Rocio Lopez Alvarez

Expediente 50/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
50/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
01/03/2021

Partes del expediente

  • Rocio Lopez Alvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta, con evidencia criptográfica de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) correspondiente al Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual transcribe el proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, en el que la titular de ese órgano jurisdiccional ordenó el acuse de recibo correspondiente a los autos del juicio de amparo ****, que diera origen al presente sumario, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Finalmente, remítase el presente expediente como asunto concluido al archivo judicial.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Visto el escrito de demanda de amparo, promovido por ***** en favor del quejoso *****, contra actos del Director y/o quien en derecho corresponda del Hospital de Ortopedia "Magdalena de las Salinas"; fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 50/2021. Ahora, de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado "..la determinación de la negativa médica en la aplicación nutriente natural denominado HIDROTENE que contiene caroteno rojo hidrosoluble, el cuál resulta un precursor de la hemoglobina; de la vitamina A, actuando a nivel celular en forma endógena, al paciente enfermo de Covid-19 *****, actualmente internado, con status de intubación, segundo piso, cama ***, con NSS *****, área de medina interna, del Hospital de Ortopedia "Magdalena de Las Salinas"." (sic). Asimismo, de la lectura integral de escrito que se atiende, se desprende que la parte promovente aduce que "el estado de salud del antes mencionado se ha agravado, según datos que el mencionado Hospital ha informado al día 18 de enero del presente año en curso por vía telefónica a los familiares del antes mencionado, que el estado de salud que presenta es muy delicado con riesgo de complicaciones. . 4).- No omitiendo manifestar, el deseo y la firme intención de la familia del Impetrante de Garantías C. ***** en tener una alternativa médica ó de otra índole con el afán de obtener una mejoría de salud del antes mencionado, siendo el caso de que por testimonios de persona que estuvieron delicados de salud por el contagio de Covid-19 y a quienes realmente les consta los resultados favorables que obtuvieron en su salud tomando el nutriente natural denominado HIDROTENE que contiene caroteno rojo hidrosoluble, el cual resulta un precursor de la hemoglobina, de la vitamina A, actuando a nivel celular en forma endógena... 5).- Siendo el caso de que el día de ayer 20 de los corrientes, familiares del tantas veces mencionado paciente acudieron al citado Nosocomio con el ánimo de hablar con el Director del Hospital de Ortopedia "Magdalena de Las Salinas" para solicitarle tal suministro, el cual rotundamente se negó, manifestando que el lugar en donde se encuentran los enfermos de Covid-19 se encuentra sellado herméticamente, que nadie tiene acceso." (sic) En ese sentido, este Juzgado de Distrito estima que carece de competencia legal por razón de materia para conocer de la demanda promovida por ***** en favor de *****, en razón de que el acto que en esta vía constitucional se combate es la negativa a suministrar lo que denomina "un nutriente natural" atribuido a una autoridad administrativa, y que a su decir puede mejorar la salud del directo quejoso. En efecto, para determinar si un órgano judicial federal es competente por razón de materia para conocer de una demanda de amparo, se debe tomar en consideración la naturaleza de la acción o pretensión, a lo que, regularmente, se arriba mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda. Al respecto, se enfatiza que la competencia es presupuesto procesal de orden público e interés general, que técnicamente ha sido considerado como el límite a la jurisdicción, esto es, la facultad de decir el derecho. Así, tratándose del juicio constitucional, la Ley de Amparo, en conjunto con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ha determinado diversos tipos de competencias para los jueces de distrito, entre las que destacan: a) Competencia por territorio. b) Competencia por materia. c) Competencia por grado; y d) Competencia auxiliar. Sobre este contexto, la competencia por razón de materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. En la República Mexicana, esa competencia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales civiles, administrativos, penales y laborales, entre otros, a cada uno de los cuales corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Al efecto, conviene citar el contenido del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "ARTICULO 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De lo anterior se aprecia, que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, son competentes para conocer de los juicios de amparo, que se promuevan en los siguientes casos: I. Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial; II. Contra actos que afecten la libertad personal, independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal; III. Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; IV. Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal; y, V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. En ese contexto, la suscrita estima que el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable en la demanda de amparo, no se ubica en alguna de las hipótesis señaladas en párrafos que anteceden, en virtud de que no se trata de una resolución judicial del orden penal, ni de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el ordinal 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tampoco de juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII, del arábigo 107 constitucional, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; ni de juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en términos de la Ley de Amparo y tampoco se trata de una denuncia por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, que para establecer la competencia el juez de distrito no sólo se debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen a ésta para advertir los datos que, razonablemente, hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Cobra sustento a lo que antecede, el criterio emitido por la citada Sala, consultable en la página noventa y cuatro, Tomo IX, Mayo de mil novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." En ese orden, como se anunció, la que ahora provee considera