Rocío Rebeca Prado Campos
Expediente 71/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 71/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 22/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rocío Rebeca Prado Campos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), firmado electrónicamente por la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, mediante el cual informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado, ***********, en contra de la sentencia emitida en el presente asunto; el cual radicó bajo el número 240/2023, de su índice. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el oficio signado por la Juez Sexto de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 8792/2023, de diecinueve de abril del actual, por medio del cual se le notificó el acuerdo emitido en esa data. No pasa inadvertido que el oficio de cuenta, contiene un error meramente formal en la referencia de identificación del expediente al que va dirigido, sin embargo, de los demás datos de dicha promoción es posible identificar que corresponde al presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia (...) Por otra parte, de autos se advierte que se encuentran notificadas todas las partes de la resolución impugnada, y del acuerdo de diecinueve de abril del actual, en el que se tuvo al tercero interesado, ***********************; interponiendo recurso de revisión, en contra de la sentencia emitida en el presente juicio de amparo número 71/2023; en consecuencia, de conformidad con las reglas contenidas en la Circular DGGJ/0012/2020, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, solicítese el turno por correo electrónico a la Oficina de Correspondía Común que corresponda, adjuntando un oficio que contenga los datos necesarios para el registro. En esas condiciones, una vez que se tenga conocimiento a qué Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, correspondió conocer del citado medio de impugnación, remítase vía electrónica el escrito de expresión de agravios. En el entendido que en auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se ordenó poner a disposición el expediente electrónico. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos copia del escrito recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), firmado electrónicamente por Luis Alberto Castillo García, autorizado con facultades amplias del tercero interesado, Cristian Michel Ángel Ricardo, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes copia del escrito de agravios, y una vez que se encuentren debidamente notificadas de la determinación combatida, así como del presente acuerdo, dentro del plazo de tres días a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítanse vía interconexión, a través del Sistema de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.), el escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, en turno, para la substanciación del medio de impugnación de trato. Asimismo, póngase a disposición del Tribunal Colegiado que corresponda, la versión electrónica del presente expediente, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación; para lo cual se instruye a la analista Jurídica de este órgano jurisdiccional, que en su momento habilite dicha función. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En el entendido que, para dar cumplimiento a lo anterior, deberán acatarse las reglas contenidas en la Circular DGGJ/0012/2020, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, esto es, solicitar el turno por correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común que corresponda, adjuntando un oficio que contenga los datos necesarios para el registro. Se precisa que, en caso de que la Superioridad lo considere necesario, se remitirán físicamente las constancias que requiera para la resolución del recurso en cuestión, en términos del numeral 89 de la Ley de Amparo. Notifíquese, por lista de acuerdos a la parte quejosa.
- Principal
Córdoba, Veracruz, tres de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la razón actuarial que antecede, mediante la cual el fedatario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional manifiesta la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo la notificación a la parte quejosa de la sentencia emitida en este asunto, toda vez que al constituirse en el domicilio señalado para tal efecto, le fue informado que no conocen a la persona buscada ni a sus autorizados. En consecuencia, hágase por lista de acuerdos la notificación de la sentencia y del presente proveído, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta ciudad, donde oír y recibir notificaciones. Notifíquese. EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA EMITIDA EN EL PRESENTE ASUNTO, LA CUAL DICE: SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo por lo que respecta al reclamo efectuado por **********, por su propio derecho. