Rocio Guadalupe Salcido González
Expediente 139/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 139/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 14/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Sala Regional Norte-Centro Iv Y Auxiliar En Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Con Residencia En Zacatecas
- Rocio Guadalupe Salcido González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto; el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Rocío Guadalupe Salcido González, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto que reclamó de la Sala Regional del Norte-Centro IV y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con residencia en esta ciudad, consistente en: La resolución de tres de diciembre de dos mil dieciocho, que resolvió el recurso de queja por defecto en contra de la resolución emitida por la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, Delegación Sinaloa, Delegación Sinaloa, en cumplimiento a la sentencia de dos de abril de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de nulidad 51/18-PC-2. Dicha demanda quedó radicada ante este juzgado de Distrito y se radicó bajo el número 139/2019; se mandó pedir informe justificado a la autoridad responsable y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. Ahora, con relación al acto reclamado, este juzgado determina que carece de competencia legal por territorio para resolver el presente juicio de amparo, por los siguientes motivos. El artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula la competencia territorial de los Jueces de Distrito, al precisar que contará con ella quien tenga jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado en la demanda de amparo se ejecute o trate de ejecutarse. Lo anterior tiene como finalidad facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que ordinariamente la ejecución recae en el domicilio de la persona o dentro del ámbito espacial en que lleva a cabo su actividad laboral o productiva. Estas reglas constitucionales de competencia se concretizan en el artículo 37 de la Ley de Amparo, al desglosar en tres hipótesis la competencia del Juez de Distrito, a saber: a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en la última el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. Asimismo, lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Así, la ejecución material es el común denominador de las tres hipótesis, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo, por ende, ésta debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. En otras palabras, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que estatuya una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. En virtud de que las reglas de competencia citadas atienden a la naturaleza intrínseca del acto y no sólo a su forma de expresión para determinar si un acto tiene o no ejecución, es necesario hacer referencia a la naturaleza de los actos administrativos positivos y negativos. Esta diferencia es importante, porque de no ser ejecutable, el acto reclamado se regirá por la tercera regla aludida, prevista en el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo y, si lo es, habrá que distinguir si se ejecuta en un lugar o en diferentes para ubicarlo en la primera o segunda regla, según corresponda, contenidas en los párrafos primero y segundo, respectivamente, del indicado numeral. En este sentido, un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer. A su vez, estos actos se subclasifican en: (i) actos de ejecución instantánea; (ii) actos de ejecución continuada o inacabada; y, (iii) actos de ejecución de tracto sucesivo. En cambio, el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. Estos actos negativos se subclasifican en: (i) abstenciones; (ii) negativas simples; y, (iii) actos prohibitivos. Cabe destacar que aunque los actos administrativos puedan expresarse en forma negativa, su naturaleza es positiva cuando entrañan la privación del ejercicio de un derecho o cuando, en virtud de esa negativa la autoridad pueda actuar en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso. Los actos negativos omisivos son abstenciones por parte de la autoridad no expresadas materialmente, pero apreciables por la conducta apática o negligente de aquélla. Los actos negativos simples son los que se expresan mediante el rechazo de la autoridad acerca de lo pedido, con consecuencias meramente declarativas. Finalmente, los actos prohibitivos son aquellos que implican una orden o conducta positiva de la autoridad tendiente a impedir una conducta del particular afectado. Entonces, cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea que conceda o niegue lo que se le pidió, sea que ordene o prohíba, para definir la naturaleza negativa del acto habrá que analizar en cada caso si éste redunda en una abstención de otorgar o reconocer al quejoso el derecho que le corresponde; o para definir su carácter positivo, habrá que advertir si impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico. Sobre esa base, si el acto reclamado se hace consistir en la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó a la demandada a cuantificar la pensión con los aumentos