Rocío De los Ángeles Galdean Olivas

Expediente 648/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
648/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
29/11/2019

Partes del expediente

  • Rocío De los Ángeles Galdean Olivas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DE FECHA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, LA CUAL A LA LETRA DICE: SENTENCIA Vistos para resolver los autos del juicio de amparo ***/2019-V, promovido por **************. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el tres de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón de turno ese mismo día, ************* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad. SEGUNDO. Derechos constitucionales reclamados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado a la demanda de amparo. Mediante proveído de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada bajo el juicio ***/2019-V; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se le dio la intervención legal que le compete; se emplazó a los terceros interesados; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa, la cual, previo diferimiento, se desahogó al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se trata de un acto en materia penal, reclamable en la vía indirecta, que fue dictado por una autoridad que realiza sus funciones en el territorio en el que este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación del acto reclamado. Así, del análisis de la demanda así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el promovente reclama al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, en la causa penal ****/2019, el veinte de agosto de dos mil diecinueve, por el delito de falsificación o alteración y uso indebido de documentos, previsto y sancionado por el artículo 330, del Código Penal del Estado de Chihuahua. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclamó; y para corroborar lo anterior, remitió tres discos versátiles que contienen las videograbaciones de las audiencias celebradas el catorce, diecinueve y veinte de agosto de dos mil diecinueve; probanzas a las cuales se les reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De manera que, se tiene como cierto el auto de vinculación a proceso de que se duele la parte accionante para los efectos de este juicio de amparo. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Procedencia. Del análisis a los autos no se advierte la actualización de alguno de los supuestos que obligan a sobreseer en el juicio de amparo respecto al acto que se tiene como cierto, conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Amparo, ni de alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la propia legislación. QUINTO. Determinación que adopta este Juzgado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 79 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Ahora, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, del que se deduce que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de esa naturaleza son la expresión de lo siguiente: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la emisión del auto de vinculación a proceso. Por su parte, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa, además de los anteriores requisitos, los siguientes: I.Se haya formulado la imputación; II.Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III.De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que: III.1. Se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; III.2. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, IV.Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden transgredirse derechos distintos a los consagrados en el artículo 19 Constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, pues el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en los principios de seguridad jurídica que consagra la ley suprema de nuestro país, entre otras: a) que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento; b) que se respeten los principios rectores sobre valoración de pruebas; y, c) que se encuentre debidamente fundada y motivada; derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un sólo cardinal, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis XIII.P.A.30 P, que sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, novena época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, de abril de dos mil uno, página 1228, registro 162421, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías. Dicho lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: I. Formulación de la imputación. En audiencia de catorce de agosto de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, encontrándose presente ****************, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, el agente Ministerio Público formuló imputación en contra de la citada quejosa. II. Rendición de la declaración del imputado o que se encuentre asentado su deseo de negarse a declarar. En la audiencia de ley, celebrada el catorce de agosto de dos mil diecinueve, la imputada asistida de su defensor particular se reservó el derecho a emitir declaración en relación a los hechos que se le atribuyeron. III. 1. Que de la investigación se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Con relación a este tópico, atendiendo al criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es oportuno destacar que el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Corrobora lo antes expuesto, la Jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de dos mil diecisiete, tomo I, página 36, registro 2014800, cuyo rubro es el siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Atento a lo anterior, este tribunal de amparo analizará si el Juez de Control encuadró correctamente la conducta imputada a **************, a lo previsto y sancionado por el artículo 330 del Código Penal del Estado de Chihuahua, el