Rocío Solís Amezcua
Expediente 760/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 760/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Rocío Solís Amezcua
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, y en específico el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa Rocío Solís Amezcua, hubiese recurrido el proveído de diez de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual se ordenó desechar de plano la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se desechó la demanda; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Notifíquese
- Principal
Con fundamento en el artículo 2o. del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por recibido el escrito de demanda suscrito por *, por su propio derecho; contra actos del Jefe de la Unidad Departamental de Control de Incidencias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 760/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por Rocío Solis Amezcua, ya que se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado los descuentos realizados por las autoridades responsables de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a raíz de su inasistencia para laborar, en virtud de las incapacidades y licencia médicas que le han sido otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y, con lo que refiere, se le priva del producto de su trabajo sin justificación alguna. Ahora bien, sobre tal acto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, ya que lo reclamado no constituye actos de autoridad para efectos del juicio de amparo y, por ende, no es la vía idónea para resolver controversias surgidas entre los miembros de las instituciones policiales y las dependencias para las que prestan sus servicios, cuando dichas controversias surgen únicamente con motivo del desarrollo de esos servicios y no se vinculan con la suspensión del servicio activo, remoción, cese o baja. Es preciso indicar que en el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. En el artículo 1o, fracción I, de la referida ley se prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos; mientras que en el artículo 5o, fracción II, se establece la definición de autoridad responsable. Bajo ese orden de ideas, es dable concluir que en caso de que el acto u omisión reclamados no se relacionen con una vulneración a derechos humanos por parte de una autoridad que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, entonces el juicio de amparo será improcedente, ya que el problema jurídico quedará al margen de su objeto. En el presente asunto, el hecho de que la quejosa Rocío Solis Amezcua, sea Policía Segundo dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, según se puede advertir del recibo de pago que exhibe, no implica que todos los actos de esa dependencia vinculados con la prestación de servicios y sus remuneraciones se conviertan automáticamente en actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es preciso recordar que existen dos regímenes jurídicos de relaciones laborales previstos a nivel constitucional, a saber: (i) las reguladas por el artículo 123, Apartado A, entre los patrones y los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, en general, todos los obligados por un contrato de trabajo, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal del Trabajo; y, (ii) las reguladas por el apartado B, que se refieren el régimen jurídico de las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Es fundamental precisar que aunque en dichas relaciones intervienen distintas partes, ambas tienen la misma naturaleza jurídica; esto es, ambos tipos de relaciones laborales constituyen relaciones de coordinación. Si bien las relaciones laborales que regula el apartado A se suscitan entre particulares, y las relaciones laborales que regula el apartado B se suscitan entre particulares y órganos públicos, lo cierto es que, con independencia de las partes que las configuran, ambos tipos de relaciones laborales tienen la misma naturaleza: relaciones de coordinación. Ahora bien, el hecho de que las relaciones laborales que regula el apartado B se susciten entre particulares y entidades públicas, no incide en forma alguna en la naturaleza de la relación; es decir, el hecho de que el patrón sea un ente público no significa que automáticamente la relación laboral se convierta en una relación de supra subordinación. Lo anterior es así, pues más allá de la subordinación jerárquica estrictamente laboral derivada de una relación de trabajo, entre las partes de ésta (patrón y trabajador) no existe una relación de supra a subordinación, sino de mera coordinación en la que ambas partes se encuentran en un mismo plano. Así, tratándose de las relaciones laborales que el Estado establece con sus trabajadores, se obliga como cualquier patrón lo podría hacer, por lo que en dichas relaciones no ejerce su imperio propio del derecho público, sino los derechos y obligaciones que ahí surgen deben entenderse en un plano de coordinación; de ahí que ambos tipos de relaciones, tanto las relaciones que se rigen por el apartado A, como las que se rigen por el apartado B, constituyan en ambos casos relaciones de coordinación. Ya desde la octava época, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el cese de los trabajadores al servicio del estado no puede estimarse como un acto de autoridad estatal, ya que en términos del artículo 123, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley reglamentaria, el Estado se ubica en una posición jurídica similar a la de un patrón; lo que evidencia que en las relaciones que entabla con sus trabajadores no actúa con su poder de imperio -característica distintiva de los actos de autoridad... Si bien, en el artículo 123, Apartado B, de la Constitución se regulan las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores; lo cierto es que en la fracción XIII, se establece que las relaciones de trabajo de los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. Lo