Rocío Tellez Hernández

Expediente 1480/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1480/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Rocío Tellez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    CERTIFICACIONES DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE Y REMISIÓN ARCHIVO MATERIAL

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa, no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado. En ese sentido, del estado de autos se advierte que el presente sumario constitucional se encuentra debidamente integrado; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, TODA VEZ QUE NO ACUDIO A NOTIFICARSE CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, AUTO QUE A LA LETRA REFIERE: Toluca, Estado de México, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa, no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado. En ese sentido, del estado de autos se advierte que el presente sumario constitucional se encuentra debidamente integrado; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En ese contexto, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 18 del referido acuerdo el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se concedió el amparo de la justicia federal. e) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y dentro de los noventa días siguientes se depurará y terminado dicho proceso se solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Además, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa ofreció como prueba el siguiente documento: La documental pública, consistente en copia certificada del escrito de solicitud de actualización de pensión presentado en fecha seis de julio de dos mil veintidós, en la Unidad de Atención al Derechohabiente Toluca, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y al cual, se le asignó el folio: 471,458, 837-43100. En consecuencia, con fundamento en el artículo 18 del citado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezca a recoger la citada constancia; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a destruirla. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de nueve de diciembre del año en curso, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector, previo a ello, se estima necesario destacar los datos relevantes vinculados con el cumplimiento de la sentencia concesoria, a saber: Fecha de ejecutoria Fecha del cumplimiento Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento. Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento Dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Dieciocho de noviembre y seis de diciembre, ambos de dos mil veintidós Veintinueve de noviembre y ocho de diciembre, ambos de dos mil veintidós Trece de diciembre de dos mil veintidós Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "La omisión de dar contestación al escrito de solicitud de actualización de pensión, presentado el seis de julio de dos mil veintidós, al cual se le asignó el folio 471,458,837-43100." Previa substanciación del juicio de amparo, el veintiséis de octubre de este año, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para los siguientes efectos: ". para el efecto de que la autoridad responsable el Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, se pronuncie en el ámbito de su competencia con relación a la solicitud de actualización de pensión presentada el seis de julio de dos mil veintidós, y notifique la misma a la solicitante, ahora quejosa; debiendo remitir copia certificada de dicha respuesta y notificación a este Juzgado de Distrito." (Sic). El dieciocho de noviembre del año que transcurre, causó ejecutoria la citada sentencia y, se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Ahora, en proveídos de treinta de noviembre y nueve de diciembre, ambos de este año, se tuvo al licenciado Mario Rodríguez Sánchez, delegado de las autoridades responsables Presidente del Comité de Pensiones y Comité de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, remitiendo dictamen de pensión ********************suscrito por el Presidente del Comité de Pensiones de dicho Instituto, así como la constancia de notificación del mismo realizado a la parte quejosa, constancias que por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable el Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, cumplió con las directrices de la concesión del amparo, es decir, se pronunció en el ámbito de su competencia con relación a la solicitud de actualización de pensión presentada el seis de julio de dos mil veintidós y notificó la misma a la quejosa, constancias que fueron remitidas a esta autoridad y acordadas mediante proveídos de treinta de noviembre y nueve de diciembre del año en curso. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimito de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento de la quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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