Rocio Rodriguez Alayola

Expediente 1807/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1807/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Rocio Rodriguez Alayola

Actuaciones

  1. Incidental

    En Mérida, Yucatán, a las nueve horas con cuarenta y tres minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. La Jueza declara abierta la audiencia. El Secretario hace relación de la demanda y da lectura de las constancias existentes en autos. Asimismo, doy cuenta con el informe previo rendido por el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, con registro 16288. La Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase por rendido en tiempo y forma, el informe previo de la autoridad responsable señalada para que sea tomado en consideración como corresponda y procede la celebración de la audiencia incidental. Abierto el período de pruebas y alegatos, se da cuenta con la documental exhibida por la parte quejosa en su demanda; la Jueza acuerda, se admite y desahoga por su propia naturaleza la documental exhibida. Por otro lado, se da cuenta que no se formularon alegatos, por lo que se cierran dichas etapas. A continuación, la Jueza procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver, el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1807/2023, promovido por Rocío Rodríguez Alayola contra un acto que reclamó del Consejero Jurídico del Gobierno del Estado; y, ANTECEDENTES ÚNICO. TRÁMITE DEL INCIDENTE. Por auto de trece de noviembre del año en curso, dictado en autos del Juicio de amparo 1807/2023, se dio trámite por cuerda separada al presente incidente de suspensión; se pidió a la autoridad responsable su informe previo; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, misma que tuvo verificativo este día en términos del acta que antecede. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y decidir de la presente suspensión definitiva, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción XI, de la Constitución Federal, 130 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO En principio, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias existentes en el incidente de suspensión, entre ellas, el informe previo de la autoridad responsable, pues la demanda y actuaciones constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa reclama, acorde con la tesis que se aplica por identidad jurídica substancial, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De manera que la peticionaria de amparo reclama: -La omisión de dar contestación al escrito presentado el ocho de agosto de dos mil veintitrés, ante la autoridad responsable. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO. De la lectura del informe previo rendido por Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, si bien expresó que no es cierto el acto reclamado en los términos señalados por la parte quejosa, de ello se aprecia que su negativa se refiere a la constitucionalidad del mismo y no respecto a su existencia; además dicha negativa se desvirtúa con las prueba aportadas por la parte quejosa consistentesd en el acuse el escrito presentado el ocho de agosto de dos mil veintitrés, ante la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado que adjunto a su escrito de demanda; por lo que se tiene por cierto el acto reclamado. CUARTO. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS DE LA SUSPENSIÓN. Ahora bien, a fin de resolver sobre la suspensión que se solicita, es menester tomar en cuenta que, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) consideró que la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar. Consideró que la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el artículo 147 de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado, por lo que la naturaleza negativa de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. Concluyó que la suspensión permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, por lo que lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. En ese tenor, es patente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido la posibilidad de que a través de la suspensión se pueda restituir al quejoso en el goce del derecho violado, ha establecido que la restitución debe ser provisional y no definitiva, al grado de que agote o deje sin materia el juicio de amparo, ya que la medida cautelar no puede coincidir exactamente con la pretensión principal del promovente. En relación con el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de criterios 338/2022. En esta ejecutoria se fijaron las reglas para establecer cuáles son los parámetros que debe tomar en cuenta el juzgador para analizar la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios ante la eventualidad de que con su concesión se deje sin materia el juicio. La sala consideró que con la medida cautelar se busca preservar la materia del juicio, lo cual se traduce en que el órgano jurisdiccional debe proteger el derecho que la quejosa considera afectado. Con base en esta premisa, estableció que es irrelevante que los efectos de una medida cautelar coincidan con los de una eventual sentencia de amparo, siempre y cuando dichos efectos sean transitorios y no definitivos. La regla general, de acuerdo con el criterio de la Segunda Sala, es que la suspensión del acto reclamado tenga un beneficio transitorio, aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad con los efectos de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Lo relevante es que, aun cuando coincidan ambos efectos (medida cautelar y sentencia de amparo), llegado el dictado de esta última aquéllos se puedan retrotraer. En cambio, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.)Registro digital: 2026730, Undécima Época, que señala: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo." Bajo las consideraciones expuestas en las citadas jurisprudencias, se estima que en el caso no es procedente otorgar la medida cautelar que se solicita, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado el ocho de agosto de dos mil veintitrés, ante la autoridad responsable. Lo anterior es así, pues lo primero que debe determinarse son las consecuencias que en cada caso pueden producir los actos reclamados, a fin de determinar si el efecto que podría darse a la suspensión es alguno de los citados dos escenarios posibles, esto es, mantener las cosas en el estado que se encuentran o restituir a la persona en el goce del derecho violado, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, se obtenga un beneficio transitorio y no definitivo que no pueda retrotraerse en caso de negarse el amparo. Así, respecto al acto reclamado en el que esencialmente se omitió acordar la solicitud de la parte quejosa, consistente en la expedición de una constancia, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, toda vez que se trata de una omisión que por sí misma no conlleva una ejecución, lo que genera una imposibilidad material para otorgar la suspensión, pues no ordena, prescribe o manda una conducta determinada en sentido positivo. En efecto, el contenido del acto reclamado, es de naturaleza omisiva y no tiene efectos positivos, pues en el particular la abstención reclamada no conlleva por sí mismo un principio de ejecución por parte de la autoridad responsable, que sea susceptible de suspender, lo que genera una imposibilidad material para otorgar la medida cautelar solicitada, ya que los efectos suspensorios no podrían actualizarse de momento a momento Ciertamente, dado que el acto es de naturaleza omisiva del acto y además no se aprecian efectos y consecuencias directas con motivo de dicha omisión, la suspensión resulta improcedente, dado que conforme a esas circunstancias no es aplicable la hipótesis de conceder la suspensión para mantener las cosas en el estado que se encuentran, ya que al no tener ejecución el acto, entonces ningún efecto provocaría la suspensión, pues no se puede materializar. Tampoco es factible otorgar la suspensión con un efecto anticipado, para que en su caso la autoridad responsable susbsane la omisión y acuerde la solicitud presentada el ocho de agosto del año en curso, pues además de que ello es materia de fondo del presente juicio, la parte quejosa obtendría un beneficio definitivo y no sólo transitorio, pues conseguiría lo que pretende en el juicio y aun de negarse la protección constitucional, no sería factible retrotraerlo, esto es, no podría ser revocado aun cuando se niegue el amparo; por tanto, por las razones expuestas se niega la suspensión solicitada. En ese sentido, con fundamento en el artículo 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, procede NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por la parte quejosa. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en los artículos 140 y 143 de la Ley de Amparo y el diverso 146 de la Ley de Amparo, se establecen los siguientes puntos resolutivos y esta resolutora, RESUELVE ÚNICO. SE NIEGA a Rocío Rodríguez Alayola, la suspensión definitiva del acto que reclamó del Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, precisado en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  2. Principal

