Rocio Hernández Quintero

Expediente 34/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 21 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
34/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
20/07/2022

Partes del expediente

  • Rocio Hernández Quintero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se sobreseyó y negó el amparo solicitado; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados; por lo que, una vez que transcurran más de tres años, en que se haya ordenado su archivo, deberá depurarse debiendo conservarse, únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    EXPEDIENTILLO Vista la certificación que antecede, se advierte que a las nueve horas con cuarenta minutos del diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional en el juicio de amparo 34/2022, y está pendiente de dictarse la sentencia que corresponde, por lo que se ordena formar el expedientillo con la promoción de cuenta y, se provee: Agréguese sin mayor pronunciamiento el escrito de la parte quejosa; lo anterior, por virtud de haberse celebrado la audiencia constitucional en el presente juicio. Una vez que se dicte la sentencia, glósese el expedientillo al cuaderno principal para que obre como corresponda. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 34/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y se da cuenta con: A) Demanda de amparo y su ampliación; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron sus informes justificados; y C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. En este acto se da cuenta con el escrito electrónico con registro 8001. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. Por otro lado, agréguese el ocurso de la moral tercera interesada por conducto de su apoderada ..., atento a su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, por invocada la causal de improcedencia y por anunciadas sus pruebas, lo cual se ordena hacer relación en el periodo correspondiente. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que la tercera interesada ofreció la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto. Al respecto se provee: se admiten y desahogan las pruebas mencionadas, atento a su propia y especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se precisa que la tercera interesada los formuló e invocó causal de improcedencia; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 34/2022, promovido por ..., por propio derecho, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuadragésimo Octavo Civil de Proceso Escrito, así como el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. La quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades precisadas, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Admisión. Previa aclaración, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda en proveído de cuatro de febrero de dos mil veintidós. En ese auto el suscrito dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, pidió a las autoridades responsables su correspondiente informe justificado, señaló a quien le correspondía el carácter de parte tercera interesada, y fijó hora y fecha para la audiencia de ley. De autos se advierte que se tuvo por ampliada su demanda, el representante social de la Federación adscrita no formuló intervención, se tuvieron por rendidos los informes justificados; la tercera interesada fue emplazada; y finalmente la audiencia constitucional se celebró en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción VI de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, emitidos por una autoridad que radica en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Como lo dispone la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado en los siguientes términos: De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa, ostentándose tercera extraña al juicio ejecutivo mercantil ... del índice del ahora Juzgado Cuadragésimo Octavo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, reclama todo lo actuado en ese proceso, particularmente el emplazamiento por edictos, la sentencia definitiva y su ejecución; así como la inscripción ordenada en oficio de siete de febrero de dos mil diecinueve. TERCERO. Existencia de los actos reclamados jurisdiccionales. La certeza de los actos combatidos quedó acreditada con el informe con justificación rendido por el Juez y Actuario responsable en sentido afirmativo, lo que se corrobora con las copias certificadas de las actuaciones remitidas como sustento de su comunicado; mismas que por tratarse de actuaciones judiciales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por su parte, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México negó la existencia de los actos que se le atribuyen, y conforme a ello invocó la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV; empero, ello se desestima pues en su carácter de autoridad ejecutora, su actuar depende de aquello sobre lo cual, la autoridad ordenadora se condujo en sentido afirmativo. De ahí que en su lugar se tenga por cierto el reclamo que se le atribuye; lo anterior, con apoyo en la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO". CUARTO. Antecedentes. Previo a resolver lo que en derecho corresponda, se hace una relación de los antecedentes del proceso de origen conforme a las actuaciones remitidas por el Juez responsable: I. El veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, ..., demandó a .... y ..., en la vía ejecutiva mercantil el pago de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto se suerte principal, así como intereses moratorios. II. El juzgador responsable admitió a trámite la demanda el veintisiete de septiembre del mismo año, bajo el número de expediente ..., dictó auto con efectos de mandamiento en forma y ordenó el emplazamiento de las enjuiciadas en el domicilio proporcionado por la accionante, que corresponde al señalado en el contrato basal. III. Por razón actuarial de catorce de octubre de dos mil dieciséis, se asentó la imposibilidad para emplazar a la quejosa, por los motivos que ahí precisados. IV. El veintiuno de octubre siguiente, previa petición de la parte actora, se giraron oficios de localización de domicilio de ..., a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Servicio de Administración Tributaria. V. