Rocío Rivera Román

Expediente 37/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 16 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
37/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Rocío Rivera Román
  • Manuel Guadalupe Sauceda Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Amparo auxiliar 37/2022-II Iguala de la Independencia, Guerrero, a siete de octubre de dos mil veintidós. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 37/2022-II (precedente 569/2022); y, R E S U L T A N D O I. **************************************, en su carácter de albacea y cesionario de **************************, por escrito recibido en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, demandó el amparo y la protección contra actos de las siguientes autoridades responsables: a) Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León. b) Congreso del Estado de Nuevo León. c) Dirección General de Créditos y Cobranzas de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León. d) Tesorería Municipal de García, Nuevo León (ampliación de demanda) II. En auto del cinco de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo y registró como el juicio de amparo 569/2022; solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo el uno de septiembre de dos mil veintidós. III. Mediante oficio SECNO/STCCNO/962/2022 del trece de septiembre de dos mil veintidós, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la aludida Comisión determinó que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, apoyara en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León. IV. Con motivo de lo anterior, el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, este órgano de control integró el cuaderno auxiliar 37/2022 al que vinculó el juicio de amparo 569/2022 del juzgado de origen mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el dictado de la sentencia correspondiente. C O N S I D E R A N D O Primero. El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo de conformidad con la sesión celebrada el siete de septiembre de dos mil veintidós, comunicada mediante circular SECNO/STCCNO/962/2022 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, al aprobar el punto de acuerdo 145/2022 relativo a la propuesta de equilibrio de los asuntos en los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey; y auxilio en el dictado de sentencias a los referidos Juzgados de Distrito, así como la cantidad y temporalidad de los expedientes que las integran, modalidad de resolución y reenvío en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. También debe tomarse en cuenta que se reclama un acto de naturaleza administrativa atribuible a una autoridad jurisdiccional con residencia en el Estado de Nuevo León; de ahí que, por razón de materia y territorio, se surte competencia a favor del Juzgado de Distrito de origen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en concordancia con el artículo 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Finalmente, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control constitucional se encuentra restringida para dictar sentencia en los juicios de amparo que, por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, son enviados para ese efecto; de ahí que éste presente asunto se resuelve con base en las constancias que existen en el expediente electrónico y conforme lo integró el Juzgado de Distrito auxiliado. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia publicada en la página 440, tomo XXXII, agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 163998, de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA". Segundo. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa ***********************, en su carácter de albacea y cesionario de ***********************, reclama: a) Del Congreso del Estado de Nuevo León, el decreto por el que se expide la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, publicada en el Diario Oficial el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, particularmente el artículo 41 Bis-28. a.1) La discusión y aprobación del decreto 157, por el que se reforman y adicionan los artículos 41 Bis 24, 41 Bis 27 y 41 Bis 28, de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, particularmente los artículos 41 Bis27 y 41 Bis-28. a.2) Artículo 8, párrafo segundo, segunda parte para el Código Fiscal del Estado de Nuevo León. b) Del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, la promulgación del decreto por el que se expide la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, publicada en el Diario Oficial el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, particularmente el artículo 41 Bis-28. b.1) La promulgación del decreto 157, por el que se reforman y adicionan los artículos 41 Bis 24, 42 Bis 27 y 41 Bis 28, de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintiocho de diciembre de dos mil diez, particularmente la adición de los artículos 41 Bis27 y 41 Bis-28. b.2) Artículo 8, párrafo segundo, segunda parte para el Código Fiscal del Estado de Nuevo León. c) De la Dirección General de Créditos y Cobranzas de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, la contestación de ******************************************, mediante oficio ********************, por el cual se niega la declaratoria de prescripción del ************************, por concepto de Impuesto Sobre Aumento de Valor y Mejoría Específica de la Propiedad, que proviene del decreto número 61 de dos de febrero de dos mil siete, en virtud de lo establecido en el artículo 41 Bis-28 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León. c.1) Por