Rocío Romo Mondragón
Expediente 2200/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2200/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 06/04/2018
Partes del expediente
- Rocío Romo Mondragón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Director General de Ingresos y el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico (fojas 109 a 111), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de doce de marzo de la presente anualidad (foja 112), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. En ese tenor, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo Vigente, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el seis de febrero de dos mil dieciocho (fojas 83 a 98), se determinó por un lado, sobreseer y por el otro, conceder a la quejosa Rocío Romo Mondragón, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los diversos 12, 13 y 14 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. [.] 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $9,630.72 (nueve mil seiscientos treinta pesos 72/100 moneda nacional), por concepto de la inscripción de documento público o privado, inscripción de préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit; lo cual deriva de la inscripción de la escritura pública número treinta y seis mil quinientos cuarenta y ocho; que pagó el trece de octubre de dos mil diecisiete, conforme se advierte de la transferencia bancaria respectiva. [.] 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto". De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: a) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los ordinales 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal; y b) El remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), relativo a la cuota fija mínima, respecto de la cantidad de $9,630.72 (nueve mil seiscientos treinta pesos 72/100 moneda nacional), con motivo de la inscripción de instrumento público; la cual debía ser actualizada. Luego, a través del oficio DJC/1439/2018 de ocho de marzo de la presente anualidad, presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el nueve de marzo siguiente (fojas 109 a 111), el Director General de Ingresos y el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntó copia del cheque de siete de marzo de la anualidad citada, a nombre de la quejosa Rocío Romo Mondragón y del que se advierte que devolvió la cantidad de $9,613.60 (nueve mil seiscientos trece pesos 60/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $9,630.72 (nueve mil seiscientos treinta pesos 72/100 moneda nacional), menos la suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), que corresponde a cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, da como resultado un total de $9,350.72 (nueve mil trescientos cincuenta pesos 72/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. En ese tenor, tenemos que el monto de $9,350.72 (nueve mil trescientos cincuenta pesos 72/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el trece de octubre de dos mil diecisiete y en el mes de marzo de la presente anualidad, se efectúo la devolución mediante cheque a la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de septiembre del año próximo pasado a febrero de este año; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, esto es el mes de enero de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de enero del año actual entre el índice para el mes de septiembre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de dos mil diecisiete fue de 127.912; y para el mes de enero de dos mil dieciocho de 131.508. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02811. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver $9,350.72 (nueve mil trescientos cincuenta pesos 72/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $9,613.56 (nueve mil seiscientos trece pesos 56/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al remanente a devolver $9,350.72 (nueve mil trescientos cincuenta pesos 72/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $262.84 (doscientos sesenta y dos pesos 84/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad de $9,630.72 (nueve mil seiscientos treinta pesos 72/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Director General de Ingresos y el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico (fojas 109 a 111), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de doce de marzo de la presente anualidad (foja 112), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. En ese tenor, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo Vigente, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el seis de febrero de dos mil dieciocho (fojas 83 a 98), se determinó por un lado, sobreseer y por el otro, conceder a la quejosa Rocío Romo Mondragón, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los diversos 12, 13 y 14 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. [.] 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $9,630.72 (nueve mil seiscientos treinta pesos 72/100 moneda nacional), por concepto de la inscripción de documento público o privado, inscripción de préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit; lo cual deriva de la inscripción de la escritura pública número treinta y seis mil quinientos cuarenta y ocho; que pagó el trece de octubre de dos mil diecisiete, conforme se advierte de la transferencia bancaria respectiva. [.] 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto". De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: a) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los ordinales 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal; y b) El remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), relativo a la cuota fija mínima, respecto de la cantidad de $9,630.72 (nueve mil seiscientos treinta pesos 72/100 moneda nacional), con motivo de la inscripción de instrumento público; la cual debía ser actualizada. Luego, a través del oficio DJC/1439/2018 de ocho de marzo de la presente anualidad, presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el nueve de marzo siguiente (fojas 109 a 111), el Director General de Ingresos y el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntó copia del cheque de siete de marzo de la anualidad citada, a nombre de la quejosa Rocío Romo Mondragón y del que se advierte que devolvió la cantidad de $9,613.60 (nueve mil seiscientos trece pesos 60/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $9,630.72 (nueve mil seiscientos treinta pesos 72/100 moneda nacional), menos la suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), que corresponde a cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, da como resultado un total de $9,350.72 (nueve mil trescientos cincuenta pesos 72/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. En ese tenor, tenemos que el monto de $9,350.72 (nueve mil trescientos cincuenta pesos 72/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el trece de octubre de dos mil diecisiete y en el mes de marzo de la presente anualidad, se efectúo la devolución mediante cheque a la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de septiembre del año próximo pasado a febrero de este año; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, esto es el mes de enero de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de enero del año actual entre el índice para el mes de septiembre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de dos mil diecisiete fue de 127.912; y para el mes de enero de dos mil dieciocho de 131.508. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02811. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver $9,350.72 (nueve mil trescientos cincuenta pesos 72/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $9,613.56 (nueve mil seiscientos trece pesos 56/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al remanente a devolver $9,350.72 (nueve mil trescientos cincuenta pesos 72/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $262.84 (doscientos sesenta y dos pesos 84/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad de $9,630.72 (nueve mil seiscientos treinta pesos 72/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
S E N T RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías******************** promovido por********************contra la omisión de acordar el escrito de uno de septiembre de dos mil quince******************** atribuida al Tesorero Municipal del H. IX Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas******************** Nayarit******************** atento a las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a sus autos el libelo de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante el cual el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Director General de Ingresos y el Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, informa haber dado cumplimiento total a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, con el comunicado de mérito, dése vista a la parte quejosa, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en el referido informe y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes
- Rocio Liliana Navarrete Delgadillo163/2019
- Rocio Liliana Navarrete Delgadillo1911/2016
- Rocío Margarita Castillo Miramontes2129/2019
- Rocío Marisela Torres del Hoyo1356/2019
- Rocío Marisela Torres del Hoyo1940/2018
- Rocío Montoya Nungaray1862/2017
- Rocío Valenzuela Ibarra125/2017
- Rodolfo Agraz Díaz2203/2023
- Rodolfo Alberto Nava Castro1410/2018
- Rodolfo Alberto Nava Castro1404/2019
- Rodolfo Alberto Nava Castro1835/2016
- Rodolfo Antonio Mejorada Camarena1902/2017