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este órgano de control constitucional, de oficio, considera que respecto de la quejosa, Rocío Rebeca Prado Campos, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6 de la propia ley reglamentaria, aplicado en sentido contrario, que establecen: "..." De los artículos transcritos se advierte que el juicio de amparo es un medio de control constitucional y/o convencional diseñado para proteger los derechos de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, entendida como tal, aquella que aduce ser titular de un derecho subjetivo, y que es transgredido con motivo de la aplicación de una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto de autoridad. Así, de conformidad con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está legitimada para promover el juicio de amparo, entre otros, la persona que aduzca violación a un derecho subjetivo, quien deberá acreditar ser titular del mismo, es decir, demostrar su interés jurídico. Por otra parte, cabe precisar que por interés jurídico debe entenderse el derecho subjetivo que asiste a una persona para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos en su perjuicio, en la inteligencia de que el interés jurídico debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones. Lo anterior implica que el interés jurídico está referido a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que sólo el sujeto de esos derechos puede ocurrir al juicio de amparo y no otra persona, es decir, el interés jurídico es el cúmulo de derechos reconocidos por la ley en beneficio de una persona determinada; entraña un derecho subjetivo que supone una facultad de exigir y una reclamación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir esa exigencia. De manera que no se da dicho interés cuando el gobernado cuenta con un interés simple, esto es, que el mismo no se encuentra tutelado por la norma de donde resulta que la demostración de interés jurídico es una carga del quejoso, quien debe acreditarlo en forma indubitable, por lo que no puede ser inferido con base en presunciones, siendo insuficiente para ello la sola presentación de la demanda de amparo. Por tanto, por interés jurídico debe entenderse la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando llega a ser vulnerado o transgredido por una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional, demandando el cese de esa violación. Ahora bien, en el caso, la quejosa, **********, no acredita su interés jurídico para promover la acción constitucional, al no comprobar plenamente la afectación de algún derecho sustantivo. Lo anterior es así, ya que la citada inconforme acude a esta contienda constitucional, por su propio derecho, a controvertir la resolución que decretó la reducción de la pensión alimenticia provisional inicialmente decretada en el procedimiento de origen. Sin embargo, de la lectura del auto de inicio en el que se decretó la indicada medida cautelar se advierte claramente que ésta no fue fijada en favor de la quejosa, *********, sino únicamente en beneficio del menor de edad de iniciales R.A.P. (al que aquélla representa en dicho asunto), por el equivalente al treinta por ciento (30%) del sueldo y demás prestaciones percibidas por el demandado en su fuente de trabajo. No pasa inadvertido que en el escrito de inicial de demanda que motivó la formación del juicio natural, la antes nombrada solicitó la fijación de una pensión alimenticia provisional también en su favor (foja 2 del tomo de pruebas); sin embargo, como se señaló, la juez natural únicamente otorgó dicha medida cautelar en favor del menor antes mencionado, sin que se advierta que la aquí quejosa se haya inconformado contra el referido auto. De ello deriva que la resolución que decretó la reducción de la pensión alimenticia provisional fijada en favor del plurimencionado menor de edad, no afecta de manera directa la esfera jurídica de la quejosa, *************, toda vez que a ella no le fue otorgada dicha medida cautelar, sino únicamente a su representado. De ahí que se concluya que la antes nombrada carece del interés jurídico necesario para instar el presente juicio de amparo. Es aplicable al caso, el criterio (...) Por tanto, dado que se actualiza la causa de improcedencia en comento, procede sobreseer en el presente juicio únicamente respecto del reclamo efectuado por Rocío Rebeca Prado Campos, por su propio derecho, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 