Rocío del Carmén López Arce
Expediente 19/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 19/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 06/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Rocío del Carmén López Arce
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
(13) Requiérase a la(s) autoridad(es) referida(s). Se apercibe(n).
- Principal
(105) Requiérase a la(s) autoridad(es) referida(s). Se apercibe(n).
- Principal
PERSONAL. ...se tiene por no presentada la demanda de garantías,...
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha 25/enero/2019, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el citatorio que se dejó en su domicilio. Auto cuyo contenido es: "Ciudad de México; veinticinco de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, así como las constancias que integran los presentes autos, de las cuales se advierte que Rocío del Carmen López Arce, en su carácter de parte quejosa, no desahogó la prevención que se le formuló mediante acuerdo de ocho de enero de dos mil diecinueve, no obstante que ha transcurrido el término que se le concedió para tales efectos. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el citado acuerdo y con apoyo en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se deja de tener como autoridad responsable al Instituto Nacional de Pediatría, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, de una análisis a la demanda de amparo de que se trata, se advierten nuevas imprecisiones, por lo que de conformidad con la tesis visible en la página 290, Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, de rubro: "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO, SALVO CASOS DE EXCEPCIÓN.", este Juzgado de Distrito se encuentra facultado para formular una nueva prevención; por tanto a fin de proveer lo conducente sobre la admisión de la demanda, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: a) Señale si es su deseo tener como acto reclamado en la presente instancia, la circular número 022, de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho, a que hace referencia; toda vez que en su capítulo de actos reclamados correspondiente a la autoridad denominada Director de Administración y Desarrollo de Personal, refiere que "reclama la ejecución de la orden contenida en la circular número 022", manifestación que genera incertidumbre a esta juzgadora, dado que no se advierte con certeza su pretensión. Apercibido que de no dar cumplimiento al inciso señalado con antelación, no se tendrá como acto reclamado el señalado en el inciso que antecedese tendrá por no presentada la demanda de amparo. b) Asimismo deberá precisar si la "Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"; la controvierte en su carácter de disposición autoaplicativa o heteroaplicativa, y en éste último caso, deberá indicar cuál o cuáles son los actos destacados de autoridad que contienen su primer acto de aplicación de la disposición de que se duele; asimismo, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad la fecha exacta en que tuvo conocimiento, le fue notificado, se ostentó sabedor o en su caso, se impuso del contenido del primer acto de aplicación. Lo anterior, debe ser precisado por la parte promovente de conformidad con lo dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 108 de la Ley de Amparo, y no dejarlo a la interpretación de este órgano jurisdiccional, toda vez que con dicha información se fijará la litis constitucional en el presente asunto, y así las autoridades a las que se encuentran dirigidos los actos reclamados estarán en aptitud de rendir con mayor certeza los informes que les sean solicitados. Resulta aplicable en lo conducente, la Jurisprudencia: I.15o.A. J/12, visible en la página 2071, del tomo XXXIII, marzo de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "AMPARO CONTRA LEYES. HIPÓTESIS EN QUE UNA NORMA GENERAL PUEDE CAUSAR AL GOBERNADO UNA AFECTACIÓN QUE LO LEGÍTIMA A PROMOVER EL JUICIO. En el escenario del juicio de amparo contra leyes pueden presentarse diversos supuestos en los que es posible ubicarse en la hipótesis de afectación de una norma de carácter general, a precisar: 1. Actualización automática del supuesto normativo con motivo de su sola entrada en vigor, al comprender la situación jurídica del particular afectado (norma autoaplicativa); 2. Aplicación expresa en el acto reclamado que implica la actualización de su hipótesis (norma heteroaplicativa); 3. Aplicación tácita de acuerdo con los supuestos que se concretaron en el acto controvertido; y 4. Aplicación negativa (interpretación a contrario sentido). En el primer caso, basta que el quejoso se encuentre ubicado en la situación regulada por la disposición para que se genere el perjuicio con la sola vigencia de la norma, sin tener que esperar algún acto de aplicación para solicitar la protección de la Justicia Federal. Respecto del segundo caso, la autoridad responsable, el propio particular o un tercero que actúa por mandato de la ley actualiza los supuestos jurídicos plasmados en una norma, esto es, tanto la hipótesis como la consecuencia están inmersas en el acto de aplicación. En cambio, en el tercer supuesto no existe invocación expresa de la norma jurídica que pretende controvertir el quejoso, pero sí la regulación de su situación jurídica por la norma no señalada, por lo que tanto la hipótesis como la consecuencia están implícitamente contenidas en el acto, de ahí que la observancia se actualiza de manera tácita. Finalmente, en cuanto a la aplicación negativa de una norma reclamada, la situación jurídica del quejoso es análoga, semejante, equiparable o idéntica a la establecida en una disposición que lo excluye de la observancia de ciertos de sus efectos, causándole así un perjuicio por discriminación jurídica, siendo entonces la pretensión principal del solicitante del amparo la de incorporarse en un supuesto que lo excluye por diversas cuestiones, es decir, parte de la premisa de que el precepto reclamado no está dirigido a su situación jurídica y según el mandato de la propia norma no es posible que actualice sus efectos, sin embargo, al contener un beneficio o prerrogativa, pretende obtenerla aduciendo violaciones a garantías constitucionales, principalmente, por generalidad, igualdad o equidad tributaria en términos de lo dispuesto en los artículos 1o. y 31, fracción IV, de la Constitución General de la República." Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, la tesis P. LXVII/96, visible en la página 113 del tomo III Mayo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto establece: "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PARA QUE SE DEMUESTRE QUE SE APLICARON, NO BASTA QUE SE CITEN LAS NORMAS RECLAMADAS, SINO QUE ES NECESARIO QUE SE ACTUALICEN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN ELLAS. Aun cuando en una orden de visita o el acta relativa que se reclamen en amparo y que tuvieren por objeto verificar si la negociación de la quejosa cumple con la ley, también impugnada, las autoridades responsables mencionen las disposiciones reclamadas, esa circunstancia no es suficiente para considerar que éstas ya fueron aplicadas, si no existen actos concretos que actualicen lo dispuesto por las normas. En esas condiciones, si no se han actualizado las hipótesis previstas en las disposiciones legales, debido a que la autoridad administrativa no ha utilizado la facultad que le confieren, no puede estimarse que ya existía acto concreto de aplicación. Así las cosas, si las disposiciones legales, fueron reclamadas con motivo de su aplicación, sin haberse demostrado ésta, es claro que la sola existencia de las referidas normas no afecta los intereses jurídicos de la quejosa, por lo que se surte en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo." Así también, resulta aplicable en lo conducente, la tesis visible en la página 54, del tomo III segunda parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo.". Apercibida de que de ser omisa en desahogar el requerimiento formulado en el inciso que antecede de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, se tendrá por no presentada su demanda de garantías. c) Con fundamento en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, deberá narrar bajo protesta de decir verdad, la totalidad de los hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, entre ellos, la fecha exacta en que se le notificó, tuvo conocimiento se impuso del contenido, se ostentó sabedor del acto de ejecución que realizó la autoridad ejecutora Director de Administración y Desarrollo de Personal, de la orden contenida en la Circular 022 de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho, toda vez que por una parte refiere que tuvo conocimiento de ella, el catorce de diciembre de dos mil dieciocho y, por la otra refiere que fue el veinticinco de diciembre de la misma anualidad, circunstancia que debe ser precisada por la parte promovente, y no dejarlo a la interpretación de este órgano jurisdiccional. Máxime, que dicha información forma parte de la totalidad de los hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados y, por ende, debe ser aportada por la parte promovente y no dejarlo a la interpretación de este órgano jurisdiccional, siendo que es un requisito formal de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo. Habida cuenta que la afirmación de hechos falsos en la demanda de amparo hace incurrir en responsabilidad en términos del artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Apercibida de que de ser omisa en desahogar el requerimiento formulado en el inciso que antecede, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, se tendrá por no presentada su demanda de garantías. d) Deberá manifestar si es su deseo señalar como autoridad responsable, además de las ya citadas en el capítulo respectivo de su escrito de demanda, a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal del Instituto Nacional de Pediatría; toda vez que de la lectura integral del capítulo de "ANTECEDENTES", se advierte la participación de dicha autoridad, sin que la misma haya sido señalada como responsable en el capítulo de "III:- Autoridad Responsable:", de su escrito inicial de demanda; circunstancia que debe ser precisada por la parte promovente, pues con dicha información las autoridades responsables se encontrarán en aptitud cierta y precisa de rendir sus informes, sin incurrir en errores u omisiones que no les sean imputables a ellas, además de dar cabal cumplimiento a la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis 2A/5.30/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 250, Tomo III, junio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de ésta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficáz administración de justicia, atendiendo a lo que la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 116 de la Ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por la cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación de las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición". e) Finalmente, con apoyo en el artículo 110 de la ley de la materia, se requiere a la parte promovente para que exhiba copias suficientes de su escrito aclaratorio necesarias para correr traslado a las autoridades señaladas con el carácter de responsables y una más para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Apercibida de que de ser omisa en desahogar el requerimiento formulado en el inciso que antecede de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, se tendrá por no presentada su demanda de garantías. Resulta aplicable al caso, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicado en la página 168, Tomo V Segunda Parte-1, en el Semanario Judicial de la Federación en la Octava Época, mismo que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE EXHIBIR COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO DE LA. El artículo 120 de la Ley de Amparo establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, e integrar el incidente de suspensión, y si bien esta disposición no se refiere expresamente a "escritos aclaratorios", y sólo habla de demandas, sin embargo, es de estimar que tales supuestos no son distintos, y el primero forma parte de la propia demanda, porque en él se aclara cuando algún punto de que se trata es confuso o incompleto, o se amplía en los mismos; por ello es que la disposición en comento es aplicable en la especie, porque esos conceptos, demanda y aclaración, no pueden desvincularse". Por último, a fin de que se proceda a realizar la notificación del presente proveído en el domicilio señalado, con fundamento en lo previsto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilita al actuario adscrito a este Juzgado Federal, para practicar la diligencia que se encomienda, en horas y días inhábiles. Notifíquese; y personalmente a la parte promovente. Así, lo proveyó y firma Rosalba Balderas Álvarez, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargada del despacho, en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme al oficio número CCJ/ST/6820/2018 de once de diciembre de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa asistida de Guadalupe Carmen Bonilla García secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. ".
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