Rocío Petronila Ovando Martínez

Expediente 845/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 30 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
845/2021
Año
2021
Actuaciones
30
Última actuación
16/01/2023

Partes del expediente

  • Rocío Petronila Ovando Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    MESA 4.- VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, residente en esta ciudad, en el cual transcribió el proveído de doce de enero del año actual, dictado en el amparo en revisión ********************, en el que se admite a trámite el recurso de revisión adhesivo interpuesto por ******************** en su carácter de Director de Asuntos Jurídicos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos en representación del Gobernador Interino del Estado de Tabasco, en relación con la sentencia de ocho de noviembre de dos mil veintidós, emitida en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes; de lo que este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA 4.-VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, residente en esta ciudad, en el cual transcribió el proveído de tres de enero del año actual, dictado en el amparo en revisión ********************, en el que se admite a trámite el citado medio de impugnación hecho valer por la parte quejosa Notifíquese.

  3. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 845/2021-2, promovido por ***********, contra los actos que reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1 y 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintiocho de julio de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común el veintinueve siguiente y turnado a este órgano jurisdiccional el treinta del mismo mes, Rocío Petronila Ovando Martínez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La omisión de incluirla en el programa o convenio finiquito "adiós a tu deuda", celebrado entre Comisión Federal de Electricidad y el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de dos de febrero de dos mil veintiuno. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco. 2 Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco. 3 Secretaría de Desarrollo Energético del Gobierno del Estado de Tabasco. 4 CFE Suministrador de Servicios Básicos. 5 CFE Distribución, Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y SEPARACIÓN DE JUICIOS. En auto de dos de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 845/2021-2, respecto del aludido acto reclamado y se determinó la separación de juicios en relación a: La omisión de considerar a la quejosa como parte del censo elaborado por la Secretaría de Bienestar, respecto de las personas afectadas por las inundaciones o lluvias atípicas que se suscitaron en este Estado en los meses de octubre y noviembre de dos mil veinte. Asimismo, se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. RECURSO DE QUEJA. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso el aludido medio de impugnación, mismo que fue registrado con el expediente 214/2021, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, el cual fue desechado por improcedente por acuerdo de Presidencia de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. CUARTO. AMPLIACIÓN DE DEMANDA. Por escrito recibido en Oficialía de Partes de este juzgado federal el once de noviembre de dos mil veintiuno, la quejosa amplió su demanda de amparo en contra de los siguientes actos y autoridad: ACTOS RECLAMADOS 1 El no haberla censado como parte afectada. 2 No haberla registrado en la base de datos de personas afectadas, que serviría como base y cruce de datos para llegar a obtener el beneficio del programa "adiós a tu deuda". 3 No haberle expedido el recibo que, además de acreditarla como persona censada, la acreditaba como persona afectada. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Secretaría del Bienestar Federal, Delegación Tabasco. QUINTO. DESECHAMIENTO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA. En proveído de doce de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró improcedente la referida ampliación de demanda. SEXTO. RECURSO DE QUEJA. En contra de la anterior determinación, la impetrante interpuso el referido medio de impugnación, mismo que fue registrado con el expediente 356/2021, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, que en sesión de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, fue declarado fundado. SÉPTIMO. ADMISIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA. En cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria del referido recurso, en auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós, se admitió la ampliación de demanda y se requirió informe justificado a la autoridad responsable. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda y de ampliación de la misma, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: Del Gobernador Constitucional, Secretaría de Gobierno y Secretaría de Desarrollo Energético del Gobierno del Estado de Tabasco; de la CFE Suministrador de Servicios Básicos; y CFE Distribución, Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad: La omisión de incluirla en el programa o convenio finiquito "adiós a tu deuda", celebrado entre Comisión Federal de Electricidad y el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de dos de febrero de dos mil veintiuno. De la Secretaría del Bienestar Federal, Delegación Tabasco: El no haberla censado como parte afectada; No haberla registrado en la base de datos de personas afectadas, que serviría como base y cruce de datos para llegar a obtener el beneficio del programa "adiós a tu deuda"; y, No haberle expedido el recibo que, además de acreditarla como persona censada, la acreditaba como persona afectada. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO A LA CFE DISTRIBUCIÓN, EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD: No es cierto el acto reclamado a la aludida empresa porque, además de haberlo negado en el informe justificado, del "CONVENIO DE FINIQUITO AL CONVENIO DE COLABORACION DEL PROGRAMA "ADIOS A TU DEUDA" CELEBRADO EL 23 DE MAYO DE 2019 (EL "CONVENIO ATD")", se obtiene que no fue signado por ningún representante legal de la misma; tampoco se advierte que tenga participación alguna en la ejecución o configuración de dicho instrumento jurídico. Información que se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su ordinal segundo. Al respecto, sirve de apoyo la tesis I.3o.C.35 K (10a.), formulada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materias(s): Civil, Común, Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2, página 1373, con número de registro 2004949, del siguiente rubro y texto: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos". En consecuencia, en lo tocante a la referida empresa, procede SOBRESEER el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO A LAS RESTANTES AUTORIDADES. Son ciertos los actos reclamados a las restantes autoridades señaladas como responsables, aun cuando lo hayan negado en sus respectivos informes justificados, ya que, del aludido convenio se obtiene que tuvieron participación en la suscripción del mismo. Si bien, en el caso de la Secretaría de Bienestar Federal, Delegación Tabasco, no consta que haya signado dicho instrumento jurídico, en la cláusula tercera se advierte su participación en la configuración del mismo, al establecerse que, para obtener la cuantificación de los usuarios afectados y no afectados por las inundaciones a que se hace referencia en la cláusula segunda, se tomaron de común acuerdo y como base, los registros de los sistemas de "CFE SSB", para posteriormente cruzarlos con la base del Censo de Viviendas afectadas realizado por la aludida dependencia. Al respecto, sirve de apoyo la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo 97-102 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese tenor, esta juzgadora considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 108 fracción VIII, de la Ley de Amparo, que instituyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación". De acuerdo con la última disposición normativa, la expresión de los motivos de inconformidad constituye un requisito indispensable de la demanda de amparo, en aquéllos casos en los que no procede la suplencia en ausencia de los mismos. En efecto, uno de los cambios más importantes que se introdujeron en la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, consiste en que la suplencia de la queja opera respecto de las fracciones I (declaratoria de inconstitucionalidad de leyes); II (menores, incapaces, orden o estabilidad de la familia); III (materia penal); IV (materia agraria); V (materia laboral), y VII (condiciones de pobreza o marginación del quejoso), del artículo 79 del propio ordenamiento, aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. De conformidad con esa porción normativa, en materias diversas a la penal, agraria o laboral, procede suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios cuando se advierta que ha habido contra el quejoso una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por haber afectado sus derechos humanos y garantías constitucionales; suplencia que sólo operará en lo que se refiera a la controversia de amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó el acto reclamado. En ese contexto, como las excepciones referidas no incluyeron a la fracción VI, en el caso de la materia administrativa, que es de estricto derecho, por regla general, debe existir un motivo de inconformidad, aunque sea deficiente, para que se surta la hipótesis normativa establecida por el creador de la norma, salvo, como se destacó, que el acto reclamado se funde en normas generales consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito; el quejoso sea un menor de edad o incapaz; por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentre en clara desventaja social para su defensa en el juicio; o, se afecten el orden y desarrollo de la familia. En el caso, del escrito de demanda de amparo y de ampliación de la misma, se advierte que la parte quejosa se reservó formular los conceptos de violación correspondientes, aduciendo que desconocía los fundamentos y motivos por los cuales las autoridades responsables omitieron otorgarle el beneficio establecido en el "CONVENIO DE FINIQUITO AL CONVENIO DE COLABORACION DEL PROGRAMA "ADIOS A TU DEUDA" CELEBRADO EL 23 DE MAYO DE 2019 (EL "CONVENIO ATD")". Sin embargo, ello no impedía que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 108 fracción VIII, de la Ley de Amparo, expusiera un motivo de inconformidad, aunque sea deficiente, para que se surtiera la hipótesis normativa establecida por el creador de la norma. En cambio, los argumentos que expuso fueron encaminados a establecer la existencia de los actos reclamados, no las violaciones que los mismos provocaban a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues los actos reclamados no se relacionan con normas generales consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito; el quejoso no es menor de edad o