Rocio Muñoz Domínguez
Expediente 352/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 352/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 01/12/2021
Partes del expediente
- Rocio Muñoz Domínguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Declaración de estado. Vista la razón secretarial de cuenta se tiene que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo, ha causado estado. Archivo de asunto Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales", publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido; toda vez que en el presente sumario constitucional se desechó la demanda de amparo y dicho auto no fue recurrido. Valoración Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3°, fracción XVIII del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Asimismo, que por auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda en el presente juicio biinstancial; en consecuencia, se considera que es susceptible de destrucción, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los citados numerales 12 y 14; en virtud que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b) del referido Acuerdo General. Además, se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado; esto es, no versó sobre delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Destino Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Firma del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esta determinación se firmará electrónicamente.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por el que remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el amparo directo ******/2021, del que se desprende negó la protección constitucional a la parte quejosa, lo anterior, para los efectos legales a los que haya lugar en el presente asunto. Por otra parte, de autos se advierte que mediante proveído de veinte de abril del año en curso, se reservó acordar lo conducente respecto del diverso acto reclamado, consistente en el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, por el que se declara ejecutoriada la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario mercantil ... del índice del Juzgado Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, lo anterior, hasta en tanto la superioridad resolviera sobre la constitucionalidad del acto reclamado por el cual este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para su conocimiento, lo que en la especie ya aconteció, en consecuencia: Desechamiento de la demanda: En relación al acto reclamado consistente en el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, por el que se declara ejecutoriada la sentencia definitiva dictada en el juicio natural ordinario mercantil * del índice del Juzgado Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, se provee: El artículo 62 de la Ley de Amparo, impone: "Las causas de improcedencia se analizaran de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En el caso, opera la hipótesis de improcedencia prevista por la fracción XVIII del numeral 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. - - - Se exceptúa de lo anterior: - - - a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; - - - b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; - - - c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. - - - d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. - - - Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Así es, el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado; este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia constitucional. Lo anterior, obedece a que los procesos de impugnación tienen como finalidad el brindar una seguridad jurídica a las partes en conflicto, la cual, en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa que la garantía dada al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas protección y reparación; medida que impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el mismo juez que los emitiera, o bien, ante uno de mayor jerarquía. Es aplicable la tesis jurisprudencial I.6o.C. J/37 visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Así, los elementos que integran la causal de improcedencia del juicio de amparo en estudio, son los siguientes: a). Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b). Que la ley que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; c). Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, d). Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Estableciendo como excepciones: 1. Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. 4. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. 5. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; supuesto en el cual, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Precisado lo anterior, se advierte que se colman los supuestos previstos en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado consistente en el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, por el que se declara ejecutoriada la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, es susceptible de revocarse o modificarse mediante el recurso de apelación en términos del artículo 1341 del código de comercio, el cual establece: "Art. 1341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone.". Del numeral transcrito se desprende en lo que interesa, que son apelables los autos que causen un gravamen que no pueda repararse en la sentencia definitiva, y el auto por el que se declara ejecutoriada una sentencia es precisamente de los que no es reparable en el propio fallo. En ese sentido, contra el acto reclamado consistente en el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, por el que se declara ejecutoriada la sentencia definitiva dictada en el juicio natural; es procedente el recurso de apelación previsto en los artículos 1340 y 1341 del Código de Comercio. Apoya lo anterior, la tesis III.4o.C.24 C emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible a foja 1450, tomo XX, Novena Época, Diciembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto señalan: "SENTENCIA. EL AUTO QUE LA DECLARA EJECUTORIADA ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PREVIA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN MERCANTIL). Contra el proveído dictado en un juicio ejecutivo mercantil en el que se declara ejecutoriada la sentencia definitiva, en virtud de que causa un gravamen no reparable en el propio fallo, ya que es posterior al pronunciamiento de éste y, en aquellos casos en que se satisface la hipótesis que establece el artículo 1340 del Código de Comercio procede el recurso de apelación, a la luz del precepto 1341 del mismo ordenamiento; por tanto, previo a interponer el juicio de amparo indirecto en su contra, debe observarse el principio de definitividad. No