta de los mismos, y aquellas operaciones que hayan realizado, realicen o pretendan realizar. JUICIO DE AMPARO i) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá introducir en la lista de personas bloqueadas a las personas en los supuestos que expresamente se prevén. En caso de que la institución de crédito identifique dentro de esa lista el nombre de alguno de sus clientes o usuarios, deberá tomar las siguientes medidas: - Suspender de manera inmediata la realización de cualquier acto, operación o servicio relacionado con el cliente o usuario identificado en la lista de personas bloqueadas; y - Remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un reporte de operación inusual. j) Las instituciones de crédito que hayan suspendido los actos, operaciones o servicios con sus clientes o usuarios deberán informar la situación por escrito, haciendo saber a los clientes o usuarios los fundamentos y las causas de la inclusión y avisarles que dentro del plazo de diez días pueden acudir ante la autoridad competente. k) Finalmente, las personas que hayan sido incluidas en la lista de personas bloqueadas podrán hacer valer sus derechos ante el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en los términos siguientes: - Se otorgará audiencia al interesado para que, dentro del plazo de diez días contados a partir de que tenga conocimiento de la suspensión, exponga por escrito lo que a su interés convenga y aporte medios de prueba. El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera podrá ampliar por una sola ocasión el citado plazo; y - El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dentro del plazo de diez días hábiles, emitirá resolución en la que funde y motive su inclusión en la lista de personas bloqueadas y si procede o no su eliminación. Conforme a este marco normativo, se tiene que en el caso, en el acuerdo 51/2020 del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluyó en la lista de personas bloqueadas (en lo relevante al asunto) a ALEJANDRO ARÁMBULA GONZÁLEZ, de quien se presume está llevando a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con las normas aplicables, las instituciones de crédito tienen el deber de suspender en forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios precisados en la lista de personas bloqueadas, para evitar que dichos sujetos dispongan o accedan a recursos con los cuales puedan continuar ejecutando acciones que pongan en riesgo el sistema financiero nacional o coadyuvando en la consumación de conductas ilícitas. De ahí no se sigue que se autorice la suspensión o bloqueo de cuentas y servicios de clientes o usuarios no incluidos en la lista de personas bloqueadas, porque la disposición legal citada (artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito) es clara al señalar que la limitación impuesta se reduce a las personas expresamente mencionadas en el listado; consecuentemente, conforme al acuerdo reclamado que sólo justifica el listado de personas en forma directa a ellos, no se podría afectar con ese acuerdo a terceras personas que no son objeto de investigación. Por tanto, la medida restrictiva de las personas designadas en la lista de bloqueados no puede llevarse al extremo de repercutir en terceras personas no incluidas en la lista, como la quejosa, porque incluso al hacerlo sin que ellas figuren en esa relación, no estarían en condiciones de seguir el procedimiento legal diseñado para su defensa. De admitir que es factible bloquear las cuentas bancarias de terceras personas físicas o morales no incluidas en la lista referida, se estaría dando un alcance que no corresponde ni a ese acto (lista) ni a lo previsto en el precepto referido (artículo 115 citado), que limitan los efectos restrictivos de las cuentas bancarias a las personas señaladas en esa relación. Sin que obste que tal precepto legal y el acuerdo 51/2020 autorice a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a realizar esa restricción cuando a virtud de la verificación de las operaciones se tenga conocimiento objetivo de que ciertas personas pudieran estar cometiendo conductas ilícitas, incluso figurando como titular, cotitular, firmante y/o autorizado, fideicomitente, representante legal y/o apoderado, o bien aparezcan como beneficiario y/o fideicomisario, para efectos de ordenar el bloqueo cuestionado. Lo anterior, porque esa orden de cualquier manera incide en dichas personas exclusivamente y no en terceros, como la quejosa, cuando no figuran en la lista de personas bloqueadas, pues para emitir un mandamiento que pueda repercutir en esos otros sujetos, la autoridad debe fundar y motivar suficientemente su determinación en relación con esos terceros, lo cual no hizo