Rocío Marbella Cravioto Arias
Expediente 283/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 283/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/09/2023
Partes del expediente
- Rocío Marbella Cravioto Arias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Juicio de Amparo Directo
1. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que, las partes no formularon inconformidad respecto de la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 202, de la Ley de Amparo, se declara que la resolución aludida ha quedado firme. 2. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que no existe diligencia pendiente por practicar; en consecuencia, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control. 3. Atendiendo a la información contenida en el expediente judicial en que se actúa y con la finalidad de precisar el plazo de resguardo, así como el criterio para su destino final, el presente expediente se clasifica como un asunto CONSERVABLE, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, fracción II y 17, fracción I, inciso a, del Acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. 4. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente quedará en resguardo documental de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto transcurra el plazo de tres años a partir de esta fecha; después será transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal.
- Juicio de Amparo Directo
Vistos los presentes autos de los que se advierte que en proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la quejosa Rocío Marbella Cravioto Arias, así como a las autoridades terceras interesadas Presidenta y Comité de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, con la sentencia que en acatamiento a la ejecutoria de amparo envió la Secretaria General de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Toluca, a efecto de que comparecieran ante este Tribunal a imponerse de aquélla, con el fin de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio en que se actúa, y, no desahogaron tal vista, según se desprende de la certificación que antecede. En ese sentido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, la suscrita Magistrada Presidenta procede a determinar oficiosamente si se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente expediente. En estas condiciones, para estar en aptitud de establecer si los actos realizados por la autoridad responsable cumplen con los lineamientos fijados en el fallo protector dictado por este Tribunal Colegiado, es preciso tomar en cuenta lo siguiente: En sesión ordinaria virtual de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, este Órgano de Control Constitucional resolvió el juicio de amparo directo en que se actúa, promovido por Rocío Marbella Cravioto Arias, por propio derecho, concediéndole el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable: "I.- Deje insubsistente el fallo reclamado de cinco de agosto de dos mil veinte. II.- Emita otro en el que, reasuma jurisdicción y declare la invalidez del acto reclamado, con base en las consideraciones vertidas en la presente resolución, relativas a que el acto reclamado consistente en el dictamen de pensión contenido en el oficio CP/12629/2014, de dieciséis de octubre de dos mil catorce, carece de fundamentación y motivación. III.- En consecuencia, ordene a las autoridades demandadas que emitan un nuevo dictamen respecto al monto diario de pensión que corresponde a Rocío Marbella Cravioto Arias, en el que de manera expresa señalen la fecha de ingreso al servicio público, los periodos cotizados, el fundamento legal considerado para determinar la tasa de reemplazo que le corresponde, señalen de forma específica la legislación aplicable, con relación a los requisitos de edad y tiempo de servicios, así como la exposición de las operaciones aritméticas que realizaron, para determinar el monto diario de pensión, lo anterior, en el entendido de que, todo ello, debe formar parte de la resolución determinante de la prestación de seguridad social, es decir, deberá incluirse en el dictamen relativo. En este sentido, las autoridades demandadas deberán emitir el nuevo dictamen, bajo los parámetros siguientes: a) Determinar la cuota diaria de pensión, tomando en consideración lo señalado por el propio instituto, en la Hoja de Periodos Cotizados, relativo a que: -La última fecha de ingreso al servicio de la quejosa fue el dieciséis de junio de mil novecientos setenta y cinco. b) Que la solicitud de pensión tuvo lugar el veintisiete de febrero de dos mil catorce. -Por lo cual, el monto diario de pensión que se determine a la quejosa, debe fundarse en la ley aplicable vigente en tal momento, es decir, en el año dos mil catorce. IV. Lo anterior, sin que se deje de pagar el monto de pensión ya determinado, pues, en caso de que resultara un monto mayor al ya otorgado, deberá realizarse el pago de las diferencias resultantes." Ahora bien, por oficio TJA/SGA/5996/20216 , recibido en la Oficialía de Partes de este Primer Tribunal Colegiado, el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, la Secretaria General de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Toluca, remitió la sentencia dictada el diecinueve del mes y año en cita, en el juicio de nulidad