anterior, implica que los miembros de las instituciones policiales tienen una relación administrativa con el Estado, esto es, que no se trata de una relación de índole laboral en sentido estricto [que se rija por el derecho del trabajo], sino que dichos servidores públicos están excluidos, por disposición constitucional, de la aplicación de las normas de trabajo para los demás servidores públicos del Estado. Esto quiere decir que los miembros de las instituciones policiales siguen siendo empleados públicos, solo que son designados mediante actos condición y no mediante contratos de trabajo y, por ende, no tienen derecho a reclamar estabilidad en el empleo ni a la inmutabilidad en las condiciones de permanencia. Por esa razón, en oposición a los demás empleados públicos, los miembros de las instituciones policiales no pueden acudir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para resolver sus conflictos individuales, en términos del artículo 123, Apartado B, fracción XII, de la Constitución; sin embargo, ello no implica que no exista una vía ordinaria para ello, pues por afinidad, pueden acudir al Tribunal Contencioso Administrativo correspondiente. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los conflictos suscitados entre los elementos de seguridad pública estatales y sus dependencias, con motivo de la prestación de servicios públicos deben resolverse en el Tribunal Contencioso del Estado por ser dicho órgano el más afín dada su relación jurídica de naturaleza administrativa... En el caso, de una interpretación hermenéutica y sistemática de la demanda de amparo, la quejosa se duele de los descuentos realizados por las autoridades responsables de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a raíz de su inasistencia para laborar, en virtud de las incapacidades y licencia médicas que le han sido otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y, con lo que refiere, se le priva del producto de su trabajo sin justificación alguna. Lo anterior pone de manifiesto que el problema jurídico planteado, únicamente se relaciona con cuestiones derivadas de la prestación de sus servicios, pero no tiene que ver con la suspensión, remoción o cese de éstos. En efecto, tratándose del procedimiento que puede culminar con la remoción o cese de los policías, la Segunda Sala del Alto Tribunal ha sostenido que el acuerdo de inicio constituye un acto de imposible reparación, porque puede culminar en la separación del servicio activo y, aun cuando con posterioridad se demuestre la ilegalidad de esa actuación, no podrán ser reinstalados, por la prohibición establecida en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución, por lo que el juicio de amparo es procedente. No obstante, en el caso, aun cuando la quejosa Rocío Solis Amezcua, se desempeña como Policía Segundo dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y está sujeta al régimen de excepción previsto en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución, lo cierto es que el acto que reclama no se vincula con "el derecho sustantivo al trabajo y a no ser separada injustificadamente de él" que la Segunda Sala del Alto Tribunal pretendió tutelar con la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.) mencionada con anterioridad, lo que lleva a concluir la improcedencia del juicio de amparo para dilucidar controversias relacionadas con aspectos suscitados con la prestación de servicios o con las prestaciones derivadas de ellos, pues para ello existen vías ordinarias. Entonces, en el juicio de amparo no se puede analizar esas controversias, pues deben ventilarse en las vías ordinarias, en este caso, ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por ser el órgano competente por afinidad, atendiendo a la relación administrativa que une a la parte quejosa con la dependencia para la que labora y en sustitución de un tribunal burocrático... Dicho de otra manera, el juicio de amparo no es la vía idónea para resolver controversias surgidas entre un miembro de las fuerzas policiales y la dependencia para la que presta sus servicios, con motivo del desarrollo de estos, si no se vinculan con su suspensión, remoción o con el acuerdo de inicio del procedimiento respectivo. Lo anterior es así, ya que el control de constitucionalidad que se puede ejercer a través del juicio de amparo, no puede abarcar actos que no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria [de supra a subordinación]; sobre todo si existen vías ordinarias para resolver esa clase de conflictos. Inclusive, de sostener lo contrario, implicaría afirmar que uno de los objetos del juicio de amparo es fungir como un "juicio laboral" para los elementos policiales, lo que es inadmisible desde un punto de vista constitucional. Se insiste, la procedencia de una vía ordinaria ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México se da porque es el órgano jurisdiccional afín para resolver las controversias entre los servidores públicos que tienen una relación administrativa con el Estado y sus dependencias [en substitución de un tribunal laboral], más no por un tema de definitividad en el que implícitamente se reconozca la existencia de un acto de autoridad. En mérito de lo hasta aquí expuesto, es que se actualiza la causal de improcedencia que se anunció. La anterior determinación no implica desatender lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en materia de administración de justicia, pues la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, ya que los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a analizar previamente los supuestos de procedencia previstos tanto en la Constitución Federal como en la propia Ley de Amparo. Conclusión. En consecuencia, al quedar evidenciada de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Rocío Solis Amezcua. Domicilio Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Autorizados Téngase por autorizado en términos amplios a Jesús Enrique Martínez Martínez e Irma Martínez