Rocio Orozco Marin

Expediente 1000/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1000/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
26/09/2017

Partes del expediente

  • Rocio Orozco Marin

Actuaciones

  1. Principal

    ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar.. se ordena el arhcivo definitivo..

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de septiembre de dos mil diecisiete. Vista; la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez; Presidente del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez; Coordinadora General de Política Fiscal; Jefe del Departamento de Registro y Control de Ingresos del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez; Oficial Mayor del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, todos con residencia en esta ciudad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1000/2017-VIII, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor y a la siguiente tesis de jurisprudencia, de texto y rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso." De lo anterior se explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, al respecto cabe advertir que la parte quejosa hizo valer como acto reclamado en su escrito de demanda lo siguiente: "El acoso laboral que estoy sufriendo desde el día 28 de agosto del año en curso, en razón que he sido constantemente vigilada por diversas personas hasta el momento que tengo la necesidad de ir al baño y el hecho de que mi jefe inmediato el C. Oved Pérez González, pretende comisionarme al relleno sanitario o más conocido como tiradero de basura ubicado en el ejido Emiliano Zapata de esta ciudad y el temor fundado que se me destituya o despida de manera injustificada." Bajo el contexto anterior, oficiosamente se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5°, fracción II de la Ley de Amparo, tal como se evidenciará a continuación: Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en que se apoya la causa de improcedencia de referencia, el juicio de amparo será improcedente cuando ello resulte de alguna disposición legal; dicho precepto legal no establece una causa de improcedencia específica, sino más bien una cláusula abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la Ley de Amparo o de la Constitución, distinto a los mencionados en las primeras veintidós fracciones de ese precepto. Al respecto, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVlII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. El criterio sustentado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte, que este Tribunal en Pleno hace suyo, sostiene que la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo que instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 73; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. En ese tenor, del análisis de los actos reclamados y de sus antecedentes, obtenemos que la demanda de garantías es notoriamente improcedente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que en el caso que nos ocupa, tanto el Ayuntamiento, Presidente, Coordinadora General de Política Fiscal y Jefe del Departamento de Registro y Control de Ingresos, todos pertenecientes al ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, residentes en esta ciudad, no tienen el carácter de autoridades para efectos del amparo. En efecto, conforme a los preceptos legales citados, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. De tal suerte que si los actos que se reclaman en un juicio de amparo no se atribuyen a un ente de autoridad con las características antes señaladas, éste resulta improcedente. Así, congruente con la doble personalidad del Estado, sólo podrá legalmente ser considerada autoridad para los efectos del amparo, la que actúe con imperio, como persona de derecho público, cuyo acto, satisfaga las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Es ilustrativa a lo antes puntualizado, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así como la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En esa tesitura, es de particular importancia destacar que de los antecedentes de los actos reclamados, se advierte que la parte quejosa se duele de acoso laboral, derivado de su afiliación a un sindicato y de la petición para el pago de un retroactivo emanado de un incremento salarial, así como del requerimiento para la nueva asignación de actividades laborales. De lo anterior, no se advierte que exista autoridad responsable alguna, ya que nos encontramos ante una relación estrictamente laboral, donde emana la existencia de un patrón y un trabajador, siendo que, el primero de ellos no actúa con el carácter de autoridad en el presente asunto, esto es, investido con imperio y poder coercitivo, sino en su representación de particular en un plano de igualdad, pues de la correlación que existe entre éstos, deviene un acto entre particulares, lo que no implica la realización de actos de autoridad, debido a que no está desarrollando tareas propias del Estado actuando frente a la solicitante de garantías, por el contrario nos encontramos ante actos bilaterales nacidos en virtud de un vínculo de trabajo, en la que la parte patronal determinó la necesidad de cambiar