Rocio Guzmán Ríos

Expediente 810/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
810/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
15/10/2018

Partes del expediente

  • Rocio Guzmán Ríos
  • ROCIO GUZMÁN RÍOS y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; quince de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lorena Morales Saldierna, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; dos de octubre de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta signada por la actuaria judicial adscrita a este Juzgado Federal, mediante la cual manifiesta su imposibilidad para notificar a las quejosas el proveído de veintiocho de septiembre del presente año; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágase dicha notificación, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal por lista, hasta en tanto designen otro domicilio.

  3. Principal

    TIENE NOTIFICACIÓN PERSONAL.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, QUE DICE: "Vista la demanda de amparo promovida por Rocio y Bertha, ambas de apellidos Guzmán Ríos, por derecho propio y en su carácter de herederas de la Sucesión Testamentaria a Bienes de Francisca Ríos Gómez, contra actos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo. Regístrese en el libro de gobierno con el número 810/2018, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Del análisis que se realiza a la demanda que nos ocupa, se obtiene que la parte quejosa reclama por esta instancia el informe justificado que rindió la autoridad responsable Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, en autos del diverso juicio de amparo número 741/2018 del índice de este tribunal, pues refiere que la citada autoridad violentó sus garantías individuales, ya que omitió informar que debe emplazarse como tercera interesada en dicho asunto a la Sucesión Intestamentaria de Francisca Ríos Gómez, al habérsele condenado en la sentencia dictada el dieciséis de agosto del año dos mil dieciocho, en el toca de apelación 457/2016, que constituye el acto ahí reclamado. Precisado lo anterior, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6º, de dicho ordenamiento legal, como a continuación se expondrá: De acuerdo con el ámbito conceptual del artículo último citado, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la persona física o moral titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y a quien la norma general o el acto reclamado le produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en especial situación frente al orden jurídico. Así, el interés jurídico aludido, reside en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto autoritario que estime violatorio de garantías en su perjuicio; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular. Entonces, para que proceda el juicio de amparo es necesario que la afectación del interés jurídico se concrete de manera cierta, directa y actual, pues se presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que se transgrede por una ley o acto de autoridad, de modo que, una persona tiene interés jurídico para acudir al juicio constitucional cuando el acto que reclame le causa un agravio personal y directo, que se entiende como todo menoscabo u ofensa a la persona, ya sea física o moral, el cual puede o no ser patrimonial, pero siempre apreciable objetivamente, es decir, real y no de carácter subjetivo o incierto. Bajo ese contexto, el acto que reclaman las promoventes del amparo, consistente en el informe justificado que rindió el Magistrado Presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, en el diverso juicio de amparo número 741/2018 del índice de este órgano jurisdiccional, no les causa perjuicio, dado que no se ve afectado algún derecho sustantivo, ya que únicamente la Sala responsable en acato a lo solicitado por este juzgado, se limitó a rendir el informe de mérito y a defender la constitucionalidad del acto que se le reprocha en el citado sumario. Es decir la legitimación para acudir al amparo está reservada únicamente a quienes resientan un agravio -daño o perjuicio-, con motivo de un acto de autoridad, en uno de sus derechos legítimamente tutelados por la Constitución Federal y Tratados Internacionales, lo que en el presente caso no acontece. Ello es así ya que de las constancias que integran el referido juicio de amparo 741/2018, el cual se invoca como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, agregándose copia simple de las constancias conducentes, se advierte que fue promovido por las propias quejosas en contra de la resolución dictada el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho en el toca de apelación 457/2016, a través de la cual la Sala Civil responsable dejó insubsistente la diversa resolución de trece de enero de dos mil diecisiete, y en su lugar, declaró improcedente el recurso de apelación promovido por la aquí quejosa Roció Guzmán Ríos y procedente la apelación promovida por el Condominio Espinalillo, revocando la sentencia interlocutoria de once de septiembre de dos mil catorce, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, en el juicio ejecutivo mercantil número 243-3/2005; asimismo, que al rendir su informe con justificación la Sala Civil responsable sólo se limitó a defender la constitucionalidad del acto que se le reprocha. Por lo que el hecho de que dicha autoridad no hubiere solicitado a este órgano se emplazara al juicio como tercera interesada a la Sucesión Intestamentaria de Francisca Ríos Gómez, no origina a las quejosas un agravio persona ni directo, ni afecta su interés jurídico, en principio porque de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables al rendir su informe con justificación solo están obligadas a exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y a anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, y además porque la calidad de tercero interesado que pudiere tener un sujeto dentro del juicio de amparo no depende del señalamiento que a ese respecto hagan las partes, sino en el hecho de que se actualice alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 5o., fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; por lo que en su caso, las quejosas están en aptitud de solicitar en dicho expediente que se llame a juicio como tercera interesada a la Sucesión Intestamentaria de Francisca Ríos Gómez, y en caso de que este tribunal no considere procedente su solicitud, de hacer valer en contra de dicha negativa el recurso correspondiente. En ese orden de ideas, el acto reclamado precisado con antelación, no produce en la esfera jurídica de las quejosas una afectación real y actual, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; por tanto, no están legitimadas para acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal para combatir el mismo, de conformidad con el artículo 6º de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, se tiene que en el caso en estudio se surte la causa de improcedencia que se analiza; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda, e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto, lo procedente es desechar la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda; y como su autorizado en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Jesús Manuel Valencia Aguirre, cuya cédula se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como profesional del derecho. REPRESENTANTE COMÚN De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de las quejosas a la señalada en primer término, sin perjuicio de que con posterioridad sea sustituida. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles.

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