Aguilar, de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, primera parte de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen por autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las demás personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE: "Con fundamento en el artículo 2o. del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por recibido el escrito de demanda suscrito por *, por su propio derecho; contra actos del Jefe de la Unidad Departamental de Control de Incidencias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 760/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por Rocío Solis Amezcua, ya que se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado los descuentos realizados por las autoridades responsables de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a raíz de su inasistencia para laborar, en virtud de las incapacidades y licencia médicas que le han sido otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y, con lo que refiere, se le priva del producto de su trabajo sin justificación alguna. Ahora bien, sobre tal acto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, ya que lo reclamado no constituye actos de autoridad para efectos del juicio de amparo y, por ende, no es la vía idónea para resolver controversias surgidas entre los miembros de las instituciones policiales y las dependencias para las que prestan sus servicios, cuando dichas controversias surgen únicamente con motivo del desarrollo de esos servicios y no se vinculan con la suspensión del servicio activo, remoción, cese o baja. Es preciso indicar que en el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. En el artículo 1o, fracción I, de la referida ley se prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos; mientras que en el artículo 5o, fracción II, se establece la definición de autoridad responsable. Bajo ese orden de ideas, es dable concluir que en caso de que el acto u omisión reclamados no se relacionen con una vulneración a derechos humanos por parte de una autoridad que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, entonces el juicio de amparo será improcedente, ya que el problema jurídico quedará al margen de su objeto. En el presente asunto, el hecho de que la quejosa Rocío Solis Amezcua, sea Policía Segundo dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, según se puede advertir del recibo de pago que exhibe, no implica que todos los actos de esa dependencia vinculados con la prestación de servicios y sus remuneraciones se conviertan automáticamente en actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es preciso recordar que existen dos regímenes jurídicos de relaciones laborales previstos a nivel constitucional, a saber: (i) las reguladas por el artículo 123, Apartado A, entre los patrones y los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, en general, todos los obligados por un contrato de trabajo, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal del Trabajo; y, (ii) las reguladas por el apartado B, que se refieren el régimen jurídico de las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Es fundamental precisar que aunque en dichas relaciones intervienen distintas partes, ambas tienen la misma naturaleza jurídica; esto es, ambos tipos de relaciones laborales constituyen relaciones de coordinación. Si bien las relaciones laborales que regula el apartado A se suscitan entre particulares, y las relaciones laborales que regula el apartado B se suscitan entre particulares y órganos públicos, lo cierto es que, con independencia de las partes que las configuran, ambos tipos de relaciones laborales tienen la misma naturaleza: relaciones de coordinación. Ahora bien, el hecho de que las relaciones laborales que regula el apartado B se susciten entre particulares y entidades públicas, no incide en forma alguna en la naturaleza de la relación; es decir, el hecho de que el patrón sea un ente público no significa que automáticamente la relación laboral se convierta en una relación de supra subordinación. Lo anterior es así, pues más allá de la subordinación jerárquica estrictamente laboral derivada de una relación de trabajo, entre las partes de ésta (patrón y trabajador) no existe una relación de supra a subordinación, sino de mera coordinación en la que ambas partes se encuentran en un mismo plano. Así, tratándose de las relaciones laborales que el Estado establece con sus trabajadores, se obliga como cualquier patrón lo podría hacer, por lo que en dichas relaciones no ejerce su imperio propio del derecho público, sino los derechos y obligaciones que ahí surgen deben entenderse en un plano de coordinación; de ahí que ambos tipos de relaciones, tanto las relaciones que se rigen por el apartado A, como las que se rigen por el apartado B, constituyan en ambos casos relaciones de coordinación. Ya desde la octava época, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el cese de los trabajadores al servicio del estado no puede estimarse como un acto de autoridad estatal, ya que en términos del artículo 123, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley reglamentaria, el Estado se ubica en una posición jurídica similar a la de un patrón; lo que evidencia que en las relaciones que entabla con sus trabajadores no actúa con su poder de imperio -característica distintiva de los actos de autoridad... Si bien, en el artículo 123, Apartado B, de la Constitución se regulan las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores; lo cierto es que en la fracción XIII, se establece que las relaciones de trabajo de los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. Lo anterior, implica que los miembros de las instituciones policiales tienen una relación administrativa con el Estado, esto es, que no se trata de una relación de índole laboral en sentido estricto [que se rija por el derecho del trabajo], sino que dichos servidores públicos están excluidos, por disposición constitucional, de la aplicación de las normas de trabajo para los demás servidores públicos del Estado. Esto quiere decir que los miembros de las instituciones policiales siguen siendo empleados públicos, solo que son designados mediante actos condición y no mediante contratos de trabajo y, por ende, no tienen derecho a reclamar estabilidad en el empleo ni a la inmutabilidad en las condiciones de permanencia. Por esa razón, en oposición a los demás empleados públicos, los miembros de las instituciones policiales no pueden acudir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para resolver sus conflictos individuales, en términos del artículo 123, Apartado B, fracción XII, de la Constitución; sin embargo, ello no implica que no exista una vía ordinaria para ello, pues por afinidad, pueden acudir al Tribunal Contencioso Administrativo correspondiente. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los conflictos suscitados entre los elementos de seguridad pública estatales y sus dependencias, con motivo de la prestación de servicios públicos deben resolverse en el Tribunal Contencioso del Estado por ser dicho órgano el más afín dada su relación jurídica de naturaleza administrativa... En el caso, de una interpretación hermenéutica y sistemática de la demanda de amparo, la quejosa se duele de los descuentos realizados por las autoridades responsables de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a raíz de su inasistencia para laborar, en virtud de las incapacidades y licencia médicas que le han sido otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y, con lo que refiere, se le priva del producto de su trabajo sin justificación alguna. Lo anterior pone de manifiesto que el problema jurídico planteado, únicamente se relaciona con cuestiones derivadas de la prestación de sus servicios, pero no tiene que ver con la suspensión, remoción o cese de éstos. En efecto, tratándose del procedimiento que puede culminar con la remoción o cese de los policías, la Segunda Sala del Alto Tribunal ha sostenido que el acuerdo de inicio constituye un acto de imposible reparación, porque puede culminar en la separación del servicio activo y, aun cuando con posterioridad se demuestre la ilegalidad de esa actuación, no podrán ser reinstalados, por la prohibición establecida en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución, por lo que el juicio de amparo es procedente. No obstante, en el caso, aun cuando la quejosa Rocío Solis Amezcua, se desempeña como Policía Segundo dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y está sujeta al régimen de excepción previsto en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución, lo cierto es que el acto que reclama no se vincula con "el derecho sustantivo al trabajo y a no ser separada injustificadamente de él" que la Segunda Sala del Alto Tribunal pretendió tutelar con la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.) mencionada con anterioridad, lo que lleva a concluir la improcedencia del juicio de amparo para dilucidar controversias relacionadas con aspectos suscitados con la prestación de servicios o con las prestaciones derivadas de ellos, pues para ello existen vías ordinarias. Entonces, en el juicio de amparo no se puede analizar esas controversias, pues deben ventilarse en las vías ordinarias, en este caso, ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por ser el órgano competente por afinidad, atendiendo a la relación administrativa que une a la parte quejosa con la dependencia para la que labora y en sustitución de un tribunal burocrático... Dicho de otra manera, el juicio de amparo no es la vía idónea para resolver controversias surgidas entre un miembro de las fuerzas policiales y la dependencia para la que presta sus servicios, con motivo del desarrollo de estos, si no se vinculan con su suspensión, remoción o con el acuerdo de inicio del procedimiento respectivo. Lo anterior es así, ya que el control de constitucionalidad que se puede ejercer a través del juicio de amparo, no puede abarcar actos que no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria [de supra a subordinación]; sobre todo si existen vías ordinarias para resolver esa clase de conflictos. Inclusive, de sostener lo contrario, implicaría afirmar que uno de los objetos del juicio de amparo es fungir como un "juicio laboral" para los elementos policiales, lo que es inadmisible desde un punto de vista constitucional. Se insiste, la procedencia de una vía ordinaria ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México se da porque es el órgano jurisdiccional afín para resolver las controversias entre los servidores públicos que tienen una relación administrativa con el Estado y sus dependencias [en substitución de un tribunal laboral], más no por un tema de definitividad en el que implícitamente se reconozca la existencia de un acto de autoridad. En mérito de lo hasta aquí expuesto, es que se actualiza la causal de improcedencia que se anunció. La anterior determinación no implica desatender lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en materia de administración de justicia, pues la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, ya que los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a analizar previamente los supuestos de procedencia previstos tanto en la Constitución Federal como en la propia Ley de Amparo. Conclusión. En consecuencia, al quedar evidenciada de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Rocío Solis Amezcua. Domicilio Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Autorizados Téngase por autorizado en términos amplios a Jesús Enrique Martínez Martínez e Irma Martínez Aguilar, de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, primera parte de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen por autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las demás personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa."
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