Rocío Carrillo Ávalos
Expediente 1009/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1009/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 25/02/2019
Partes del expediente
- Rocío Carrillo Ávalos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Tepic, Nayarit, veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este juzgado federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia definitiva dictada en este sumario constitucional el seis de septiembre del año pasado, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo indirecto; consecuentemente, con apoyo en lo previsto por los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, ARCHÍVESE el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de cinco años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Por otro lado, una vez que transcurran la temporalidad que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Sin que haya lugar a emitir pronunciamiento respecto del incidente de suspensión ya que éste no se tramitó. Por otra parte, devuélvase a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Uno dependiente de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, las constancias que remitió en apoyo a su informe con justificación (foja 13), consistente en la copia certificada del sumario laboral 180/2013, de su estadística, que consta en un tomo, toda vez que resulta incensaría su retención. Finalmente, en virtud de lo anterior agréguese sin mayor pronunciamiento el comunicado de cuenta suscrito por la Administradora de Correos, Urbana del Valle, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el acuse relativo al oficio 39307/2018, por el que se notificó la sentencia en comento a la parte tercera interesada, fue entregado el día veintidós del mes y año en curso a personal de este juzgado federal.
- Principal
Tepic, Nayarit, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que este juzgado giró el oficio 39307/2018 (foja 44) a la parte tercera interesada Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de la Yesca, Nayarit, a efecto de notificarle la sentencia dictada en el presente juicio (fojas 38 a 42); sin embargo, a la fecha no se cuenta con el acuse de recibo respectivo, a efecto de tener certeza de que dicha autoridad responsable se encuentre legalmente notificada de la citada resolución. En consecuencia, requiérase al Administrador Postal de esta ciudad, a efecto de que de conformidad con el precepto 297, fracción II de la Ley Adjetiva Civil Federal, aplicada de forma supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo su numeral 2°, dentro del término de TRES DÍAS siguientes al recibo del oficio de notificación correspondiente, se sirva informar el tratamiento aplicado a la pieza postal que le hubiera correspondido al comunicado de mérito, o en su caso, remita el acuse de recibo respectivo, en el entendido de que éste fue depositado en esa oficina postal el doce de septiembre de dos mil dieciocho, como se acredita con la constancia que se anexa. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México, en el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Con independencia de lo anterior, solicítese a la parte tercera interesada Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de la Yesca, Nayarit, informe a este órgano jurisdiccional la fecha en que recibió el aludido comunicado 39307/2018 (foja 44 a 46).
- Principal
Tepic, Nayarit seis de septiembre de dos mil dieciocho. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1009/2018; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de mayo de la presente anualidad, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, Rocío Carrillo Avalos, demando el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: -Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: ".". Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 constitucionales. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, quien mediante auto de ocho de mayo de la presente anualidad, entre otras cuestiones, la registro con el número de expediente 1009/2018, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede y forma parte integral del presente juicio; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit tiene competencia legal para conocer y resolver del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b de la Ley de Amparo y 52, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la orden reclamada se atribuye a autoridades administrativas que residen en el Estado de Nayarit, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos reclamados siguientes: La omisión injustificada de la autoridad a expedir acuerdo en el juicio laboral número 180/2013 respecto de la solicitud realizada por la quejosa el dieciséis de febrero de este año. