Rocio Cristina Ramirez Elizalde

Expediente 1136/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1136/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
27/08/2018

Partes del expediente

  • Rocio Cristina Ramirez Elizalde

Actuaciones

  1. Principal

    vii)Toluca, Estado de México; veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se obtiene que la parte quejosa dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el proveído de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho (foja 36 a 41), en el cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y el estado procesal del presente asunto evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, pues el mismo se resolvió mediante un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido. Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en alguno de los supuestos a que hace referencia el párrafo último del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Finalmente, se le comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    VII) AUTO DE 24/07/2018. Toluca, Estado de México; veinticuatro de julio de dos mil dieciocho. Radicación. Por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por medio del cual informa que mediante auto de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Rocío Cristina Ramírez Elizalde; asimismo, remite el juicio de amparo indirecto 953/2018, formado con motivo del escrito de referencia, y copias de traslado adjuntas. Atento a lo anterior, se acepta la competencia planteada, por lo cual acúsese el recibo correspondiente, fórmese expediente y asiéntese en el libro de gobierno con el registro 1136/2018-Vll, y se procede a proveer lo conducente. Causa de improcedencia. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y las referida en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis I.4o.A.269 A, página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." De análisis integral de la demanda de amparo se obtiene que la impetrante reclama de la autoridad ordenadora Empresa Aseguradora Génesis ahora denominada "Seguros de Vida Metlife" el cobro de seguro de vida Metlife por la suma de $60.00 (sesenta pesos 00/100 moneda nacional), los cuales se le descuentan desde el año dos mil uno, sin que haya tenido a la vista una póliza y su ejecución por parte de la Secretaría de Seguridad, Unidad Administrativa CPRS Tenancingo, Estado de México. Ahora de un estudio íntegro del escrito inicial de demanda, se advierte que el presente juicio es improcedente toda vez que la Empresa Aseguradora Génesis ahora denominada "Seguros de Vida Metlife", así como la Secretaría de Seguridad, Unidad Administrativa CPRS Tenancingo, Estado de México, no tienen el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, en términos de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con lo dispuesto en los numerales 1º y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo y los últimos interpretados a contrario sensu. Que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: .. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta Ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta Ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia. De la cita que antecede se advierte que para efectos del juicio de amparo es autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En el entendido que para los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En este orden de ideas, dado lo narrado en los antecedentes del escrito de demanda de demanda bajo protesta de decir verdad, por la quejosa, se advierte que la autoridad responsable Empresa Aseguradora Génesis ahora denominada "Seguros de Vida Metlife" no se encuentra realizando actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos referidos, con motivo de funciones que estén determinadas por una norma general; y, la Secretaría de Seguridad, Unidad Administrativa CPRS Tenancingo, Estado de México, en su carácter de autoridad ejecutora, tampoco está llevando a cabo algún acto en forma unilateral y autónoma, sino que más bien se trata de cuestiones llevadas a cabo entre particulares en un plano de coordinación y no de supra subordinación. Máxime que esta última, aun cuando sea un ente de la administración pública, del contexto de la demanda se aprecia que actúa como patrón en una relación de coordinación y no en un plano de supra subordinación como autoridad investida de imperio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia Tesis: 2a./J. 65/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en la publicación semanal del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época que establece: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé que para efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el hecho de que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo (por más que el estudiante pueda considerar que afecta sus derechos), ya que la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.". Así como la jurisprudencia Tesis: I.6o.T. J/28 (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 1956 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Abril de 2016, Libro 29, Tomo III, Decima Época que establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Y la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 1639 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Marzo de 2016, Libro 28, Tomo II, Decima Época que establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." En consecuencia, lo procedente es desechar la demanda de amparo, al advertirse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1º y 5º, fracción II, de la citada ley, los dos último interpretados a contrario sensu, en razón que la Empresa Aseguradora Génesis ahora denominada "Seguros de Vida Metlife" y la Secretaría de Seguridad Unidad Administrativa CPRS Tenancingo, Estado de México, no tienen el carácter de autoridad para efectos del amparo. Domicilio. En términos del artículo 26 fracción lll, la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en los estrados de éste órgano jurisdiccional toda vez que el señalado se encuentra fuera de la residencia del presente órgano jurisdiccional. No obstante lo anterior, dada la trascendencia de la presente actuación, por única ocasión notifíquese personalmente a la parte quejosa el auto de mérito. Ahora, ante la eventualidad de que el domicilio particular de la parte quejosa se encuentra fuera de la jurisdicción de éste Juzgado de Distrito, con fundamento en lo establecido en los artículos 282 y 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, con el objeto de que en auxilio a las labores de este juzgado se sirva notificar a la parte quejosa Rocío Cristina Ramírez Elizalde el presente proveído, en el domicilio ubicado en: Avenida Oaxaca M-2 L-4 Colonia Charco, Ecatepec, Estado de México; y acuse el recibo de estilo correspondiente. Para tal efecto, el Juez podrá habilitar días y horas inhábiles para llevar a cabo la notificación respectiva, de conformidad con lo establecido en el numeral 21 de la Ley de Amparo, asimismo, se faculta al Juez exhortado para que realice todas las diligencias necesarias a fin de llevar a cabo la notificación encomendada. Se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese. AUTO DE 14/08/2018. Toluca, Estado de México; catorce de agosto de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por recibido el oficio signado por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 400/2018, del índice de este juzgado, por las razones asentadas por el actuario de su adscripción; atento a lo anterior, agréguese para que surta los efectos legales a que haya lugar y acúsese recibo. Por tanto, notifíquese por medio de lista el proveído de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, así como la presente determinación. Máxime que en auto de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho (foja 36 a 41), se tuvo como domicilio de la parte quejosa la lista que se fija en los estrados de éste órgano jurisdiccional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; primero de agosto de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, a través del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 391/2018, del ordinal de este juzgado; atento a lo anterior, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales conducentes; y acúsese recibo. Ahora, bien vista las razones por las cuales fue devuelta la comunicación de cuenta, con fundamento en lo establecido en los artículos 282 y 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase exhorto nuevamente al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, con el objeto de que en auxilio a las labores de este juzgado se sirva notificar a la parte quejosa Rocío Cristina Ramírez Elizalde el proveído de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, en el domicilio ubicado en: Avenida Oaxaca M-2 L-4 Colonia Charco, Ecatepec, Estado de México; y acuse el recibo de estilo correspondiente. Para tal efecto, el Juez podrá habilitar días y horas inhábiles para llevar a cabo la notificación respectiva, de conformidad con lo establecido en el numeral 21 de la Ley de Amparo, asimismo, se faculta al Juez exhortado para que realice todas las diligencias necesarias a fin de llevar a cabo la notificación encomendada. Notifíquese.

  4. Principal

    VII) NOTIFICACION PERSONAL A LA PATRTE QIUEJOSA VÍA EXHORTO

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