Rocío Ortega García
Expediente 83/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 83/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Rocío Ortega García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad de México, a doce de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, a través del cual, hace del conocimiento del proveído de siete de junio del año en curso, dictado en los autos del juicio de amparo 1784/2023 de su índice, mediante el cual, acusa recibo del diverso oficio por el que se le remitió el juicio de amparo 83/2023-V, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por Rocío Ortega García, por propio derecho, contra actos de la Subdirectora de Administración y Desarrollo Personal del Instituto Nacional de Cancerología, e informa que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se agrega en autos el oficio de mérito, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. 22/01/24 10:04:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente es destruible, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 19, fracción I, inciso a) del Acuerdo en cita, toda vez que se trata de un cuaderno de antecedentes. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y no se determinó como de información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere el párrafo primero del artículo 19 del multicitado Acuerdo, procédase a su destrucción. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, a treinta de mayo de dos mil veintitrés. Se agrega en autos el oficio de cuenta, a través del cual, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, remite los autos originales del juicio de amparo 83/2023 del índice de este órgano jurisdiccional y el testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja Q.A. 72/2023, por el tribunal colegiado citado. Hágase del conocimiento de las partes que el referido Tribunal resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es FUNDADO el recurso de queja interpuesto por, Rocío Ortega García, por propio derecho, interpuso recurso de queja contra el acuerdo de tres de febrero de dos mil veintitrés, dictado por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 83/2023." Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°, se agrega a los autos el oficio de mérito para que obren como corresponda y surtan los efectos legales procedentes. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, y previo al presente proveído, glósense las constancias originales que obren en el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión de los presentes 22/01/24 10:04:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR autos, para la substanciación de la alzada en el estado que actualmente se encuentre. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Debe precisarse que el órgano colegiado, en la ejecutora que remitió, estableció que este juzgado federal fue excesivo y apartado de lo planteado en la demanda de amparo, en el auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, al requerir la precisión del puesto de trabajo de la quejosa, porque afirma que se omitió la lectura de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad, de los que se infiere que la quejosa es trabajadora de confianza y que solicita un reconocimiento de base, además, señaló que las constancias solicitadas constituyen parte de los actos reclamados o, en su caso, es documentación que formará parte del perfeccionamiento del juicio, porque derivan de la respuesta de la autoridad, por lo que tal situación existe la posibilidad de que la información requerida a la quejosa sea parte mediante los informes de ley que en su momento rinda la responsable y, en todo caso, será base en lo expuesto que se podrá resolver lo que en derecho corresponda. No se comparte la decisión del Tribunal Colegiado, puesto que se consideró necesario realizar la prevención de mérito en el auto de diecinueve de enero de este año, en uso de las facultades que tengo que están sustentadas, además, en el artículo 114 de la Ley de Amparo, precisamente porque del contenido de la demanda y de la puntual lectura que se hizo se consideró que los antecedentes que narró la quejosa no resultaban claros, porque únicamente se concertó a decir que el ocho de diciembre de dos mil veintidós, presentó un escrito ante la autoridad responsable, solicitando la 22/01/24 10:04:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR TRÁMITE 3 JUICIO DE AMPARO P-83/2023-V autorización de reserva de plaza de base denominada "Apoyo Administrativo en Salud-A7 (M03019)", es decir, resultaban imprecisos, pues, además, no precisó, si es trabajadora del Instituto Nacional de Cancerología; incluso, no dijo en qué puesto se encuentra laborando en dicho Instituto, y no precisó en qué consiste la solicitud de autorización de reserva de plaza de base en comento y el motivo por la que presentó dicha solicitud, y tampoco la exhibió. Además, se le requirió de la precisión de dichos antecedentes y la exhibición del oficio reclamado, para conocer con precisión todo su contenido, lo que era necesario para fijar correctamente la litis, incluso, para establecer si este órgano jurisdiccional resultaba competente o no para conocer la demanda y contar con mayores elementos para decidir ese aspecto, pues la competencia debe de atenderse antes de admitir la demanda, y no una vez admitida, en espera de los informes justificados, de manera que se considera que dichas prevenciones fueron necesarias y correctas: además, en virtud de que la quejosa no las desahogó en tiempo, es evidente que se debía tener por no presentada la demanda, como ocurrió con el auto de tres de febrero de dos mil veintitrés. No obstante lo anterior, atendiendo a lo resuelto por el tribunal colegiado, y tomando como referencia únicamente lo que expuso la quejosa, bajo protesta de decir verdad, en la demanda, se determina lo siguiente. Con el propósito de determinar si corresponde a este órgano jurisdiccional conocer del asunto que nos ocupa, en principio debe señalarse que la jurisdicción es la 22/01/24 10:04:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. 