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México proporcionó un domicilio. VI. El once de noviembre de dos mil dieciséis, la moral actora solicitó que se emplazara a Rocío Hernández Quintero en el domicilio proporcionado por la autoridad citada, lo que de ordenó en auto de catorce siguiente. VII. Dicha dirección fue razonada de imposibilidad mediante constancia de veinticinco de enero de dos mil diecisiete. VIII. En virtud de que el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Servicio de Administración Tributaria requirieron mayores datos de identificación, la actora proporcionó la fecha de nacimiento y Registro Federal de Contribuyentes de la quejosa; por lo que, el veintitrés y veintisiete, ambos de febrero de dos mil diecisiete se giraron las misivas respectivas. IX. Con motivo de que la ubicación proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria se razonó de imposibilidad y el Instituto Mexicano del Seguro Social no encontró registro alguno, así como previa solicitud, el dos de agosto de dos mil diecisiete de ordenó el emplazamiento de la parte demandada por medio de edictos. Lo que se reiteró el tres de mayo de dos mil dieciocho, por virtud de los periódicos en los que se realizarían las publicaciones. X. El edicto elaborado por el Juzgado, es del tenor siguiente: "EDICTO En cumplimiento a lo ordenado por autos de fechas dos de agosto del año dos mil diecisiete y tres de mayo del año en curso, dictados en los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por ... en contra de ... Y ..., bajo el número de expediente ..., que a la letra y su parte conducente dice lo siguiente: (Inserta autos de tres de mayo del año dos mil dieciocho, dos de agosto de dos mil diecisiete y veintisiete de septiembre del año dos mil dieciséis) Ciudad de México, a 04 de Mayo del 2018 LA C. SECRETARÍA "B" DE ACUERDOS DEL JUZGADO DECIMOTERCERO DE LO CIVIL DE CUANTÍA MENOR DEL ... EN LA CIUDAD DE MÉXICO. LIC. ... . PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO "." TRES VECES CONSECUTIVAS." XI. En auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho, se tuvieron por exhibidas las publicaciones de dieciocho, diecinueve y veintidós de ese mes y año, realizadas en los periódicos "..." y "DIARIO ...". XII. Por autos de doce de diciembre de dos mil dieciocho y siete de enero de dos mil diecinueve, se señaló fecha para el requerimiento de pago y en su caso embargo de las demandadas; lo que tuvo lugar el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, donde se embargaron bienes de la diversa codemandada, lo que se ordenó inscribir mediante auto de seis de febrero siguiente. XIII. El diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo por acusada la rebeldía en que incurrió Rocío Hernández Quintero y la otra enjuiciada. XIV. El veintitrés de abril de dos mil diecinueve, se dictó sentencia definitiva en la que se determinó procedente la vía intentada y se condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas. XIV. El veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se dictó interlocutoria en el incidente de liquidación de intereses moratorios. El emplazamiento y las actuaciones en el proceso de origen constituyen los actos reclamados. QUINTO. Causales de improcedencia. El Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México invocó la causal de improcedencia contenida en el dispositivo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Lo cual se actualiza por falta de agravio personal y directo con relación a la inscripción de embargo practicado en la diligencia de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, a la codemandada ..., respecto relativo. Los preceptos aludidos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Por otra parte, el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, dispone: "Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" De los preceptos transcritos, se infiere que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular esté facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Así, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio real y actual que afecte a la persona o los derechos de la parte quejosa, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de la persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse en primer término, a la existencia de un derecho subjetivo (interés jurídico); y en segundo, que éste se vea real y directamente afectado con la actuación de la autoridad (agravio). Al respecto se invoca la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 199-204, Primera Parte, página 135, que es del tenor literal siguiente: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará". También se cita el criterio jurisprudencial 2a./J. 51/2019 (10a.) sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Común, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En la especie, la quejosa reclama la inscripción de embargo practicado en autos de la diligencia de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, a la diversa codemandada ... . En ese sentido, conforme a lo manifestado por la parte quejosa, el acto reclamado por sí solo no le causa afectación de forma directa, en virtud que la inscripción está dirigida a una diversa persona, es decir a la codemandada del juicio de origen, lo cual es en perjuicio de ésta y no de la quejosa. Por lo que el acto reclamado tiene la naturaleza de ser una actuación judicial que no colma el presupuesto de la Ley de Amparo relativo a la existencia de una afectación real y