Rocío Cárdenas Gómez
Expediente 891/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 891/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 18/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rocío Cárdenas Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito de cuenta y anexo, suscrito por la quejosa ROCÍO CÁRDENAS GÓMEZ; en atención a su contenido, para los efectos del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada por este Juzgado, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, glósese una copia del escrito de expresión de agravios a este expediente, distribúyase entre las demás partes una copia del mismo, y una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, en turno, del Decimotercer Circuito, con residencia en esta población, el original y copia del escrito por el que expresa agravios, así como el original del presente juicio; lo anterior, para la substanciación del recurso, atento a lo establecido en el Acuerdo General 13/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil nueve. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 306, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, que dice: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la res olución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios.". Por último, fórmese el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del auto admisorio y de este proveído, sin que sea necesario deducir más constancias, puesto que este juicio se encuentra debidamente integrado para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como lo dispone el artículo 3° de la Ley de Amparo; por lo que de ser necesario, su consulta se hará por ese medio. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 891/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ROCÍO CÁRDENAS GÓMEZ, por propio derecho, mediante escrito presentado el siete de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al jefe del departamento adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción; agente del Ministerio Público de la Mesa Especial de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; y fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, consistentes en lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS: RECLAMO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA NEGATIVA DE DARME INTERVENCIÓN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 510/FEMCCO/2018 RADICADA EN LA MESA ESPECIAL DEL FISCAL ESPECIALIZADO EN MATERIA AL COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA" Que estima violatorio de los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Federal. SEGUNDO. Mediante acuerdo de ocho de octubre de dos mil diecinueve (fojas 9 - 11), este juzgador admitió a trámite la demanda, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. En proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve (foja 21), se tuvo a la parte quejosa precisando que la denominación correcta de la autoridad que denominó como "agente del Ministerio Público de la Mesa Especial de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca", es agente del Ministerio Público de la Mesa IV del Sistema Adversarial, adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, a quien se le solicitó su informe justificado. Seguido el trámite respectivo, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer de la citada demanda de amparo, conforme a lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 1, 36, 114,116, 155 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo de dos mil cuatro, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así, del análisis integral del escrito de demanda, la cual debe considerarse como un todo y tenerse como acto reclamado aquello que se considere lesivo de derechos, se advierte que en el caso, la quejosa ROCÍO CÁRDENAS GÓMEZ, reclama lo siguiente: Oficio sin número de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, signado por el jefe de departamento adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, mediante el cual le negó su solicitud de intervención a la carpeta de investigación 510/FEMCCO/2018, que el promovente asegura se sigue en su contra. Por tanto, dicho acto es el que se tiene como reclamado en este juicio. TERCERO. El fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca y el agente del Ministerio Público de la Mesa Cuatro del Sistema Adversarial, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, negaron la existencia del acto reclamado (fojas 25 y 46), sin que la parte quejosa haya desvirtuado tal negativa; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Es aplicable en la especie la jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Por su parte, el jefe de departamento adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado, consistente en el oficio sin número de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, mediante el cual le negó su solicitud de intervención a la carpeta de investigación 510/FEMCCO/2018, que el promovente asegura se sigue en su contra (fojas 26 - 36). Lo que se corrobora con la copia con firmas autógrafas del oficio reclamado exhibido por la quejosa (foja 6), así como con la documental que remitió la responsable (foja 40), a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; por tanto, el acto reclamado se tiene plenamente probado, en términos de la jurisprudencia 305, visible en la página 206, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. A continuación se realizará el análisis del acto reclamado, consistente en el oficio sin número de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, signado por el jefe de departamento adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, mediante el cual le negó su solicitud de intervención a la carpeta de investigación 510/FEMCCO/2018, que el promovente asegura se sigue en su contra. El acto reclamado - oficio sin número de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, signado por el jefe de departamento adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, es del tenor siguiente: Ahora bien, resulta necesario transcribir parte conducente de los artículos 1º y 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Federal, que disponen: "Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley (.)". "Artículo 20. . B. De los derechos de toda persona imputada: VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; ." El transcrito artículo 20, apartado B, fracción VI, Constitucional, prevé y regula el derecho de una persona imputada a contar con una defensa adecuada, por lo que serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. En dicho precepto se estableció implícitamente, por una parte, que el Ministerio Público debe mantener bajo reserva los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación y, por otra, los momentos a partir de los cuales el imputado y su defensor pueden tener acceso a dicha información, al disponer de manera clara y específica las siguientes hipótesis: a) Cuando el imputado se encuentre detenido; b) Cuando pretenda recibirse su declaración o entrevistarlo; y, c) Antes de que comparezca por primera vez ante el juez de control. Por lo que será a partir de la actualización de cualquiera de los supuestos antes indicados, cuando los datos de prueba y demás información contenida en la carpeta de investigación deja de ser reservada, para que el imputado y su defensor puedan preparar una defensa adecuada a sus intereses; salvo los casos excepcionales que marque la ley secundaria, para salvaguardar el éxito de la investigación. Textualmente, este precepto constitucional es retomado literalmente en los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevén las hipótesis del acceso del imputado a los registros de la investigación, los que podrá consultar con la oportunidad debida para preparar su defensa, limitando este derecho constitucional a los casos antes indicados. Los referidos preceptos disponen: "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación. Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. ." "Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente." Y es a partir de entonces, esto es, de que se actualice cualquiera de esos supuestos, cuando los datos de prueba y demás información contenida en la carpeta de investigación deja de ser reservada, para que el imputado y su defensor puedan preparar una defensa adecuada a sus intereses; salvo los casos excepcionales que marque la ley secundaria, para salvaguardar el éxito de la investigación. Lo que a contrario sensu se interpreta, que antes de tales actos procesales, deben mantenerse en reserva las actuaciones de investigación. Por lo que debe considerarse que la actuación de la responsable, resulta acertada, fundada y motivada, ya que a efecto de mantener la reserva de las actuaciones de la investigación, negó al quejoso la intervención a la carpeta de investigación que se integra en su contra, ya que no se encuentra en alguno de los supuestos antes indicados. En ese sentido se pronunció en entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito, en la tesis XIII.P.A.54 P (10a.), Décima Época, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, que aparece publicada en la página 2275 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DAR ACCESO A ÉSTA A LA PERSONA INVESTIGADA Y A SU DEFENSOR, POR ACTUALIZARSE LOS SUPUESTOS LEGALES PARA MANTENER BAJO RESERVA LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN ELLA, ES ACORDE CON LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 218 Y 219 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El precepto constitucional citado prevé y regula el derecho del imputado a contar con una defensa adecuada, lo cual implica que se le faciliten los datos que consten en el proceso y requiera para su defensa. Para ello, el Poder Reformador de la Constitución estableció implícitamente, por una parte, que el Ministerio Público debe mantener bajo reserva los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación y, por otra, los momentos a partir de los cuales el imputado y su defensor pueden tener acceso a dicha información, al especificar las siguientes hipótesis, cuando: a) el imputado se encuentre detenido; b) pretenda recibirse su declaración o entrevistarlo; y, c) antes de que comparezca por primera vez ante el Juez de Control. Y, es a partir de que se actualice cualquiera de esos supuestos que se adquiere la calidad de imputado al ser detenido por la comisión de un hecho delictivo, o bien, el señalamiento que en su contra realice el Ministerio Público, ya sea al ser llamado a declarar ante éste como probable partícipe de un delito o en la audiencia de imputación efectuada ante el Juez de Control; momento en que desaparece la reserva, para que el imputado y su defensor puedan preparar una defensa adecuada a sus intereses, salvo los casos excepcionales que marque la ley secundaria para salvaguardar el éxito de la investigación. En congruencia, en los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el legislador estableció la reserva de los datos de prueba e información que obren en las carpetas de investigación, precisando que solamente las partes pueden tener acceso a ello, con las limitaciones establecidas en la propia ley; exceptuando de esa reserva, únicamente, a la víctima u ofendido y a su asesor jurídico, ya que éstos sí pueden tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento; y señaló, en términos similares al postulado constitucional, cuáles son los momentos en que el imputado y su defensor pueden tener acceso al legajo de investigación, a saber cuando: 1) el imputado se encuentre detenido; 2) sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista; y, 3) una vez que el imputado y su defensor hayan sido convocados a la audiencia inicial. Por tanto, si no se presenta alguno de esos supuestos, la negativa de la Representación Social de dar acceso a la carpeta de investigación a la persona sujeta a investigación y a su defensor, es acorde con los artículos constitucional y legales mencionados." Ahora bien, la quejosa en sus conceptos de violación argumenta que el acuerdo reclamado no se encuentra fundado y motivado. Además, refiere que la negativa de darle intervención en la carpeta de investigación que refiere, viola sus garantías de audiencia, legalidad y seguridad, contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Resultan infundados los anteriores conceptos de violación. Cierto, el oficio de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, reclamado al jefe de departamento adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, se encuentra debidamente fundada en los artículos 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Federal, 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y debidamente motivada bajo el argumento de reserva de las actuaciones de investigación a que está obligada la autoridad ministerial; sin que ello transgreda su derecho a una defensa adecuada, pues la determinación reclamada es acorde al texto constitucional contenido en el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Federal, que expresamente dilucida la circunstancia específica en que se encuentra la quejosa y que limita la consulta e intervención del imputado a la carpeta de investigación, en su calidad de imputado, solo en los casos expresamente señalados, en los que la promovente no se encuentra ubicada. Por lo que, como se destacó, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de garantizar el derecho fundamental de defensa, se señalan cuáles son los momentos a partir de los cuales el imputado y su defensor pueden tener acceso a dicha información, y son: a) cuando el imputado se encuentre detenido; b) cuando pretenda recibirse su declaración o entrevistarlo; y, c) antes de que comparezca por primera vez ante el juez de control; lo que en el caso, como lo refirió la responsable, no acontece. Por lo que como ya quedó precisado, el oficio reclamado no es violatorio de derechos fundamentales. En tal virtud, al resultar infundados los conceptos de violación propuestos por la quejosa, procede negar el amparo solicitado, contra los actos reclamados al jefe de departamento adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, consistente en el oficio de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 80 y 155, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 891/2019, promovido por ROCÍO CÁRDENAS GÓMEZ, en términos del considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ROCÍO CÁRDENAS GÓMEZ, respecto del acto reclamado al jefe de departamento adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, consistente en el oficio de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en términos del último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, y advirtiéndose que por acuerdo de doce de noviembre del año en curso, se agregó el informe justificado rendido por el agente del Ministerio Público de la Mesa Cuatro del Sistema Adversarial, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; es claro que se encuentra transcurriendo el plazo concedido en el auto de referencia, a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes conozcan su contenido. En consecuencia, no es factible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio de cuenta suscrito por el agente del Ministerio Público de la Mesa cuatro del Sistema Adversarial, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado; por lo tanto, con su contenido dese vista a las partes, para que se encuentren en aptitud de promover conforme a sus intereses convenga, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; asimismo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. NOTIFÍQUESE.
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