Rocio Gonzalez Luque

Expediente 318/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
318/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
08/08/2022

Partes del expediente

  • Rocio Gonzalez Luque

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, ocho de agosto de dos mil veintidós. Atiendo el estado guardan los autos, se observa que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión, contra el proveído de treinta de junio de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de treinta de junio de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, treinta de junio de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Culiacán, Sinaloa, por medio del cual rinde informe justificado y remite documentales, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo se tiene por rendido el informe justificado solicitado a la autoridad responsable citada. Asimismo, se tienen por exhibidas las documentales allegadas con el informe justificado de referencia, en términos del numeral 119 de la Ley de la Materia, sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta en el momento procesal oportuno. Ahora, del estado que guardan los presentes autos se advierte que el quejoso Rocio González Luque, reclama de la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Culiacán, Sinaloa, lo siguiente: IV.-ACTO RECLAMADO: - A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, JUNTA ESPECIAL NO. 35 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO (DEBIDAMENTE INTEGRADA), SE LE RECLAMA, LA VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE DEBIDO PROCESO, Y ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA, DE MANERA, PRONTA, EXPEDITA, IMPARCIAL, Y COMPLETA, EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO LABORAL DENTRO DEL JUICIO EXPEDIENTE 640/2021, POR: LA OMISION DE ACORDAR EL AUTO ADMISORIO DEL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, EN TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 873, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN EL EXPEDIENTE NUMERO 640/2021. LA OMISION DE CELEBRAR LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DEMANDA Y EXCEPCIONES, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 873, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 640/2021. LAS ABIERTAS DILACIONES EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO LABORAL DENTRO DEL JUICIO LABORAL EXPEDIENTE NUMERO 640/2021, POR LA OMISIÓN DE TRAMITARLO Y REGULARLO, EN LOS TERMINOS Y PLAZOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 685, 771 Y 873 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.". Luego, del informe justificado rendido por la autoridad responsable se advierte lo siguiente: "Efectivamente la hoy quejosa presentó demanda laboral, la cual se recibió el 17 de junio de 2021, en esta Junta Especial número treinta y cinco de la Federal de conciliación y Arbitraje, misma que fue remitida por el C. Presidente de la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, por declararse incompetente para seguir conociendo el presente juicio, la cual fue radicada en esta H. Junta con fecha 03 de enero de 2022 y se señalaron las 09:30 horas del 03 de marzo de 2022, para la celebración de la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, fecha que no se llevó a cabo por que no se diligenció el exhorto número de oficio JTA35.MODR-01/2022 donde se solicitó que se emplazara y notificará a las partes, y se señaló de nueva cuenta fecha de audiencia para el día 18 de noviembre de 2022.". Por lo que, en el caso, se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. El artículo 61, fracción XXI, de la legislación de amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Se configura la cesación de efectos del acto reclamado cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y, esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia en cuestión no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En este orden de ideas, es manifiesto que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Al respecto, tiene aplicación al efecto la jurisprudencia 2a./J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Ahora, tenemos que en la especie, el auto de autoridad que combate la quejosa se relaciona de manera esencial con la omisión de la responsable de pronunciarse respecto a la admisión de la demanda que originó el expediente laboral 640/2021de origen, así como a la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo y abiertas dilaciones en el procedimiento dentro de ese juicio laboral, en los términos legales. Ante esa tesitura, el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Culiacán, Sinaloa, refiere en su informe justificado que el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, en esa Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se recibió la demanda laboral presentada por la quejosa Rocio González Luque, misma que le fue remitida por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, por haberse declarado legalmente incompetente para seguir conociendo del juicio respectivo registrado con el número J.E.No.2-03-158/2020 en el índice de la junta declinante. Radicándose ante la junta responsable el tres de enero de dos mil veintidós, y señalándose las nueve horas con treinta minutos de tres de marzo de dos mil veintidós, para la celebración de la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, fecha en la que no se llevó a