Rocio Rangel González

Expediente 130/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
130/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
18/04/2017

Partes del expediente

  • Rocio Rangel González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación Secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, haya recurrido la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobreseyó, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Ahora bien, del segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo, se desprende que sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los de declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva son susceptibles de destrucción, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido, además de las directrices visibles en su página 31, que dice: Resolución del Juzgado de Distrito.

  2. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 130/2017-III, promovido por Rocío Rangel González; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el nueve de febrero de dos mil diecisiete, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, que estimó violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17, que aparecen a foja dos de estos autos. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión, a este Juzgado Séptimo de Distrito, el que la admitió a trámite mediante proveído de diez de febrero de dos mil diecisiete; se pidió su informe justificado a las autoridades responsables; se tuvo como tercero interesado a US COMTECH DE MÉXICO, Sociedad Anónima de Capital Variable; se dio la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se reclama un acto de imposible reparación, el cual no requiere ejecución, sin embargo este Juzgado es quien previno en el conocimiento de la demanda. SEGUNDO. De acuerdo con lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación y precisión de los actos reclamados, lo que se hace después de analizar en su integridad el escrito de demanda, para determinar la verdadera intención de la parte promovente, así como prescindiendo de calificativas sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Igualmente apoya lo expuesto, la tesis P. VI/2004 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en dichas premisas, los actos reclamados consisten en: La omisión de acordar el escrito de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, donde solicita se provean de conformidad las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral. La omisión de notificar a la quejosa el proveído que recaiga al acuerdo de referencia. TERCERO. El Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, por Ministerio de Ley, por sí misma y en nombre del órgano laboral que preside, con sede en esta ciudad, negó la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, donde solicita se provean de conformidad las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral, sin que la quejosa haya aportado prueba idónea en contrario que desvirtúe dicha negativa, por lo que debe tenerse como inexistente el acto reclamado; en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Es aplicable al tema precedente, la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación la página 49, del tomo I, Segunda Parte-1, relativo a Enero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, que es del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si las autoridades responsables niegan el acto reclamado que se les imputa y de autos no aparece que el quejoso aportara prueba alguna tendiente a desvirtuar la negativa de los actos reclamados hecha por las autoridades señaladas como responsables, debe sobreseerse en el amparo respectivo con apoyo en el artículo 74 fracción IV de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable la tesis XXI. 1o. 102 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 349, del tomo XIV, relativo a Septiembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Lo anterior es así, al tomar en consideración que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado copia certificada del proveído de nueve de febrero de dos mil diecisiete, en contestación al escrito de veinticuatro de enero del año en cita, dentro del expediente laboral 292/4/2016; esto, en la fecha de presentación de la demanda de amparo. Documental la anterior que cuenta con pleno valor probatorio, al encontrarse certificada por una autoridad en ejercicio de sus funciones, constituyen un documento público al que se le da valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. De allí que se evidencie que resulta inexistente la abstención en análisis, pues para el nueve de febrero de dos mil diecisiete (fecha de la presentación de la demanda de amparo), no existía, la omisión atribuida a la Junta y a su Presidente. La tesis que se cita sirve de apoyo a lo anterior: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda". CUARTO. Ahora en lo atinente al acto reclamado al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, no obstante que el presidente de la Junta responsable haya negado su existencia; lo cierto es que, de las constancias que anexa a su informe justificado, las cuales fueron valoradas en el considerando que antecede, se aprecia que al momento de la presentación de la demanda existía la omisión de notificar a la quejosa el expediente laboral 292/4/2016; en consecuencia, se tiene por cierto el acto que se le atribuye. QUINTO. En el caso emerge una causa de improcedencia, en relación con el acto reclamado consistente en la omisión de notificar a la quejosa el proveído de nueve de febrero de dos mil diecisiete, que le recayó a la promoción de nueve de febrero de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente laboral 292/4/2016, cuyo estudio es previo y preferente por ser de orden público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que por esta vía se reclama ha cesado sus efectos. Así es, tenemos que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Ahora bien, la parte quejosa se duele básicamente de que el actuario responsable, ha sido omiso en notificar a la quejosa el proveído de nueve de febrero de dos mil diecisiete, que recayó a la promoción de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente laboral 292/4/2016; sin embargo, de la documental agregada al informe justificado, a la cual se le otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que el siete de marzo de dos mil diecisiete, se notificó a la quejosa el proveído de referencia. De lo antes expuesto, es claro que el estado de incertidumbre en que se encontraba la parte quejosa hasta antes de la presentación de la demanda ha desaparecido, por lo que este órgano jurisdiccional considera que ha sido restituido en el goce del derecho fundamental que estimó violado. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, tesis 2ª./J.59/99, página 38, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenía antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto la razón que justifica la procedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas consideraciones, lo procedente en el caso concreto es sobreseer en el juicio que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. SEXTO. Publicación de la sentencia. En otro aspecto, al no haber señalado expresamente la parte quejosa, su conformidad con la publicación de sus datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto conforme al primer párrafo del artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; por tanto, atento a los artículos 11, fracción VI, 68 y 113, de la citada ley, al tratarse de información confidencial, los datos personales y sensibles contenidos en este fallo y en el presente juicio, no podrán publicarse ni estarán sujetos a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. No obstante, en función al principio de máxima publicidad contenido en los artículos 3, 6, 11, fracciones XI y XVI, y 118, de la mencionada ley federal, en relación con las obligaciones de transparencia contenidas en los diversos 70, fracción XXXVI, y 73, fracción II, de la Ley General relativa, y la restricción del 110, fracción XI, de la Ley Federal de trato, este último interpretado en sentido contrario, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, será susceptible de publicación en la versión pública que en su momento se realice acorde a los criterios de supresión de datos, previstos en el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, y a través de los procedimientos previstos para ello en la ley federal invocada y en el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como en el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 130/2017-III, promovido por Rocío Rangel González, respecto de los actos reclamados a la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, por Ministerio de Ley, por sí misma y en nombre del órgano laboral que preside y Actuaria adscrita, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en los considerandos tercer y quinto de la presente resolución. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de la consideración última del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rogelio Josué Martínez Jasso, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante el Secretario Adrián Vásquez González, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, por Ministerio de Ley, por sí misma y en nombre del órgano laboral que preside y Actuaria adscrita, con sede en esta ciudad, rindiendo en forma conjunta su informe justificado; el cual se pone a la vista de las partes, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga; sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, afecto de no violentar las reglas que norman el procedimiento del juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y se fijan las DOCE HORAS DEL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo. Es aplicable al tema precedente, por analogía, la jurisprudencia P./J., 54/2000, sustentada por la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, donde aparecen como datos de publicación, la página 5, Novena Época, Materia Común, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO."

  4. Principal

    ... se ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA, la cual queda registrada en el Libro Uno de Juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, con el número 130/2017-III, por ser el ordinal progresivo que le corresponde; sin tramitar incidente de suspensión en virtud de no haber sido solicitado. Se señalan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio.

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