es óbice a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 83/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 21, Tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SENTENCIA. EL AUTO QUE LA DECLARA EJECUTORIADA ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR TRATARSE DE UN ACTO DICTADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO.", puesto que los temas dilucidados en la ejecutoria que le dio origen, según se observa de su estudio minucioso, consistieron en determinar qué clase de resolución es el auto en el que se declara que una sentencia ha causado ejecutoria; cuál es el juicio de amparo procedente, si el directo o indirecto, y lo que debe entenderse por juicio para efectos del amparo; empero, no se involucró el tema atinente al principio de definitividad, esto es, si previo a la promoción del juicio de garantías indirecto, que finalmente se determinó era el adecuado, debía o no hacerse valer el recurso ordinario correspondiente." Conforme a lo anterior, es evidente que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, dado que el Código Comercio concede un medio de defensa para impugnar la resolución reclamada, mismo que de resultar fundado, tendría el efecto de revocar o modificar la determinación en ese procedimiento y, por lo mismo, el mencionado recurso debió agotarse antes de acudir al juicio de amparo, cuya ley reglamentaria impide el estudio de cuestiones que carezcan de definitividad. De ahí que es innegable que se actualizan los elementos destacados que exige la causa de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado proviene de un tribunal judicial (Juez Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla), respecto del cual la ley aplicable prevé un medio de defensa dentro del procedimiento del cual emana el acto de autoridad (recurso de apelación), mismo que de resultar fundado se podría obtener en su caso la revocación o modificación del auto veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Asimismo, en la especie no se actualiza alguno de los supuestos de excepción para el principio de definitividad estudiado, en razón que el acto reclamado en análisis no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menos aun de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; ni se trata de un auto de vinculación a proceso. Sin que pase desapercibido para el suscrito la existencia de la jurisprudencial 1a./J. 83/2001 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 21, Noviembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "SENTENCIA. EL AUTO QUE LA DECLARA EJECUTORIADA ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR TRATARSE DE UN ACTO DICTADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO.", pues como se estableció en la tesis que sirvió de apoyo en el dictado del presente proveído, los temas que se dilucidaron en la ejecutoria que dio origen a la citada jurisprudencia consistieron en determinar qué clase de resolución es el auto en el que se declara que una sentencia ha causado ejecutoria; cuál es el juicio de amparo procedente, si el directo o indirecto, y lo que debe entenderse por juicio para efectos del amparo; no así cuestiones atinentes al principio de definitividad. En consecuencia, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de amparo por su notable improcedencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado este proveído archívese este asunto como concluido. Firma del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA ROCIO MUÑOZ DOMINGUEZ, EL ACUERDO DE FECHA DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por el que remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el amparo directo ******/2021, del que se desprende negó la protección constitucional a la parte quejosa, lo anterior, para los efectos legales a los que haya lugar en el presente asunto. Por otra parte, de autos se advierte que mediante proveído de veinte de abril del año en curso, se reservó acordar lo conducente respecto del diverso acto reclamado, consistente en el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, por el que se declara ejecutoriada la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario mercantil ... del índice del Juzgado Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, lo anterior, hasta en tanto la superioridad resolviera sobre la constitucionalidad del acto reclamado por el cual este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para su conocimiento, lo que en la especie ya aconteció, en consecuencia: Desechamiento de la demanda: En relación al acto reclamado consistente en el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, por el que se declara ejecutoriada la sentencia definitiva dictada en el juicio natural ordinario mercantil * del índice del Juzgado Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, se provee: El artículo 62 de la Ley de Amparo, impone: "Las causas de improcedencia se analizaran de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En el caso, opera la hipótesis de improcedencia prevista por la fracción XVIII del numeral 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. - - - Se exceptúa de lo anterior: - - - a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; - - - b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; - - - c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. - - - d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. - - - Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Así es, el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado; este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia constitucional. Lo anterior, obedece a que los procesos de impugnación tienen como finalidad el brindar una seguridad jurídica a las partes en conflicto, la cual, en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa que la garantía dada al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas protección y reparación; medida que impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el mismo juez que los emitiera, o bien, ante uno de mayor jerarquía. Es aplicable la tesis jurisprudencial I.6o.C. J/37 visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Así, los elementos que integran la causal de improcedencia del juicio de amparo en estudio, son los siguientes: a). Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b). Que la ley que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; c). Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, d). Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Estableciendo como excepciones: 1. Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. 4. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. 5. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; supuesto en el cual, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Precisado lo anterior, se advierte que se colman los supuestos previstos en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado consistente en el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, por el que se declara ejecutoriada la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, es susceptible de revocarse o modificarse mediante el recurso de apelación en términos del artículo 1341 del código de comercio, el cual establece: "Art. 1341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone.". Del numeral transcrito se desprende en lo que interesa, que son apelables los autos que causen un gravamen que no pueda repararse en la sentencia definitiva, y el auto por el que se declara ejecutoriada una sentencia es precisamente de los que no es reparable en el propio fallo. En ese sentido, contra el acto reclamado consistente en el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, por el que se declara ejecutoriada la sentencia definitiva dictada en el juicio natural; es procedente el recurso de apelación previsto en los artículos 1340 y 1341 del Código de Comercio. Apoya lo anterior, la tesis III.4o.C.24 C emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible a foja 1450, tomo XX, Novena Época, Diciembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto señalan: "SENTENCIA. EL AUTO QUE LA DECLARA EJECUTORIADA ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PREVIA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN MERCANTIL). Contra el proveído dictado en un juicio ejecutivo mercantil en el que se declara ejecutoriada la sentencia definitiva, en virtud de que causa un gravamen no reparable en el propio fallo, ya que es posterior al pronunciamiento de éste y, en aquellos casos en que se satisface la hipótesis que establece el artículo 1340 del Código de Comercio procede el recurso de apelación, a la luz del precepto 1341 del mismo ordenamiento; por tanto, previo a interponer el juicio de amparo indirecto en su contra, debe observarse el principio de definitividad. No es óbice a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 83/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 21, Tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SENTENCIA. EL AUTO QUE LA DECLARA EJECUTORIADA ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR TRATARSE DE UN ACTO DICTADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO.", puesto que los temas dilucidados en la ejecutoria que le dio origen, según se observa de su estudio minucioso, consistieron en determinar qué clase de resolución es el auto en el que se declara que una sentencia ha causado ejecutoria; cuál es el juicio de amparo procedente, si el directo o indirecto, y lo que debe entenderse por juicio para efectos del amparo; empero, no se involucró el tema atinente al principio de definitividad, esto es, si previo a la promoción del juicio de garantías indirecto, que finalmente se determinó era el adecuado, debía o no hacerse valer el recurso ordinario correspondiente." Conforme a lo anterior, es evidente que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, dado que el Código Comercio concede un medio de defensa para impugnar la resolución reclamada, mismo que de resultar fundado, tendría el efecto de revocar o modificar la determinación en ese procedimiento y, por lo mismo, el mencionado recurso debió agotarse antes de acudir al juicio de amparo, cuya ley reglamentaria impide el estudio de cuestiones que carezcan de definitividad. De ahí que es innegable que se actualizan los elementos destacados que exige la causa de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado proviene de un tribunal judicial (Juez Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla), respecto del cual la ley aplicable prevé un medio de defensa dentro del procedimiento del cual emana el acto de autoridad (recurso de apelación), mismo que de resultar fundado se podría obtener en su caso la revocación o modificación del auto veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Asimismo, en la especie no se actualiza alguno de los supuestos de excepción para el principio de definitividad estudiado, en razón que el acto reclamado en análisis no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menos aun de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; ni se trata de un auto de vinculación a proceso. Sin que pase desapercibido para el suscrito la existencia de la jurisprudencial 1a./J. 83/2001 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 21, Noviembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "SENTENCIA. EL AUTO QUE LA DECLARA EJECUTORIADA ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR TRATARSE DE UN ACTO DICTADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO.", pues como se estableció en la tesis que sirvió de apoyo en el dictado del presente proveído, los temas que se dilucidaron en la ejecutoria que dio origen a la citada jurisprudencia consistieron en determinar qué clase de resolución es el auto en el que se declara que una sentencia ha causado ejecutoria; cuál es el juicio de amparo procedente, si el directo o indirecto, y lo que debe entenderse por juicio para efectos del amparo; no así cuestiones atinentes al principio de definitividad. En consecuencia, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de amparo por su notable improcedencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado este proveído archívese este asunto como concluido. Firma del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de tres de agosto del año en curso, se solicitó al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito a fin de que, de no tener inconveniente, informara si ya resolvió el amparo directo D-154/2021, lo anterior por ser necesario a fin de proveer lo conducente respecto a diverso acto reclamado por la quejosa en el presente juicio, sin que a la presente fecha haya informado lo conducente, no obstante de estar legalmente notificado el seis de agosto del año en curso, tal y como se advierte de la constancia de interconexión que obra en autos, en consecuencia, se provee: Solicitud a la superioridad Solicítese nuevamente al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que de no tener inconveniente legal alguno, informe a este órgano jurisdiccional si ya resolvió el juicio de amparo directo D-154/2021 de su índice, lo anterior por ser necesario a fin de proveer lo conducente respecto a diverso acto planteado por la quejosa, y en caso de que no se haya resuelto, informe lo conducente. Firma del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta determinación se firmará electrónicamente.
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