vicios propios la aplicación de forma retroactiva del decreto 157, por el que se reforman y adicionan los artículos 41 Bis-24, 42 Bis-27 y 41 Bis-28 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, publicada en el Diario Oficial del Estado el veintiocho de diciembre de dos mil diez. c.2) Artículo 8, párrafo segundo, segunda parte para el Código Fiscal del Estado de Nuevo León, contenida en el oficio DCC-4456/2022. d) De la Tesorería Municipal de García, Nuevo León, por vicios propios la aplicación retroactiva del decreto 157, por el que se reforman y adicionan los artículos 41 Bis-24, 42 Bis-27 y 41 Bis-28 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, publicada en el Diario Oficial del Estado el veintiocho de diciembre de dos mil diez, particularmente la adición de los artículos 41 Bis-27 y 42 Bis- 28. d.1) Artículo 8, párrafo segundo, segunda parte para el Código Fiscal del Estado de Nuevo León. Tercero. Las autoridades responsables a) Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León; y, b) Congreso del Estado de Nuevo León, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos que se le reclaman. En ese tenor, la autoridad responsable c) Dirección General de Créditos y Cobranzas de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, negó el acto reclamado. No obstante, del informe que rindió se aprecian diversas afirmaciones en relación con la existencia de los actos que se le adjudican, por tanto, se tienen por ciertos. Ahora, debe precisarse que la diversa autoridad d) Tesorería Municipal de García, Nuevo León, fue omisa en rendir su informe justificado; por lo cual, se deben tenerse por ciertos los actos que se le reclaman. Cuarto. En virtud de que el análisis de las causales de improcedencia es de orden público y de estudio preferente, independientemente de que las partes lo hayan alegado o no, de acuerdo con lo que prevé el ordinal 62 de la Ley de Amparo, se impone el examen correspondiente. Al respecto, es dable precisar que la parte quejosa reclamó: a) Del Congreso del Estado de Nuevo León, el decreto por el que se expide la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, publicada en el Diario Oficial el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, particularmente el artículo 41 Bis-28. a.1) La discusión y aprobación del decreto 157, por el que se reforman y adicionan los artículos 41 Bis 24, 41 Bis 27 y 41 Bis 28, de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, particularmente los artículos 41 Bis27 y 41 Bis-28. a.2) Artículo 8, párrafo segundo, segunda parte para el Código Fiscal del Estado de Nuevo León. b) Del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, la promulgación del decreto por el que se expide la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, publicada en el Diario Oficial el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, particularmente el artículo 41 Bis-28. b.1) La promulgación del decreto 157, por el que se reforman y adicionan los artículos 41 Bis 24, 42 Bis 27 y 41 Bis 28, de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintiocho de diciembre de dos mil diez, particularmente la adición de los artículos 41 Bis27 y 41 Bis-28. b.2) Artículo 8, párrafo segundo, segunda parte para el Código Fiscal del Estado de Nuevo León. d) De la Tesorería Municipal de García, Nuevo León, por vicios propios la aplicación retroactiva del decreto 157, por el que se reforman y adicionan los artículos 41 Bis-24, 42 Bis-27 y 41 Bis-28 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, publicada en el Diario Oficial del Estado el veintiocho de diciembre de dos mil diez, particularmente la adición de los artículos 41 Bis-27 y 42 Bis- 28. d.1) Artículo 8, párrafo segundo, segunda parte para el Código Fiscal del Estado de Nuevo León. Sin embargo, respecto de dichos actos, es improcedente el juicio de amparo, toda vez que no se advierte afectación alguna en sus derechos, de manera que el caso se subsume a la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Del precepto se advierte que el amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos o legítimos del quejoso; lo que interpretado a contrario sensu, significa que el amparo sólo es procedente cuando el acto reclamado afecte de manera real y positiva dichos intereses jurídicos. En ese contexto, no basta que el quejoso afirme que el acto reclamado perjudica sus intereses jurídicos, sino que es preciso, además, que el perjuicio tenga realidad objetiva y se demuestre fehacientemente. En consecuencia, cuando se acude en demanda de amparo debe acreditarse en forma fehaciente que las actuaciones de la autoridad vulneran un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que causan un daño, perjuicio o menoscabo al gobernado; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente. Ahora, en los casos en los que se impugne la inconstitucionalidad de una norma general, a partir de su primer acto de aplicación, es decir, como heteroaplicativa, los sujetos que se consideren afectados por dicha norma, para comprobar su interés jurídico en el juicio de amparo, deben demostrar ese primer acto de aplicación, por cualquiera de los medios de prueba previstos en las leyes, a fin de probar la vinculación del acto con la ley cuya inconstitucionalidad se reclama. Sirve de apoyo la tesis 25 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento treinta y dos, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 240185, que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. El interés jurídico de una persona sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos, como