Rocio Gonzalez Soria
Expediente 742/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 742/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Rocio Gonzalez Soria
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja, sin que hasta estos momentos la parte quejosa lo haya hecho valer contra el acuerdo de treinta de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Rocío González Soria, en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicha determinación para todos los efectos legales a que haya lugar, por tanto, archívese el expediente como totalmente concluido. Tómese nota que el presente asunto es susceptible de destrucción, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se ordena que una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previo a generar por duplicado de los documentos a que se refiere el artículo 22 del citado acuerdo.
- Principal
M-II. Vista la demanda de amparo promovida por el quejoso, por propio derecho, contra actos del Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, con residencia en Chimalhuacán, Estado de México, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado; y regístrese bajo el número de juicio de amparo 742/2020-II. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El citado precepto legal menciona: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, de conformidad con el artículo antes mencionado, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el entendido que lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda de amparo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que en su caso se hayan anexado a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ello es así, toda vez que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable lo siguiente: "ACTO RECLAMADO.- De la autoridad ordenadora responsable le reclamo el auto de fecha diez de septiembre de dos mil veinte, dictado en el expediente número 674/2020 que se formó con motivo del juicio de controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar (alimentos) y en donde se omite decretar pensión alimenticia provisional a mi favor" De los antecedentes del acto reclamado que bajo protesta de decir verdad refiere la parte quejosa, se advierte que la misma es parte en el juicio del cual deriva el acto reclamado, por lo que no se encuentra dentro de los supuestos de ser extraña al juicio de origen, estando en tales condiciones, en posibilidad de agotar los recursos que establece la ley del acto, con el propósito de que el acto reclamado del que se duele fuere modificado, revocado o en su caso confirmado, por la autoridad que lo emitió previo a la promoción del juicio de amparo. Es pertinente mencionar que el Código de Procedimientos Civiles, para el Estado de México, en materia de recursos establece: Recursos Artículo 1.360.- Se reconocen como recursos los siguientes: I. Revocación; II. Apelación; III. Queja. De la Revocación Resoluciones materia de revocación Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó. Plazo para interponer revocación Artículo 1.363.- La revocación se interpondrá, expresando agravios, al día siguiente de notificado el recurrente. Trámite de la revocación Artículo 1.364.- Interpuesta la revocación se dará vista a la parte contraria, por tres días y transcurridos, el Juez resolverá dentro del tercer día. La resolución de la revocación es irrecurrible Artículo 1.365.- La resolución que decida la revocación no admite recurso. Artículo 5.74.- Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables, conforme a las reglas generales. Lo anterior evidencia que previamente a la promoción del juicio de amparo, la parte agraviada debió agotar el recurso de revocación, previsto en el artículo 1.362, en relación con los diversos 1.363 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que señala que son revocables los autos que no fueren apelables, y los decretos son revocables por el juez o tribunal que los dictó, como lo especifica dicho código, ello en atención al principio de impugnación contenido en dichas normas adjetivas, que obligan a las partes a agotar los recursos que establece la ley del acto, con el objeto de que las determinaciones adoptadas en el mismo y contrarias a sus intereses jurídicos, sean revisadas por la autoridad que las emitió o por el superior de esta, con el objeto de que a través de tales medios de impugnación el acto que se revisa sea en su caso revocado, modificado o en su caso confirmado, y con ello agotar los recursos antes aludidos previos a la promoción del juicio de amparo, en atención al principio de definitividad contenido en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Por lo que, una vez que la promovente tuvo conocimiento del acto del que se duele, estuvo en aptitud de interponer el recurso de revocación en contra de lo acordado u omitido en auto de diez de septiembre de dos mil veinte, por el juez señalado como responsable en los autos del expediente 674/2020, al día siguiente en que le fue notificado, tal y como lo establece el artículo 1.363 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, expresando los agravios que a su interés legal convinieran, con el objeto de que la determinación que en esta vía constitucional combate la parte quejosa, fuere modificada, revocada o en su caso confirmada, y con ello agotar los recursos que establece la ley del acto que aquí se reclama y al no haberlo hecho así no da cumplimiento al aludido principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: «RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO». (Ap. S. J. F. 1917-2000, Tomo VI, pág. 515). No es obstáculo a lo anterior que el acto reclamado pueda tener o tenga la característica de un acto de ejecución irreparable, contra los cuales resulta procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, sin embargo tal aspecto, no exime al solicitante del amparo de agotar previo al juicio de amparo los recursos que establece la ley del acto, en este caso, el recurso de revocación a que se ha hecho referencia en el cuerpo de esta determinación. De igual manera, sustenta lo anterior por las razones que indica, la tesis de Jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) visible en la página 729, tomo I, Libro X, Julio de 2012, Décima Época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación que dice: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. No es inadvertido para este juzgador, que en el auto reclamado, también se hubiere admitido a trámite la demanda que dio origen al juicio natural y por tanto, lo previsto en el artículo 2.110 del código adjetivo de la materia, que establece: «Artículo 2.110.- El auto que admite una demanda no es recurrible». Lo anterior es así, en virtud de que conforme al precepto 5.43 de dicha legislación, ante la solicitud alimentaria del acreedor, el Juez puede emitir por lo menos dos determinaciones cautelares que habrán de regir hasta el dictado de la sentencia que, en su caso, fije el monto definitivo de la pensión respectiva o hasta el momento de la revisión de medidas cautelares en audiencia inicial: una que es la que establece que el deudor debe cubrir alimentos provisionales, y otra, relativa al monto de la pensión provisional. Se sostiene lo anterior, en virtud de que tales determinaciones como son la que establece que el deudor debe cubrir alimentos y la relativa a su monto, son independientes del auto que admite la demanda, pues la procedencia o improcedencia de la pensión alimentaria provisional depende de los requisitos previstos en el Código Civil del Estado de México. Razones por las cuales, el artículo 2.110 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, no es aplicable a esas determinaciones, pues sólo refiere que el auto que admite la demanda, no es recurrible. En ese contexto, tanto el acreedor como el deudor alimentario pueden controvertir dichas resoluciones; el acreedor, por considerar que no se le fijó la solicitada y que ésta resulta insuficiente para asegurar su subsistencia durante la tramitación del juicio de alimentos, y el deudor, por estimar que representa más de lo que puede dar o de lo que aquél requiere para su manutención durante ese tiempo. En virtud de todo lo anterior, y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113 de la legislación en cita, se desecha de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Rocío González Soria. No es inadvertido para este juzgador, que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían ser estudiadas en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, consultable a página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Así como la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, Tomo XXIV, Junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en su ocurso. Y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Silvia Olivia Ventura Hernández, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y conforme a la última parte del citado precepto legal, esto es, únicamente a efecto de oír y recibir notificaciones a las restantes personas que se mencionan en el escrito de cuenta, pues carecen de registro en dicho sistema. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo en vigor. Finalmente, para el caso de ser necesario, se requiere a las partes para seguir el presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", de conformidad con los lineamientos señalados en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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