de origen, de la que se advierte que en su considerando Quinto7 , la responsable dejó insubsistente su anterior determinación de cinco de agosto de dos mil veinte, lo cual fue reiterado en su resolutivo Primero. Por lo antes expuesto, se advierte que se encuentra cumplida la directriz contenida en el numeral I, de la sentencia emitida por este Órgano Jurisdiccional. Asimismo, en el considerando Séptimo8 los integrantes de la Sala Superior responsable, con fundamento en el artículo 288 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, revocaron la sentencia impugnada y, en estricto cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Órgano Colegiado, reasumieron jurisdicción y determinaron fundado lo manifestado por la parte actora, relacionado a la indebida fundamentación y motivación del dictamen de pensión contenido en el oficio CP/12629/2014, de dieciséis de octubre de dos mil catorce. Lo anterior, en virtud de que, del estudio realizado al oficio citado en líneas precedentes, se advirtió que la autoridad demandada determinó un monto diario de pensión en cantidad de $771.62 (setecientos setenta y un pesos 62/100 moneda nacional), con fundamento en los artículos 67, 68 y 71 de la Ley de Seguridad Social; sin embargo, dicha determinación no podría tenerse por correcta, al no generar certeza jurídica respecto de las disposiciones efectivamente aplicadas en el acto de autoridad, ya que al no haberse expresado, en el acto impugnado, la legislación en que se sustentó la emisión del dictamen y el cálculo de pensión, resultó inconcuso que se veda el derecho de defensa a la actora, aunado a la transgresión a los principios de legalidad y certeza jurídica. En efecto, del acto impugnado no se advirtió la Ley en Materia de Seguridad Social que hubiera sido aplicada por la autoridad demandada, aunado a que tampoco se precisó la fecha del último ingreso al servicio público de la pensionada para efecto de acceder a una pensión y si bien se señaló que a la fecha de la emisión del dictamen contaba con cincuenta y siete (57) años de edad, treinta y siete (37) años, siete (7) meses, diecisiete (17) días de servicio, determinó que por aproximación resultan treinta y siete (37) años, lo que era incorrecto, ya que por aproximación son treinta y ocho (38) años; asimismo, omitió señalar los periodos cotizados, las consideraciones jurídicas y los cálculos aritméticos que la llevaron a determinar que le correspondía a la actora un 121% (ciento veintiún por ciento) de las percepciones y al monto diario de pensión en cantidad de $771.62 (setecientos setenta y un pesos 62/100 moneda nacional). Asimismo, no se advirtió que en el acto impugnado se hubiera especificado la legislación aplicable a los requisitos de edad y tiempo de servicio, ni que se hubieran detallado las operaciones aritméticas para determinar el monto diario de pensión; por lo que se transgredió lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional, por ende, se declaró su invalidez. Por lo que, con fundamento en el artículo 276 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se condenó a las autoridades demandadas a que dentro de un plazo de tres días siguientes, una vez que se declare firme la sentencia emitida por la Sala Superior de origen, procedan a emitir un nuevo dictamen respecto al monto diario de pensión que corresponde a la quejosa Rocío Marbella Cravioto Arias, en los siguientes términos: ?De manera expresa señalen la fecha de ingreso al servicio público, los periodos cotizados, el fundamento legal considerado para determinar la tasa de reemplazo que le corresponda, indiquen de forma específica la legislación aplicable, con relación a los requisitos de edad y tiempo de servicios, así como la exposición de las operaciones aritméticas que realizaron, para determinar el monto diario de pensión, lo anterior, en la inteligencia de que, todo ello, debería formar parte de la resolución determinante de las prestaciones de seguridad social, esto es, deberían incluirse en el dictamen relativo. ?Determinen la cuota diaria de pensión, tomando en consideración lo señalado por el propio instituto, en la Hoja de Periodos Cotizados, relativo a que: o La última fecha de ingreso al servicio de la quejosa fue el dieciséis de junio de mil novecientos setenta y cinco. ? Que la solicitud de pensión tuvo lugar el veintisiete de febrero de dos mil catorce. o Por lo cual, el monto diario de pensión que se determine a la quejosa, debe fundarse en la ley aplicable vigente en tal momento, es decir, en el año dos mil catorce. ? Lo anterior, sin que deje de pagar el monto de pensión ya determinado, pues, en caso de que resulte un monto mayor al ya otorgado, deberá realizar el pago de las diferencias resultantes. De lo anterior, es evidente que la autoridad responsable dio cumplimiento a los efectos precisados en los numerales II, III y IV de la ejecutoria dictada por este Órgano de control constitucional. Ahora bien, de la comparación de los efectos para los cuales se concedió la protección federal a la parte quejosa, con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable, como se examinó líneas arriba, se considera que no incurrió en defecto, pues su actuación se adecuó a los lineamientos expuestos por este Tribunal Colegiado; esto es, su conducta no resulta incompleta y es acorde con los términos en que se concedió el amparo. Asimismo, tampoco se incurre en exceso en el cumplimiento, dado que la responsable no rebasó los límites y alcances fijados en el fallo protector, ya que no fue más allá de lo que se ordenó en la sentencia de amparo. Apoya la determinación anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, página 741, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA. Conforme al sistema previsto en los artículos 196, 201 y 203 de la Ley de Amparo, el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su consumación, pues al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de esas ejecutorias o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de este medio de impugnación, la satisfacción de esas obligaciones, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento para que, en su caso, se examinen en un nuevo juicio." Por tales razones se estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni en defecto en el cumplimiento de la ejecutoria dictada por este Órgano Colegiado, pues acató en sus términos los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida en su totalidad la ejecutoria emitida por el Pleno de este Tribunal Colegiado en el presente asunto. NOTIFÍQUESE.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio de cuenta del índice de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, mediante el cual, remite copia certificada de la resolución dictada el diecinueve de agosto del año que transcurre, en el recurso de revisión 542/2019, con la que dice dar cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio de amparo. Con apoyo en los artículos 196 de la Ley de Amparo, así como 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la propia ley, se ordena dar vista a la quejosa Rocío Marbella Cravioto Arias; así como a las autoridades terceras interesadas, presidenta y comité de pensiones, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; con la sentencia recibida para que en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, comparezcan ante este tribunal a imponerse de ella, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, o bien, sobre el exceso o defecto en tal cumplimiento, apercibidos que de ser omisos, esta presidencia determinará lo procedente, en términos de la circular 11/2017- AGP suscrita por el secretario general de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del instrumento normativo aprobado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican el inciso D) de la fracción VI y la fracción XVI, y se deroga la fracción XIV, del punto segundo; se modifica la fracción IV, y se adiciona una fracción V, respecto del punto cuarto; se modifica la fracción I, párrafo primero, y se adiciona una fracción IV, respecto del punto octavo; se modifican el párrafo segundo y la fracción IV, del punto noveno, y se modifican los puntos décimo y décimo tercero, párrafo segundo, del Acuerdo general número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del tribunal pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las salas y a los tribunales colegiados de circuito. Ahora, en razón de que el referido artículo 196 no obliga al órgano de amparo a notificar de manera personal a la parte quejosa ni tercera interesada (o por oficio en el caso de que este último carácter recaiga en una autoridad) la vista otorgada y tampoco la presente determinación se encuentra prevista en las fracciones I y II del artículo 26 de la Ley de Amparo, este acuerdo deberá notificarse a las partes en términos de la fracción III del mencionado artículo 26, a fin de que en el término concedido en el párrafo que antecede, desahoguen la vista ordenada, debiéndose transcribir íntegramente en la lista electrónica que para tal efecto se publique; por tanto, queda a su disposición en la secretaría de acuerdos de este tribunal el expediente en que se actúa, en el que se encuentra glosada la copia certificada de la sentencia en comento. Para que las partes puedan consultar de la sentencia recibida, en la secretaría de acuerdos de este tribunal colegiado, deberán generar una cita a través del sistema "Agenda OJ" en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo general 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica. Cúmplase.
- Juicio de Amparo Directo
1. Visto el oficio de cuenta, del índice de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, mediante el cual, acusa recibo del diverso 1244-II-3, de nuestra estadística, con el que se devolvieron a esa autoridad los autos del recurso de revisión 542/2019, así como el juicio administrativo 1041/2017; y, se remitió testimonio de la resolución dictada en el expediente en que se actúa. 2. En relación con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se informa que reasignó el recurso de revisión de origen al magistrado Claudio Gorostieta Cedillo, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente, por lo que, una vez hecho lo anterior, remitirá copia certificada de esa resolución a este órgano colegiado. 3. En consecuencia, téngase a la sección oficiante informando las gestiones que está llevando a cabo para dar cumplimiento al fallo protector.
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