22/01/24 10:04:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR TRÁMITE 5 JUICIO DE AMPARO P-83/2023-V Es importante mencionar que al respecto, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Esta distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Por su parte, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; y c) Competencia por grado. De la clasificación anterior que alude a la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la segunda, es decir, la definida por razón de materia. La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del 22/01/24 10:04:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR derecho, únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, en su título cuarto, denominado "De los Juzgados de Distrito", regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito en los siguientes términos: LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. "Artículo 49. Las y los jueces de distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del presente Capítulo." "Artículo 50. Cuando se establezcan en un mismo lugar varios juzgados de distrito que no tengan competencia especial o que deban conocer de la misma materia, tendrán una o varias oficinas de correspondencia común, las cuales recibirán las promociones, las registrarán por orden numérico riguroso y las turnarán inmediatamente al órgano que corresponda de acuerdo con las disposiciones que dicte el Consejo de la Judicatura Federal." "Artículo 57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento 22/01/24 10:04:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR TRÁMITE 7 JUICIO DE AMPARO P-83/2023-V seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 61. Las y los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; 22/01/24 10:04:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y VI. De las diferencias o conflictos de la materia laboral, en los términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (Lo destacado es propio) Del contenido de los artículos transcritos, concretamente del numeral 61, fracciones II y III, se desprende que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia de Trabajo conocerán de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general, así como contra actos de autoridad distinta a la judicial en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo. Es así, que de acuerdo con los postulados de los preceptos transcritos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito del siguiente modo: Jueces de Distrito en Materia Administrativa; y, Jueces de Distrito en Materia de Trabajo. Asimismo, dispone que los Jueces de Distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del capítulo antes transcrito. Asimismo, de la interpretación de los citados artículos se advierte que para fijar la competencia por materia, el legislador tomó como base los siguientes criterios: d) La naturaleza del acto reclamado. 22/01/24 10:04:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR TRÁMITE 9 JUICIO DE AMPARO P-83/2023-V e) La naturaleza de la autoridad responsable. Los criterios señalados justifican la especialidad por materia, pues, como se dijo con anterioridad, las determinaciones que se dicten en los juicios de amparo, requieren del conocimiento y de la experiencia de quienes se dedican en forma preferente a las diversas ramas del derecho, y por ese motivo pueden ponderar en forma expedita y más autorizada las distintas soluciones en los casos concretos, buscando con ello dar cumplimiento a los principios que alberga el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, sobre el tema de la competencia por razón de materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que esta especie del género de competencia debe definirse tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen o por el tipo de autoridad que lo emitió; lo anterior regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, pero en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional. 