que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para resolver el presente asunto respecto del acto reclamado; ya que como se dijo, el acto reclamado consiste en la negativa a suministrar lo que denomina "un nutriente natural", y que a su decir puede mejorar la salud del directo quejoso; atribuido a una autoridad perteneciente a la Administración Pública Federal, como lo es el médico "Director del Hospital de Ortopedia Magdalena de Las Salinas". Lo cierto es que el acto combatido es inherente a una instancia de carácter claramente administrativo que no está relacionada con el desarrollo de una actividad materialmente penal, tendiente a comprobar la existencia del cuerpo del delito y a determinar si se reúnen los elementos necesarios que hagan presumir su probable responsabilidad en su comisión o algún caso análogo, por lo que el acto reclamado encuadra en el supuesto establecido por la fracción IV del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al no actualizarse los supuestos de las fracciones II del artículo 50 y III del diverso 51 de la ley en cita. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 32/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 859, Libro 36, Noviembre de 2006, Tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SEGUIDO CONTRA UN SERVIDOR ADSCRITO AL MINISTERIO PÚBLICO, CON MOTIVO DE SU ACTUACIÓN EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. La averiguación previa, junto con las diligencias judiciales, integran un todo indivisible que constituye el procedimiento penal y, por tanto, los actos o abstenciones que tengan lugar durante su integración corresponden a esta última materia. En cambio, el procedimiento derivado de la interposición de una queja en contra de un Agente del Ministerio Público, o de un servidor adscrito a este último órgano, con motivo de una posible actuación irregular durante la averiguación previa, tiene una naturaleza administrativa. En efecto, el procedimiento disciplinario se ciñe únicamente a verificar que la actuación materia de la queja se apegue a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el desempeño de todos los servidores públicos a que se refieren los artículos 108 y 109, fracción III, de la Constitución General y, por tanto, de resultar fundada, da lugar a la imposición de sanciones también de carácter administrativo, tales como la amonestación pública o privada, la suspensión, la remoción del cargo, sanciones económicas o la inhabilitación para ocupar cargos, empleos o comisiones en el sector público. En este orden de ideas, el procedimiento disciplinario seguido en razón de la actuación del servidor público con motivo de la integración de la averiguación previa, no tiene como objeto la revisión del procedimiento penal en calidad de segunda instancia, sino que se ciñe únicamente a la revisión de la actuación del servidor público sujeto a la queja o denuncia. Por lo que se refiere a la autoridad que instruye el procedimiento e impone las sanciones, ésta también es administrativa, ya que tratándose de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, corresponde a la Contraloría General del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, por conducto de la Contraloría Interna en la misma Procuraduría, imponer a los servidores públicos de la institución las sanciones administrativas a que haya lugar, en términos del artículo 76 de la Ley Orgánica respectiva; y con respecto a la Federación, compete a la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República tramitar las quejas que se presenten por presuntas irregularidades o por el incumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos de dicha institución, en términos del artículo 21 de la Ley orgánica de dicha Procuraduría. Consecuentemente, con apoyo en lo establecido en el artículo 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde a un Juzgado de Amparo en Materia Administrativa conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra una resolución dictada dentro del procedimiento administrativo de queja por irregularidades o incumplimiento de las obligaciones a las que se encuentran sujetos los servidores públicos mencionados, aun cuando se aduzca que las mismas se cometieron durante la integración de una averiguación previa." En las relatadas circunstancias, con fundamento en lo previsto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que para tal efecto se forme, deberá remitirse el expediente en que se actúa al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, a fin de que provea sobre la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional. Por otra parte, es importante destacar que si bien la parte quejosa reclama la negativa a suministrar lo que denomina "un nutriente natural" atribuido a una autoridad administrativa; lo cierto es, que sus alegaciones van encaminadas a evidenciar que ello pone en grave riesgo la salud del directo quejoso; en ese contexto, considerando que los órganos de control de la constitucionalidad nos encontramos obligados a velar porque se logre una efectiva protección de los derechos humanos de los gobernados; y con ello evitar que se ponga en peligro la vida del promovente; por tanto, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO del acto reclamado, para el efecto de que las autoridades hospitalarias tomen las medidas pertinentes de acuerdo a sus conocimientos profesionales, protocolos y a los lineamientos que al efecto haya emitido la Secretaría de Salud, para que en la medida de lo posible se conserve la vida e integridad física de *****. Ello, considerando que es un hecho del conocimiento común la gravedad y letalidad del virus COVID-19. En el entendido de que esta suspensión, de ninguna manera tiene el efecto de obligar a los médicos del lugar en que se encuentra interno, a aplicar el tratamiento que aduce la parte promovente en la demanda, pues se desconocen los alcances científicos y repercusiones del mismo, máxime que ni siquiera refiere que haya sido indicado por el médico tratante, por ello, esa es una cuestión que será materia de análisis en la resolución definitiva que en su momento emita el Juez competente. Es necesario hacer notar que el cumplimiento de la suspensión decretada en el presente proveído, es de orden público y por ende debe velarse que se acate de conformidad con lo previsto en el artículo 158 de la Ley de Amparo; por lo que las autoridades responsables deberán rendir informe a este Juzgado de Distrito dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, sobre el acatamiento a esta medida, bajo el apercibimiento que de no cumplir, a la