Rocío Cristina Paucar Quispe y Otros.

Expediente 1019/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1019/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
21/09/2023

Partes del expediente

  • Rocío Cristina Paucar Quispe y Otros.
  • Secretaría de Gobernación, Mexicali, Baja California
  • Rocío Cristina Paucar Quispe

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de agosto del año en curso; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de control electrónico. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 20, fracción I, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído en el juicio de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el veintiséis de septiembre de dos mil veintiséis. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea el caso requerir a la parte quejosa para que comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese

  2. Principal

    Juicio de amparo 1019/2023-F El veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, se da cuenta al juez, con la certificación que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de agosto del año en curso; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de control electrónico. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 20, fracción I, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído en el juicio de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el veintiséis de septiembre de dos mil veintiséis. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea el caso requerir a la parte quejosa para que comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el informe con justificación rendido por la autoridad responsable y anexos; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días, legalmente computado, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se le tiene designando delegados y señalando domicilio. De igual forma, refiere que otorgó a los directamente agraviados los documentos provisionales de visitantes con permiso para realizar actividades remuneradas, lo que acredita con las documentales que adjunta; por tanto, déjese a la vista de la parte promovente, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio remitido por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngasele informando la observancia dada a la suspensión de plano, asimismo, se le tiene designando delegados y señalando domicilio. Asimismo, refiere que otorgó a los directamente agraviados los documentos provisionales de visitantes con permiso para realizar actividades remuneradas, lo que acredita con las documentales que adjunta; por tanto, déjese a la vista de la parte promovente, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, glósese el escrito signado vía electrónica por Juan Carlos Briones Acosta, al respecto requiérase a las responsables para que se muestren observantes de la suspensión de plano decretada en proveído de diecinueve de agosto del actual, otorgada para los efectos siguientes: "Tomando en consideración que en la demanda se precisa como actos reclamados destacando la incomunicación y tortura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, para los efectos siguientes: Cese de inmediato la incomunicación de la que son objetos los directamente agraviados ********************, y todos aquellos prohibidos por el artículo 22 constitucional, es decir, las penas de infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier índole y cualquier otra pena inusitada y trascendental; lo cual deberá hacerse del conocimiento de la autoridad responsable para que la acate bajo su más estricta responsabilidad. En relación con el acto consistente en la privación o restricción de la libertad, con fundamento en el numeral 164 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable a fin de que ponga a ********************, a disposición del Ministerio Público correspondiente, si su detención deriva de la comisión de un delito. Si la detención de los directamente agraviados no tiene relación con la comisión de un delito, sino por su irregular estancia en el país, quedan a disposición de este juzgado de distrito por lo que hace a su libertad personal, en la estación migratoria donde fueron presentados, cuyo alojamiento no podrá exceder de un periodo superior a las treinta y seis horas, luego del cual, si la autoridad migratoria determina sujetarlos a un procedimiento administrativo migratorio deberá ponerlos en libertad para su continuación, para lo cual deben otorgarles los permisos de estancia correspondientes; asimismo, tiene la obligación de determinar su situación migratoria definitiva, incluso, la relativa a un posible retorno asistido o de deportación. Se arriba a esta decisión, en observancia a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 388/2022, en el que se determinó que los periodos de alojamiento de personas extranjeras en estaciones migratorias, previstos en el artículo 111 de la Ley de Migración, contravienen la temporalidad máxima establecida por el precepto 21 de la Constitución Federal, para legitimar la privación de la libertad de una persona por razones de naturaleza administrativa. En otro tenor, respecto a la deportación, se toman las medidas siguientes: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran, es decir, que no se ejecute ninguna orden de esa naturaleza, si es que a la fecha no se ha cumplimentado, y en caso de haberse llevado a cabo dichos actos, permanezcan los posibles quejosos en el lugar donde se encuentren, por una temporalidad que no puede exceder de un periodo superior a las treinta y seis horas, lo cual deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables para que la acate bajo su más estricta responsabilidad; debiendo quedar los directamente agraviados a disposición de este juzgado de distrito por lo que hace a su libertad personal, y a disposición de la autoridad administrativa que corresponda en cuanto a la continuación del procedimiento respectivo. [.] Además, la autoridad responsable deberá, bajo su más estricta responsabilidad, instruir y salvaguardar la integridad física y la vida de los directamente agraviados." Se les reitera que la violación a la medida cautelar de que se trata equivale a la comisión de un delito en materia de amparo, tal como lo dispone el numeral 262, fracción III, de la ley de la materia, que de llegar a consumarse daría lugar al ejercicio de la acción penal en su contra. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

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