    MESA III. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que por oficio ********************, la Presidenta de la Junta Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, informó las gestiones que debía realizar para el dictado del laudo y la temporalidad pertinente para ello, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, a fin de dar cumplimiento a la sentencia concesoria dictada en estos autos. Ahora bien, toda vez que es obligación de la responsable actuar con la celeridad y prontitud debidas, a fin de que la sentencia de amparo sea acatada; con apoyo en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, para que el plazo de veinticuatro horas siguientes a la notificación de este acuerdo, informe a este órgano judicial lo relativo a la cumplimiento del fallo protector, tomando en consideración que el término que expresó en el oficio de mérito, ya feneció, sin que hubiera informado lo conducente a esta autoridad. En ese entendido, se apercibe a la autoridad antes señaladas para el caso de no cumplir con lo requerido dentro del lapso señalado, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad y Medida y Actualización, en términos de los invocados 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal; en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la cuenta que antecede, que en el juicio principal de donde deriva esta cuaderno incidental se le dio vista a la parte quejosa para que si lo estimara procedente, ampliara su demanda de amparo en relación con una autoridad no señalada como responsable, Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social en Mérida, Yucatán, cuya participación se advirtió del informe justificado rendido por el Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, Delegación Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social en Mérida, Yucatán. Prevención que aún se encuentra pendiente por notificar; por tal motivo, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, fijándose como nuevas hora y fecha para su celebración, las NUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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