omisa, se impondrá una multa de DOSCIENTOS DÍAS de unidades de medida y actualización de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las autoridades que la violación del presente mandato equivale a la comisión de un delito de abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, ilícito que si se llegare a consumar, de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, para que actúe dentro del ámbito de sus atribuciones legales. Por otra parte, de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que publica este Juzgado Federal así como dos correos electrónicos; en ese orden, para dar certeza a las partes respecto al lugar en que recibirán notificaciones, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se ordena la notificación de este acuerdo y las subsecuentes, aún los de carácter personal, por medio de lista. Respecto de las direcciones electrónicas ***** y/o *****, a que hace mención la parte quejosa, de conformidad con el Acuerdo General 13/2020, artículo 2, fracción XIX, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al encontrarnos en un caso de excepción y con el claro objeto de resguardar la integridad del personal de este juzgado y de los justiciables, por el momento se autorizan los mismos para entablar una mejor comunicación. Se tienen por autorizados para oír notificaciones en su nombre, interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, en atención a que se encuentra dado de alta en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal, ante los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, en el citado Acuerdo General 13/2020, se estableció que a efecto de observar los principios de justicia pronta y expedita en las condiciones sanitarias actuales, es necesario que se recurra a las herramientas tecnológicas para la continuación de los sumarios, de ahí que la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Consecuentemente, con fundamento en dicho instrumento normativo, se exhorta a las partes (a que transiten al esquema de actuación desde el portal de servicios en línea, para lo cual deberán designar un nombre de usuario para la consulta del expediente electrónico y ese medio para oír y recibir notificaciones personales. Solo para el caso de que el Consejo de la Judicatura Federal permita el acceso del público a las instalaciones de este órgano, desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte promovente de amparo y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan y atendiendo a los lineamientos que en su momento establezca el propio Consejo. En el entendido que las mismas podrán ser solicitadas de manera verbal por las partes o autorizados en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, directamente en la mesa de trámite que corresponda en las circunstancias precisadas con anterioridad. Asimismo, bajo la misma hipótesis anterior, esto es, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal permita a las partes la consulta física de expedientes dentro del órgano de amparo, se autoriza a las mismas el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Ahora, es importante destacar que es un hecho notorio que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote del virus SARS-COV2 (COVID-19) es una pandemia, derivado en el incremento de número de casos existentes en los países que han confirmado su presencia, por lo que consideró tal circunstancia como una emergencia de salud pública de relevancia internacional. Por lo que, el treinta de marzo de dos mil veinte, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Consejo de Salubridad General, en uso de su facultad prevista en el artículo 9o., fracción XVII, de su reglamento interior, determinó la pertinencia de declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (Covid-19). En ese sentido, a fin de aplicar las medidas de contingencia correspondientes en los esquemas de trabajo de los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del citado virus SARS-COV2 (Covid-19), se instruye al fedatario adscrito a este órgano de control de la constitucionalidad que le corresponda realizar notificaciones personales en este expediente, para que al momento de llevar a cabo las diligencias, lo haga con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo; además, se abstenga de recabar la firma de la persona con la que se entiende, con el objeto de disminuir en mayor medida el intercambio de objetos (pluma y hojas), haciendo únicamente entrega física del auto respectivo y asentándolo de esa manera en su constancia de notificación; ello, de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, que -por tener fe pública-, faculta a los actuarios a fin de tener por hecha la notificación, no obstante de que se omita la firma correspondiente. Lo anterior, a fin de salvaguardar la integridad física de las fedatarias de la adscripción, así como de los justiciables derivado de la enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (Covid-19). Ahora, de conformidad con el artículo 2, fracción XII del Acuerdo General 13/2020, al encontrarnos en un caso de excepción y con el claro objeto de resguardar la integridad del personal de este juzgado y de los justiciables, se autoriza a los fedatarios de la adscripción, a remitir los oficios de las autoridades responsables por cualquier medio electrónico, con el que se cuente y se tenga la certeza de que éstas reciben comunicaciones oficiales por esa vía, debiendo recabar el acuse de recibo respectivo, y dejando razón en autos de lo anterior. Para el caso de no ser posible por esa vía, deberá realizarse la entrega física en el lugar que corresponda. Con fundamento en el artículo 28 fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables que el error o la imprecisión no sustancial en su denominación o en la cita de su nombre que no impida individualizarlas o distinguirlas, no será motivo para negarse a recibir el oficio respectivo o en su momento para rendir los informes que se soliciten; pues en su caso se deberán aclarar la denominación correcta ante esta autoridad. Por lo anterior, se apercibe a las autoridades responsables que de no recibir el oficio que se les dirija, en términos del numeral invocado, el Actuario de la adscripción asentará tal circunstancia y se tendrá por realizada la notificación. Apoyo lo anterior por los motivos jurídicos que contiene, la tesis XXVII.3o.17 K (10a.), visible en la página 1933, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO." Finalmente, se autoriza a los secretarios y actuarios de la adscripción a firmar los oficios respectivos.

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