actual en perjuicio de la quejosa, y en ese sentido el amparo promovido contra ese acto es improcedente por no reunir el presupuesto del juicio de amparo, consistente en "la afectación" a los derechos de la impetrante. Analógicamente, se cita la tesis II.3o.C.19 K, de la Novena Época, Registro: 173849, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Materia(s): Común, página: 1245, que establece: "AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE SI LA SENTENCIA RECLAMADA NO CAUSA AL QUEJOSO AGRAVIO ALGUNO QUE TRASCIENDA A SU ESFERA JURÍDICA. Si el quejoso obtiene sentencia favorable en primera instancia e inconforme con ella el actor apela, confirmándola la Sala en el sentido de que los agravios expuestos resultan parcialmente fundados pero inoperantes y contra esta última resolución el demandado promueve amparo directo, resulta evidente que éste es improcedente, pues de la interpretación de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y, 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo se colige que uno de los requisitos de procedencia del juicio de garantías es que el acto reclamado cause al quejoso algún agravio de manera que trascienda a su esfera jurídica generándole un perjuicio, situación que no se actualiza en el caso, pues aun cuando los agravios del actor apelante resultaron parcialmente fundados, ello no es motivo para estimar que se le hubiese causado un agravio personal y directo al demandado, pues la Sala confirmó la resolución de primera instancia absolviéndolo de las prestaciones reclamadas." Consecuentemente, al no afectarse de forma personal y directa la esfera jurídica de la quejosa con la emisión del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia aludida; y con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE EL JUICIO RESPECTO DEL ACTO ATRIBUIDO AL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Por su parte, la tercera interesada adujo que el juicio es improcedente en términos del artículo 61 fracción XIV de la ley citada, porque la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado desde el momento en el que se practicó el emplazamiento. Se desestima, pues al ser la peticionaria tercera extraña por equiparación a juicio, el estudio del acto reclamado consistente en el emplazamiento por edictos requiere un pronunciamiento de fondo. Al respecto se invoca la tesis de jurisprudencia P./J. 135/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Novena Época, Registro: 187973. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Materia(s): Común, página: 5, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Al no haber más causales de improcedencia invocadas o que se adviertan oficiosamente, lo conducente es entrar al estudio de fondo. SÉPTIMO. Estudio de fondo del asunto. En esencia, la quejosa aduce que el acto reclamado vulnera sus derechos humanos de audiencia, legalidad, debida fundamentación y motivación reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque fue indebidamente emplazada al juicio de origen, lo cual la colocó en un estado de indefensión. Los conceptos de violación son infundados, como se verá a continuación. Al tratarse de un emplazamiento y ser este un acto de orden público, se obliga a los Jueces a investigar de oficio si se efectuó conforme a las leyes que lo regulan. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia de la Tercera Sala del Alto Tribunal del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Instancia 163-168 Cuarta Parte, página 195, que establece: "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no y sí, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia." El inicio de la instancia judicial en procesos de naturaleza civil, es la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional correspondiente, y no puede haber sentencia definitiva sobre una demanda, si la contraparte no es oída o debidamente citada para serlo; por ello, la relación jurídico procesal entre las partes, existe en el momento en que la demanda es notificada debidamente a la parte contraria, porque el acto de la notificación, citación a juicio o emplazamiento, produce como consecuencia, que pueda continuarse legalmente el procedimiento. El emplazamiento es uno de los actos más importantes del proceso, al grado que su falta de verificación, o su práctica irregular constituye la violación procesal de mayor magnitud, puesto que viciaría las demás formalidades del juicio. El numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." La porción del precepto constitucional transcrito dispone que las autoridades judiciales están obligadas a observar los requisitos que señala la norma secundaria aplicable, para cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento. Entre las prerrogativas que integran el derecho humano a la seguridad jurídica, destaca el de audiencia previa. Lo anterior tiene sustento en la tesis jurisprudencial 1a./J. 11/2014 (10a.) de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, en Materia(s): Constitucional, Común, que dispone: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." Este mandamiento superior, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados, a saber: Que el agraviado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite. Se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones. Cuando se agote dicha etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes. Y que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas. Lo anterior se aprecia en la tesis jurisprudencial P. LV/92, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Núm. 53, Mayo de 1992, página 34, en materia común, cuyo contenido es: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traduce en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Las formalidades previstas en el precepto 14 (a las que se unen las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del arábigo 16 constitucional), se constituyen como elementos fundamentales y útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Por ello, el emplazamiento es una de las formalidades esenciales del procedimiento de mayor trascendencia, pues permite al demandado conocer las reclamaciones que se le hacen y además, estar en condiciones de ejercer la defensa de sus intereses; es decir, de la legalidad del acto depende que las demás etapas de un proceso, se desarrollen con apego al marco constitucional. El emplazamiento por edictos, como el que se practicó al quejoso, está regulado por el 1070 del Código de Comercio, que señala: "Artículo 1070.