cual establece lo siguiente: 330. A quien para obtener un beneficio o causar un daño, falsifique o altere un documento público o privado con independencia del resultado obtenido, se le impondrán de tres a seis años de prisión y de cien a mil días multa, tratándose de documentos públicos y de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa, tratándose de documentos privados. Las mismas penas se impondrán a quien, con los fines a que se refiere el párrafo anterior, haga uso de un documento falso o alterado o haga uso indebido de un documento verdadero, expedido a favor de otro, como si hubiere sido expedido a su nombre, o aproveche indebidamente una firma o rúbrica en blanco. En la especie, el suscrito considera que el Juez responsable correctamente consideró que existían hechos constitutivos del delito de falsificación o alteración y uso indebido de documentos, previsto y sancionado en el artículo transcrito con antelación. Lo antes expuesto, toda vez que, como bien lo señaló el Juez responsable, con la querella realizada por el licenciado ***************, en su calidad de representante legal de la moral agraviada, ante el Ministerio Público; con la ratificación de la anterior denuncia realizada por dicho profesionista; con las declaraciones de las testigos **************; así como con los dictámenes en materia de contabilidad emitidos por el contador público ***************; quedó establecido que entre el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis al dieciséis de abril de dos mil diecisiete, en el domicilio ubicado **************, hubo una alteración de documentos por parte de una persona que fue contratada para prestar servicios en el departamento de recursos humanos de la moral víctima **************, modificando el archivo de Excel en relación a la sumatoria de la cantidad total de las nóminas a pagar semanalmente. Además, el suscrito considera correcto el valor otorgado por la autoridad responsable a las declaraciones de las testigos ***************, para los efectos de tener por demostrado el hecho señalado en la ley como el ilícito en cita, toda vez que se trata precisamente de empleadas de la moral víctima las cuales depusieron ante el órgano investigador dando cuenta de hechos que les constan debido al encargo que recibieron por parte de la aquí tercero interesada y especificando cómo hubo alteraciones por parte de la persona que estaba encargada de recursos humanos respecto de la nómina y de las hojas de Excel. En el mismo sentido, fue correcto el valor probatorio que el Juez de origen otorgó al dictamen en materia contable elaborado por el licenciado ************, únicamente para determinar que en el caso en particular, de acuerdo a las reglas contables, hubo una alteración en las sumatorias de la nómina semanal pagadas por la moral víctima. Es por lo anterior, que tal conclusión se estima apegada a derecho, porque desde el estándar que amerita el examen del auto de vinculación a proceso, se colige que el Juez de Control estableció acertadamente que los datos de investigación que se pusieron bajo su conocimiento permitían establecer que sí existían hechos que el Código Penal del Estado de Chihuahua, considera como delito de falsificación o alteración y uso indebido de documentos, previsto y sancionado en el artículo 330 del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de la moral ************, porque en el tamiz constitucional que debe practicarse en esa etapa del proceso penal, este Juzgado de Distrito comparte la determinación a la que arribó el responsable, debido a que existen datos que permiten advertir la existencia de un hecho señalado en la ley como el delito precisado. En esta tesitura, en cuanto a la configuración de los hechos constitutivos del delito atribuido al quejoso, este Juzgador no advierte lesión a los derechos del imputado; por lo cual debe permanecer firme lo considerado por el Juez de Control en ese aspecto. III.2. Que de la investigación se desprendan los datos que establezcan la probabilidad de que el imputado participó en la comisión de los hechos. Con relación a este elemento, es decir, a la probabilidad de que el imputado participó en la comisión de los hechos que la ley reputa como delitos, es necesario partir de que en el sistema de justicia penal vigente, uno de los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso es que exista la posibilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; por tanto, esta determinación debe dictarse únicamente a partir de los datos de investigación que refirió el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y los datos de prueba que refirió en ella -salvo los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan-; por ende, basta que existan indicios de que el ahora quejoso haya intervenido en los hechos que la ley prevé como delitos, para que sea legal la determinación de vincularlo a proceso. Atento a lo anterior, este Juzgado Federal comulga con la autoridad responsable, porque con los datos de prueba que le fueron narrados por el agente del Ministerio Público y que se tomaron en cuenta para la emisión del acto reclamado, permiten establecer que existe la probabilidad de que ********** cometió el hecho configurativo del delito de falsificación o alteración y uso indebido de documentos, por sí misma, ya que de los antecedentes, se determinó que la imputada fue la persona, quien en su calidad de encargada de recursos humanos, era la que personalmente elaboraba la nómina semanal, lo que realizaba en una "hoja de Excel", la cual contenía los nombre de los trabajadores, la sucursal donde laboraban, el importe que cada trabajador debía percibir como sueldo semanal y la cantidad total de la nómina de cada semana, formato que era pasado a la administradora de la empresa ************, para efectos de sus autorización, para posteriormente dirigirse con la tesorera de la moral víctima **************, quien hacía entrega a la aquí quejosa del dinero en efectivo para el pago de la nómina correspondiente, previo contra-recibo que firmaba la aquí quejosa. De igual forma, que de los dieciséis listados de la nómina semanal elaborados por **************, se desprende que entre el supuesto total indicado al calce de los listados en cita y la sumatoria real total de la nómina a pagar dentro del periodo del veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis al dieciséis de abril de dos mil diecisiete, existía una diferencia que ascendía a la cantidad de trescientos diez mil setecientos setenta pesos 00/100 moneda nacional ($310,770.00). Datos de prueba que adecuadamente el juez responsable, les reconoció valor de indicio, pues los mismos debidamente adminiculados entre sí generan certeza de que los hechos sucedieron tal y como fueron planteados por el representante social al formular la imputación. Ahora, en un primer aspecto refiere la quejosa que se violó en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, en atención a que con los datos de prueba aportados en la audiencia correspondiente, no son bastos ni suficientes para la acreditación del injusto que se le imputa. El anterior aserto resulta infundado. Lo anterior es así, toda vez que como ya se dijo en el apartado anterior, la autoridad responsable correctamente estableció que, con la querella realizada por el licenciado ***********, ante el Ministerio Público; con la ratificación de la anterior denuncia realizada por dicho profesionista en su calidad de representante legal de la moral agraviada; con las declaraciones de las testigos ***********, ********** y ***********; así como con los dictámenes en materia de contabilidad emitidos por el contador público ************; quedó acreditado que entre el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis al dieciséis de abril de dos mil diecisiete, en el domicilio ubicado ****************, hubo esta alteración de documentos por parte de una persona que fue contratada para prestar servicios en el departamento de recursos humanos de la moral víctima *************, modificando el archivo de Excel en relación a la sumatoria de la cantidad total de las nóminas a pagar semanalmente. Por otro lado, señala la peticionaria de amparo que el Juez responsable omitió observar el principio de in dubio pro reo, por lo que ante la duda debió no vincularla a proceso. Tal concepto de violación es infundado. Lo previo es así, ya que como quedó establecido anteriormente, respecto a la probabilidad de que el imputado participó en la comisión de los hechos que la ley reputa como delitos, en el sistema de justicia penal vigente, uno de los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso es que exista la posibilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; por tanto, esta determinación debe dictarse únicamente a partir de los datos de investigación que refirió el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y los datos de prueba que refirió en ella -salvo los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan-; por ende, basta que existan indicios de que el ahora quejoso haya intervenido en los hechos que la ley prevé como delitos, para que sea legal la determinación de vincularlo a proceso. Atento a ello, el suscrito comparte la determinación adoptada por el Juez responsable, esto es, la vinculación a proceso que emitió en contra de la peticionaria de amparo, en atención a que los datos de prueba expuestos por la representación social en audiencia, son suficientes, al menos hasta este momento procesal, para considerar la existencia de la posibilidad razonable de que la imputada cometió el hecho delictivo que se le imputa. Por otra parte, expresa la parte quejosa que las testimoniales vertidas por **************, no precisan en qué consistió la "alteración de documentos" que se le imputa, ya que no precisan datos de identificación respecto a qué recibos de nómina específicamente se alteraron, por lo que sus manifestaciones resultan vagas, imprecisas e inciertas, lo que la dejó en un estado de indefensión. Lo anterior, resulta infundado. Contrario a lo manifestado por la quejosa, de las declaraciones emitidas por ****************, y que fueron expuestas por el Ministerio Público en audiencia, se desprende que éstas precisaron que la alteración de documentos fue en relación a dieciséis listados de nómina semanal que elaboraba la imputada a través de "hojas de Excel", como encargada del área de recursos humanos de la moral víctima, dentro del periodo del veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis al dieciséis de abril de dos mil diecisiete; listados de nómina que fueron incorporados en la audiencia correspondiente tal y como lo manifestó el Juez de origen, con lo cual se advierte que la directa agraviada tuvo conocimiento con precisión de cuáles eran los documentos que se dice fueron alterados dándole así oportunidad de alegar y ofrecer las pruebas que a su derecho conviniera respecto a los mismos. En otro orden de ideas, manifiesta la quejosa que de la pericial contable emitida por el experto **************, se omitió señalar con precisión a qué trabajadores se les había realizado el pago inferior; además, que dicho profesionista no acreditó que hubiera accedido a la información correspondiente para contrastar y acreditar su afirmación, por lo que ante la incertidumbre respecto de cuáles documentos revisó, los mismos no se adminicularon debidamente con otros medios de prueba. No obstante, la anterior afirmación es infundada. De los datos de prueba referidos por el representante social, en específico de la pericial de mérito, se desprende que ésta se llevó a cabo sobre dieciséis listados de nómina semanal que contienen el nombre del empleado, la sucursal, razón social, concepto e importe a pagar, los cuales