de área y de actividades laborales que desempeñando la hoy quejosa; lo que hace improcedente el presente juicio. Por las razones que informa, resulta aplicable el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter. En consecuencia, cuando la autoridad prescindiendo de su imperio, se sitúa en el mismo plano que los gobernados, y celebra un contrato de trabajo, como acontece en el caso, que regirá entre ellos las relaciones laborales, bajo las cuales la trabajadora desempeñará sus servicios, y dentro de dichas relaciones los trabajadores estiman violados sus derechos laborales, y fueron esas transgresiones las que dieron origen al conflicto planteado ante el Juez Federal, es patente que la autoridad actuó como simple particular y sus actos necesariamente tienen ese carácter. Apoya la anterior consideración, la tesis que reza lo siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. AUTORIDADES DESIGNADAS COMO RESPONSABLES, QUE ACTÚAN COMO PARTICULARES EN UNA RELACIÓN OBRERO PATRONAL. Cuando la autoridad prescindiendo de su imperio, se sitúa en el mismo plano que los gobernados, y celebra un contrato de trabajo que regirá entre ellos las relaciones laborales, bajo las cuales los trabajadores desempeñarán sus servicios, y dentro de dichas relaciones los trabajadores estiman violados sus derechos laborales, y fueron esas transgresiones las que dieron origen al conflicto planteado ante el Juez Federal, la autoridad actuó como simple particular y sus actos necesariamente tienen ese carácter, por lo que el juicio de garantías resulta improcedente, en los términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 1o., fracción I, de la misma ley, y 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Por las relatadas consideraciones, es evidente que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo el 61, fracción XXIII, con relación en los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo; por lo que de conformidad con lo establecido en el diverso 63, fracción V, del mismo cuerpo legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de esta demanda, y se autoriza en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo del citado ordenamiento legal, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Ruperto Hernández Pereyra y Andrés de Jesús Gómez Pérez, lo anterior toda vez que el primero de los nombrados, no tiene inscrita su cédula profesional dentro del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y el segundo de ellos por así haberlo solicitado el promovente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA. Y EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 9, FRACCION XIII, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES, SE ORDENÓ DECLARAR INHÁBIL EL VIERNES OCHO DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN VIRTUD DE LA CONTINGENCIA RELACIONADA CON EL SISMO MAGNITUD 8.2 GRADOS EN ESCALA RITCHER.Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de septiembre de dos mil diecisiete. Vista; la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez; Presidente del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez; Coordinadora General de Política Fiscal; Jefe del Departamento de Registro y Control de Ingresos del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez; Oficial Mayor del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, todos con residencia en esta ciudad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1000/2017-VIII, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor y a la siguiente tesis de jurisprudencia, de texto y rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso." De lo anterior se explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, al respecto cabe advertir que la parte quejosa hizo valer como acto reclamado en su escrito de demanda lo siguiente: "El acoso laboral que estoy sufriendo desde el día 28 de agosto del año en curso, en razón que he sido constantemente vigilada por diversas personas hasta el momento que tengo la necesidad de ir al baño y el hecho de que mi jefe inmediato el C. Oved Pérez González, pretende comisionarme al relleno sanitario o más conocido como tiradero de basura ubicado en el ejido Emiliano Zapata de esta ciudad y el temor fundado que se me destituya o despida de manera injustificada." Bajo el contexto anterior, oficiosamente se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5°, fracción II de la Ley de Amparo, tal como se evidenciará a continuación: Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en que se apoya la causa de improcedencia de referencia, el juicio de amparo será improcedente cuando ello resulte de alguna disposición legal; dicho precepto legal no establece una causa de improcedencia específica, sino más bien una cláusula abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la Ley de Amparo o de la Constitución, distinto a los mencionados en las primeras veintidós fracciones de ese precepto. Al respecto, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVlII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. El criterio sustentado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte, que este Tribunal en Pleno hace suyo, sostiene que la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo que instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 73; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. En ese tenor, del análisis de los actos reclamados y de sus antecedentes, obtenemos que la demanda de garantías es notoriamente improcedente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que en el caso que nos ocupa, tanto el Ayuntamiento, Presidente, Coordinadora General de Política Fiscal y Jefe del Departamento de Registro y Control de Ingresos, todos pertenecientes al ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, residentes en esta ciudad, no tienen el carácter de autoridades para efectos del amparo. En efecto, conforme a los preceptos legales citados, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. De tal suerte que si los actos que se reclaman en un juicio de amparo no se atribuyen a un ente de autoridad con las características antes señaladas, éste resulta improcedente. Así, congruente con la doble personalidad del Estado, sólo podrá legalmente ser considerada autoridad para los efectos del amparo, la que actúe con imperio, como persona de derecho público, cuyo acto, satisfaga las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Es ilustrativa a lo antes puntualizado, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así como la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En esa tesitura, es de particular importancia destacar que de los antecedentes de los actos reclamados, se advierte que la parte quejosa se duele de acoso laboral, derivado de su afiliación a un sindicato y de la petición para el pago de un retroactivo emanado de un incremento salarial, así como del requerimiento para la nueva asignación de actividades laborales. De lo anterior, no se advierte que exista autoridad responsable alguna, ya que nos encontramos ante una relación estrictamente laboral, donde emana la existencia de un patrón y un trabajador, siendo que, el primero de ellos no actúa con el carácter de autoridad en el presente asunto, esto es, investido con imperio y poder coercitivo, sino en su representación de particular en un plano de igualdad, pues de la correlación que existe entre éstos, deviene un acto entre particulares, lo que no implica la realización de actos de autoridad, debido a que no está desarrollando tareas propias del Estado actuando frente a la solicitante de garantías, por el contrario nos encontramos ante actos bilaterales nacidos en virtud de un vínculo de trabajo, en la que la parte patronal determinó la necesidad de cambiar de área y de actividades laborales que desempeñando la hoy quejosa; lo que hace improcedente el presente juicio. Por las razones que informa, resulta aplicable el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter. En consecuencia, cuando la autoridad prescindiendo de su imperio, se sitúa en el mismo plano que los gobernados, y celebra un contrato de trabajo, como acontece en el caso, que regirá entre ellos las relaciones laborales, bajo las cuales la trabajadora desempeñará sus servicios, y dentro de dichas relaciones los trabajadores estiman violados sus derechos laborales, y fueron esas transgresiones las que dieron origen al conflicto planteado ante el Juez Federal, es patente que la autoridad actuó como simple particular y sus actos necesariamente tienen ese carácter. Apoya la anterior consideración, la tesis que reza lo siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. AUTORIDADES DESIGNADAS COMO RESPONSABLES, QUE ACTÚAN COMO PARTICULARES EN UNA RELACIÓN OBRERO PATRONAL. Cuando la autoridad prescindiendo de su imperio, se sitúa en el mismo plano que los gobernados, y celebra un contrato de trabajo que regirá entre ellos las relaciones laborales, bajo las cuales los trabajadores desempeñarán sus servicios, y dentro de dichas relaciones los trabajadores estiman violados sus derechos laborales, y fueron esas transgresiones las que dieron origen al conflicto planteado ante el Juez Federal, la autoridad actuó como simple particular y sus actos necesariamente tienen ese carácter, por lo que el juicio de garantías resulta improcedente, en los términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 1o., fracción I, de la misma ley, y 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Por las relatadas consideraciones, es evidente que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo el 61, fracción XXIII, con relación en los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo; por lo que de conformidad con lo establecido en el diverso 63, fracción V, del mismo cuerpo legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de esta demanda, y se autoriza en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo del citado ordenamiento legal, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Ruperto Hernández Pereyra y Andrés de Jesús Gómez Pérez, lo anterior toda vez que el primero de los nombrados, no tiene inscrita su cédula profesional dentro del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y el segundo de ellos por así haberlo solicitado el promovente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 11,092 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano