Rocío Guadalupe Huitrón Gualito

Expediente 102/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
102/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
16/02/2022

Partes del expediente

  • Rocío Guadalupe Huitrón Gualito

Actuaciones

  1. Principal

    III... Naucalpan de Juárez, Estado de México; dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no se interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refieren los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que ha causado estado el auto por el cual se desechó la demanda. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente asunto. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    III... Naucalpan de Juárez, Estado de México; tres de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Rocío Guadalupe ..., por derecho propio, contra actos del Director General del Instituto de Salud del Estado de México y otras autoridades, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 102/2022-III. En principio, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora, antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda que se provee, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, la quejosa substancialmente se reclama la negativa de otorgar permiso, licencia o autorización para evitar la asistencia a su centro de trabajo y como consecuencia se ordene el resguardo domiciliario sin responsabilidad jurídica alguna y se continúe pagando todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias, hasta en tanto las autoridades sanitarias competentes, suspendan o den por concluida la emergencia sanitaria decretada en el país por el virus SARS-COv2, por ser parte de los grupos vulnerables; derivado de lo anterior, que no se dé cumplimiento a las normas que ha emitido la Secretaria de Salud. Al respecto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que prevén: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.] De lo anterior, se advierte que será autoridad responsable para efectos del amparo -con independencia de su naturaleza formal y poniendo énfasis en su actuación material- la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto y que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, pudiendo recaer dicho carácter en los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En efecto, la causa de improcedencia invocada se surte plenamente en el presente asunto, toda vez que la conducta que se reclama, no resulta ser acto de autoridad, en virtud de que no tiene ese carácter la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario en favor del trabajador de instituciones de salud pública como medida preventiva de contagio del virus sars-cov2. Lo anterior, pues si bien es cierto que la mencionada medida de resguardo constituye una de las prácticas que el Gobierno Federal instrumentó, dirigidas a los sectores público, social y privado a efecto de prevenir, mitigar y controlar el contagio derivado del virus SARS-CoV2, su naturaleza es laboral, en virtud de que se encuentra orientada a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en sus centros de trabajo, también lo es que la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario, como medida de prevención de contagio, carece del carácter de acto de autoridad en virtud de que constituye un acto generado a partir del vínculo jurídico que existe entre el empleador y el trabajador, por lo que su cumplimiento es exigible en los términos de la legislación laboral correspondiente. En efecto, ese tipo de relación difiere sustancialmente de la que se entabla entre autoridad y gobernado y, al efecto, resulta conveniente acudir al concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Este concepto ha ido evolucionando a lo largo de la historia del juicio de garantías y se ha abandonado la figura tradicional del "uso de la fuerza pública". Así, autoridad para los efectos del juicio de amparo, es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por lo tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro y, para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Es corolario de lo anterior que, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Así, se aprecia que Director General, Subdirector de Recursos Humanos, y Jefe de Recursos Humanos del Hospital General de Atizapán "Dr. Salvador Gonzalez Herrejon", todos del Instituto de Salud del Estado de México, que señala la quejosa en la demanda, con motivo del desempeño de labor, no constituyen actos de autoridad, sino un hecho derivado de la relación trabajador y patrón, que actúan en el mismo plano de igualdad. De ahí que deba establecerse que el referido juicio resulta improcedente, precisamente porque esas acciones o conductas no constituyen actos de autoridad, en términos del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. En ese tenor, los actos que reclama el promovente no constituyen actos de persona de derecho público o de autoridad, sino acto entre trabajador y patrón, es incuestionable que el juicio en el que se reclaman actos de esta especie resulta improcedente, por actualizarse una manifiesta e indudable causa de improcedencia, que es concretamente la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación a los diversos 1°, fracción I, 5°, fracción II, este último interpretado en sentido contrario, y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación a los diversos 35, 36 y 55, todos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de la videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en virtud de que el nombre de usuario hugoevgjuridico, se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se autoriza consultar las actuaciones del presente expediente, así como realizar notificaciones vía electrónica. Atendiendo lo dispuesto en los artículos 3º, 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 35, 36 y 55, todos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de la videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las notificaciones de carácter personal se le practicarán vía electrónica al aludido usuario, como expresamente lo solicita, en el entendido de que queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la norma mencionada en primer término, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Por otro lado, se le tiene proporcionando un correo electrónico únicamente para entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZADOS. Se autoriza en términos del ordinal 12 de la Ley de Amparo a Hugo Eduardo Villanueva García y Alfonso Miranda Pérez, en virtud de que sus cédula profesionales se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; por lo que hace a los restantes, únicamente en términos del párrafo segundo, última parte del citado numeral, en relación con el diverso 24, párrafo segundo, de la misma norma, toda vez que no acreditan encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de abogado, o tener registrada su cédula profesional en el sistema mencionado, por lo que una vez que realicen lo anterior y lo informe a este juzgado, se acordará lo conducente. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES. Derivado de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia generada por el virus SARS CoV2 (COVID- 19), declarada así por el Consejo de Salubridad General mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de marzo de dos mil veinte, se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Por lo cual, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. TRANSPARENCIA. En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria, hágase saber a las partes el derecho que tienen para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; comuníqueseles que en caso de que llegaren a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que los tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia aparecerá sólo con sus nombres sin incluir sus datos personales; y finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertarán sus nombres sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa.

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