Rocio Castro Pérez

Expediente 1788/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1788/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
17/01/2023

Partes del expediente

  • Rocio Castro Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Vista, la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se desprende que ninguna de las partes desahogó la vista ordenada mediante proveído de nueve de enero de dos mil veintitrés, respecto del informe rendido por la autoridad responsable sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; por lo que se procede a establecer si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable, con los elementos que obran en autos. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: ".conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada, para el efecto que el Tribunal responsable ordene al actuario de su adscripción notifique de manera inmediata a las partes el acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente laboral 186/2014 y su acumulado 858/2016..." ACTOS DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO El nueve de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, a través del cual remitió copia certificada del acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 186/2014 acumulado al 858/2016 y las constancias de notificación del mismo, realizadas a las partes dentro del juicio laboral en comento. Documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. ANÁLISIS EVALUATIVO En el caso la sentencia amparadora tenía como finalidad que la autoridad responsable proveyera la eficaz e inmediata notificación del acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio laboral 186/2014 acumulado al 858/2016, para lo cual debía ordenar al actuario de su adscripción, realizara dichas notificaciones de manera inmediata a las partes dentro del juicio en comento. Ahora, tal como se desprende de lo expuesto, se advierte de las constancias remitidas por la autoridad que el catorce y quince de diciembre de dos mil veintidós, quedaron debida y legalmente notificadas las partes del proveído de tres de noviembre del mismo año, dictado dentro del juicio laboral 186/2014 acumulado al 858/2016; lo que se puede observar al reverso del citado acuerdo, donde obran los sellos, firmas y fechas de recibo plasmados por las partes del juicio de origen. Ahora bien, es menester precisar que de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador está obligado a vigilar que la autoridad responsable acate estrictamente lo establecido en la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, el suscrito estima que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en el presente juicio, por lo que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO QUE SE ANALIZA y se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido acorde lo previsto en los artículos 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo. VISTA A LAS PARTES Dese vista a las partes para los efectos de los artículos 201 y 202 de la ley de la materia. ANOTACIONES Se hace las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1. DEPURAR el expediente principal dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, fracción I, inciso b) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carecer de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y cumplimiento de los documentos necesarios contenidos en el artículo 29 del citado acuerdo. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena agregar a los autos sin mayor proveer y sólo para que conste, el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y anexo que acompaña, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 186/2014 acumulado al 858/2016 y las constancias de notificación realizadas a las partes en catorce de diciembre de dos mil veintidós. Lo anterior, toda vez que visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que mediante proveído de nueve de enero del año en curso, se agregó a los autos el oficio con el anexo de cuenta, y se ordenó dar vista a las partes, por lo que dichas constancias ya obran en autos.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, nueve de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, y anexo que acompaña, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, remite copia certificada del acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 186/2014, acumulada al 858/2016 y las constancias de notificación realizadas a la parte actora en el juicio de origen respectivo, aquí quejosa, y a la parte demandada, tercero interesado en el presente juicio de amparo, en fecha catorce de diciembre de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el oficio y anexo de cuenta; por el plazo de tres días, a efecto que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, el suscrito, tomando en consideración los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable, resolverá respecto de dicho cumplimiento. Ilustra lo anterior la jurisprudencia número 26/2000, consultable en la página 243 del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, Pleno y Salas del Semanario Judicial de la Federación sustentada por la Segunda Sala, de rubro: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA EN BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Notifíquese.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, siete de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y la certificación que antecede, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, 356 fracción II, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en los términos del precepto 2° de la Ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA DICTADA EL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, tomando en cuenta que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la misma. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO En atención a lo anterior, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, se sirva dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en lo conducente es para el efecto siguiente: ".lo procedente es, en términos del numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo, conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada, para el efecto que el Tribunal responsable ordene al actuario de su adscripción notifique de manera inmediata a las partes el acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente laboral 186/2014 y su acumulado 858/2016." APERCIBIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Se apercibe al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, que de no cumplir con lo ordenado en el párrafo anterior dentro del término señalado, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, en relación con los numerales 192, 193, 195, 238 y 258 de la Ley de Amparo; se le sancionará con multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en el artículo 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y 23 fracción XX bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de iniciarse el incidente de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Se llega a tal consideración, pues en el presente proveído se encuentran precisados claramente los actos que debe realizar para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que, su desacato producirá que esta autoridad constitucional, le imponga la multa bajo la que fue apercibida. Orienta lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.) sustentado por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de registro 2007911 bajo el rubro y contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Así como la diversa jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), Decima Época, con número de registro 2007918, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 19, cuyo rubro y texto establecen: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese y por oficio a la autoridad responsable.

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