Rocío Vélez Polanco

Expediente 590/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
590/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
07/09/2023

Partes del expediente

  • Reyna Montiel Rivera
  • Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
  • Rocío Vélez Polanco
  • Salma Grabiela Constantino Montiel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Amparo en revisión

    Visto el estado procesal que guarda el expediente, del que se advierte que no existen diligencias pendientes por realizar, ni constancias que devolver al Órgano Jurisdiccional de origen y dado que el asunto se encuentra concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese éste de conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés se notificó a la parte quejosa la resolución de quince de marzo de dos mil veintitrés, por lo que el catorce de abril de dos mil veintitrés, feneció el término de quince días del que disponía para impugnarla a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el punto Octavo, fracción IV, del Acuerdo General número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito; en tal virtud, se declara que dicho auto ha causado estado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a ley de la materia. En mérito de lo anterior, se estima que el presente asunto se encuentra concluido, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese el expediente. Por otra parte, en atención a la certificación de cuenta y con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al no existir documentos originales aportados por las partes y que el asunto no es de relevancia documental, procede su depuración. Hágase saber a las partes que, en términos del artículo en cita del propio Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Tribunal por el plazo de tres años a partir de la fecha en que se ordenó su archivo; una vez transcurrido, sin mediar proveído alguno se remitirá al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que corresponda.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que, en proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se dio vista a la quejosa, Rocío Velez Polanco, con la sentencia de siete de febrero del año en curso, dictada por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad 24105/19-17-08-5, con motivo de la ejecutoria de amparo pronunciada en este asunto, y habiendo transcurrido el plazo que se le otorgó para tal efecto, se procede a analizar el cumplimiento de la mencionada ejecutoria, a la luz de los elementos que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo y de acuerdo con el considerando noveno del instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete. En ese orden de ideas, cabe indicar que el amparo fue concedido en los términos siguientes: "Bajo ese contexto, si en términos de lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley del Instituto abrogada, previamente transcrito, la indemnización global que se otorgó a la impetrante, equivalente al monto total de las cuotas pagadas más noventa días de su último sueldo básico, corresponde a aquellos trabajadores que hubieran permanecido en el servicio de diez a catorce años, y la actora demostró que su separación ocurrió al haber cotizado quince años, un mes y cero días, entonces, es inconcuso que no se le debió otorgar dicha indemnización, por lo que la procedencia de su reintegro no debe condicionarse al requisito de reingreso al servicio a que alude el artículo 89 de la Ley del Instituto abrogada, pues el supuesto que lo motiva es distinto, a saber, el error en que incurrió la autoridad y que le impide a la actora continuar con el trámite para solicitar su pensión. En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y emita una nueva en la que, considerando la litis efectivamente planteada al tenor de lo expuesto, especifique que la aquí quejosa no se encontraba obligada a satisfacer lo estipulado por el artículo 89 de la Ley del Instituto abrogada, en cuanto al reingreso al servicio, ya que el supuesto que motivó la solicitud de reintegración de la indemnización global recibida, se sustenta en la existencia de un error de la autoridad en cuanto a su otorgamiento." Como puede advertirse, este tribunal constriñó a la autoridad a que emitiera una nueva determinación en la que considerara la litis efectivamente planteada en el juicio de nulidad, esto es, la existencia de un error en cuanto al otorgamiento a la parte quejosa de una indemnización global, no obstante que por el tiempo de cotización, podía acceder a una pensión; de ahí la necesidad de reintegrar la referida indemnización, misma que no podía condicionarse al requisito de reingreso al servicio a que alude el artículo 89 de la Ley del Instituto abrogada. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio de siete de febrero de dos mil veintitrés, recibido en este órgano colegiado el día quince del mismo mes y año (folio 40 de este expediente), la Magistrada Presidenta de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, informó que se emitió otra sentencia, en sustitución de la reclamada (la cual obra en copia certificada, a folios 41 a 50), de la que se advierte que la sala se pronunció en el sentido de que el reintegro solicitado por la parte quejosa, no debía condicionarse al requisito de reingreso al servicio en términos del artículo 89 de la Ley del Instituto abrogada, ya que el supuesto que lo motiva es distinto, a saber, el error en que incurrió la autoridad y que le impide a la actora continuar con el trámite para solicitar su pensión. Así, la Sala declaró la nulidad en los términos siguientes: "En ese sentido, procede declarar la nulidad de la resolución impugnada dado que la actora no se encontraba obligada a satisfacer lo estipulado por el artículo 89 de la Ley del Instituto abrogada, en cuanto al reingreso al servicio, ya que el supuesto que motivó la solicitud de reintegración de la indemnización global recibida, se sustenta en la existencia de un error de la autoridad en cuanto a su otorgamiento, debiendo emitir por tanto una nueva resolución de conformidad con lo resuelto en el presente fallo." Como se puede apreciar, la autoridad responsable se pronunció conforme a lo indicado en la ejecutoria, pues fue clara al señalar que la quejosa no se encontraba obligada a satisfacer la exigencia prevista en el artículo 89 de la Ley del Instituto abrogada a fin de poder reintegrar la indemnización global recibida, dado el error que medió en su otorgamiento. En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, se tiene por cumplido el fallo protector. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa (habilitando al Actuario adscrito a este Tribunal para que de ser necesario se constituya en días y horas inhábiles en su domicilio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o.). Así lo proveyó y firma el Magistrado Oscar Palomo Carrasco, Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, asistido por la secretaria de tribunal, Fabiola Alejandra Ramírez Salinas, quien da fe. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Visto; agréguese la razón actuarial asentada por la Actuaria adscrita a este órgano colegiado, en la que hace constar el impedimento que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa el auto de dieciséis de febrero del presente año; por tanto, notifíquese ésta a la solicitante de la tutela constitucional por medio de lista, de conformidad con la fracción I, inciso a), del artículo 27, de la Ley de Amparo.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

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