Rocío del Pilar Morales Hernández
Expediente 547/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 547/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 18/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rocío del Pilar Morales Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en el sentido que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto dictado el veintitrés de agosto del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el dieciocho de noviembre de dos mil veinticuatro. Asimismo, se establece que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, puesto que se negó la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso "c", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por lo que se establece como fecha probable dieciocho de noviembre de dos mil veinticuatro. Igualmente, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el dieciocho de mayo de dos mil veintidós. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Insértese el presente proveído en los cuadernos incidentales para los efectos legales a que haya lugar, sin que sea necesaria su notificación. De igual forma, al estar totalmente concluido el presente juicio, no existe razón alguna para que continúen agregadas las documentales que la parte quejosa ofreció como pruebas en este asunto; por lo que se ordena su devolución y se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días naturales, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído comparezca para su devolución; con el apercibimiento que en caso de no recogerlos, seguirán la suerte del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del citado Acuerdo General. Ahora, tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19 hágase del conocimiento de la parte quejosa que este órgano jurisdiccional tiene actualmente asignado el horario matutino de siete horas con cuarenta y cinco minutos a trece horas con cuarenta y cinco minutos, y que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecen las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Por tanto, para la devolución de los documentos, deberá generar la cita correspondiente a través del proceso automatizado que le otorgará, un código "QR", para el ingreso al órgano jurisdiccional, cumpliéndose previamente los requisitos para pasar los filtros sanitarios y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes....
- Principal
Vistos el oficio de cuenta, agréguense a los autos para que surta los efectos legales procedentes, y désele pleno valor, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, segundo párrafo y 21 de la Ley de Amparo; atento a su contenido, téngase al Director de Procesos y Amparos de la Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México, acusando recibo del oficio 2308-II, por el cual se le notificó el auto de treinta y uno de agosto pasado, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, y atento a su contenido; téngase a la quejosa Rocío del Pilar Morales Hernández, manifestando, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI y 64 de la Ley de Amparo, que ya le suministraron al menor de identidad reservada, las dos dosis de la vacuna PFIZER/SIONTECH contra el virus SARS CoV-2, en un viaje realizado al extranjero, dado el incremento de contagio en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Ahora, del escrito de demanda que dio origen al presente juicio de amparo se advierte que la quejosa señaló como actos reclamados la omisión para vacunar contra el virus SARS-CoV2 a un adolescente de dieciséis años, violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la implementación de la Política Nacional de Vacunación Contra el Virus SARS-CoV-2, la negativa del registro para la vacuna contra el aludido virus en la página electrónica "Mi vacuna (salud.gob.mx)", así como la ejecución del Programa de vacunación. En ese sentido, tomando en consideración las manifestaciones de la parte quejosa en el sentido de que el menor de edad ya fue vacunado en el extranjero, es incuestionable que en el caso particular, se actualiza una causa de improcedencia, aunque diversa a la propuesta por la citada promovente del amparo, que es la prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el diverso 63, fracción V, de la ley de la materia. Esta causa de improcedencia se actualiza cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, es decir, aun cuando los efectos del acto de autoridad controvertidos subsistan, en caso de concederse el amparo, resultaría jurídicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime violado o bien, ningún efecto jurídico tendría la concesión del amparo, porque la prerrogativa afectada, que se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica del menor se modificó sin causar un perjuicio susceptible de ser reparado mediante la resolución concesoria de amparo. Lo anterior, si se tiene en cuenta que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, por ello, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, tendrá lugar cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, lo cual se actualiza en el caso de que se advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han materializado en la esfera jurídica del impetrante, ni se materializarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual este se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, como se precisó en párrafos anteriores, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria; lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando este subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector no cumpla con su finalidad. Resulta aplicable al caso la diversa 2ª. XLVIII/98, emitida por la aludida Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, visible en la página 241, del Tomo VII, Abril de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 196442, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." En ese contexto, si lo que se señala, esencialmente, como acto reclamado consiste en la omisión para vacunar contra el virus SARS-CoV2 a un adolescente de dieciséis años, representado por la promovente del amparo, lo que atribuye a las autoridades responsables. Es inconcuso que, al habérsele aplicado al menor de edad el esquema completo de vacunación, esto es, las dos dosis de la vacuna PFIZER/SIONTECH contra el virus SARS CoV-2, según lo manifestó la quejosa en el ocurso de mérito, la materia del controvertido constitucional ha dejado de existir, no afectando de manera alguna la esfera jurídica de la parte quejosa el acto reclamado, máxime que aun cuando fuera el caso de declararlo inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituirla en el goce del derecho fundamental que se estima violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, en virtud de que el propósito para el cual se emitió se extinguió sin dejar huella alguna en su esfera jurídica que pudiera ser susceptible de reparación, y que, por ende, el fallo protector pudiese cumplir con su finalidad. Ciertamente, a partir de que se aplicó la vacuna al menor, se modificó el entorno en el cual la omisión reclamada se produjo, siendo evidente que el objeto o materia del mismo desapareció del mundo jurídico aun cuando la omisión subsista, toda vez que sus efectos ya no podrán concretarse en la esfera legal de la parte demandante del amparo, en virtud de que la falta de vacunación, dejó de surtir efecto alguno, y era lo que causaba molestia al menor; razón por la cual se estima opera la causal de improcedencia invocada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a. /J.181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 189, del Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 173858, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En razón de lo anterior, se sobresee en este juicio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXII y 63, fracción V de Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, ya que a nada práctico conduciría continuar con el trámite normal de este juicio y esperar hasta la fecha de la audiencia para dictar sentencia en el mismo sentido en que puede hacerse ahora, pues ello iría en perjuicio y menoscabo de la garantía de administración pronta y expedita de la justicia, que contempla el artículo 17 constitucional. Apoya la conclusión alcanzada, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Sin que pase inadvertido el hecho que las tesis a las que se hace mención, aun cuando se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, siguen cobrando vigencia, ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de las mismas, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fuera expedida la nueva Ley de Amparo. Consecuentemente, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Es dable precisar que el escrito enviado mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación no presenta la evidencia criptográfica de la persona que firma el oficio de cuenta, sino firma electrónica de diversa persona; no obstante, se acuerda de conformidad al contener firma autógrafa digitalizada de quien lo elaboró. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por correo electrónico a la Fiscal de la Federación adscrita en materia de amparo y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene (n) por recibido (s) el (los) informe (s) de cuenta y con su contenido, dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes. Asimismo, se les tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican y como delegados para tales efectos a las personas que refieren en los oficios de mérito, de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia. Por otra parte, téngasele informando la imposibilidad de seguir el juicio en línea por parte de la Secretaría de Salud en representación del Presidente de la República Mexicana, ya que no cuentan con la firma electrónica certificada por el Poder Judicial de la Federación o la firma electrónica del Servicio de Administración Tributaria, por lo que carece de usuario del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, asimismo, la imposibilidad para proporcionar un correo institucional, pues la capacidad de su correo es limitada; por lo que solicita que las subsecuentes notificaciones se le realicen al domicilio oficial por mensajería acelerada, telegrama o bien por exhorto, de lo que el suscrito toma conocimiento. Ahora, respecto al número telefónico que aparece en la parte final del telegrama registrado con el número 10447, en términos del artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, dicho medio se utilizará tratándose de comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables; por lo que se tiene como medio de contacto. Finalmente, por cuanto al diverso telegrama remitido por la Jefa del Departamento adscrita a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual rinde informe justificado de la citada Secretaría, agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento, en virtud de que en auto de diez de agosto actual se tuvo por rendido el mismo....
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