6, aplicado en sentido contrario, y 63, fracción V, de ese ordenamiento. Al no existir diversa causa de improcedencia hecha valer por las partes y no advertirse de oficio la actualización de alguna, lo procedente es el análisis de constitucionalidad del acto reclamado en relación con el menor de iniciales R.A.P. SÉPTIMO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado únicamente por lo que respecta a la menor de iniciales R.A.P. Es fundado uno de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, y suficiente para otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, aunque para arribar a tal conclusión deba suplirse la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, por tratarse de un caso en el que se encuentran involucrados los derechos de un menor de edad. En efecto, es fundada la afirmación de la parte inconforme consistente en que la resolución reclamada viola en su perjuicio la garantía de legalidad tutelada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asiste razón a la quejosa, toda vez que la resolución reclamada se encuentra insuficientemente motivada, pues de su lectura se advierte que la juez natural determinó que procedía decretar la reducción de la pensión alimenticia provisional inicialmente fijada, del treinta (30%) al (20%) de lo que percibe el deudor alimentario en su fuente de trabajo, por "existir un desequilibrio económico para el demandado", sin expresar los razonamientos lógicos y jurídicos que tomó en consideración para arribar a tal conclusión. En otras palabras, aun cuando en la resolución reclamada la autoridad invocó el artículo 242 del Código Civil del Estado, omitió exponer las razones por las que consideró que el porcentaje inicialmente fijado por concepto de pensión alimenticia provisional excede la posibilidad económica del deudor alimentario y, por ende, debía reducirse. Al respecto, el párrafo primero del artículo 16 constitucional establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.)". El precepto transcrito contiene el principio de legalidad que se encuentran obligadas a observar todas las autoridades al emitir sus actos, según el cual, éstos deben ser emitidos por escrito (salvo los que se dicten en juicios o procedimientos en los que rija la oralidad) por órgano competente, y ser fundados y motivados. En cuanto a los requisitos de fundamentación y motivación es pertinente precisar que por fundamentación se ha entendido el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con ese acto autoritario, mientras que la motivación es la obligación de expresar las razones por las cuales la autoridad considera que el hecho se encuentra probado y es precisamente el previsto en la disposición legal que invoca como fundamento de su acto. En relación con esto último, sirve de apoyo la jurisprudencia (...) Asimismo, es pertinente destacar que la fijación de los alimentos se rige por el principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, que establece: "Artículo 242. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos (.). El mencionado principio debe ser observado por el juez del conocimiento al resolver el recurso de reclamación previsto en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad federativa, para determinar si procede o no regraduar la pensión alimenticia provisional fijada inicialmente. Este principio consiste esencialmente en que los alimentos deben proporcionarse en razón de la posibilidad del que debe darlos y la necesidad de quien o quienes deben recibirlos. Su fijación debe considerar la situación individual de los acreedores en relación con sus necesidades personales, ponderando el entorno social en que se desenvuelven, sus costumbres y particularidades que representa a la familia, así como las posibilidades del deudor que derivan del total de sus percepciones, lo que debe confrontarse con las necesidades de los acreedores. En el caso, de la resolución reclamada se advierte que una vez que la juez local sintetizó el planteamiento inicial de la parte quejosa en relación con su demanda de alimentos y lo alegado en reclamación por el deudor alimentario, e hizo referencia a las pruebas aportadas por ambas partes, señalando el valor probatorio que les confirió; y decretó la reducción de la pensión alimenticia provisional al tenor de lo siguiente (fojas 156 y 157 del tomo de pruebas): "(.) En esas relatadas consideraciones tenemos que se trata de un acreedor, como hijo del demandado; por cuanto hace al menor el vínculo se tiene por acreditado con las actas de nacimiento que obran en autos valoradas en términos del numeral 235 fracción II y 261 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles Vigente en la Entidad acreditando también, el primero de los presupuestos procesales para que nazca la obligación alimentaria, consistente en el lazo de consanguinidad que une a los accionantes con el demandado. Por cuanto hace al segundo de los presupuestos procesales, que lo es la posibilidad del demandado, se tiene por acreditada, al demostrarse que cuenta con una fuente laboral dentro de la moral denominada AKWEL ORIZABA S.A. DE C.V. Por cuanto hace al tercer elemento, es la necesidad alimentaria que de los acreedores; así en el caso que hoy ocupa nuestra atención, por cuanto hace al menor R.A.P. ésta se tiene por acreditada pues al contar los mismos (SIC) con la minoría de edad, poseen (SIC) la presunción de los mismos (SIC) al ser infantes (SIC) en edad de crecimiento, y que los mismos (SIC) se encuentran (SIC) en edad escolar, por lo que de lo anterior tenemos por acreditado que los infantes (SIC), poseen (SIC) una necesidad alimentaria del demandado, pues deben (SIC) de cubrir gastos de vivienda como son agua, luz, teléfono, predial, comida de ella (SIC) y sus menores hijos (SIC) y demás necesidades, por lo que de lo anterior tenemos por acreditado que hijos (SIC) que procrearon ambas partes poseen (SIC) la necesidad alimentaria por parte del demandado. Por cuanto hace a la actora ROCIO REBECA PRADO CAMPOS se tiene por presuntamente acredita su necesidad (SIC), pues es un hecho notorio que la actora necesita allegarse de alimentos, vestido, asistencia médica en caso de enfermedad, un lugar donde vivir con todos los gastos que este conlleva; etc. Y hasta este momento procesal se desconoce si la actora tiene una fuente de ingresos que le permita subsistir. Por lo que, aplicando el principio señalado en el artículo 242 del Código Civil del Estado, de que los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Teniendo aplicación al caso el criterio (...) Y que como hecho notorio el demandado tiene que cubrir sus propias necesidades alimentarias, así como todos los rubros que los alimentos establece el artículo 239 del Código Civil del Estado, donde se dice que los alimentos comprenden, comida, vestido, habitación, asistencia en caso de enfermedad, etc., y sin nos olvidarnos desde luego del esparcimiento al que también tienen derecho los seres humanos; lo que va ligando al entorno social. Por lo que a todas luces existe un desequilibro económico para el demandado, sin minimizar las necesidades alimenticias de los acreedores. Consecuentemente, tomándose en consideración todo lo anterior, con fundamento en los artículos 210 del Código adjetivo civil 235, 239, 240, 242 y relativos del Código Civil es por lo que se determina procedente la inconformidad que hizo valer el señor CRISTIAN MICHEL ÁNGEL RICARDO, y en este acto se reduce la medida provisional decretada en el auto de inicio de un TREINTA POR CIENTO (30%), a un VEINTE POR CIENTO (20%), legalmente representado por su madre la Ciudadana ROCIO REBECA PRADO CAMPOS. Se ordena girar el correspondiente oficio al centro de trabajo del demandado, para que se sirva dejar sin efecto el porcentaje provisional que fuera fijado en auto de fecha dos de septiembre del dos mil veintidós, y haga efectivo el VEINTE POR CIENTO (20%) que en este acto se decreta de forma provisional, a favor de ****************, sin perjuicio de los que se resuelva en definitiva. (.)". Como se ve, la autoridad responsable, al resolver la reclamación, en síntesis, precisó que se trata de un solo acreedor alimentario refiriéndose al menor de iniciales R.A.P. y, con la copia certificada del acta de nacimiento respectiva, tuvo por demostrada la relación de parentesco por consanguinidad entre éste y el deudor alimentario, Cristian Michel Ángel Ricardo; asimismo tuvo por acreditada la posibilidad económica de este último, pues -indicó- se demuestra que cuenta con una fuente laboral en la empresa denominada "Akwel Orizaba, S.A. de C.V."; por lo que hace a la necesidad alimentaria del menor de trato, determinó que ésta se justifica por tratarse precisamente de un menor de edad que cuenta con la presunción legal de necesitar los alimentos, y en específico, -precisó- que debe cubrir gastos de vivienda como son agua, luz, teléfono, predial y comida; y, finalmente, indicó que se desconocía si la actora (Rocío Rebeca Prado Campos, representante legal del adolescente) contaba con alguna fuente de ingresos que le permitiera subsistir. Sentado lo anterior, la juez natural invocó el artículo 242 del Código Civil del Estado, hizo alusión al principio de proporcionalidad contenido en éste y, a continuación, señaló que el demandado también tenía que cubrir sus propias necesidades, así