Rocío García Zaragoza

Expediente 2592/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2592/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
10/12/2019

Partes del expediente

  • Rocío García Zaragoza

Actuaciones

  1. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DEICINUEVE QUE A LA LETRA INDICA : Visto el estado de autos, de los que se advierte que por acuerdo de veintiséis de septiembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento informado por la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibido que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en autos y los datos aportados por la autoridad; tal acuerdo le fue notificado el veintisiete de septiembre pasado. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, en virtud de que la parte quejosa, no formuló manifestación al respecto, y este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con lo establecido por el numeral 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Así las cosas, en la sentencia dictada por este juzgado de Distrito el siete de mayo de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, en lo que interesa, para los efectos siguientes: "[.] De consiguiente, la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, en su artículo 34, fracción II, inciso b), resulta contrario a los principios de equidad y proporcionalidad tributaria; por ende, inconstitucionales, pues otorgan un trato disímil a contribuyentes ubicados en un mismo hecho generador de gravamen -impuesto predial-, sin que exista un motivo legal y suficiente para ello; además no atienden a la auténtica capacidad contributiva del sujeto pasivo del impuesto; por tanto, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados.- En lo relativo a los efectos del amparo debe precisarse que, acorde a lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo y dado que la concesión deriva de la inequidad de los preceptos combatidos, la protección otorgada deberá limitarse a ordenar que se desincorpore de la esfera jurídica del amparista, la obligación de calcular el impuesto predial conforme a las disposiciones reclamadas que prevean una tasa bimestral al millar mayor que la mínima, es decir, para que al momento de que se cuantifique el monto respectivo, se le haga extensivo el beneficio de la tasa bimestral al millar más benéfica, misma que sirvió de base para el comparativo de las situaciones de desigualdad, que en este caso resulta ser la de 0.23 (cero punto veintitrés), por concepto del impuesto predial, pues no podría desincorporarse totalmente la obligación de pagar la contribución de referencia, en virtud de que ello implicaría poner a la promovente en un estado privilegiado; y, además, se desatendería el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, respecto a la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa.- En consecuencia, los efectos del amparo contra leyes, cuando la protección constitucional se otorga únicamente por el trato fiscal injustificadamente diferenciado, la sentencia no tiene por objeto liberar al quejoso del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la ley a determinados contribuyentes que se encontraban en su misma situación.- Esto es así, puesto que la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros.- [.].- La protección constitucional debe hacerse extensiva a los actos concretos de aplicación consistentes en los recibos oficiales con número LBA00007788, LBA00007789, LBA00007791, LBA00007792, LBA00007795, LBA00007796 expedidos el ocho de febrero de dos mil diecinueve, del que se advierte el pago que realizó por concepto del impuesto predial, lo anterior, a fin de que le sean devueltas las cantidades que se enteraron en acatamiento a lo ordenado en el presente fallo; en el entendido de que dichas devoluciones deberán versar sólo en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos edificados.- Asimismo, debe señalarse que una vez realizado el cálculo con la tasa bimestral al millar menor (0.23), también con base en lo preceptuado el numeral 77 de la ley que rige en estas actuaciones, la devolución deberá entregarse a la contribuyente por conducto de la autoridad hacendaria que corresponda, en el entendido de que dichas devoluciones deberán actualizarse, de acuerdo con los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco; y, tendrá que versar exclusivamente en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos urbanos edificados; para que, de esa manera, se restituya a la impetrante del amparo en el pleno goce de las garantías individuales que se consideraron transgredidas en su perjuicio.- Es decir, se deberán realizar las operaciones aritméticas conducentes, a fin de calcular el impuesto predial, conforme a la tasa establecida en el artículo 32, fracción II, la Ley de Ingresos para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. Lo anterior se enfatiza, porque el amparo concedido no releva a la parte quejosa de la obligación de pagar en su totalidad el impuesto correspondiente, porque la declaratoria de inequidad no tiene por efecto exentarle del pago en su totalidad, dado que ello atentaría contra la obligación constitucional de contribuir al gasto público que consagra el artículo 31, fracción IV, constitucional, sino en desincorporar de su esfera jurídica, la obligación tributaria exclusivamente en la parte inconstitucional.- Y, una vez obtenido el monto de tal impuesto, deberá realizar la sustracción de la cantidad respectiva a la suma cubierta por concepto del aludido impuesto predial de predios urbanos no edificados, para así fijar la diferencia de numerario que debe entregarse a la parte quejosa. Luego, esas diferencias pagadas indebidamente deberán devolverse actualizadas, conforme a lo previsto en el citado artículo 68 del Código Fiscal del Estado de Jalisco. (.)". Mediante proveído de cuatro de junio de dos mil diecinueve, la sentencia de mérito causó ejecutoria, y por consiguiente se ordenó requerir a la autoridad responsable a efecto de que cumpliera con la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el párrafo que precede. Luego, mediante proveído de doce y veintiséis de septiembre de la anualidad que transcurre, se tuvo por recibido el oficio suscrito por el Director General Jurídico del Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y la Tesorera de dicho municipio, respectivamente, mediante los cuales remitieron copia de las pólizas de cheques números 0026913, 0026915, 0026916, 0026917, 1126918, 00261919 y 0026920, expedidos en favor de la parte quejosa, asimismo, informaron que a data veintitrés de septiembre pasado, la aludida parte fue omisa en acudir a las instalaciones de dicha Tesorería a efecto de recibir dicho cheques, no obstante haber sido notificada para ello; constancias a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se pone de manifiesto que ha quedado cumplida la ejecutoria de amparo, sin incurrir en exceso o defecto. Apoya lo anterior, la Tesis aislada número III.3o.A.52 A, consultable en la página 1455, del Tomo XXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente al mes de mayo de dos mil cinco, que dice: Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto, previas las anotaciones que se haga en el libro de gobierno. En otro aspecto, este expediente es susceptible de depuración, en términos de la hipótesis contemplada en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de octubre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Asimismo, de conformidad al punto vigésimo primero, fracción V, capítulo quinto, segundo párrafo, del Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.

