Rocio Chacón Lara

Expediente 692/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
692/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
12/09/2018

Partes del expediente

  • Rocio Chacón Lara

Actuaciones

  1. Principal

    ...CÚMPLASE...

  2. Principal

    .En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha quince de agosto de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Vista la demanda de garantías promovida por Rocio Chacón Lara, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades, de la que se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo en vigor, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Del artículo transcrito se desprende que la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso, juicio o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o bien, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo en vigor, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Cabe destacar que la parte quejosa hizo consistir los actos reclamados en: "1. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN. La omisión de darle tramite a la carpeta de investigación con NUC 1006201739344. EXPEDIENTE 27684/UATP/ZIT/2017, así como la omisión de ordenar y realizar las diligencias necesarias para la investigación de los delitos motivo de esta. SUBPROCURADOR REGINAL DE ZITÁCUARO, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN. La omisión de darle tramite a la carpeta de investigación con NUC 1006201739344. EXPEDIENTE 27684/UATP/ZIT/2017, así como la omisión de ordenar y realizar las diligencias necesarias para la investigación de los delitos motivo de esta. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA AGENCIA TERCERA DE ATENCIÓN TEMPRANA. La omisión de darle tramite a la carpeta de investigación con NUC 1006201739344. EXPEDIENTE 27684/UATP/ZIT/2017, así como la omisión de ordenar y realizar las diligencias necesarias para la investigación de los delitos motivo de esta. La negativa de expedir copias certificadas de todas y cada una de las constancias de la carpeta de investigación con NUC 1006201739344, EXPEDIENTE 27684/UATP/*ZIT/2017, dicha solicitud que fue realizada por escrito y que obra en autos de ésta carpeta." Por su parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno.". Ahora bien, como se dijo, se actualiza la causal de improcedencia invocada, porque en contra de las omisiones de la autoridad ministerial en ejercicio de su facultad investigadora, procede su impugnación ante el Juez de Control respectivo, a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, a través de tal medio de defensa ordinario se prevé la posibilidad de que sea modificado o revocado el acto reclamado, es claro que se debió agotar antes de acudir al juicio constitucional atento al principio de definitividad. Empero, como no se hizo así, entonces resulta evidente que como se anticipó, si contra dichos actos procede su impugación, a través del citado medio de defensa, al no haberse interpuesto, el juicio de amparo en tal aspecto es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 28/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, pendiente de publicar en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad.". Así como la tesis de Jurisprudencia número I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Se cita también la tesis de jurisprudencia número 451, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común.". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Nicolás de los Palacios Rubio, número 792, colonia Nueva Valladolid, en esta ciudad, autorizando para tal efecto a Edgar Flores Silva y Juan Salvador García Cerna, quienes gozarán de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, se advierte que se encontró el dato inherente a las cédulas profesionales número 4652722 y 4222550, que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho, no así a Irving Jesse Flores Guzmán, en tanto acredite estar legalmente facultado para ejercer la citada licenciatura, por ser la materia del presente asunto de naturaleza penal. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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