abarcan del veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis al dieciséis de abril de dos mil diecisiete; por lo que contrario a lo manifestado por la quejosa, se desprende que el perito a efecto de estar en posibilidad de emitir la experticia que le fue encomendada, tuvo acceso a los dieciséis listados de nómina semanal que abarcaba el periodo de referencia; además, de que dicho dictamen fue debidamente concatenado con diversos datos de prueba como lo son las testimoniales de ****************; asimismo, contra lo argumentado por la peticionaria de amparo en el sentido de que el experto no señaló con precisión a qué trabajadores se les había realizado el pago inferior, este dato no es relevante y menos en esta etapa procesal, para la acreditación del hecho delictivo ni para la demostración de la posibilidad de que ella lo cometió, dado que el ilícito por el cual se le vinculó fue el de falsificación o alteración y uso indebido de documentos, el cual no requiere en su caso que se precise el dato de a quiénes se le realizó un pago inferior al que debieron recibir como prestación de sus servicios por la relación laboral con la moral víctima. En diversa tesitura, expresa la peticionaria de amparo que el auto de vinculación a proceso que le fue dictado es improcedente e ilegal en atención a que no se aportó en la audiencia correspondiente la documental idónea para acreditar el delito por el que se emitió la citada vinculación, toda vez que la moral víctima incorporó a la carpeta de investigación instrumentos ajenos a sus intereses, ya que los mismos pertenecían a la diversa moral **************. Sin embargo, lo anterior resulta infundado. Como correctamente estableció el Juez responsable en la audiencia correspondiente, el delito de falsificación o alteración y uso indebido de documentos, previsto y sancionado por el artículo 330 del Código Penal del Estado de Chihuahua, es de los perseguibles de oficio; por tanto, el que los dieciséis listados de nómina ofrecidos por la aquí tercero interesada en la carpeta de investigación y que fueron expuesto en la audiencia respectiva, pertenezcan a la moral ************* y no a la moral víctima, no era requisito para la acreditación de dicho ilícito el que dichos listados se encontraren emitidos por esta última, por lo que contrario a lo señalado por la peticionaria de amparo, la autoridad responsable correctamente emitió el auto de vinculación a proceso en su contra. Finalmente, refiere la quejosa que uno de los elementos objetivos del delito de falsificación o alteración y uso indebido de documentos, previsto y sancionado por el artículo 330 del Código Penal del Estado de Chihuahua, es el de la existencia de un documento verdadero o legítimo a cotejar a efecto de acreditar la alteración alegada. El referido concepto de violación resulta infundado. Lo anterior es así, toda vez que el hecho de que la imputada haya realizado falsos asientos en las nóminas semanales de la moral víctima, implica por sí mismo un perjuicio, porque la falsaria se propone en virtud de la falsedad, mantener al ofendido en un manifiesto error con relación a la verdad de las operaciones, y si también se propuso obtener un provecho, resulta evidente la tipicidad de la conducta con respecto al delito de falsificación de documento. Apoya lo antes expuesto, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, quinta época, tomo CXXXI, página 559, registro 292841, de rubro siguiente: FALSIFICACION DE DOCUMENTOS, DELITO DE. El hecho de que el inculpado haya realizado falsos asientos en los libros de contabilidad, implica por sí mismo un perjuicio, porque el falsario se propone en virtud de la falsedad, mantener al ofendido en un manifiesto error con relación a la verdad de las operaciones, y si también se propuso obtener un provecho, como lo es la idea de asegurar su impunidad en relación con el delito de abuso de confianza, resulta evidente, la tipicidad de la conducta con respecto al delito de falsificación. IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Finalmente, en lo relativo a que para el libramiento del auto de vinculación a proceso es necesario que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, conviene precisar que las partes no adujeron la actualización de alguna hipótesis que se configurara en el presente caso, la quejosa tampoco la hizo valer en sus conceptos de violación y este Juzgado Federal no advierte que se actualice en el presente caso; por tanto, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento sobre este aspecto. En tal orden de ideas, hasta ese estado procesal, con independencia de que durante la secuela del mismo se demuestre lo contrario, se encuentra acreditada la existencia de hechos descritos por la ley penal como delito de falsificación o alteración y uso indebido de documentos, previsto y sancionado por el artículo 330 del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometidos en perjuicio de la moral Grupo Sonrisa Fresca, Sociedad Civil, y la probabilidad de que la imputada, aquí quejosa, lo realizó, con lo que se cumple con los requisitos que exige para la emisión de la vinculación a proceso el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, al haber realizado un estudio oficioso de las constancias que conforman el presente juicio de amparo, de acuerdo a lo que consagra el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado de Distrito advierte que se respetaron y garantizaron los derechos fundamentales de la quejosa y ante lo infundado de los conceptos de violación expresados por la citada peticionaria, sin advertir deficiencia de la queja que suplir; por tanto, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo se, RESULEVE ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a ************, contra el acto del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, consistente en el auto de vinculación a proceso de veinte de agosto de dos mil diecinueve, pronunciado en la causa penal ******/2019. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma *************, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ************, hoy veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que en el informe justificado rendido por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, se desprende que a la persona referida como **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, le reviste el carácter de tercero interesada de conformidad con lo establecido por el artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se comisiona; al Actuario Judicial de la adscripción realice el emplazamiento de la moral tercero interesada. Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las nueve horas con veinte minutos del veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la tercero interesada. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.midnLa Secretaria del Juzgado, *********, da fe de que las constancias y el presente auto coinciden fiel y exactamente con los archivos digitales que se ingresan al expediente electrónico. Doy Fe.

  3. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA Y EMPLAZA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEÍDO DE CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que en el informe justificado rendido por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, se desprende que a la persona referida como **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, le reviste el carácter de tercero interesada de conformidad con lo establecido por el artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se comisiona; al Actuario Judicial de la adscripción realice el emplazamiento de la moral tercero interesada. Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las nueve horas con veinte minutos del veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la tercero interesada. SE ORDENA EMPLAZAR A LA TERCERO INTERESADO, SE LE CORRE TRASLADO CON COPIA DE LA DEMANDA, SE LE HACE SABER QUE SE SEÑALARON LAS nueve horas con veinte minutos del veinticuatro de octubre DE DOS MIL DIECINUEVE, PARA LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SE NOTIFICA EL AUTO DE ADMISION DE CUATRO DE SEPTIEMRE DEL AÑO EN CURSO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Téngase por recibida la demanda promovida por **********, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda bajo el consecutivo 648/2019-V. Tramítese el incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa lo solicitó. Con fundamento en el artículo 115 de la ley en cita, se señalan las diez horas del cuatro de octubre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, indíquese al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, que en atención a que en este asunto se reclama el auto de vinculación a proceso que dictó el veinte de agosto de dos mil diecinueve, en la causa penal 1990/2019, contra la quejosa ***********, a efecto de evitar un cambio de situación jurídica que acaree la consumación irreparable de las violaciones constitucionales reclamadas por el peticionario de amparo, con fundamento en el artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, deberá suspender el procedimiento, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificado de la resolución que recaiga a este juicio de amparo; lo que la autoridad responsable deberá acreditar ante este juzgado, dentro de los tres días posteriores a la recepción del oficio respectivo. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copia autorizada, legible y completa de las constancias que lo justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio. Se informa a la autoridad responsable que está obligada a recibir el oficio que en relación con este expediente se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si deja de rendirlo o bien lo hace sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, se le sancionará con una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización antes citadas, en términos de los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá como sanción una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización mencionadas en líneas precedentes, en términos del referido artículo 251 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Ahora bien, la parte quejosa manifiesta que no existe tercero interesado; sin embargo, de la lectura integral de su demanda se desprende que sí existe dicha persona, sin poder precisar con claridad a quién le reviste dicho carácter; por lo que se reserva acordar su emplazamiento hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la responsable. Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con el numeral 5, fracción III, inciso e), de la Ley de la Materia, se ordena emplazar al agente del Ministerio Público que interviene en el proceso penal de origen, licenciado *********. Por otra parte, se tiene a la garante ofreciendo como prueba de su parte el disco versátil digital de la audiencia de vinculación a proceso que reclama, mismo que se tomará en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional, con base en lo establecido por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Con fundamento en los numerales 12 y 27, fracción I, de la ley de la materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y autorizando en amplios términos al profesionista que refiere, toda vez que se encontró inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el informe justificado signado por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad; tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se ordena dar vista a las partes con los discos compactos remitidos por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *********. Doy fe.

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