cabo, porque no se diligenció el exhorto número de oficio JTA35.MODR-01/2022 donde se solicitó que se emplazara y notificará a las partes, señalándose como nueva fecha para la verificación de esa audiencia, el dieciocho de noviembre del año en curso. Además, el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Culiacán, Sinaloa, anexó al referido informe justificado, copia certificada del auto diecinueve de marzo de dos mil veinte, por el que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, se declaró incompetente para seguir conociendo del conflicto laboral J.E.No.2-03-158/2020, turnándose las actuaciones a la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Culiacán, Sinaloa,. Asimismo, se aprecia el oficio 2159 que se despachó el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, así como la constancia de notificación de dicho auto, al apoderado legal de la parte actora -aquí quejosa-, adjuntos también se encuentran el auto de tres de enero de dos mil veintidós, a través del cual la junta responsable radicó la demanda de mérito señalando las nueve horas con treinta minutos del tres de marzo de dos mil veintidós, para la celebración de la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, así como el exhorto número de oficio JTA35.MODR-01/2022 donde se solicitó que se emplazara y notificará a las partes y finalmente la actuación de tres de marzo de dos mil veintidós, en donde se suspende la audiencia programada para esa fecha y en su lugar se señalan las once horas del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, dado que las partes no se encontraban debidamente notificadas. Probanzas que merecen valor probatorio pleno al no haber sido objetadas, en tenor de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en términos de su ordinal 2º, por ser documentos públicos, expedidos por funcionarios en ejercicio de sus funciones y de las cuales se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado relativo a la dilación en la prosecución del juicio laboral, pues con las actuaciones realizadas dejaron de concurrir las dilaciones materia del reclamo. De tal suerte que al quedar actualizada la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, los procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 Constitucional en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Resulta aplicable la Tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Por ello, la audiencia constitucional señalada para las once horas de esta propia fecha, no habrá de celebrarse.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA ************* EL PROVEIDO DICTADO POR ESTE JUZGADO EL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE A LA LETRA DICE: Auto. Los Mochis, Sinaloa, treinta de junio de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Culiacán, Sinaloa, por medio del cual rinde informe justificado y remite documentales, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo se tiene por rendido el informe justificado solicitado a la autoridad responsable citada. Asimismo, se tienen por exhibidas las documentales allegadas con el informe justificado de referencia, en términos del numeral 119 de la Ley de la Materia, sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta en el momento procesal oportuno. Ahora, del estado que guardan los presentes autos se advierte que el quejoso *************, reclama de la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Culiacán, Sinaloa, lo siguiente: IV.-ACTO RECLAMADO: - A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, JUNTA ESPECIAL NO. 35 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO (DEBIDAMENTE INTEGRADA), SE LE RECLAMA, LA VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE DEBIDO PROCESO, Y ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA, DE MANERA, PRONTA, EXPEDITA, IMPARCIAL, Y COMPLETA, EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO LABORAL DENTRO DEL JUICIO EXPEDIENTE 640/2021, POR: LA OMISION DE ACORDAR EL AUTO ADMISORIO DEL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, EN TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 873, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN EL EXPEDIENTE NUMERO 640/2021. LA OMISION DE CELEBRAR LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DEMANDA Y EXCEPCIONES, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 873, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 640/2021. LAS ABIERTAS DILACIONES EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO LABORAL DENTRO DEL JUICIO LABORAL EXPEDIENTE NUMERO 640/2021, POR LA OMISIÓN DE TRAMITARLO Y REGULARLO, EN LOS TERMINOS Y PLAZOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 685, 771 Y 873 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.". Luego, del informe justificado rendido por la autoridad responsable se advierte lo siguiente: "Efectivamente la hoy quejosa presentó demanda laboral, la cual se recibió el 17 de junio de 2021, en esta Junta Especial número treinta y cinco de la Federal de conciliación y Arbitraje, misma que fue remitida por el C. Presidente de la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, por declararse incompetente para seguir conociendo el presente juicio, la cual fue radicada en esta H. Junta con fecha 03 de enero de 2022 y se señalaron las 09:30 horas del 03 de marzo de 2022, para la celebración de la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, fecha que no