- Cuando se ignore el domicilio de la persona que debe ser notificada, la primera notificación se hará publicando la determinación respectiva tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y en un periódico local del Estado o del Distrito Federal en que el comerciante deba ser demandado. Previamente a la notificación por edictos en términos del párrafo anterior, el juez ordenará recabar informe de una autoridad o una institución pública que cuente con registro oficial de personas. Bastará el informe de una sola autoridad o institución para que proceda la notificación por edictos. La autoridad o institución proporcionará los datos de identificación y el último domicilio que aparezca en sus registros de la persona buscada. Esta información no queda comprendida dentro del secreto fiscal o de alguna otra reserva que las autoridades o instituciones estén obligadas a observar conforme a las disposiciones que las rige. Cuando la autoridad o institución proporcione información de diversas personas con el mismo nombre, la parte actora podrá hacer las observaciones y aclaraciones pertinentes para identificar el domicilio que corresponda a la persona buscada o, en su caso, para desestimar domicilios proporcionados. El juez revisará la información presentada así como las observaciones hechas por la parte actora y resolverá lo conducente. En el caso de que en el documento base de la acción se haya pactado domicilio convencional para recibir las notificaciones, si se acude a realizar la notificación personal en dicho domicilio y éste no corresponde al de la demandada, se procederá a la notificación por edictos sin necesidad de recabar el informe a que se refieren los párrafos anteriores. Mientras un litigante no hiciere substitución del domicilio en donde se deban practicar las diligencias o notificaciones personales, seguirán haciéndose en el que para tal fin hubiere señalado. El notificador tendrá la obligación de realizarlas en el domicilio señalado, y en caso de no existir el mismo, lo deberá hacer constar en autos para que surtan efectos así como las subsecuentes, por publicación en el boletín, gaceta o periódico judicial o en los estrados de los tribunales, además de que las diligencias en que dicha parte debiere tener intervención se practicarán en el local del juzgado sin su presencia. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin necesidad de girar oficios para la localización del domicilio." Esta porción normativa transcrita dispone que procede notificar por edictos, cuando se trate de personas inciertas o cuando se trate de personas cuyo domicilio se ignore; en este último supuesto el emplazamiento por edictos sólo procede cuando se tenga un desconocimiento generalizado e incontrovertible de la ubicación exacta del domicilio del demandado; es decir, cuando todos los medios al alcance del juez, tendentes a la localización de la persona en contra de la que se interpone una demanda, han sido plenamente agotados. Además, por el tipo de notificación extraordinario que son los edictos, debe propiciarse que su publicación cuente con la mayor cantidad de datos disponibles para que el buscado se entere del procedimiento. Al respecto, se invoca la tesis I.8o.C.7 C (10a.), por analogía de la Décima Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Materia(s): Constitucional, Civil, página 1327, que dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 122, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. Como el emplazamiento por edictos es un medio excepcional de citación, justificado solamente ante la imposibilidad de lograrlo de otra manera, previa investigación del domicilio, para salvaguardar el derecho de audiencia del demandado, lógico es concluir que esa investigación debe satisfacer condiciones mínimas que permitan razonablemente sostener que efectivamente se ignora el domicilio. En ese sentido, al establecer el artículo 122, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que procede la notificación por edictos cuando se trate de personas cuyo domicilio se ignora, previo informe de una institución que cuente con registro oficial de personas, resulta conculcatorio del derecho de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, pues no cabe considerar agotada la investigación acerca del domicilio de una persona cuando se ha solicitado informe a una sola institución, toda vez que es un hecho notorio que existen múltiples entidades, públicas y privadas, a través de las cuales se podría obtener información. La limitada extensión de la investigación que prevé el referido precepto no permite, pues, establecer que realmente se desconozca el domicilio de la persona buscada, para que proceda así la notificación por edictos. En esas condiciones, si en un caso aparece que para el emplazamiento por edictos sólo medió el informe de una autoridad sobre el domicilio del demandado, con fundamento en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Federal procede dejar de aplicar la mencionada disposición legal y concluir que el emplazamiento así efectuado es violatorio de los derechos humanos del interesado." También, se cita por analogía la tesis I.4o.C.32 C (10a.), de la Décima Época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia(s): Civil, que