22/01/24 10:04:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, por analogía, la jurisprudencia identificada con el número P./J. 83/98, que es del tenor siguiente: COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." (Novena Época, Registro: 195007, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Tesis: P./J. 83/98, Página 28). Es cierto que la jurisprudencia en consulta se refiere a los aspectos que se deben tomar en consideración para definir la competencia por razón de materia, cuando existe una controversia a dilucidar sobre este ámbito de la jurisdicción en la función judicial propiamente dicha, mas no en un conflicto suscitado entre órganos de control constitucional, es decir, en la jurisdicción constitucional; sin embargo, la interpretación sistemática de la referida jurisprudencia con los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación antes transcritos, sí pueden servir como base para sostener que la competencia por razón de materia en el juicio de amparo 22/01/24 10:04:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR TRÁMITE 11 JUICIO DE AMPARO P-83/2023-V contra leyes, debe partir del estudio de la naturaleza de la norma o acto reclamado; de ahí que sea válido concluir que, para definir este aspecto de la competencia, se tenga que prescindir del análisis de los planteamientos de inconstitucionalidad que formule el quejoso, pues estos últimos no son un criterio que determine a quién corresponde conocer del asunto, debido a que los conceptos de violación se formulan en función de las garantías individuales que el quejoso estima se infringen en su perjuicio, los que evidentemente inciden en un ámbito subjetivo apreciados por quien los realiza. En otras palabras, para definir la competencia por materia en el juicio de amparo, se debe partir de la naturaleza de la norma o acto reclamado, pues sostener lo contrario llevaría a la inexacta conclusión de que la competencia por materia debiera fijarse en función de lo que alegue la quejosa o recurrente, es decir, que sean éstos quienes la determinen, de acuerdo con lo que manifiesten, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado y las violaciones constitucionales que se invoquen. En suma, para determinar la competencia por materia de un Juzgado de Distrito cuando se controvierta la constitucionalidad de una norma, debe atenderse a la naturaleza de la ley y no a los conceptos de violación planteados por la parte quejosa. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la tesis de texto siguiente: COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL 22/01/24 10:04:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, tratándose de recursos interpuestos contra resoluciones dictadas en un juicio de amparo indirecto, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado. (Novena Época, Registro: 167761, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Tesis: 2a./J. 24/2009, Página: 412). Derivado de lo anterior, se tiene que la parte promovente del amparo, señaló como autoridad responsable y como actos reclamados lo que a continuación se digitalizan: De la digitalización anterior, se advierte que la promovente combate el oficio número SADP-1989-12- 2022, y cuyo contenido fue transcrito por la quejosa, 22/01/24 10:04:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR TRÁMITE 13 JUICIO DE AMPARO P-83/2023-V y del que se desprende en lo conducente que la autoridad responsable dio contestación a la solicitud de la autorización de reserva de plaza de base denominada apoyo administrativo en salud-A7 (M03019) le hizo del conocimiento que la plaza de confianza en la cuál esta comisionada actualmente no es susceptible del otorgamiento de las prestaciones contempladas en las Condiciones Generales de Trabajo en la Secretaría de Salud, para el personal de base; además que también reclama la aplicación retroactiva de las disposiciones de la Ley Federal de Austeridad Republicana. De lo anterior, concatenado con el contenido total de la demanda, en específico del capítulo de actos reclamados y de los conceptos de violación, se desprende que la quejosa pretenda que le autoricen una una reserva de plaza base denominada apoyo administrativo en salud-A7 (M03019), o sea, pide el otorgamiento de una prestación que dice que tiene de derecho, de manera que lo que reclama deriva de la relación laboral que existe entre el Instituto Nacional de Cancerología y la promovente, como trabajadora de confianza, por lo que al solicitar un reconocimiento de base para el otorgamiento de lo que pide y que, además, se sustenta en las Condiciones Generales de Trabajo que tiene el Instituto al que pertenece la quejosa con la Secretaría de Salud, evidente resulta que lo que combate deriva de una relación de naturaleza laboral, pues su estudio depende del análisis de dichas Condiciones Generales de Trabajo y que está vinculado con la materia de Trabajo. 22/01/24 10:04:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR Asimismo, debe aclararse que la quejosa no se encuentra en los supuestos que prevé el apartado B, fracción XIII, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de las cuales deban conocer los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, a saber: las encomendadas a las corporaciones policiacas, a las Fuerzas Armadas, o al Servicio Exterior Mexicano, ya que de las manifestaciones de la propia promovente señala es trabajadora de confianza del Instituto Nacional de Cancerología, por lo que no se encuentra en los supuestos mencionados. Al efecto conviene invocar en la parte conducente, el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, que establece: "Art. 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: [...] B.- Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: [...] XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos 22/01/24 10:04:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR TRÁMITE 15 JUICIO DE AMPARO P-83/2023-V por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones;" De lo anterior, se advierte que la quejosa no se ubica en ninguna hipótesis de excepción a la aplicación del Apartado B del artículo 123 constitucional, para que éste Juzgador conozca del asunto, al no tener el carácter de militar, marino, agente del ministerio público, perito, personal del servicio exterior o miembro de alguna institución policial, quienes se regirán por sus propias leyes, lo cual genera una relación de naturaleza administrativa con el Estado. Por tanto, los actos reclamados son de naturaleza 22/01/24 10:04:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR eminentemente laboral, pues incide de manera directa en la relación laboral que existe entre el Instituto Nacional de Cancerología y la promovente, ya que es trabajadora de confianza y que solicita un reconocimiento respecto de una plaza con bases en las Condiciones de Trabajo en la Secretaría de Salud, razón por la que este Juzgado Federal considera que carece de competencia legal por razón de materia para conocer de la presente demanda de amparo. En este sentido, se considera que la competencia para conocer del presente juicio le corresponde a un Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues se trata de un juicio de amparo promovido en contra de actos u omisiones por autoridades distintas de la autoridad judicial en materia de trabajo; como en el caso lo constituye la relación laboral que existe entre el Instituto Nacional de Cancerología y la promovente, razón por la cual el análisis de su legalidad habrá de efectuarse a la luz de los ordenamientos en materia de trabajo aplicables. Lo anterior encuentra sustento por analogía y en lo conducente, en la tesis I.14o.T.1 L, del tenor siguiente: ACTOS DE NATURALEZA LABORAL. ELEMENTOS QUE LOS DEFINEN PARA EFECTOS DE COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. Cuando surge la disyuntiva de si un acto es de naturaleza laboral o administrativa, para considerar lo primero no basta con que el acto de autoridad tenga sustento en un dispositivo de la Ley Federal del Trabajo, ni que éste sea aplicado por alguna de las autoridades previstas en el artículo 523 de esa legislación, sino que debe tomarse en cuenta que la materia laboral se sustenta en el artículo 123 constitucional, que tiene sentido ampliamente protector de los trabajadores, y que de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley Federal del Trabajo de 1931, supera la concepción individualista que sustenta la relación de trabajo en el contrato libre, para dar paso a una concepción social que niega como función de la 22/01/24 10:04:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR TRÁMITE 17 JUICIO DE AMPARO P-83/2023-V relación de trabajo el simple intercambio de bienes patrimoniales como se concibe en la doctrina liberal al trabajo y al salario, para en la nueva tendencia valorar en la más amplia dimensión los derechos humanos de los trabajadores. Además, debe tenerse presente que concebido el derecho del trabajo en el artículo 123 de la Constitución de 1917 como un sistema de mínimos derechos en favor de los trabajadores y máximas obligaciones a su cargo, se dota a la clase trabajadora de herramientas de lucha para superar sus derechos y disminuir sus obligaciones legales, como son la sindicación, la huelga y la contratación colectiva, que le permiten nivelar su fuerza social con la fuerza económica del patrón, entonces, también las controversias que tengan que ver con la formación, registro, funcionamiento y dirección de sus organizaciones, esto es, los conflictos intergremiales o de los sindicatos con sus agremiados, quedan comprendidas dentro del marco de la materia laboral. Por tanto, toda controversia que derive de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a la preservación de los referidos derechos o a la consecución de esas mejoras que superen los mínimos y máximos constitucionales, o que se dé dentro del ámbito sindical, quedarán enmarcados en los objetivos del derecho del trabajo y, por consecuencia, constituirá la materia que deben conocer los tribunales de amparo en materia laboral, bajo los principios rectores del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, pues en ellos estará a discusión un derecho consagrado por la Constitución, por la ley o por contratos particulares en favor de los trabajadores o de los sindicatos de trabajadores o de los miembros de éstos. En conclusión, para que un acto de autoridad pueda considerarse de contenido materialmente laboral, no bastará que sea emitido por una dependencia prevista como autoridad del trabajo, ni que su actuación se sustente en la facultad para aplicar la Ley Federal del Trabajo, para vigilar y hacer efectivas las normas de esa legislación, ya que si no se vincula con alguno de los campos anteriormente señalados, se quedará en el mero ámbito de la relación autoridad-gobernado y, por consecuencia, deberá considerarse que se trata de un acto materialmente administrativo, cuyo conocimiento será de la competencia de un órgano de amparo en materia administrativa." (Registro 180735, visible en la página 1714 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, septiembre de 2004, relativo a la Novena Época, sustentada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito). Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que las autoridades señaladas como responsables pudieran tener naturaleza administrativa, pues los actos que se reclaman en esta vía, son eminentemente laborales, pues se reitera derivan de la relación laboral que existe entre el Instituto Nacional de Cancerología y la promovente, lo 22/01/24 10:04:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR cual debe ser analizada por un Juez de Distrito especializado en esa materia, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 61 de la Ley Orgánica del poder Judicial de la Federación antes transcrito. Es aplicable, en lo conducente, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9 del Tomo 205-216 Primera Parte, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: ACTOS DE CONTENIDO MATERIALMENTE LABORAL REALIZADOS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. En tratándose de un problema competencial para conocer de un amparo indirecto, la resolución del conflicto debe atender exclusivamente a la naturaleza material del acto reclamado. Desde el punto de vista material, que atiende al acto en sí, el acto reclamado es de naturaleza laboral, cuando consista en una multa impuesta por el secretario de Trabajo y Previsión Social por infracción a disposiciones tanto de la Ley Federal del Trabajo, como de los Reglamentos de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y de Higiene en el Trabajo. La circunstancia de que la multa impuesta no haya derivado de un conflicto obrero patronal, sindical o de un laudo, no implica que dicho acto no esté comprendido dentro de la materia de trabajo, pues las hipótesis que contempla el artículo 42 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no se agotan, únicamente, en ese tipo de conflictos, sino que comprenden, además, todas aquellas cuestiones que, sin mediar controversias entre patrones y trabajadores, miran la seguridad social de estos últimos, como sucede cuando se impone una multa por infracción a disposiciones de trabajo que tutelan los intereses de la parte obrera; aspecto éste que queda comprendido en la fracción III del artículo 42 bis de la invocada ley." Por los motivos antes señalados, se determina que el conocimiento de la presente demanda no corresponde a este órgano jurisdiccional; por ello, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo y los artículos 57 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado se declara legalmente incompetente por razón de materia, para conocer de la demanda de amparo. 22/01/24 10:04:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR TRÁMITE 19 JUICIO DE AMPARO P-83/2023-V En consecuencia, se ordena remitir el presente juicio de amparo al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, a quien se estima competente para conocerla, por los motivos antes expuestos; solicitándole el acuse de recibo correspondiente e informe si acepta o rechaza la competencia planteada. Fórmese cuaderno de antecedentes únicamente con un tanto de la presente resolución; lo anterior, en atención al Acuerdo General del Comité Coordinador para Homologar criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación, que establece las medidas de austeridad, optimización, disciplina presupuestal y mejora de la gestión, capítulo III, inciso F), 1.d., máxime que, de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo, se cuenta con el expediente electrónico del presente juicio de amparo. Por otra parte, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este órgano judicial. Notifíquese y electrónicamente a la parte promovente
- Principal
Ciudad de México, a veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio signado por el Subdirector Jurídico y Normativo de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, por medio del cual, en atención al requerimiento de trece de febrero del año en curso, solicita que por conducto de este órgano jurisdiccional, se requiera al quejoso para que se presente en las instalaciones que ocupa la Subdirección Jurídica y Normativa de dicho organismo, a efecto de celebrar convenio, el día y hora que indica. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, en atención a su solicitud, considerando que la litis en el presente juicio, versa sobre el cumplimiento de la sentencia de nulidad de nueve de mayo de dos mil dieciocho, dictada en los autos del expediente TJ/I-28601/2018, del índice de la Primera Sala Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y toda vez que corresponde a dicha Sala vigilar el cumplimiento de dicha resolución al ser la rectora del procedimiento de ejecución de sentencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta que para tal efecto se le remita, se REQUIERE a la Primera Sala Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, para que, en el término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, se pronuncie respecto de la solicitud formulada por la autoridad responsable y, de ser el caso, por su conducto requiera al quejoso se presente en el lugar, fecha y hora indicados en el oficio que se remite. Apercibida que en caso de ser omisa, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, por desacato a una orden judicial. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio signado por la Subdirectora de Amparos Administrativos en suplencia de la Coordinadora General de Administración, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese
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