se llevó a cabo por que no se diligenció el exhorto número de oficio JTA35.MODR-01/2022 donde se solicitó que se emplazara y notificará a las partes, y se señaló de nueva cuenta fecha de audiencia para el día 18 de noviembre de 2022.". Por lo que, en el caso, se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. El artículo 61, fracción XXI, de la legislación de amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Se configura la cesación de efectos del acto reclamado cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y, esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia en cuestión no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En este orden de ideas, es manifiesto que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Al respecto, tiene aplicación al efecto la jurisprudencia 2a./J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Ahora, tenemos que en la especie, el auto de autoridad que combate la quejosa se relaciona de manera esencial con la omisión de la responsable de pronunciarse respecto a la admisión de la demanda que originó el expediente laboral 640/2021de origen, así como a la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo y abiertas dilaciones en el procedimiento dentro de ese juicio laboral, en los términos legales. Ante esa tesitura, el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Culiacán, Sinaloa, refiere en su informe justificado que el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, en esa Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se recibió la demanda laboral presentada por la quejosa ***************, misma que le fue remitida por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, por haberse declarado legalmente incompetente para seguir conociendo del juicio respectivo registrado con el número J.E.No.2-03-158/2020 en el índice de la junta declinante. Radicándose ante la junta responsable el tres de enero de dos mil veintidós, y señalándose las nueve horas con treinta minutos de tres de marzo de dos mil veintidós, para la celebración de la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, fecha en la que no se llevó a cabo, porque no se diligenció el exhorto número de oficio JTA35.MODR-01/2022 donde se solicitó que se emplazara y notificará a las partes, señalándose como nueva fecha para la verificación de esa audiencia, el dieciocho de noviembre del año en curso. Además, el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Culiacán, Sinaloa, anexó al referido informe justificado, copia certificada del auto diecinueve de marzo de dos mil veinte, por el que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, se declaró incompetente para seguir conociendo del conflicto laboral J.E.No.2-03-158/2020, turnándose las actuaciones a la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Culiacán, Sinaloa,. Asimismo, se aprecia el oficio 2159 que se despachó el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, así como la constancia de notificación de dicho auto, al apoderado legal de la parte actora -aquí quejosa-, adjuntos también se encuentran el auto de tres de enero de dos mil veintidós, a través del cual la junta responsable radicó la demanda de mérito señalando las nueve horas con treinta minutos del tres de marzo de dos mil veintidós, para la celebración de la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, así como el exhorto número de oficio JTA35.MODR-01/2022 donde se solicitó que se emplazara y notificará a las partes y finalmente la actuación de tres de marzo de dos mil veintidós, en donde se suspende la audiencia programada para esa fecha y en su lugar se señalan las once horas del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, dado que las partes no se encontraban debidamente notificadas. Probanzas que merecen valor probatorio pleno al no haber sido objetadas, en tenor de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en términos de su ordinal 2º, por ser documentos públicos, expedidos por funcionarios en ejercicio de sus funciones y de las cuales se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado relativo a la dilación en la prosecución del juicio laboral, pues con las actuaciones realizadas dejaron de concurrir las dilaciones materia del reclamo. De tal suerte que al quedar actualizada la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, los procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 Constitucional en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Resulta aplicable la Tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Por ello, la audiencia constitucional señalada para las once horas de esta propia fecha, no habrá de celebrarse.

  4. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Visto el escrito signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, mediante el cual formula el pedimento legal 481/2022, y solicita copia de la resolución que se pronuncie en el presente asunto; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. En ese contexto, téngase por formulado el pedimento que el Fiscal Federal hace valer, el cual podrá considerarse al dictar la resolución en el presente juicio. Asimismo, como lo solicita la promovente con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, en su momento oportuno expídase a su costa la copia que solicita y, entréguese previa razón que por su recibo y entrega se deje en autos.

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