establece: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. ÉSTOS SE DEBEN PUBLICAR EN EL ÚLTIMO LUGAR EN QUE HAYA VIVIDO EL DEMANDADO (Interpretación del artículo 122, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal). La expresión periódico local, empleada en ese precepto, para la publicación de los edictos que sirvan de medio para emplazar al demandado, debe entenderse referida a un periódico que se edite y difunda en el área territorial en la que existan mayores posibilidades de su conocimiento por la persona buscada, tomando en cuenta los datos o referencias con las que se pueda contar, como por ejemplo, el área geográfica en la que ordinariamente ha vivido y se ha desempeñado en los últimos tiempos, aunque no se conozca con precisión, como es natural, su domicilio actual, dado que, lo ordinario es que las personas se arraiguen en una zona territorial determinada, por razones de familia, amistad, relaciones de trabajo, etcétera, y que aunque se muevan en ella o en ocasiones salgan de la misma, conserven vínculos con alguna parte de la comunidad en cuestión, inclusive regresen con cierta regularidad, aunque sea temporalmente, lo que amplía las posibilidades de que la propia persona lea la publicación, o lo haga alguien que la conozca y le transmita la información. Esto es así, porque la finalidad primordial del emplazamiento consiste en que el demandado adquiera pleno conocimiento de que se ha promovido un proceso judicial en su contra, el lugar donde se le ha demandado, el Juez que conoce de la causa y el contenido de la demanda, para que quede en aptitud de producir su defensa de la mejor manera, y no se dicte un fallo desfavorable en su contra, originado en esa falta de información u oportunidad. Para lograr este propósito, la ley establece un conjunto de medios, encabezados por el que ofrezca mayores probabilidades reales de su consecución, y seguido su orden descendente con ese mismo criterio. Así, las leyes determinan, como primera opción para el emplazamiento, que su práctica se lleve a cabo en forma personalísima con la parte demandada, y para lograrlo consideran que la mayor probabilidad de encontrarla es en su domicilio. Ante la imposibilidad de esperar indefinidamente la localización y presencia de la demandada, con afectación al derecho de la actora a la prontitud de la impartición de justicia, se suele recurrir al emplazamiento por cédula, que ya ofrece menores probabilidades de adquirir certeza de su conocimiento por la demandada, pero que conserva todavía bastantes para el efecto, porque se efectúa en el domicilio de la demandada y con personas que conviven con ella de algún modo. Si esta segunda opción resulta fallida, por desconocerse el domicilio de la demandada, el Juez debe hacer un esfuerzo especial para encontrarla, mediante una investigación ante institución u organización idóneas para el efecto, y si esta búsqueda se frustra, debe ocurrir a una tercera y última solución, que se aleja más del ideal de la notificación personalísima, pero mantiene algunas probabilidades de cumplir su cometido, ante la imposibilidad de acudir a otras mejores, que es el emplazamiento por edictos. Esto implica que la publicación de edictos deba hacerse en las condiciones más adecuadas para alcanzar su finalidad, que de por sí, se encuentra mermada, y para esto contribuye, sin lugar a dudas, que la publicación se haga en el ámbito en donde pudiera encontrarse a la demandada y no en donde no se ha desempeñado con anterioridad o cuando menos no se tiene alguna noticia al respecto." En la especie, el juez de la causa ordenó practicar el emplazamiento por un medio extraordinario, cuya viabilidad surge como último recurso para lograr la comparecencia de las partes al proceso; publicación de edictos que derivó de la búsqueda del domicilio de la quejosa, en razón de que el proporcionado en el contrato base de la acción no se localizó a la impetrante, como se desprende de las constancias remitidas. Lo anterior, pues es indispensable agotar todos los recursos y medios al alcance del juzgador, ya que sólo así este puede afirmar que se ha llegado a un estado donde resulta imposible la localización de la parte demandada, que en términos de la legislación, implica ignorar el domicilio de la persona buscada. Sustenta esta afirmación, la tesis 786, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el apéndice 786, página 1302, registro 395327, en materia civil, cuyo rubro y texto es: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. No basta la afirmación del actor sobre la ignorancia del domicilio del demandado, para que el emplazamiento se haga por edictos, sino que es indispensable que ese desconocimiento, tanto del actor como de las personas de quienes se pudiera obtener información, haga imposible la localización del reo." También, la jurisprudencia III.2o.C.J/20, Novena Época, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1317, tomo XIX, materia civil, junio de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. PREVIAMENTE A SU PRÁCTICA EL JUZGADOR DEBE DETERMINAR LA EFICACIA DE LOS INFORMES RENDIDOS POR LAS CORPORACIONES OFICIALES SOBRE LA INVESTIGACIÓN DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Este órgano jurisdiccional federal sustentó el criterio que se refleja en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, octubre de 2002, página 1372, bajo el rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. PARA SU PROCEDENCIA SÓLO DEBEN SATISFACERSE LOS REQUISITOS PREVIOS QUE ESTABLECE LA LEY (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).", en la cual estableció que para ordenar el emplazamiento por edictos no era necesario cumplir más requisitos que los establecidos por el artículo 117 de la legislación adjetiva civil local y que, por tal motivo, no había necesidad de ordenar otros trámites previos, como son recabar los informes de diversas dependencias y corporaciones