en el caso de una persona jurídica o moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y, si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio." Al respecto, resulta necesario establecer que cuando se acude al juicio de amparo a reclamar la inconstitucionalidad de una ley con motivo del primer acto de aplicación, técnicamente no es dable desvincular el estudio de la norma impugnada del examen al acto de aplicación, dado que ambos constituyen el conjunto de la litis del juicio constitucional, y su análisis en relación tanto con la procedencia como, en su caso, con el fondo del asunto, no debe desvincularse al incidir conjuntamente en la acción constitucional. Por tanto, no se puede desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación, sino por el contrario, el juzgador constitucional debe analizar en principio si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del quejoso la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una causa de improcedencia; pues de acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agosto de dos mil, Tomo XII, página doscientos treinta y cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 191311, de rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." De igual manera, se cita de apoyo el criterio emitido por la anterior integración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Volumen ciento noventa y nuevedoscientos cuatro, primera parte, página setenta y nueve, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 232177, de rubro y contenido siguiente: "LEY, AMPARO CONTRA. CUANDO SE RECLAMA CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN, ESTE DEBE PROBARSE. De lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, se infiere que cuando se reclama una ley, autoaplicativa o heteroaplicativa, con motivo de un acto de aplicación, éste debe acreditarse, para probar la vinculación del acto con la ley cuya inconstitucionalidad se reclama." Bajo ese contexto, el solicitante del amparo tendrá interés jurídico para combatir la norma reclamada a partir de su primer acto de aplicación, siempre que demuestre de manera indudable y específica que se le aplicó, y que con ello se le causa u origina un perjuicio en su esfera jurídica. Así, en el caso concreto la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del decreto 157, por el que se reforman y adicionan los artículos 41 Bis-24, 42 Bis-27 y 41 Bis-28 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, publicada en el Diario Oficial del Estado el veintiocho de diciembre de dos mil diez, particularmente la adición de los artículos 41 Bis-27 y 42 Bis-28; así como el artículo 8, párrafo segundo, segunda parte para el Código Fiscal del Estado de Nuevo León, que prevén esencialmente que los créditos fiscales que corresponden al Impuesto Sobre Aumento de Valor y Mejoría Específica de la Propiedad y sus accesorios, serán imprescriptibles, aunado a que las contribuciones se determina conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. Al respecto, las citadas disposiciones establecen: LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN "(ADICIONADO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2010) ARTICULO 41 Bis-24. - Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 41 bis-9, el sujeto del impuesto podrá solicitar por escrito a la autoridad fiscal, la sustitución de la garantía real que gravite sobre el predio beneficiado por la obra pública, por una diversa garantía real. Asimismo, podrá solicitar la liberación de una parte del predio beneficiado, cuando el área restante sea suficiente para garantizar el impuesto en los términos establecidos en este Artículo. Dicha garantía deberá comprender, además de la contribución adeudada actualizada, los accesorios causados, así como los que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento. Al terminar este período y en tanto no se cubra el crédito, deberá actualizarse su importe cada año y ampliarse la garantía para que cubra el crédito actualizado y el importe de los recargos, incluso los correspondientes a los doce meses siguientes. La autoridad fiscal vigilará en todo momento que las garantías sean suficientes, y si no lo fueren, exigirá su ampliación o procederá al secuestro de otros bienes, previo requerimiento al particular para que mejore la garantía otorgada. Para garantizar el interés fiscal en las formas a que se refiere este Artículo, se requerirá autorización de la autoridad fiscal, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Que el bien inmueble que se otorgue en garantía se encuentre dentro del territorio del Estado; 2. Que no se haya interpuesto por parte del sujeto obligado ningún medio de defensa en contra del Impuesto sobre Aumento de Valor y Mejoría Específica de la Propiedad que se pretende garantizar; 3. Que el contribuyente acepte expresamente su compromiso de cubrir oportunamente el crédito fiscal; y 4. Los demás que considere necesario la autoridad fiscal." "(ADICIONADO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2010) ARTÍCULO 41 Bis-27.- Las facultades de las autoridades fiscales no se extinguirán, para efectos de la comprobación del cumplimiento del pago del impuesto sobre Aumento de Valor y Mejoría Especifica de la Propiedad y sus accesorios, así como para determinar y fijar en cantidad liquida el impuesto y sus accesorios e imponer las sanciones que correspondan." "(ADICIONADO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2010) ARTÍCULO 41 Bis-28.