Rocío Palomares Pérez
Expediente 838/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 15 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 838/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 14/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rocío Palomares Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veinticuatro de octubre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ha quedado firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Supremo Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del citado acuerdo, el presente expediente, es susceptible de destrucción, mientras que el original del cuaderno incidental deberá depurarse, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que en el expediente principal se dictó auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, y se concedió la medida cautelar solicitada, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.
- Principal
Únicamente agréguese para efectos de control y sin mayor acuerdo el oficio que remite el titular de la Delegación Estatal Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en León, Guanajuato, mediante el cual, en alcance a su informe justificado remite diversa documental; lo anterior, en virtud de que mediante proveído de veinticuatro de los corrientes, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto.
- Incidental
A sus autos el oficio y anexo de cuenta, mediante los cuales, el titular de la Delegación Estatal Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en León, Guanajuato, informa las gestiones realizadas para cumplir cabalmente con la suspensión concedida en el presente incidente.
- Principal
Vistas las constancias que integran el expediente, se advierte que en el caso, se surte de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El precepto legal enunciado, prescribe: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado . Sobre el particular la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que solamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, lo cual da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación se reponga al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 59/99 , cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se afirma lo anterior, debido a que en el escrito inicial de demanda (f. 2-4) y en el ocurso de ampliación (f. 21-23) la parte quejosa reclamó de la Delegación Estatal en Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social, la violación a su derecho a la salud consagrado en el artículo 4° Constitucional, en virtud de que el Director del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar Número 13, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Acámbaro, Guanajuato, se negó a proporcionarle el servicio de atención médica y el tratamiento a su padecimiento de vasculitis necrotizante y papulosis linfomatoide. Ahora bien, al rendir su respectivo informe justificado, el Delegado Estatal en Guanajuato (f. 26-31) y Director del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar Número 13, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Acámbaro, Guanajuato (f. 102-105) negaron la emisión del acto reclamado, ya que la primera, manifestó que no tenía facultades para prestar y otorgar los servicios médicos a los derecho habientes, debido a que tal facultad correspondía a las Unidades Médicas del citado Instituto, mientras que la diversa responsable, refirió que al no contar con la especialidad para atender adecuadamente el padecimiento de la promovente, la canalizó a la Unidad Médica de Alta Especialidad Número 1, Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Bajío del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en León, Guanajuato. No obstante lo anterior, tal negativa se encuentra desvirtuada, en virtud de que la referida Delegación es la titular de la administración de las Unidades Médicas del servicio a la salud, mientras que el propio Director del nosocomio citado refiere que actuó enviando a la quejosa a una unidad especializada para su atención; lo que evidencia su participación en el acto que en esta instancia se reclama. Máxime que la responsable citada en primer término allegó al sumario copia certificada del expediente clínico de la agraviada (f. 32-98), la cual cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 203 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; de dicha documental así como de las demás constancias que obran en autos, se desprende lo siguiente: ? El veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, la parte quejosa presentó en la oficialía de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, la demanda de amparo que ocupa la atención. ? La agraviada fue hospitalizada en la Unidad Médica de Alta Especialidad Número 1, en León, Guanajuato, el ocho de septiembre de dos mil diecisiete (f. 35), lo cual fue consentido por ella (f.39). ? Durante su hospitalización se le realizaron diversos estudios con nomenclatura técnico-médica para complementar su abordaje diagnóstico, que se desprenden con mediana claridad de los documentos exhibidos, a saber: 1. Se determinó CPK, resultando normal . 2. Se realizó TC contrastada de cuello a pelvis y no se encontraron tumoraciones o conglomerados ganglionares . 3. Fue evaluada por radiología y cirugía general. 4. Se realizaron velocidades de conducción nerviosa y no se encontró neuropatía. 5. No se encontró algún proceso infeccioso subyacente. 6. Las cifras de inmunoglobulinas estuvieron normales. 7. Hematología la valoró y comentó necesidad de inmunohistoquímica en biopsias para: CD56, CD16 para T1NK; CD4 y CD8 para linfomas T/Micosis fungoide y CD30 anaplástico. Además sugirió suspensión del tratamiento con prednisona y metotrexato para evaluar comportamiento clínico de las lesiones e inclusive realizar nueva biopsia de las mismas en el caso que se reactiven 8. Se le solicitaron las laminillas y los bloques de parafina para enviar a patología, para revisión de caso. ? El quince de septiembre del año en curso, la parte quejosa egresó del citado nosocomio con un diagnóstico de:Dermatosis papulosa-ulcerativa con biopsia que reportó papulosis linfomatoide CD30 negativa y vasculitis necrozante (por clínica, secundaria a proceso linfoproliferativo cutáneo); hasta el momento no se identifica enfermedad reumática sistemática autoinmune primaria (autoanticuerpos negativos, complemento normal, sin evidencia de neuropatía o miopatía, sin evidencia de afección pulmonar intersticial o cavitante, sin evidencia de nefritis) al momento no se identificó tumoración en cuello, tórax, abdomen o pelvis (f. 35). ? Se le otorgó un plan para continuar con su estudio por hematología, dermatología y patología, en el que además se le dieron citas con diversos especialistas y se le indicó que programara otras, se le recetaron diversos medicamentos, se le suspendieron otros y se le ordenó acudir a nutrición en su unidad médica familiar (92-93). Lo anterior, patentiza que la autoridad responsable, a través de la Unidad Médica de Alta Especialidad Número 1, Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Bajío del Instituto Mexicano del Seguro Social, brindó a la quejosa la atención médica requerida para su padecimiento, provocando con ello que cesaran los efectos de la omisión tildada de inconstitucional. En atención a lo expuesto con antelación y tomando en cuenta que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al solicitante del amparo en el goce del derecho fundamental violado, se arriba a la conclusión de que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado por el quejoso. Sobre el particular, es aplicable, la tesis P. CL/97 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por ende, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por *************, de conformidad con lo establecido por el artículo 63, fracción V y numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las once horas con treinta minutos del veinticinco de octubre de dos mil diecisiete; háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado.
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