incapaz; ni se cuenta con elementos para determinar la existencia de condiciones de pobreza o marginación que lo coloquen en clara desventaja social para su defensa en el juicio; o, que se afecten el orden y desarrollo de la familia. Por ende, al no actualizarse dichos supuestos, es improcedente suplir la ausencia de conceptos de violación, ya que los actos reclamados corresponden a la materia administrativa. Sobre el particular, es aplicable lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 111/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias(s): Común, Tomo XX, noviembre de 2004, página 5, con número de registro 180159, del siguiente rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN NO MOTIVA QUE EL JUZGADOR PREVENGA AL QUEJOSO. El artículo 146 de la Ley de Amparo establece que cuando el Juez advierta que la demanda no cumple alguno de los requisitos señalados en el artículo 116 de la propia Ley o que no se ha señalado con precisión el acto reclamado, o no se han exhibido las copias exigidas por la ley, deberá ordenar que se cumplan los requisitos omitidos o se hagan las aclaraciones correspondientes. Sin embargo, tomando en consideración que la finalidad del precepto primeramente citado consiste en aclarar demandas que adolecen de irregularidades de carácter formal, es indudable que se aplica exclusivamente cuando en la demanda ya existe un principio de señalamiento o esbozo de los conceptos de violación, pero no cuando se omiten totalmente, ya que resultan indispensables para conocer la pretensión del quejoso; admitir lo contrario implicaría que éste, por el solo hecho de haber presentado un escrito con datos meramente identificatorios, pudiera plantear su pretensión constitucional fuera del plazo previsto para tal efecto en los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, se concluye que la ausencia total de conceptos de violación en el escrito inicial de demanda no motiva que el juzgador prevenga al quejoso". Asimismo, es de tomar en cuenta las consideraciones que sustentan la tesis I.2o.A.E.7 A (10a.), formulad a por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción EN TODA LA República, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa, Libro 9, agosto de 2014, Tomo III, página 1966, con número de registro 2007282, del siguiente rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. SU PROCEDENCIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA, ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS, DEBE VALORARSE EN CADA CASO PARTICULAR. De conformidad con esa porción normativa, en materias diversas a la penal, agraria o laboral, procede suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios cuando se advierta que ha habido contra el quejoso una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por haber afectado sus derechos humanos y garantías constitucionales; suplencia que sólo operará en lo que se refiera a la controversia de amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó el acto reclamado. Por otra parte, el legislador dispuso en el penúltimo párrafo del propio artículo 79, que la suplencia de la queja se dará, aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios, en los casos previstos en sus fracciones I, II, III, IV, V y VII. En estas condiciones, como las excepciones referidas no incluyeron a la fracción VI, en el caso de la materia administrativa, que es de estricto derecho, por regla general, debe existir un motivo de inconformidad, aunque sea deficiente, para que se surta la hipótesis normativa establecida por el creador de la norma, salvo que: el acto reclamado se funde en normas generales consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito; el quejoso sea un menor de edad o incapaz; por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentre en clara desventaja social para su defensa en el juicio; o, se afecten el orden y desarrollo de la familia. Por tanto, la procedencia de la suplencia referida, ante la ausencia de conceptos de violación o agravios, debe valorarse en cada caso". Por las consideraciones expuestas, esta juzgadora colige que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción VIII del diverso 108 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del aludido ordenamiento jurídico, se decreta el SOBRESEIMIENTO del presente juicio de amparo, respecto de los actos y autoridades precitados. No pasa inadvertido que las autoridades responsables hicieron valer diversas causales de improcedencia; sin embargo, ante la actualización de la previamente analizada, deviene innecesario su estudio. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de dos de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ***********, contra los actos reclamados y las autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede se advierte que en proveído de seis de octubre actual, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Tabasco, de la Secretaría de Bienestar, con sede en esta ciudad, autoridad responsable, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que el plazo de los ocho días, transcurre del once al veintiuno del precitado mes, con exclusión de los días inhábiles previstos por el numeral 19 del ordenamiento jurídico citado. Para dar tiempo a lo anterior y no violar las formalidades esenciales del procedimiento, difiérase la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose de nueva cuenta para su celebración las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

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