Rocio Ivania Garcia Calderon

Expediente 699/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
699/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
18/11/2022

Partes del expediente

  • Rocio Ivania Garcia Calderon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Como de la certificación que antecede se aprecia que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interesadas y facultadas interpusieran el recurso de revisión en contra del proveído por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de garantías, sin que lo hayan hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 86, de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, quedando firme e irrevocable para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto a las autoridades responsables, ello en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a ello, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, Instancia Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, que reza: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA." Asimismo, tomando en consideración que de la constancia secretarial se desprende que no existe determinación pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, se ordena el archivo definitivo del presente expediente como asunto totalmente concluido, previas anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Por otra parte, el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa; de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado. "Artículo 18.- Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Elvia Zepeda Torres, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA...LOS AUTOS DE VEINTINUEVE DE AGOSTO Y VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE AMBOS DE DOS MIL VEINTIDOS. Vista la constancia secretarial de cuenta, de la que se desprende que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en la omisión de la autoridad responsable en administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, puesto que señaló fecha para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del juicio ordinario laboral ... para el veintiocho de septiembre del presente año, a las once horas con quince minutos, al considerar que median ciento ochenta y un días entre la fecha del auto que la señala y la data fijada; sin embargo, tomando en consideración lo manifestado por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, así como las constancias remitidas como complemento al mismo, se advierte que mediante proveído de treinta de junio del presente año, dejó sin efecto la fecha fijada en diverso de treinta y uno de marzo del presente año y señaló las trece horas con treinta minutos del siete de julio del presente año, para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, ofrecimiento y admisión de pruebas, la cual se reprogramó el catorce siguiente -con motivo de que dicha data fue inhábil con motivo de la emergencia sanitaria causada por epidemia de COVID 19-, fijándose nuevamente para ello las doce horas con quince minutos del ocho de agosto del presente año, con lo cual, se pone de manifiesto que han cesado los efectos de los actos reclamados, dado que la autoridad señalada como responsable, dejó sin efectos la fecha remota señalada para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, y en su lugar fijó la data precisada en supra líneas. Lo anterior, así se considera, porque en el presente juicio de amparo, se reclamó la fecha remota señalada en el juicio de origen, para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, fijada para el veintiocho de septiembre del año en curso, la cual se dejó sin efectos y se reprogramó para el ocho de agosto del presente año; por tanto, resulta evidente que entorno a dicho acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. El numeral en comento dispone: ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; En efecto, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías; por tanto, a nada práctico conduce analizar un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte peticionaria. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De ahí que, si en el particular han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento; por lo tanto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy. Por esa razón, procede citar respecto a la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente... Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón de cuenta, a través de la cual el Actuario Judicial adscrito, hace constar la imposibilidad para notificar electrónicamente a la quejosa la resolución de veintinueve de agosto del presente año, toda vez que el usuario proporcionado para tal efecto es inexistente; en tal virtud, atendiendo a que la quejosa proporcionó también como domicilio el ubicado en -, se comisiona al Ministro Notificador de mérito, a fin de que se constituya en éste y notifique a la quejosa la determinación en comento. Notifíquese...LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón de cuenta, a través de la cual el Actuario Judicial adscrito, hace constar la imposibilidad para notificar electrónicamente a la quejosa la resolución de veintinueve de agosto del presente año, toda vez que el usuario proporcionado para tal efecto es inexistente; en tal virtud, atendiendo a que la quejosa proporcionó también como domicilio el ubicado en -, se comisiona al Ministro Notificador de mérito, a fin de que se constituya en éste y notifique a la quejosa la determinación en comento. Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la constancia secretarial de cuenta, de la que se desprende que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en la omisión de la autoridad responsable en administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, puesto que señaló fecha para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del juicio ordinario laboral ... para el veintiocho de septiembre del presente año, a las once horas con quince minutos, al considerar que median ciento ochenta y un días entre la fecha del auto que la señala y la data fijada; sin embargo, tomando en consideración lo manifestado por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, así como las constancias remitidas como complemento al mismo, se advierte que mediante proveído de treinta de junio del presente año, dejó sin efecto la fecha fijada en diverso de treinta y uno de marzo del presente año y señaló las trece horas con treinta minutos del siete de julio del presente año, para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, ofrecimiento y admisión de pruebas, la cual se reprogramó el catorce siguiente -con motivo de que dicha data fue inhábil con motivo de la emergencia sanitaria causada por epidemia de COVID 19-, fijándose nuevamente para ello las doce horas con quince minutos del ocho de agosto del presente año, con lo cual, se pone de manifiesto que han cesado los efectos de los actos reclamados, dado que la autoridad señalada como responsable, dejó sin efectos la fecha remota señalada para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, y en su lugar fijó la data precisada en supra líneas. Lo anterior, así se considera, porque en el presente juicio de amparo, se reclamó la fecha remota señalada en el juicio de origen, para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, fijada para el veintiocho de septiembre del año en curso, la cual se dejó sin efectos y se reprogramó para el ocho de agosto del presente año; por tanto, resulta evidente que entorno a dicho acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. El numeral en comento dispone: ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; En efecto, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías; por tanto, a nada práctico conduce analizar un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte peticionaria. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De ahí que, si en el particular han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento; por lo tanto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy. Por esa razón, procede citar respecto a la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente.

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