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Esto es así, ya que aunque la quejosa haya reclamado una negativa a expedir un acuerdo correspondiente a la petición formulada por escrito el dieciséis de febrero de este año, de constancias se advierte que lo reclamado es la omisión de lo anterior. TERCERO. Sobreseimiento por inexistencia de actos. El presente juicio de amparo debe sobreseerse respecto del acto reclamado consistente en la injustificada omisión de la junta responsable a expedir acuerdo contestando la solicitud de la quejosa realizada el dieciséis de febrero de este año, en virtud de que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la autoridad responsable negó el acto que se le atribuye, asimismo, manifestó que todas las actuaciones en el juicio laboral de origen 180/2013 han sido apegadas a la legalidad, por lo que remitió un legajo de constancias relativas al contradictorio laboral. En efecto, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte, que está demostrada la inexistencia del acto reclamado en el presente juicio de amparo. En ese contexto, el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". El precepto trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y b) Cuando no se pruebe su existencia. Así pues, la prueba de la existencia del acto reclamado, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por la quejosa, conduce al sobreseimiento. En el caso, como se dijo, la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Numero Uno Dependiente de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, al rendir su respectivo informe justificado, negó el acto que le fue reclamado; sin que la parte inconforme desvirtuara tal negativa, en razón de que los medios de convicción ofrecidos no resultan idóneos para acreditar lo contrario. Pues, las manifestaciones realizadas por la quejosa en cuanto a la vista otorgada, fue en el sentido de que con las documentales remitidas por la responsable se acreditaba la existencia del acto reclamado. Sin embargo, de éstas no se advierte tal situación, pues si bien, existen promociones signadas por la parte actora, aquí quejosa, ninguna corresponde a la data que refiere, de igual manera, en ninguna de las constancias se acredita la existencia de algún escrito suscrito por la allí actora o por alguna persona que la represente, en el sentido de solicitar proceder con la ejecución forzosa del convenio celebrado por las partes. Corrobora lo antes expuesto la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia del acto reclamado en el presente juicio, lo procedente, se reitera, es decretar el sobreseimiento, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la tesis número 36/98 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998 mil novecientos noventa y ocho, del siguiente contenido.del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". En ese sentido, como se dijo los medios de convicción ofrecidos por la parte quejosa no resultan idóneos para acreditar la existencia de los actos reclamados aun cuando éstos tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese contexto, la quejosa ofreció como medios de prueba los siguientes: Instrumental de actuaciones consistente en el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Presuncional, en su doble aspecto legal y humana. No obstante, tales probanzas son insuficientes para acreditar la omisión de la autoridad responsable a emitir acuerdo respecto de la solicitud realizada el dieciséis de febrero del año que cursa. Pues, se reitera que con las probanzas ofrecidas no se acredita la omisión a expedir acuerdo respecto de la solicitud realizada el dieciséis de febrero de donde emana el acto reclamado. Lo anterior es así, toda vez que del contenido de dichas documentales únicamente se acredita los siguiente: Existe un juicio laboral radicado ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, promovido por la quejosa Rocío Carrillo Avalos contra el Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de la Yesca, Nayarit, en razón de diversas prestaciones. El tres de abril de dos mil diecisiete, se dictó el laudo correspondiente, en el cual se condena a la aquí tercera interesada por el pago de las prestaciones ahí expuestas. El nueve de noviembre de dos mil diecisiete, la parte actora y demandada celebraron un convenio a fin de cubrir el pago antes aludido. Existen dos autos de fecha dieciséis de febrero de este año, uno autorizando copias certificadas solicitadas por el apoderado legal de la parte demandada; y, en el segundo se tiene a la parte demandada revocando y señalando nuevos apoderados, y señalando domicilio procesal. De lo anterior se colige, que con las aludidas probanzas solo se acreditan cuestiones en cuanto al trámite del juicio de origen y no así la existencia de la omisión que reclama el promovente de la vía. En suma, al ser inexistente la omisión que refiere el quejoso, es inconcuso que los actos que deriven de ésta también los son, por lo tanto, lo conducente es sobreseer en el presente juicio con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de amparo. Tiene aplicación además, la tesis jurisprudencial número 284, publicada en la página doscientos treinta y seis, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia de los actos reclamados en el presente juicio, se decreta el sobreseimiento, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. No es óbice a lo anterior, que en la especie el acto reclamado primigenio consista en una omisión de la autoridad, pues a pesar de que es cierto que en tratándose de actos de carácter negativo, como