como los diferentes rubros que comprenden los alimentos en términos del artículo 239 de dicho ordenamiento, y de forma dogmática, sin mayor razonamiento, sostuvo que "a todas luces existe un desequilibrio económico para el demandado, sin minimizar las necesidades alimenticias de los acreedores"; hecho lo cual, declaró procedente la reclamación y decretó la reducción de la pensión alimenticia inicialmente fijada en favor del menor de edad involucrado, del treinta al veinte por ciento de lo que percibe el reclamante en su fuente de trabajo. Esto es, la juez natural, implícitamente concluyó que el quantum de la medida cautelar fijada en el auto de inicio excede la capacidad económica del deudor alimentario, pero omitió exponer las razones, circunstancias particulares o causas inmediatas en las que se apoyó para arribar a esa conclusión, lo que podría deberse, por ejemplo, a que una vez realizado el descuento del monto concerniente al porcentaje fijado por concepto de pensión alimenticia provisional en el controvertido de origen, sumado a otras erogaciones (no personales) que éste deba realizar, se advertía que el remanente de sus ingresos es insuficiente para cubrir sus propias necesidades alimentarias. Sin embargo, la juez local no mencionó al menos a cuánto ascienden los ingresos que percibe el deudor alimentario de su fuente laboral. Ante ello, se concluye que el juez responsable motivó de forma insuficiente el análisis de proporcionalidad de la pensión alimenticia provisional, lo que infringe en perjuicio de la quejosa la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí lo fundado del concepto de violación de trato. Al ser fundada dicha inconformidad, es innecesario pronunciarse en torno al motivo de disenso planteado en la demanda, toda vez que la transgresión que en él se alega podría ser superada en la nueva resolución que deberá emitir la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo; máxime que, por el momento, no se advierte que su estudio represente un mayor beneficio al alcanzado por la impetrante con la concesión del amparo. No escapa a la atención de quien resuelve, que mediante escrito presentado durante la tramitación de este juicio de amparo, el tercero interesado formuló diversas manifestaciones en vía de alegatos, sin embargo, es innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio obligatorio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos (fojas 21 a 24 del juicio). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia (...) En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por el menor de iniciales R.A.P., por conducto de su progenitora, para el efecto de que, una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la Juez Sexto de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, con residencia en Nogales, Veracruz: a) Deje insubsistente la resolución de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ordinario civil 2720/2022, de su índice; y b) En su lugar, emita una nueva en la que, al resolver la reclamación, con plenitud de jurisdicción, de forma motivada, resuelva lo conducente a la reclamación planteada atendiendo al principio de proporcionalidad que establece el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, esto es, de acuerdo a la realidad imperante en autos, ponderando la necesidad alimentaria del acreedor alimentario, en contraposición con las posibilidades económicas del deudor; y en caso de que estime procedente reducirla, justifique, también de forma motivada, el porcentaje que determine asignar. OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de dos de febrero de dos mil veintitrés (fojas 9 a 13 del juicio), se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 62, 73, 74, 75, 76, 77, fracción I y 79, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo por lo que respecta al reclamo efectuado por **********o de esta sentencia. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE al menor de iniciales R.A.P., representado por su progenitora ************, por las razones y para los efectos precisados en el considerando séptimo de este fallo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente a la quejosa y al tercero interesado.
Quedan 12 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 4,334 expedientes
- Rocio Gonzalez Panzo293/2020
- Rocío Luna García795/2022
- Rocío Méndez Garcilazo944/2022
- Rocío Méndez Garcilazo292/2019
- Rocío Mendoza Ortega786/2019
- Rocio Pardo Gonzalez620/2019
- Rodolfo Aguilar Romero239/2023
- Rodolfo Cuacquehua Carvajal900/2018
- Rodolfo Gerardo Perdomo Bueno867/2019
- Rodolfo Gerardo Perdomo Bueno554/2022
- Rodolfo Hernández Díaz702/2022
- Rodolfo Isidro Rivera1035/2019