respecto de la residencia de la parte demandada. Sin embargo, una nueva reflexión en torno a este tópico, apoyada en la trascendencia del llamamiento a juicio, cuya violación es la más significativa del procedimiento, porque impide al demandado realizar la defensa de sus intereses, lleva a considerar que cuando los informes rendidos por las corporaciones oficiales, verbigracia, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el Departamento de Trabajo Social del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, o bien, el Instituto Federal Electoral, no sean suficientes para considerar que se agotaron los medios para la localización del demandado, esto es, cuando contengan datos imprecisos y no se efectúen las investigaciones correspondientes, esa información es insuficiente y no da lugar a ordenar el emplazamiento por edictos, habida cuenta que el desconocimiento del domicilio debe ser general. Ahora bien, aun cuando no existe un parámetro que permita calificar la eficacia de los informes rendidos por las distintas corporaciones oficiales, o cómo se deben realizar al investigar el domicilio de una persona, lo relevante es que el juzgador está facultado para ello, y es quien tiene el deber de determinar su eficacia, tomando en cuenta su importancia y trascendencia, que no es otra que la de hacer patente que la localización de una persona cuyo domicilio se ignora fue infructuosa, debido al desconocimiento general de su paradero. Ello permitirá al juzgador, en cada caso, ordenar el emplazamiento por edictos, pues en atención al contenido de cada informe, podrá establecer la pertinencia de las investigaciones efectuadas y lo fundado de sus conclusiones." Por ello, previo a ordenar el emplazamiento por edictos el Juzgador culminó íntegramente la investigación, haciendo uso de toda la información a su alcance, y así estar en condiciones de obtener un resultado favorable o bien, justificar válidamente su desconocimiento absoluto del domicilio, -lo que en el caso aconteció-; pues de lo contrario, se propiciaría un estado de indefensión en la esfera del justiciable. Lo anterior se afirma porque de las constancias se aprecia que el Juez natural realizó la búsqueda idónea de localización, ya que se advierte, que derivado de la imposibilidad para emplazar en el domicilio proporcionado por la actora y que corresponde al señalado en el contrato basal, se giraron oficios a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Servicio de Administración Tributaria. No obstante, únicamente la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y el Servicio de Administración Tributaria proporcionaron sendas direcciones en las que no se logró la diligencia respectiva. Mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social no encontró registro alguno. De lo que se advierte que se realizó la investigación relativa a efecto de allegarse de elementos para la búsqueda de la quejosa. Lo anterior, con independencia de que no se requiera al Instituto Nacional Electoral, para conocer el domicilio donde podía ser localizada la impetrante, debido a que el juez responsable solicitó la información a tres dependencias que cuentan con tales datos, por lo que, se considera que éstas son idóneas para dar cumplimiento a lo solicitado. Apoya a lo anterior la tesis XXVII.3o.79 C (10a.), Décima Época, Registro digital: 2019112, sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, Materias(s): Civil página 2496, que establece: "NOTIFICACIÓN POR EDICTOS EN MATERIA MERCANTIL. LA BÚSQUEDA DEL DOMICILIO DE QUIEN DEBA SER EMPLAZADO A JUICIO POR ESA VÍA, NO DEBE LIMITARSE SÓLO A UN INFORME DE ALGUNA AUTORIDAD O INSTITUCIÓN PÚBLICA (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 1070, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO). El emplazamiento o llamamiento a juicio entraña una formalidad esencial tutelada en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que salvaguarda el derecho fundamental de audiencia, el cual constituye el principal instrumento de defensa que tiene el gobernado frente a actos de cualquier autoridad que pretendan privarlo de otros derechos más preciados, como son la libertad y sus propiedades, y tiene como parte medular las formalidades esenciales del procedimiento. En materia mercantil, el emplazamiento a juicio, como acto procesal, se encuentra regulado -por regla general- en los artículos 1068, 1068 Bis, 1069 y 1070 del Código de Comercio, y tiende a garantizar que el gobernado pueda ser oído y vencido dentro del procedimiento correspondiente, en estricto acatamiento al derecho de audiencia. Ahora bien, del artículo 1070, segundo párrafo, citado, se advierte que, previo a la notificación por edictos, el Juez del conocimiento deberá ordenar que se recabe un informe de una autoridad o una institución pública que cuente con registro oficial de personas, bastando únicamente un informe para que proceda la notificación por esa vía; sin embargo, interpretando dicho precepto, de conformidad con el derecho de audiencia, debe considerarse que la notificación por edictos representa una vía de notificación excepcional o de último recurso para informar respecto del inicio de un juicio, por lo que no debe quedar duda de que el domicilio de la persona a notificar es incierto o desconocido debido, precisamente, a que por ningún medio se pudo averiguar sobre él, por lo que es irremediable la notificación por edictos. En este sentido, resulta insuficiente que el juzgador limite la búsqueda del domicilio del demandado a que se recabe solamente un informe de alguna autoridad o institución pública, ya que ese proceder, sin causa jurídica o material, limitaría el ejercicio del derecho de audiencia, por el simple hecho de que no se realizó la investigación con la amplitud necesaria que permitiera al enjuiciado el legítimo ejercicio de su derecho de defensa y protección de sus bienes jurídicos; de lo que se colige que para alcanzar el objetivo pretendido en el artículo 1070 invocado, de localizar a la persona buscada, los juzgadores deben girar tantos oficios como sean necesarios, sin estar restringidos a un número de solicitudes de búsqueda, sino a los resultados que éstos arrojen, es decir, resulta intrascendente el número, mientras que alguno de ellos aporte resultados positivos, precisamente, porque la investigación debe tener la particularidad de ser cualitativa y no cuantitativa." De ahí que, se considera que el Juez de la causa agotó los medios de localización, a fin de cumplir con el objetivo, que es hacer del conocimiento del buscado la existencia de un procedimiento seguido en su contra. Ello, con apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 74/99, a contrario sensu, Novena Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, Materia(s): Común, página 209, que dice: "EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL. El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, la garantía del artículo 14 constitucional; por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia, por consiguiente, en el caso de que se trate de varios demandados con un mismo domicilio y la diligencia se efectúa por separado con cada uno de ellos y se elaboran actas distintas o por separado, si en éstas se advierte que tal citación se practicó a la misma hora y el mismo día, es ilegal dado que se trata de un vicio en dicho emplazamiento considerándose como la violación procesal de mayor magnitud que transgrede la garantía de audiencia, independientemente de la fe pública de que goza el actuario, diligenciario o notificador que llevó a cabo dicha diligencia, ya que la fe pública del funcionario que la practicó no desvanece el vicio que contiene ese acto procedimental." Por tal motivo, previa solicitud de la parte actora, se ordenó practicar el emplazamiento de la demandada, aquí quejosa, por medio de edictos, que serían publicados de conformidad con lo establecido el Código de Comercio. Lo cual fue correcto, pues el numeral citado establece, que cuando se trate de personas cuyo domicilio se ignora, previo informe de una institución que cuente con registro oficial de personas, procede esa forma de emplazamiento. Luego, si se ordenaron los oficios correspondientes a fin de obtener el domicilio de la quejosa, sin que las dependencias lo proporcionaran y el informado no correspondía la impetrante, es inconcuso que se agotó la investigación, mediante el requerimiento de informes a diversas instituciones públicas, y lo procedente era, conforme al numeral referido, que el juez de origen ordenara su emplazamiento por medio de edictos. Lo cual evidencia que los requisitos de validez propios del emplazamiento conforme al Código de Comercio, se vieron enteramente satisfechos, por lo que su realización se encuentra ajustada a derecho. Lo anterior, se robustece con el criterio sostenido por en la tesis, que dice: "EDICTOS. REQUISITOS ESENCIALES PARA SU VALIDEZ. La ley prevé que las notificaciones, y sobre todo el emplazamiento, han de hacerse de manera fidedigna; así, el artículo 256, en relación con los numerales 114 y siguientes del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, exigen que se notifique al demandado en su domicilio, y sólo excepcionalmente en otros lugares donde pueda ser hallado. Si se ignora su paradero, o se trata de persona incierta, a fin de que no queden sin encontrar solución jurisdiccional algunos problemas jurídicos, la ley permite que las notificaciones se hagan por edictos (artículos 22, 119 último párrafo, 122 y 226 del mismo ordenamiento, así como 649, 666, 667, 668 y 1390 del Código Civil para el Distrito Federal). Siendo así, los edictos, medios extraordinarios de notificación, que carecen del grado de certidumbre de las notificaciones personales normales, pues ya sea por ignorancia, pobreza, o falta de tiempo, o por simple azar, la persona buscada puede no haber tenido acceso a los diarios en que se publican, deben al menos especificar la existencia del procedimiento, la autoridad que lo tramita, quién lo sigue, lo que persigue, etcétera. Pero además, para alcanzar un grado aceptable de efectividad, deben contener el nombre del buscado, incluso aquel con que es conocido o se ostenta, etcétera, y tratándose de persona incierta, la descripción fiel de la cosa u objeto que se persigue con el juicio, si es mueble o inmueble, y los datos que la identifiquen, lugar de ubicación, colindancias, nombre con que es conocida, etcétera, de tal modo que de ser posible, a primera vista se llame la atención del interesado, y es claro que si estos datos no son exactos, no se crea la presunción de que los edictos hayan alcanzado su objetivo". Sin que de las diligencias practicadas para su búsqueda en las direcciones proporcionadas se desprenda que son irregulares, pues al respecto debe decirse que dicho fedatario cuenta con fe pública y como consecuencia de ello, lo dicho por tal persona en ejercicio de sus funciones tiene validez y hace prueba plena en juicio, si no hay constancia fehaciente que acredite lo contrario; además de que las razones asentadas por ésta constituyen instrumentos que informan sobre los eventos y aspectos advertidos por ese funcionario, al cumplir con una orden del juez que conoce de una controversia, y su resultado, favorable o desfavorable, de tal suerte que debe prevalecer la fe pública. Ahora, el invocado precepto legal establece que los edictos se publicarán por tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y en un periódico local del Estado o del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) en que el comerciante deba ser demandado, haciéndose saber que debe de presentarse el citado, dentro del término de ley. En el caso, la parte actora exhibió los edictos publicados en el periódico "..." y "DIARIO ...", correspondiente a los días dieciocho, diecinueve