regla general la carga de la prueba no corresponde a quien funda en él su derecho, sino a su contendiente; empero, también es verídico que esta regla no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de las autoridades responsables requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud de la parte quejosa, para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable. En efecto, sobre el particular debe decirse que si bien a la parte peticionaria de amparo no le corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le compete, en cambio, acreditar que realizó la petición para exigir la actuación de dicha autoridad, hipótesis que no se acredita en el presente asunto, pues basta y sobra considerar que la parte quejosa no adjuntó a su demanda de amparo que acreditara la petición que dice formuló por escrito. En esas condiciones, es inconcuso que la quejosa no allegó al presente sumario constitucional durante su substanciación, medio de convicción alguno que acredite que hubiese realizado la petición de cuya falta de respuesta se duele ante la autoridad responsable, de donde resulta innegable que no dirigió ocurso alguno ante la responsable mencionada para que a ésta le surgiera la obligación de informarle por escrito lo que conforme a derecho procediera, subsistiendo por tal motivo, la inexistencia del acto motivo de análisis en el presente considerando. Acude en apoyo a lo antes considerado la tesis 17, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trece, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, que bajo el siguiente rubro y texto establece: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última.". Sin que haya necesidad de analizar las causas de improcedencia hechas valer por la autoridad responsable en cita, ante la inexistencia del acto decretada en el presente juicio. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rocío Carrillo Avalos, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad; por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente; y, procédanse a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, hasta el día de hoy seis de septiembre de dos mil dieciocho, fecha en que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el licenciado José Javier Ruiz Martínez, secretario que autoriza y da fe. PVPH JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE NAYARIT JUICIO DE AMPARO: 1009/2018
- Principal
20947Audiencia Constitucional. En Tepic, Nayarit, siendo las nueve horas con veintinueve minutos del ocho de agosto de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 1009/2018, promovido por Rocío Carrillo Ávalos; en audiencia pública la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, asistida del Secretario Rosalío Aguilar Cañedo, quien autoriza y da fe, la declaró abierta con fundamento en el dispositivo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario da lectura a la demanda de garantías y procede a efectuar una relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan las siguientes: a) Escrito inicial de demanda; b) Proveído de ocho de mayo de dos mil dieciocho, por medio del cual se admitió la demanda de amparo; c) Informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Tepic y anexo certificado que acompaña; d) Escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual ofrece pruebas y formula alegatos; e) Escrito firmado por Roberto Carrillo Ávalos, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, presentado el día de hoy. Registro 20947. A lo que la Juez acuerda: se tiene por recibido el líbelo a que se hace mención, por lo que con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la prueba presuncional en su doble aspecto de legal y humana. De igual forma, se admiten las pruebas documentales que se precisan en los incisos "A" y "B" del capítulo correspondiente. En ese orden, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formuladas las manifestaciones que realiza el autorizado de la parte quejosa a manera de alegatos. Finalmente con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en su numeral 2, se autoriza la expedición de las copias certificadas que indica el promovente previa toma de razón y constancia que de su entrega deje en autos dicho profesionista o los autorizados para tal efecto. Sin más constancias que deban relacionarse, la Juez de Distrito acuerda: en términos del numeral 117 del citado ordenamiento legal, se tienen por relacionadas las constancias de autos y por rendido el informe justificado. Posteriormente, con apoyo en los dispositivos 119 y 123 de dicha Ley, se da comienzo con el período probatorio, dentro del cual, se tienen por admitidas por su propia y especial naturaleza las que constan en autos, con ello, se cierra tal periodo y se abre el de alegatos, en el que se tienen por formulados los realizados por la parte quejosa. Se cierra dicho periodo y se da por terminada esta diligencia, de la que se levanta la presente acta en términos del numeral 124 de la ley de la materia, firmando los que en ella intervinieron y se declaran vistos los autos para dictar sentencia. Doy Fe. LA JUEZ LIC. EL SECRETARIO LIC.
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