- Los créditos fiscales que correspondan al Impuesto Sobre Aumento de Valor y Mejoría Especifica de la Propiedad, y sus accesorios, serán imprescriptibles." CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN "ARTICULO 8.- Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales. Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad." En ese contexto, si bien la parte quejosa aduce que le fue asignado el crédito fiscal 744813, por concepto de Impuesto Sobre Aumento de Valor y Mejoría Específica de la Propiedad, proveniente del Decreto número 61 de dos de febrero de dos mil siete, emitido por la Tesorería Municipal de García, Nuevo León, lo cierto es que no acredita el acto de aplicación, que en su caso se reflejara en el pago del mismo, ni que en su contra se hubiera ordenado su cobro o ejecución a través de algún procedimiento legalmente establecido, respecto del bien inmueble que se indica. Lo anterior es así dado que, para acreditar el acto de aplicación de los citados artículos, la parte quejosa especialmente ofreció como pruebas el oficio ****************, de ******************, mediante el cual se da respuesta a su solicitud de prescribir el mismo. Documental que pese a tener valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, devienen insuficientes por sí mismas e inclusive adminiculadas para justificar el hecho que se pretende demostrar, es decir, el acto de aplicación de la norma que se tilda de inconstitucional, dado que la parte quejosa no acompañó el comprobante que acredite el pago del mismo o bien que para su cobro se hubiera iniciado algún procedimiento para su cobro. Sin que para acreditar dicho tópico sea válido tener las copias de la comunicación emitida por la Tesorería Municipal de García, Nuevo León; pues de su propio contenido es evidente que a través del oficio ***********************, del ********************************, únicamente se hace del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con un término de cinco días para acudir ante la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, para realizar el pago total del impuesto ahí determinado o, suscribir convenio para efectuar el pago en parcialidades en los términos previstos por el artículo quinto de "El Decreto"; haciendo a su vez de su conocimiento que, en el supuesto de no realizar el pago total del impuesto determinado dentro del plazo establecido, ni acudir a la celebración del convenio de pago en parcialidades, se aplicará en su contra el procedimiento administrativo de ejecución; sin embargo, se itera, la parte quejosa no acredita haber realizado el pago del mismo, ni que con motivo de su incumplimiento se hubiera dado inicio al procedimiento citado. Por lo tanto, este órgano judicial considera que la parte quejosa no justificó su interés jurídico para promover el presente juicio de amparo respecto de la inconstitucionalidad que alega, ya que los documentos que exhibió no demostraron la aplicación de las porciones normativas indicadas, por lo cual resultaron insuficientes para acreditar tal extremo, toda vez que no demuestra que se cubrieron los pagos del impuesto precisado y, en esa medida, que éstos fueran susceptibles de afectar su esfera jurídica. Tampoco obsta para arribar a esa conclusión, el hecho de que en el juicio de amparo esté acreditada la existencia de las normas combatidas, porque ello no libera a la parte quejosa de demostrar plenamente que las disposiciones legales que tilda de inconstitucionales se aplicaron en su perjuicio, para así verificar la afectación que refiere sufrir en su esfera jurídica, pues tratándose de normas calificadas como heteroaplicativas, la existencia de los preceptos combatidos es independiente de la lesión que con su motivo de su aplicación se pudiera generar. De donde se sigue que no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de amparo, ya que es necesario que quien acuda al amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos. Como apoyo a lo anterior se cita la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 152, en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 157- 162, Primera Parte, materia Común, registro 232463, que señala: "INTERÉS JURÍDICO, LA EXISTENCIA O INMINENCIA DEL ACTO RECLAMADO NO DEMUESTRA EL. El hecho de que sean ciertos los actos consistentes en la aprobación, expedición y promulgación de la ley reclamada, así como la circunstancia de que el Juez de Distrito haya considerado inminentes los actos reclamados, no implica de manera alguna que los quejosos hayan acreditado su interés jurídico, puesto que, independientemente de ello, a éstos correspondía demostrar que están dentro del supuesto previsto en la ley que impugnan, para así demostrar que los actos reclamados afectan sus intereses jurídicos". Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Atento a lo anteriormente vertido en este considerando, este juzgado se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa. Es aplicable al respecto la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 252, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 22-24, octubre diciembre de 1989, Materia Común, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sexto. En relación a los actos reclamados a la autoridad siguiente: c) De la Dirección General de Créditos y Cobranzas de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, la contestación del ***************************************, mediante oficio *******************, por el cual se niega la declaratoria de prescripción del **********************, por concepto de Impuesto Sobre Aumento de Valor y Mejoría Específica de la Propiedad, que proviene del decreto número 61 de dos de febrero de dos mil siete, en virtud