la autoridad en los oficios reclamados o en aquél que dio origen a los mismos 51/2020. Dar tal alcance a la lista, sin mayor justificación legal y fáctica, hace ilegal el acto reclamado por contravenir el artículo 16 constitucional, al emitirse sin fundar y motivar debidamente esa determinación en relación con la persona moral quejosa. Al respecto es aplicable, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la anterior estructura del Máximo Tribunal del País, de epígrafe y contenido: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Época: Séptima Época, Registro: 815374, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Informes, Informe 1973, Parte II, Materia(s): Constitucional, Tesis: 11, Página: 18. Incluso, el artículo 2º de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita4 prevé que su objeto es "proteger el sistema financiero y la economía nacional", además en el artículo 7º de dicho cuerpo normativo5 se señala que la 4 Artículo 2. El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. 5 Artículo 7. La Procuraduría contará con una Unidad Especializada en Análisis Financiero, como órgano especializado en análisis financiero y contable relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Unidad, cuyo titular tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, contará con oficiales ministeriales y personal especializados en las materias relacionadas con el objeto de la presente Ley, y estará adscrita a la oficina del Procurador General de la República. entonces Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República) contará con una Unidad Especializada en Análisis Financiero, como órgano especializado en análisis financiero y contable relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuyo titular tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de la Federación y podrá utilizar las técnicas y medidas de investigación previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Asimismo, las facultades de la Unidad Especializada en Análisis Financiero se encuentran previstas en los artículos 5, 6 y 8 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, precisamente para poder llevar a cabo esas actuaciones y emitir las determinaciones pertinentes, al disponer: "Artículo 5. La Secretaría será la autoridad competente para aplicar, en el ámbito administrativo, la presente Ley y su Reglamento." "Artículo 6. La Secretaría tendrá las facultades siguientes: I. Recibir los Avisos de quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere la Sección Segunda del Capítulo III; La Unidad podrá utilizar las técnicas y medidas de investigación previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. II. Requerir la información, documentación, datos e imágenes necesarios para el ejercicio de sus facultades y proporcionar a la Unidad la información que le requiera en términos de la presente Ley; III. Coordinarse con otras autoridades supervisoras y de seguridad pública, nacionales y extranjeras, así como con quienes realicen Actividades Vulnerables, para prevenir y detectar actos u operaciones relacionados con el objeto de esta Ley, en los términos de las disposiciones legales aplicables; IV. Presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Público de la Federación cuando, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, identifique hechos que puedan constituir delitos; V. Requerir la comparecencia de presuntos infractores y demás personas que puedan contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley; VI. Conocer y resolver sobre los recursos de revisión que se interpongan en contra de las sanciones aplicadas; VII. Emitir Reglas de Carácter General para efectos de esta Ley, para mejor proveer en la esfera administrativa, y VIII. Las demás previstas en otras disposiciones de esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables." "Artículo 8. La Unidad tendrá las facultades siguientes: I. Requerir a la Secretaría la información que resulte útil para el ejercicio de sus atribuciones; II. Establecer los criterios de presentación de los reportes que elabore la Secretaría, sobre operaciones financieras susceptibles de estar vinculadas con esquemas de operaciones con recursos de procedencia ilícita; III. Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de análisis de la información financiera y contable para que pueda ser utilizada por ésta y otras unidades competentes de la Procuraduría, en especial la relacionada con los Avisos materia de la presente Ley; IV. Coadyuvar con otras áreas competentes de la Procuraduría, en el desarrollo de herramientas de inteligencia con metodologías interdisciplinarias de análisis e investigación de las distintas variables criminales, socioeconómicas y financieras, para conocer la evolución de las actividades relacionadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y medir su riesgo regional y sectorial. V. Generar sus propias herramientas para el efecto de investigar los patrones de conducta que pudieran estar relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita; VI Participar en el diseño de los esquemas de capacitación, actualización y especialización en las materias de análisis financiero y contable; VII. Emitir guías y manuales técnicos para la formulación de dictámenes en materia de análisis financiero y contable que requieran los agentes del Ministerio Público de la Federación en el cumplimiento de sus funciones de investigación y persecución de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita; VIII. Establecer mecanismos de consulta directa de información que pueda estar relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita, en las bases de datos de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para la planeación del combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita; IX. Conducir la investigación para la obtención de indicios o pruebas vinculadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita de conformidad con el Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal Federal, y coadyuvar con la Unidad Especializada prevista en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada cuando se trate de investigaciones vinculadas en la materia; X. Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, y a otras autoridades, organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, y a aquéllas personas responsables de dar Avisos en las organizaciones con Actividades sujetas a supervisión previstas en esta Ley. En todos los casos, estos requerimientos deberán hacerse en el marco de una investigación formalmente iniciada, así como sobre individuos y hechos consignados en una averiguación previa. En el caso de las Entidades Financieras, los requerimientos de información, opinión y pruebas en general, se harán a través de la Secretaría; XI. Celebrar convenios con las entidades federativas para accesar directamente a la información disponible en los Registros Públicos de la Propiedad de las entidades federativas del país, para la investigación y persecución de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita; XII. Emitir los dictámenes y peritajes en materia de análisis financiero y contable que se requieran, y XIII. Las demás que las disposiciones legales y reglamentarias determinen." Consecuentemente, si la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como las instituciones de crédito ordenan bloqueos de cuentas de personas físicas o morales que son distintos a los señalados en las listas de personas bloqueadas, que han sido suspendidos de sus servicios o congeladas sus cuentas bancarias y deseaban decretarlas también en contra de la moral quejosa, que es la titular de la cuenta bancaria bloqueada, entonces debieron utilizar esos instrumentos de investigación y decretar la medida cautelar en forma legal, esto es, una vez investigada la actividad propia de las empresas demandante de amparo, porque si encuentran que ella igual que las personas físicas están realizando actividades aparentemente ilícitas, debían demostrar y motivar debidamente tal cosa, a efecto de emitir válidamente un mandamiento que la afecte de esa manera, al menos para incluirla en la lista de personas bloqueadas. Nada de lo cual acontece en el caso, sino simplemente se asume que como la persona física bloqueada es representante/ autorizado/ apoderado y y por ello facultada para manejar una cuenta que es propiedad de la empresa quejosa que no fue incluida en el acuerdo reclamado en la lista de personas bloqueadas, ésta tampoco puede realizar operaciones en sus propias cuentas ni disponer de sus propios recursos. En ese sentido, es claro que el bloqueo sobre la cuenta bancaria de la parte quejosa fue derivado de lo establecido en el Acuerdo 51/2020, al haberse incluido en la lista de personas bloqueadas a una persona a quien se le relaciona en las cuentas: Nurban Activo Inmobiliario Sociedad Anónima de Capital Variable cuentas 0104685997 y 0104680804. Administradora Inmobiliaria del Bajío Sociedad Anónima de Capital Variable cuenta 0107949480. Terrenos de Alvarado, Sociedad Anónima de Capital Variable cuenta 0110718688. Soserque, Sociedad Anónima de Capital Variable cuenta 0108485879. Grupo Nurban, Sociedad Anónima de Capital Variable, cuenta 198980292. Lo anterior, a nombre de las quejosas por ser autorizado ALEJANDRO ARÁMBULA GONZÁLEZ, sin embargo, no existe constancia alguna que acredite que la hoy quejosa, haya