Rocio Rodríguez Garza
Expediente 572/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 572/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 18/09/2023
Partes del expediente
- Rocio Rodríguez Garza
- América Maya Oloño Rosales
- Director del Hospital General de Zona Número 13, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Matamoros, Tamaulipas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no se inconformó en contra del auto de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, en el que se decretó la imposibilidad de dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada de amparo; por tanto, conforme a lo establecido en los artículos 196, 201 y 202 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por consentido dicho fallo. En virtud de lo anterior, toda vez que no existen cuestiones pendientes por resolver, ni mandatos por cumplimentar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, ya que, como se vio, la resolución protectora ha sido cumplida; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, se determina que el presente expediente es susceptible de conservación, ya que se concedió la protección constitucional. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá realizar su transferencia al depósito documental designado para tal efecto, de conformidad en lo dispuesto por el numeral 26 del referido acuerdo. Finalmente, cabe precisar que el citado Acuerdo General establece que en el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días hábiles a recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en el expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado éstos serán destruidos; sin embargo, toda vez que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales presentados por las partes, es innecesaria dicha notificación personal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
H. Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que mediante sentencia de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa contra el acto que reclamó del director del Hospital General de Zona Número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, y otra autoridad (fojas 58 a 70). Dicha determinación causó ejecutoria mediante proveído de trece de julio del año en curso, por lo que en esa misma fecha se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo (fojas 75 y 76). Mediante oficios números 291901012151/Dirección/00604/2023 y 291901012151/209/2023, las autoridades responsables director de Hospital General de Zona Número 13 y la directora de la Unidad Médica Familiar Número 79 ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, informaron sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo cual se puso a la vista de la parte quejosa por el término de tres días, en proveídos de veinte y veinticuatro de julio de este año para que manifestara lo que a su interés conviniera (fojas 80 a 95 y 97 a 112). La autorizada de la agraviada desahogó la vista que se le otorgó a través del escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil veintitrés, acordado en auto de veintiocho de julio siguiente (fojas 114 a 116). Por lo tanto, este tribunal procede a realizar el análisis previsto por el segundo párrafo del artículo 196 de la ley de la materia. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, con el siguiente rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Ahora bien, en el presente asunto se otorgó la protección constitucional a la quejosa ********************, para que se le practicara una cirugía de biopsia en un plazo no mayor a diez días, y una vez contando con los resultados, se le diera su diagnóstico, plan de tratamiento, y proporcionarle el medicamento que requiera. Sin embargo, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable director de Hospital General de Zona Número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, se advierte que la ahora quejosa optó por ser intervenida quirúrgicamente en un hospital particular para la toma de biopsia incisional lingual derecha (foja 80); asimismo, del resultado histopatológico reportado con fecha veintitrés de junio de dos mil veintitrés, se diagnosticó con trombosis vascular en proceso de organización, negativo para neoplasia, ni malignidad (foja 86), por lo que se le otorgó alta del servicio de cirugía general de dicho nosocomio; de igual manera, del resumen médico de fecha dieciocho de julio de este año, se asentó que la paciente aquí agraviada no requirió medicamento o tratamiento con pronóstico reservado a evolución (foja 84). Como se puede ver, existe una imposibilidad para acatar la ejecutoria de amparo, puesto que si bien las autoridades responsables debían practicar la cirugía a la quejosa y darle el tratamiento que necesitara una vez que se le realizara; debe decirse, que la agraviada optó por acudir al servicio médico particular, por lo que una vez que se le atendió nuevamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social para su valoración, no se le otorgó medicamento o tratamiento alguno, por lo que en el caso, no existe derecho fundamental que reparar. Por tanto, se declara sin materia el trámite del cumplimiento, sin abrir ni enviar el incidente de inejecución de sentencia, toda vez que éste resulta improcedente. En efecto, ante la imposibilidad de las autoridades responsables de acatar la ejecutoria de amparo, se constituye la inexistencia de materia del cumplimiento, ya que desaparece el objeto de la reparación ordenada. Lo anterior encuentra apoyo por las consideraciones que contiene en la jurisprudencia 2a./J. 27/2023 (11a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro digital, de la Undécima Época, Materias Común, cuyos rubro y texto son: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PROCEDE EL ENVÍO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CUANDO DEJA DE EXISTIR LA MATERIA DEL CUMPLIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN Y/O POR CONVENIO DE LAS PARTES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho al analizar, en el trámite de cumplimiento de la sentencia de amparo, un supuesto de inexistencia de materia debido al desistimiento de la acción por la parte actora y/o por convenio entre las partes en el juicio de origen. La persona juzgadora de amparo declaró sin materia el cumplimiento y envió el incidente de inejecución de sentencia al órgano revisor, quien emitió pronunciamiento. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que en caso de desistimiento de la acción por la parte actora y/o convenio de las partes en el juicio de origen, la persona juzgadora de amparo, por ser la autoridad legalmente facultada al efecto, debe declarar sin materia el cumplimiento, sin abrir ni enviar el incidente de inejecución de sentencia, toda vez que éste resulta improcedente. Justificación: El operador de amparo debe distinguir que puede haber imposibilidad jurídica o material de cumplimiento cuando pervive la materia del acato; empero, no se actualiza tal figura en el supuesto de que la materia haya dejado de existir y, por ende, no hay derecho fundamental que reparar en términos de lo ordenado en la sentencia. Así, en el caso de desistimiento de la acción por la parte actora y quejosa y/o convenio firme entre las partes, se constituye la inexistencia de materia del cumplimiento, ya que desaparece el objeto de la reparación ordenada; por tanto, el órgano judicial de amparo, por ser la autoridad legalmente facultada para ello, debe declarar que el trámite de cumplimiento quedó sin materia. Así, previa vista a las partes para que estén en condiciones de hacer valer lo que a su derecho corresponda conforme al artículo 201 de la Ley de Amparo, en su oportunidad ordenará el archivo del expediente. Consecuentemente, por regla general es innecesario que la persona juzgadora abra un incidente de inejecución de sentencia y es improcedente su trámite ante el Tribunal Colegiado de Circuito, toda vez que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la finalidad principal es lograr el cumplimiento de la ejecutoria, no tanto el sancionar a las autoridades. En ese sentido se proporciona congruencia al sistema de cumplimiento, ejecución e inejecución a que se contraen los artículos contenidos en el título tercero de la Ley de Amparo, la doctrina jurisprudencial y, en general, la normatividad aplicable, esto es, los acuerdos generales emitidos al respecto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que cuenta con el término de quince días para interponer recurso de inconformidad en contra del presente pronunciamiento, de conformidad con los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
H. Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio número 291901012151/209/2023, signado por la directora de la Unidad Médica Familiar Número 79 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, al que anexa diversas constancias para acreditar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, agréguense a los autos para que obren como corresponda. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, póngase lo anterior a la vista de la parte quejosa por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga al respecto; en el entendido que de no hacerlo, este Juzgado determinará de oficio si se cumplió o no con la ejecutoria emitida dentro del juicio de amparo en que se actúa, por ser una cuestión de orden público, conforme a lo establecido en la tesis número 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, correspondiente al mes de Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Edgar Ulises González González, secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho por ministerio de ley, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
H. Matamoros, Tamaulipas, veinte de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio número 291901012151/Direccion/00604/2023, signado por el director médico del Hospital General de Zona Número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, al que anexa diversas constancias para acreditar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguense a los autos para que obren como corresponda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Edgar Ulises González González, secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.
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