y veintidós, todos de octubre de dos mil dieciocho, esto es, la publicación se efectuó por tres veces. Asimismo, dichos edictos contienen los datos esenciales del procedimiento de origen, así como el término que tenía el demandado para comparecer, pues en ellos se asentó que correspondía al juicio ejecutivo mercantil ... promovido por Banco ... y ... . De lo que se tiene que mediante los edictos publicados, se hizo del conocimiento de la demandada que debía presentarse dentro de un término de ocho días a contestar la demanda; aunado a que se le informó la cantidad reclamada en el escrito inicial. Es aplicable, la Jurisprudencia, que señala: "NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. ENTRE CADA PUBLICACIÓN DEBEN MEDIAR DOS DÍAS HÁBILES, CONFORME AL ARTÍCULO 122, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. Conforme a dicho precepto legal, tratándose de personas inciertas o de aquellas cuyo domicilio se ignore, procede la notificación por edictos, los cuales deben publicarse por tres veces "de tres en tres días" en el Boletín Judicial y en el periódico local que indique el Juez. Ahora bien, la expresión "de tres en tres días" debe interpretarse en el sentido de que entre cada una de las publicaciones deben mediar dos días hábiles, para que la siguiente publicación se realice al tercer día hábil siguiente. Ello es así, porque dicha expresión únicamente señala cuándo deben realizarse las publicaciones, sin precisar los días que han de mediar entre ellas. Sin embargo, ese dato puede determinarse a partir del mandato consistente en que la publicación deberá realizarse "de tres en tres días", ya que si se afirmara que deben mediar tres días hábiles, la publicación se realizaría al cuarto día, en contravención a la regla prevista en el precepto citado. Además, si la intención del legislador hubiese sido que entre las publicaciones mediaran tres días hábiles, así lo habría determinado expresamente, como lo hizo en el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el que sí menciona los días hábiles que deben transcurrir entre las publicaciones." En las narradas circunstancias, al no demostrarse la inconstitucionalidad de la diligencia de emplazamiento practicada al quejoso, es procedente NEGAR el amparo y protección de la justicia federal solicitado por ..., por propio derecho, contra actos del Juez Cuadragésimo Octavo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México. Negativa que se hace extensiva a los demás actos reclamados por el accionante de amparo, en razón de que del análisis de la demanda de amparo, específicamente de los conceptos de violación, no se advierte una intención real en reclamarlos por vicios propios, sino más bien en vía de consecuencia del emplazamiento practicado en el proceso natural, del cual, se determinó su legalidad. Orienta a lo anterior, la tesis , que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA, ASÍ COMO EL LAUDO O SENTENCIA DEFINITIVA, SI SE DECRETA QUE AQUÉL FUE LEGAL O SE SOBRESEE EN EL JUICIO EN CUANTO A ÉSTE, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA DECIDIR SI SE ESTÁ O NO ANTE UN CASO DE "JURISDICCIÓN ESCALONADA" EN RELACIÓN CON ESTAS RESOLUCIONES, DEBERÁ ATENDER A LA EXISTENCIA DE LA CAUSA DE PEDIR PARA DETERMINAR SI PROCEDE LA ESCISIÓN DE LA DEMANDA. De la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia P./J. 70/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 9, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005).", se desprende que cuando se reclame la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, así como el laudo o sentencia definitiva, al respecto, si el Juez de Distrito estima que aquél fue legal o sobresee en el juicio, debe decidir si se está o no ante un caso de jurisdicción escalonada en relación con el laudo o sentencia definitiva. Para resolverlo, debe atender a la existencia de la causa de pedir, pues la "jurisdicción escalonada" opera sólo cuando del análisis de la demanda de amparo se advierta una real intención del quejoso en reclamar el laudo o sentencia por vicios propios y no sólo como consecuencia de la omisión o ilegalidad del emplazamiento. De ahí que procede la escisión si contra el laudo o sentencia definitiva existen motivos de disenso encaminados a impugnar infracciones procesales (distintas del emplazamiento), formales o de fondo. Por el contrario, si el laudo o sentencia definitiva sólo se reclama en vía de consecuencia, no deberá escindirse la demanda sino extenderse el sobreseimiento o la negativa de amparo por la declaración de constitucionalidad del emplazamiento, a la sentencia definitiva o laudo, ya que no se presenta el supuesto de "jurisdicción escalonada", pues la nota distintiva para determinar si debe escindirse o no la demanda, radica en una auténtica subsistencia de temas controvertidos que sean competencia de un órgano constitucional diverso. Lo anterior permite respetar el derecho fundamental de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Negativa extensiva a la autoridad ejecutora, pues no se reclaman sus actos por vicios propios, conforme la jurisprudencia de registro 210140, de la octava época, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 a 79 de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo 34/2022, promovido por ..., contra actos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, por los razonamientos expuestos en el quinto considerando. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ..., por propio derecho, contra actos del Juez Cuadragésimo Octavo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE COMO CORRESPONDA. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., secretaria del Juzgado que autoriza y da fe; en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy, veintisiete de junio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

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