sido sujeta a investigación o se siga algún procedimiento jurisdiccional o administrativo en su contra por el cual se ordene de manera fundada y motivada el bloqueo de sus cuentas bancarias. Lo anterior es así, máxime que en su informe justificado las autoridades responsables Director General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por sí y en representación del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, manifestaron expresamente que la aquí quejosa no ha sido incluida en la lista de personas bloqueadas a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Luego, no obstante que precisaron que el bloqueo de las cuentas bancarias que reclama la quejosa es consecuencia de la inclusión a la lista de personas bloqueadas de ALEJANDRO ARÁMBULA GONZÁLEZ, de quien es autorizado de las personas morales quejosas; sin embargo, tal justificación resulta insuficiente para garantizar la certidumbre jurídica de la que se duele la quejosa, pues desconoce los fundamentos y motivos del acto de autoridad. En ese orden, al no existir una orden fundada y motivada, en contra de la quejosa atinente a que se le deban bloquear sus cuentas bancarias y de inversión, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a Nurban Activo Inmobiliario, Sociedad Anónima de Capital Variable; Administradora Inmobiliaria del Bajío, Sociedad Anónima de Capital Variable; Terrenos Alvarado, Sociedad Anónima de Capital Variable; Soserque, Sociedad Anónima de Capital Variable; y Grupo Nurban, Sociedad Anónima de Capital Variable. Así, para restituir a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho fundamental violado el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá: ? Dejar insubsistente el bloqueo que impera sobre las cuentas bancarias: Nurban Activo Inmobiliario Sociedad Anónima de Capital Variable cuentas 0104685997 y 0104680804, Administradora Inmobiliaria del Bajío Sociedad Anónima de Capital Variable cuenta 0107949480, Terrenos de Alvarado, Sociedad Anónima de Capital Variable cuenta 0110718688, Soserque, Sociedad Anónima de Capital Variable cuenta 0108485879 y Grupo Nurban, Sociedad Anónima de Capital Variable, cuenta 198980292, en la institución Cuentas antes descritas pertenecientes a BBBVA Bancomer, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, derivado del Acuerdo 51/2020. Ordene a BBBVA Bancomer, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple levanten el bloqueo de la cuenta bancaria Nurban Activo Inmobiliario Sociedad Anónima de Capital Variable cuentas 0104685997 y 0104680804, Administradora Inmobiliaria del Bajío Sociedad Anónima de Capital Variable cuenta 0107949480, Terrenos de Alvarado, Sociedad Anónima de Capital Variable cuenta 0110718688, Soserque, Sociedad Anónima de Capital Variable cuenta 0108485879 y Grupo Nurban, Sociedad Anónima de Capital Variable, cuenta 198980292, a nombre de las personas morales aquí quejosas. Sin que dicha determinación impida que el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por sí o por cualquiera de las autoridades de dicha dependencia en la que delegue sus atribuciones, de estimarlo pertinente, emita los acuerdos o resoluciones que corresponda, en relación con la cuenta o investigaciones efectuadas sobre la quejosa. En términos similares resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el recurso de revisión 573/2019, en sesión de quince de octubre de dos mil veinte. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando tercero de la presente sentencia, por los motivos y fundamentos que ahí se exponen. SEGUNDO. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal a Nurban Activo Inmobiliario, Sociedad Anónima de Capital Variable; Administradora Inmobiliaria del Bajío, Sociedad Anónima de Capital Variable; Terrenos Alvarado, Sociedad Anónima de Capital Variable; Soserque, Sociedad Anónima de Capital Variable; y Grupo Nurban, Sociedad Anónima de Capital Variable, por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta resolución. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Nurban Activo Inmobiliario, Sociedad Anónima de Capital Variable; Administradora Inmobiliaria del Bajío, Sociedad Anónima de Capital Variable; Terrenos Alvarado, Sociedad Anónima de Capital Variable; Soserque, Sociedad Anónima de Capital Variable; y Grupo Nurban, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra de los actos de las autoridades responsables Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y BBBVA Bancomer, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando último de este fallo; y para los efectos precisados ahí mismo.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 14,557 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano