Rocio Ordaz Martinez

Expediente 89/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
89/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
08/03/2019

Partes del expediente

  • Rocio Ordaz Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a ocho de marzo de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo concedido en proveído de once de los corrientes, para que la parte quejosa desahogara la prevención formulada en autos, transcurrió del diecinueve al veinticinco del mes en curso, sin que lo hubiera hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó, y con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo ordenado en auto de catorce de febrero de dos mil diecinueve, se notifica a la parte quejosa el acuerdo de once del mes en curso, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, que dice: "Ciudad de México, a once de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por Rocio Ordaz Martinez, contra actos del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio de la Unidad Uno de esta ciudad, y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 89/2019. Previo al análisis de la procedencia del juicio, de conformidad con los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, el juez debe examinar el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, señalará con precisión en el auto relativo en qué consisten, a efecto de que la parte quejosa esté en posibilidad de corregirlas o subsanarlas, según sea el caso. En ese sentido, con fundamento en el último de los preceptos invocados, prevéngase a la amparista para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, mediante escrito subsane las deficiencias en que incurrió, esto es: 1. Precise la denominación de la autoridad señalada como "Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Agencia de la Procuraduría General de Justicia con residencia en la Ciudad de México", pues es un hecho notorio para este juzgado que las Agencias del Ministerio Público se identifican por la Subprocuraduría a la que pertenecen, de Averiguaciones Previas Centrales o Desconcentradas, y estas, por la Coordinación Territorial respectiva, en que se encuentran adscritos agentes del Ministerio Público de diferentes Unidades de Investigación. Lo anterior, pues no debe perderse de vista que en el juicio de amparo el señalamiento de las autoridades responsables, debe ser de tal forma que permita su específico emplazamiento, ya que de la interpretación sistemática del precepto 108, fracción III, en relación con el 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I, de la ley reglamentaria, se advierte que es obligación de este juzgado practicar el emplazamiento y las notificaciones a las mismas por medio de oficio que se entregue en el domicilio de su oficina principal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en la página 186 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, septiembre de 1993, de rubro: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIÉNES SON LAS". 2. Precise bajo protesta de decir verdad, como parte de los hechos y abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados o fundamento de los conceptos de violación, los motivos por los cuales señala como responsables a los Jueces de Control del Sistema Penal Acusatorio de la Unidad Uno a Doce. Lo anterior, toda vez que de la lectura integral del escrito de demanda, no se advierte motivo alguno que justifique los señalamientos de referencia, en tanto si bien señala que ".personas que se dicen agentes de la policía Judicial se presentaron violentamente buscándome en mi domicilio particular.", lo cierto es que no se aprecia razón alguna que permita establecer que las autoridades que refiere son quienes ordenaron los actos que reclama. Por tanto, si en el caso no es posible determinar los motivos por los que atribuye a dichas responsables tal carácter, resulta imprescindible prevenirlo en los términos apuntados para establecer la litis en el presente juicio, en tanto debe existir congruencia entre las circunstancias que describa y las actuaciones de las que se duele. 3. Bajo el referido formalismo legal de protesta de decir verdad, precise los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes de la omisión impugnada, pues del contenido de la demanda no se advierten las circunstancias de hecho respectivas, en tanto se limitó a señalar únicamente que se indicarían más adelante, y finalmente no lo hizo. Aspecto que es necesario que precise, ya que la autoridad señalada como responsable, al rendir su informe justificado, debe pronunciarse respecto del acto o actos en los términos en que se le reclaman, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener su constitucionalidad o la improcedencia del juicio, en términos del artículo 117 de la ley reglamentaria, lo que no acontecería si dicho acto no es claro y preciso. Sin que pase inadvertido para este órgano de control constitucional que si bien, la demanda de amparo debe ser analizada como un todo, lo cierto es que el acto que se analice debe precisarse con claridad, pues sin pretender obviar la causa de pedir, resulta en este momento legalmente imposible admitir a trámite la demanda planteada por la parte quejosa. En efecto, la causa de pedir no puede llegar al extremo de tener como acto reclamado el que no fue propuesto por el promovente del amparo; tampoco puede acusarse una denegación de justicia, pues no es que se esté rehusando a dar trámite a una demanda de amparo, sino que se está ante una obscuridad que no permite divisar lo que la impetrante quiere acusar; considerar lo contrario, podría llevar al extremo de conjeturar en relación con los señalamientos, que se traducen en el acto reclamado. Lo expuesto, en virtud de que a pesar de tratarse de un asunto en materia penal, la suplencia prevista en el dispositivo 79, fracción III, inciso a), de la ley reglamentaria, no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que la parte quejosa señaló, como lo es la indicación de las autoridades responsables y actos reclamados. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia que aparece publicada en la página 593 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, del rubro siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO". En el entendido de que el requerimiento que se formula únicamente podrá desahogarlo la justiciable, no así sus autorizados, porque si bien el precepto 12 de la Ley de Amparo confiere determinadas facultades a quienes son nombrados en esos términos, el señalamiento de los elementos del juicio, sólo corresponde a la titular de la acción constitucional de amparo, aunado a la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, agosto de 2014, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD', ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". Con la precisión de que al desahogar la prevención apuntada deberá proporcionar las copias del escrito de demanda que sean necesarias para correr traslado a cada una de las partes, esto es, autoridades responsables -las que precise-, una para la representación social adscrita, y dos para tramitar el incidente de suspensión que solicita, e igual número de copias del escrito aclaratorio, en términos del numeral 110 de la ley en cita. No es obstáculo para prevenir a la parte quejosa, lo que dispone dicho numeral, en específico en su segundo párrafo, porque a criterio de este juzgado debe interpretarse no de manera aislada, sino de forma integral y sistemática con el diverso 20 de la misma legislación, como se hace enseguida. El precepto primeramente citado, establece: "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos en que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio". De la lectura del artículo precitado, este órgano jurisdiccional considera lo siguiente: 1. Establece las formas en que puede presentarse la demanda de amparo, bajo dos supuestos, a saber: a) Por escrito; y b) Por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos. 2. Determina que cuando se presente en forma escrita, la parte quejosa debe exhibir las copias a que se refiere el primer párrafo. 3. Dispone la expedición oficiosa de tales copias en los casos indicados en el segundo párrafo, que es el que da lugar a la interpretación que se realiza. Así, este órgano de control constitucional estima, que cuando la demanda se presente en forma escrita, la parte quejosa está obligada a exhibir las copias respectivas, como lo establece claramente -sin que tenga duda alguna al respecto-, el primer párrafo en consulta. Por otra parte, también considera que cuando la demanda se presente por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, el órgano jurisdiccional de amparo expedirá oficiosamente las copias correspondientes, en los siguientes supuestos: a) En asuntos del orden penal; b) En asuntos del orden laboral, tratándose de trabajadores; c) Cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces; d) Cuando se puedan afectar los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros; y e) Cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. Luego, en el primer supuesto indicado, que es el que interesa, esto es, "en asuntos del orden penal", la disposición en consulta debe interpretarse -a criterio de este juzgado-, en estricta vinculación con el anunciado artículo 20, que dispone: "Artículo 20. El juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan disposiciones en contrario de autoridades administrativas". Con base en lo expuesto, la interpretación conjunta de los numerales de que se trata, lleva a este órgano de control constitucional a considerar que, en asuntos del orden penal, la expedición oficiosa de copias resulta exclusiva para los supuestos a que alude este último precepto, con independencia de la forma de presentación de la demanda, lo que se justifica dada la trascendencia de la afectación en la esfera jurídica del quejoso y la urgencia que el caso amerita. A criterio de este juzgado, considerar lo contrario podría llevar a innumerables abusos por parte de los gobernados demandantes de amparo que no se encuentren en los supuestos del artículo último en cita, pues cuando en un "asunto del orden penal" se reclamen, verbigracia, el no ejercicio de la acción penal, la determinación de reserva, la negativa a expedir copias en una averiguación previa o proceso, la violación al derecho de petición, e incluso con mayor ejemplificación de los abusos mencionados el supuesto de la orden de aprehensión reclamada de múltiples autoridades, en que ha habido situaciones que superan las quinientas, entre otros muy variados casos, ya que en tales hipótesis bastaría que la parte quejosa presentara únicamente el original de la demanda, sin copia alguna, para que se tuviera que ordenar su expedición oficiosa, cuando no existe justificación para ello. Lo anterior se estima así, porque en primer lugar, si bien es cierto que la redacción del segundo párrafo del artículo 110 que se comenta no establece excepción alguna en cuanto al tema de que se trata, esto es, la expedición oficiosa de copias al disponer de manera genérica "lo mismo que en asuntos del orden penal", no menos cierto resulta que tampoco establece que esa expedición de copias deba hacerse en todo caso, de ahí la interpretación que se realiza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número electrónico 2010048, del rubro siguiente: "COPIAS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. CASO EN EL QUE EL PROMOVENTE NO ESTÁ OBLIGADO A EXHIBIRLAS, POR SUS CONDICIONES DE POBREZA Y MARGINACIÓN, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL NUMERAL 110 DE LA LEY DE AMPARO". Apercibido que de no dar cumplimiento íntegro al presente requerimiento, se procederá de conformidad con el párrafo segundo del dispositivo 114 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, salvo que su desahogo parcial posibilite diverso pronunciamiento. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado, y por autorizadas a las personas mencionadas, únicamente para tales efectos, hasta en tanto, de ser el caso, acrediten que se encuentran legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, pues no se proporcionan los datos correspondientes. Con fundamento en el dispositivo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse; en la inteligencia que de no ser posible su diligenciación por causas atribuibles a la parte que corresponda, se llevarán a cabo por medio de lista, de conformidad con el artículo 27 de la ley señalada, sin necesidad de posterior acuerdo. No pasa inadvertido para este juzgado la referencia en la demanda de diversa persona a la quejosa, pues resulta claro que se trata de una imprecisión en la misma que no amerita prevención en sentido alguno".

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la quejosa.

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