de lo establecido en el artículo 41 Bis-28 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León. c.1) Por vicios propios la aplicación de forma retroactiva del decreto 157, por el que se reforman y adicionan los artículos 41 Bis-24, 42 Bis-27 y 41 Bis-28 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, publicada en el Diario Oficial del Estado el veintiocho de diciembre de dos mil diez. Previamente al estudio de los conceptos de violación, cabe precisar que el análisis de los motivos de inconformidad debe efectuarse conforme al principio de estricto derecho, por no operar la suplencia de la queja, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. En ese tenor, la parte quejosa aduce esencialmente en sus conceptos de violación que la autoridad responsable violó en su perjuicio la garantía establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, ello tomando en consideración que la autoridad responsable se limitó a fundar su negativa en el artículo 41 Bis-28 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León. Concepto de violación fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. Al respecto, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente establece: "Nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Precepto legal del que se deduce que, para satisfacer el derecho fundamental de legalidad, en cualquier acto que implique molestia en la esfera jurídica de los gobernados, imprescindiblemente debe ser emitido por autoridad competente, es decir, por quien tenga facultad expresa para ello; además, debe estar debidamente fundado y motivado, aspectos que son esenciales dentro del sistema de legalidad establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no basta tener el carácter de autoridad y ser competente, sino que es indispensable que funde y motive la causa legal de su determinación y que norme su actuación conforme a lo dispuesto en los preceptos legales aplicables. En el entendido de que el requisito de motivación legal de todo acto de autoridad, implica la realización de un razonamiento que debe efectuar la autoridad que emite el acto, en el que se especifiquen los motivos, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en consideración para concluir con aquél, en tanto que la fundamentación implica señalar el precepto o preceptos y ordenamiento u ordenamientos legales aplicables al caso concreto, debiendo existir correlación entre ambos elementos, como lo establece la jurisprudencia número doscientos cuatro, publicada a fojas ciento setenta y seis, del Tomo VI, Materia Común, compilación 1917-2000, que prescribe: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Ahora bien, la violación a ese derecho fundamental de legalidad, en perjuicio del gobernado, puede verificarse desde una perspectiva formal, que consiste en que la autoridad deja de establecer las normas legales aplicables y los hechos que se ajusten a esas hipótesis normativas, es decir, ante la omisión de señalar la normatividad aplicable y las razones relativas para establecer que los hechos encajan o se ajustan a esa normatividad. También puede considerarse desde una perspectiva material o de fondo, cuando la autoridad, aunque cumpla con esos elementos (citar las normas legales y las razones que consideró para resolver en los términos que planteó); sin embargo, esos preceptos legales son inaplicables, o los argumentos y razones argüidos no son acordes con la norma legal, entonces se estará en presencia de una indebida motivación y fundamentación. En el presente caso, de los precedentes citados se advierte que, el Director General de Créditos y Cobranzas de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas, al dar contestación el **************************, mediante oficio **********************, por el cual se niega la declaratoria de prescripción del ***********************, por concepto de Impuesto Sobre Aumento de Valor y Mejoría Específica de la Propiedad, que proviene del decreto número 61 de dos de febrero de dos mil siete, lo hace sustentándose en lo establecido por el artículo 41 Bis-28 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León. Por ende, debe precisarse que el planteamiento de la parte quejosa en relación a este tópico, va dirigido a demostrar que el acto impugnado viola el principio de irretroactividad, puesto que, al dar respuesta a su petición de prescripción de un crédito, la autoridad administrativa se sostiene en una legislación que era inexistente en el momento en que se dio inicio a la liquidación correspondiente a la aplicación del Decreto número 61 de diez de enero de dos mil siete, publicado en el Diario Oficial del Estado el dos de febrero de dos mil siete, por el cual se declara de utilidad pública e interés social la ejecución del proyecto de construcción de la obra de mejoramiento vial denominada "Prolongación Abraham Lincoln", con la recaudación del Impuesto Sobre Aumento de Valor y Mejoría Específica de la Propiedad, relativo al bien inmueble propiedad de la parte quejosa ubicada en el *****************. Es decir, mediante oficio *************************de *****************************, la autoridad responsable da contestación a la parte quejosa respecto a su petición de prescribir el crédito fiscal **************, sustentándose en el artículo 41 Bis-28 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, el cual fue adherido mediante la promulgación del decreto 157, que reforma y adiciona el citado artículo 41 Bis-28, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintiocho de diciembre de dos mil diez; sin tomar en consideración que el crédito aludido tuvo inicio el treinta de marzo de dos mil nueve, pues fue precisamente a través del oficio ******************************, de esa data que la Tesorería Municipal de García, Nuevo León, hace del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con un término de cinco días para acudir ante la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, para realizar el pago total del impuesto ahí determinado o, suscribir convenio para efectuar el pago en parcialidades en los términos previstos por el artículo quinto de "El Decreto"; haciendo a su vez de su conocimiento que, en el supuesto de no realizar el pago total del impuesto determinado dentro del plazo establecido, ni acudir a la celebración del convenio de pago en parcialidades, se aplicará en su contra el procedimiento administrativo de ejecución; sin embargo, se itera, la parte quejosa no acredita haber realizado el pago del mismo, ni que con motivo de su incumplimiento se hubiera dado inicio al procedimiento citado. En ese tenor, el artículo 14 de la Constitución Federal prevé que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, lo cual establece el principio de irretroactividad de las leyes que vincula a toda autoridad. Así, la retroactividad consiste en un problema de validez de las normas jurídicas en el tiempo y gravita sobre la idea general de que las leyes solamente rigen durante su vigencia y no respecto a hechos o situaciones ocurridas en el pasado. Por ende, el citado precepto efectivamente proscribe la retroactividad, la que se suscita con la aplicación de la norma nueva a hechos o situaciones anteriores que tuvieron su origen bajo el imperio de la norma anterior. Al abordar ese principio y, en concreto, para definir el paso de una ley a otra, y en ese sentido establecer la ley que debe regir sobre los actos o hechos jurídicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a lo largo de su doctrina jurisprudencial, ha elaborado diversas teorías, a saber: 1) La teoría sobre derechos adquiridos; y, 2) La teoría de los componentes de la norma. En cuanto a la primera, se ha precisado que cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, el hecho efectuado no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni mucho menos por una disposición legal en sentido contrario. Por su parte, respecto al segundo, atinente a la teoría de los componentes de la norma, de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación parte de la idea de que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, en el que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose así los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, que los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercer aquéllos y de cumplir con éstas. En efecto, con base en la teoría de mérito, una norma puede seguir siendo aplicable a consecuencias que ocurren con posterioridad a la pérdida de su vigencia, siempre que éstas sólo se encuentren diferidas en el tiempo, pero deriven de supuestos que ocurrieron durante la aplicación de tal norma. Lo anterior se sustenta con la jurisprudencia P ./J. 123/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 16, con número de registro 188508, de rubro y texto siguientes: "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA. Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. También puede suceder que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. 4. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan. En ese tenor, la teoría de los componentes de la norma prevé que los supuestos y consecuencias acaecidos durante la vigencia de una norma, no pueden ser modificados o suprimidos por el contenido de una ley posterior; dado que deben regirse o interpretarse conforme a la disposición jurídica que en el momento específico reguló la hipótesis normativa, así como su consecuencia directa. Al respecto, es dable precisar que a la fecha de notificación del crédito fiscal por parte de la Tesorería Municipal de García, Nuevo León, acontecida el tres de julio de dos mil nueve, se encontraba vigente lo dispuesto en el artículo 144 del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, que establece: "ARTICULO 144.- El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos. El término para que se consuma la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor." (Énfasis añadido) Mientras que la autoridad responsable al dar contestación a la petición de prescripción realizada por la parte quejosa, lo hace con fundamento en el artículo 41 Bis- 28 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, que establece: "(ADICIONADO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2010) ARTÍCULO 41 Bis-28.- Los créditos fiscales que correspondan al Impuesto Sobre Aumento de Valor y Mejoría Especifica de la Propiedad, y sus accesorios, serán imprescriptibles." Se precisa, la autoridad responsable toma en consideración una legislación adicionada en el año dos mil diez a la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, sin tomar en consideración que el crédito fiscal ***********************, por el cual se requirió el pago del Impuesto Sobre Aumento de Valor y Mejoría Específica de la Propiedad, tuvo origen el treinta de maro de dos mil nueve. De tal manera que si el supuesto y su consecuencia nacieron al tenor del artículo 144 del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, no es factible que una norma posterior lo modifique o suprima. En consecuencia, el derecho a recibir una resolución administrativa en la que se determine la posible prescripción sobre el crédito multicitado, se ha suprimido con motivo de una norma posterior. Por ende, resulta axiomática la indebida fundamentación y motivación del oficio ***********************, emitido por el Director General de Créditos y Cobranzas, con el cual se niega la declaratoria de prescripción del ****************, por concepto de Impuesto Sobre Aumento de Valor y Mejoría Específica de la Propiedad, que proviene del decreto número 61 de dos de febrero de dos mil siete Ilustra al respecto la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo."1 Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 674 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL. Cuando el artículo 16 constitucional establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresan las normas legales aplicables, y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Pero para ello basta que quede claro el razonamiento substancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que substancialmente se comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total 1 Localizable en la página 1964, del tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, febrero de 2008, con registro 170307. de motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado para defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, podrá motivar la concesión del amparo por falta formal de motivación y fundamentación. Pero satisfechos estos requisitos en forma tal que el afectado conozca la esencia de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó la autoridad, de manera que quede plenamente capacitado para rendir prueba en contrario de los hechos aducidos por la autoridad, y para alegar en contra de su argumentación jurídica, podrá concederse, o no, el amparo, por incorrecta fundamentación y motivación desde el punto de vista material o de contenido pero no por violación formal de la garantía de que se trata, ya que ésta comprende ambos aspectos." Dado que los motivos de afrenta en examen resultan fundados, resulta innecesario el estudio de los diversos motivos de disenso esgrimidos. Es de exacta aplicación a lo así expuesto la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 72, Tomo 175 - 180 Cuarta parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la justicia federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." En esas condiciones, al resultar fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, procede concederle el amparo y la protección de la justicia federal solicitados, por lo que la autoridad responsable Dirección General de Créditos y Cobranzas de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, deberá: a) Dejar insubsistente la determinación emitida mediante oficio **********************, del **************************, por el cual se niega la declaratoria de prescripción del *****************, por concepto de Impuesto Sobre Aumento de Valor y Mejoría Específica de la Propiedad, que proviene del decreto número 61 de dos de febrero de dos mil siete. b) En su lugar, con libertad de jurisdicción, emita una nueva, abordando las particularidades que se destacaron en el estudio realizado en el considerando que antecede. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ****************************************************, en su carácter de albacea y cesionario de *****************, contra los actos de las autoridades y, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******************************, en su carácter de albacea y cesionario de ****************************, por los motivos expuestos y para los efectos precisados en el considerando último de este fallo. Notifíquese en términos de ley; por conducto del Juzgado auxiliado. Así lo resolvió y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Edgar Valdés Castillo, Secretario quien da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, once de mayo de dos mil veintidós. Téngase al Administrador de la Oficina Postal de Correos de México, con residencia en esta ciudad, devolviendo la pieza postal que contiene el oficio 2641/2022, dirigido a la Titular de la Coordinación General de Centros de Readaptación, con sede en el Estado de Guerrero, de la que se advierte la imposibilidad para su entrega. Atento a lo anterior, mediante oficio que derive de este acuerdo, reenvíese el citado comunicado a dicha autoridad, por conducto del Titular de la Secretaría de Seguridad Pública de esta entidad federativa, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, nueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por +++++, en representación de +++++. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, glósese el original del incidente de suspensión relativo, y archívese el expediente como asunto concluido. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción y el original del incidente de suspensión de depuración, toda vez que en este último se concedió la suspensión definitiva. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo; se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de la notificación de este acuerdo, comparezca a este juzgado a recoger los documentos que exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo, serán destruidos. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 288/2022, orden 440/2022; dése de baja de la estadística de este juzgado, sin que haya lugar a acusar recibo, en virtud de que lo generó el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Atento a lo anterior, se tiene a la quejosa ******************** por notificada de la sentencia. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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