respectivos, no implica la impugnación de una conducta comisiva o de hacer; al contrario, se controvierte una actuación negativa simple, expresada a través del rechazo de la autoridad sobre la pretensión ejercida. De ahí que dicho acto reclamado por su forma de expresión no es un acto positivo, sino uno negativo. En ese sentido, es necesario dilucidar las consecuencias de la indicada resolución a fin de corroborar si su naturaleza es verdaderamente negativa y, por ende, no ejecutable, o si por el contrario tiene efectos positivos y, por tanto, ejecutables. Ahora, resulta importante resaltar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que cuando se reclama al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que se cuantifique correctamente la pensión, dicha competencia se surte en favor del Juez de Distrito en donde el quejoso tiene su domicilio, pues en éste habrá de repercutir la decisión de dicho instituto, es decir, donde se resienta la ejecución de esa determinación. Esas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, de rubro y texto que se leen: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Ahora, por lo que respecta al acto y autoridad que en este juicio se combaten, es preciso señalar que dentro de las constancias que remitió dicha autoridad como complemento a su informe, se obtiene que el dos de abril de dos mil dieciocho se dictó sentencia en el juicio de nulidad 51/18-PC-2, para que la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Culiacán, Sinaloa, modificara la cuota pensionaria diaria que habría de recibir la aquí quejosa Rocío Guadalupe Salcido González (foja 1 a 19 del anexo I). Una vez que la autoridad responsable dio cumplimiento a dicha resolución, la aquí quejosa interpuso queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia (foja 20 y 21 del anexo I), la cual fue declarada infundada mediante resolución de tres de diciembre de dos mil dieciocho (foja 56 a 63 del anexo I). Así, la resolución que declaró infundada la queja en forma mediata tiene efectos y consecuencias positivos, pues de manera directa deja firme, en la instancia jurisdiccional ordinaria, la determinación dictada por el instituto demandado en cumplimiento a la sentencia de nulidad e indirectamente permite la ejecución de dicha determinación, lo que se traduce en el pago de la pensión de acuerdo con los incrementos fijados por el indicado instituto. En consecuencia, la interlocutoria reclamada en el juicio de amparo, en forma mediata, modifica y altera el estado de cosas existente, pues al resolver en el sentido de que es infundada la queja, indirectamente irradia en la cuantía de la pensión, la que se verá aumentada de acuerdo con lo determinado por la autoridad en la resolución pronunciada en acatamiento a la decisión emitida en el juicio contencioso administrativo, por ende, tiende a introducir un cambio en la realidad. Luego, si bien la resolución reclamada que declara infundada la queja, por sí misma (por su forma de expresión), no produce un cambio material, al tratarse de una negativa simple; pero sus efectos o consecuencias mediatos son positivos y por ende, ejecutables y se relacionan con el incremento de la pensión, entonces rige la primera regla prevista en el artículo 37 invocado, relativa a que la competencia por territorio corresponde al Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, lo que en el caso acontece en el domicilio del quejoso, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 152/2009 invocada en párrafos precedentes. En efecto, conforme a dicho criterio jurisprudencial, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, toda vez que al causar baja del servicio activo ya no está unido a su centro de trabajo sino a su domicilio particular en el cual recaen las consecuencias materiales de los derechos pensionarios de que goza. Lo anterior encuentra sustento por su exacta aplicación al caso concreto, en la jurisprudencia PC.XVI.A. J/23 A (10a.), que emitió el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, de tenor: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD QUE CONDENÓ AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A CUANTIFICAR LA PENSIÓN CON LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS. CORRESPONDE AL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. La locución "ejecución material" es el común denominador de las tres hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito, la cual debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o por virtud de sus efectos y consecuencias. Así, de no ser ejecutable, el acto reclamado se regirá por el tercer párrafo del precepto invocado (cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda) y, si lo es, habrá que distinguir si se ejecuta en un lugar o en diferentes para efecto de ubicarlo en los párrafos primero (es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse se esté ejecutando o se haya ejecutado) o segundo (si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda). De acuerdo con lo anterior, la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cuantificar la pensión con los incrementos respectivos, por su forma de expresión, constituye un acto negativo, a través del