  2. Principal

    Por este medio notifico a la parte quejosa la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, toda vez que no acudió a notificarse personalmente de la misma, no obstante de habérsele dejado citatorio para tal efecto. La resolución de mérito a la letra dice: "Visto el oficio que suscribe el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, mediante el cual solicita se de vista a la parte quejosa para que se presente en las instalaciones de dicha dependencia a fin de recoger el importe materia de la ejecutoria de amparo; a lo que se provee: agréguese a los autos para los efectos legales procedentes y hágase de su conocimiento que dicha autoridad es la competente para notificar y requerir a la parte quejosa para que recoja el cheque que acredite la devolución de dichas cantidades, por lo que desde este momento se informa que el domicilio señalado por el quejoso en su escrito inicial de demanda es el ubicado en la finca marcada con el número 1416, calle Río Amacuzac, colonia Quinta Velarde, Guadalajara, Jalisco, lo anterior, a efecto de que realice las notificaciones que considere necesarias a fin de dar cabal cumplimiento. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del artículo 2°, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, acredite haber acudido a las oficinas de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, por el título de crédito o manifieste la imposibilidad que tenga para hacerlo; bajo apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado tomará en cuenta su actitud omisa y resolverá lo conducente con las actuaciones existentes, respecto del cumplimiento o no a la ejecutoria de amparo. De igual manera, y previo a realizar los apercibimientos de ley, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite haber entregado el importe adeudado a la parte quejosa; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en los artículos 238 y 258, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo; y en su caso, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistentes en su separación del cargo y consignación ante autoridad competente. De igual forma, en términos del párrafo tercero del artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, en su carácter de superior jerárquico de la referida autoridad, para que, en su carácter de superior jerárquico ordene a esta última dé cumplimiento al fallo protector, dentro del referido término, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en los artículos 238 y 258, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo; y en su caso, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistentes en su separación del cargo y consignación ante autoridad competente. Asimismo, se hace del conocimiento del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, que en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los mismos términos que la autoridad en contra de cuyos actos se concedió la protección constitucional, según lo dispone el segundo párrafo del artículo 194 de la Ley de Amparo.".

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