cual, la autoridad rechaza la pretensión ejercida en la queja, pero cuyos efectos son positivos, por ende, ejecutables, pues de manera directa deja firme, en la instancia jurisdiccional ordinaria, la determinación dictada por el Instituto citado en cumplimiento a la sentencia de nulidad e indirectamente permite la ejecución de dicha determinación, lo que se traduce en el pago de la pensión de acuerdo con los incrementos fijados por el propio Instituto, lo que se materializa en el ámbito privado de los pensionados, el cual se desenvuelve en su domicilio. En ese sentido, cuando en el juicio constitucional se reclama aquella resolución, se actualiza la regla de competencia establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponde al juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, pues además de que atiende al lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución, con ello respeta el derecho de acceso a la jurisdicción." En consecuencia, al actualizarse la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la competencia por territorio para conocer del juicio constitucional corresponde al Juez de Distrito, en cuya jurisdicción se ubique el domicilio de la quejosa, pues además de que atiende al lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución, la presentación de la demanda ante ese órgano jurisdiccional garantiza el derecho de acceso a la jurisdicción, de las constancias que obran en el juicio, se obtiene que Rocío Guadalupe Salcido González tiene su domicilio en calle Circuito Constelación Orión, número 2336 C, colonia Infonavit Humaya, código postal 80020, en Culiacán, Sinaloa (foja 43 del anexo I); por ende, se estima, que es competente para conocer del aludido asunto el Juez de Distrito en tuno en el Estado de Sinaloa, con Residencia en Culiacán; por consiguiente, remítasele el expediente número 139/2019, del índice de éste juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. En congruencia con lo anterior, se dejan sin efecto las once horas del diecinueve de junio de dos mil diecinueve, que fueron señaladas para el desahogo de la audiencia constitucional en este juicio. Por separado fórmese cuadernillo de antecedentes con copias certificadas de la boleta de turno, demanda de garantías e informe justificado, en la inteligencia que quedará aperturado el citado cuaderno con el presente proveído
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y anexo, que remite el Presidente de la Sala Regional del Norte Centro IV y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite constancia de notificación realizada a Rocío Guadalupe Salcido González, respecto de la resolución de tres de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de nulidad 51/18-PC-2. Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, y con la documental exhibida por la responsable, hágase nueva relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto; el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la quejosa Rocío Guadalupe Salcido González, reclamó de la Sala Regional del Norte-Centro IV y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con residencia en esta ciudad, la omisión de analizar de forma oficiosa los términos del cumplimiento dado por la demandada Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, Delegación Sinaloa, a la sentencia de dos de abril de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de nulidad 51/18-PC-2. Luego, al rendir su informe justificado, la aludida autoridad responsable indicó que la hoy quejosa interpuso instancia de queja contra el cumplimiento dado por la demandada mediante oficio SP/4538/2018 (la responsable lo señala como resolución) a la sentencia aludida, mismo que fue resuelto el tres de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 58 y 59). De la anterior resolución la quejosa adujo que se enteró hasta el veinticinco de enero de este año, a través del aviso electrónico que la autoridad responsable envió a su correo electrónico. Por tanto, a fin de constatar la fecha en que la quejosa tuvo conocimiento de la citada resolución, requiérase a la Sala Regional del Norte-Centro IV y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, remita a este juzgado la constancia de notificación realizada a Rocío Guadalupe Salcido González, respecto de la resolución de tres de diciembre de dos mil dieciocho, a que se ha hecho referencia. Apercíbasele que de no dar cumplimiento a lo anterior, o no informar el motivo que se lo impida, se le impondrá una multa por cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Para dar oportunidad a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las once horas del diecinueve de junio de dos mil diecinueve, para su verificativo.
- Principal
Visto; el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentran señaladas las diez horas con diez minutos del veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio; por tanto, hágase saber a las partes, que desde el uno de mayo de dos mil diecinueve, el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, es el nuevo titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, para los efectos legales a que haya lugar.
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