Rocío Calva Hernández

Expediente 88/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
88/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
07/03/2023

Partes del expediente

  • Rocío Calva Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; siete de marzo de dos mil veintitrés. ACUSE DE RECIBO. Téngase a la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, informando que se admitió el recurso de queja interpuesto en contra del auto de desechamiento de la demanda dictado en el presente juicio; mismo que quedó radicado bajo el número 62/2023, de su índice....II

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. QUEJA. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo: 1. Se tiene a ***, autorizado de la quejosa ***, interponiendo recurso de queja contra el auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés. 2. Una vez que se notifique a la recurrente el presente auto y sin necesidad de acuerdo previo, envíense a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Noveno Circuito, (I) el informe sobre la materia de la queja; (II) el original del escrito de agravios; y, (III) original del expediente en que se actúa. 3. Fórmese cuaderno de antecedentes...II

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; nueve de febrero de dos mil veintitrés. SE DESAHOGA PREVENCIÓN. Téngase a la quejosa, dando cumplimiento a la prevención formulada en auto de veintitrés de enero pasado, para ello manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que fue notificada del acto reclamado el seis de diciembre de dos mil veintidós; en consecuencia, acuérdese lo que en derecho proceda. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda, al advertirse, de manera manifiesta e indudable, una de las causales de improcedencia previstas en el diverso 61 de dicho ordenamiento legal. En efecto, la previsión legal invocada en segundo término, en su fracción XVIII, dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. . Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; .. De la interpretación del citado precepto se advierte que, tratándose de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, siempre que en su contra proceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, éste debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo, salvo los casos de excepción expresamente establecidos. Precisado lo anterior, esta autoridad resolutora considera que el auto de uno de diciembre de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil ***, mediante el cual, el Juzgado Mixto de Zacualtipán, Hidalgo, ordenó el embargo sobre el 30% del excedente del salario mínimo de la quejosa, apercibiendo a la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que retuviera la cantidad de $1,667.76 (mil seiscientos sesenta y siete pesos con setenta y seis centavos), de manera quincenal y hasta cubrir la cantidad de cien mil pesos, es impugnable a través del recurso de revocación, de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio que a la letra dice lo siguiente: Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición". En efecto, de su lectura de advierte que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio. En el caso, la parte quejosa reclama el acuerdo de uno de diciembre de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil ***, mediante el cual, el Juzgado Mixto de Zacualtipán, Hidalgo, ordenó el embargo sobre el 30% del excedente del salario mínimo de la quejosa, apercibiendo a la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que retuviera la cantidad de $1,667.76 (mil seiscientos sesenta y siete pesos con setenta y seis centavos), de manera quincenal y hasta cubrir la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos) y ordenó su entrega a la actora por quincena; determinación que, si bien podría producir una ejecución de carácter irreparable, es susceptible de impugnarse a través del recurso de revocación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1334 del Código de Comercio, precisamente porque ese es el recurso idóneo contra actos de esa naturaleza. Sobre la base de que de acuerdo a la cuantía del negocio que es de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos) y, en términos del artículo 1339 del Código de Comercio, tal determinación no es apelable. En ese tenor, se actualiza la hipótesis contenida en el numeral 1334 de la legislación mercantil antes transcrito, en el sentido de que los autos que no fueran apelables son revocables. Es importante mencionar, que la causal de improcedencia invocada es notoria y manifiesta, porque bajo el contexto del corpus juris internacional, los recursos y medios de impugnación no pueden ser considerados una mera posibilidad que ponga en tela de juicio su procedencia, al grado de considerar que la existencia de recursos no es notoria y manifiesta. Esto es, lo notorio y manifiesto significa que se está frente a algo cierto, real y que necesariamente debe acontecer; así, se repite, bajo el contexto de los derechos humanos, las personas no tienen a su alcance una mera expectativa de la posibilidad de impugnar la resolución de las autoridades, sino que ese derecho, es decir, el de impugnación, es real y no puede estar supeditado a más condiciones que en los casos en que el legislador considere que la procedencia de un recurso puede afectar el orden público y el interés social. Conforme a los artículos 8, punto 1, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos adoptada en San José de Costa Rica, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial. Asimismo, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. En este sentido, atento al principio de progresividad de los derechos humanos, ya no puede considerarse que la existencia de un recurso en la ley, constituya sólo una posibilidad, pues el derecho humano a la impugnación evidencia que es una realidad que todas las personas tienen a su alcance los recursos y medios de defensa que las leyes secundarias establecen a su favor. De manera que, si en la especie el Código de Comercio prevé el recurso de revocación contra resoluciones que sean de imposible o difícil reparación, el quejoso debe hacer valer dicho recurso, porque la ley no se lo prohíbe expresamente, por motivos de afectación del orden público y el interés social. Por el contrario, es un derecho humano que los quejosos sean escuchados por la autoridad competente, en este caso, el tribunal de apelación, siendo que el recurso de apelación es el idóneo, porque procede contra autos y resoluciones de ejecución irreparable o difícil reparación. Esto aunado a que la procedencia del recurso de revocación no tiene por qué ser expresa, ya que como se dijo, todas las personas tienen derecho a un recurso rápido y sencillo, siendo que la revocación procede contra autos que no son apelables, por así disponerlo la legislación. Cabe mencionar, que si bien es cierto, que la parte quejosa reclama el auto de uno de diciembre de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 279/2022, mediante el cual, el Juzgado Mixto de Zacualtipán, Hidalgo, ordenó el embargo sobre el 30% del excedente del salario mínimo de la quejosa, apercibiendo a la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que retuviera la cantidad de $1,667.76 (mil seiscientos sesenta y siete pesos con setenta y seis centavos), de manera quincenal y hasta cubrir la cantidad de cien mil pesos, por considerar dicho acto como de aquellos cuya ejecución podría ser irreparable, esa circunstancia no significa que esté exenta de observar el principio de definitividad, pues aun cuando el amparo es procedente contra actos de esa naturaleza, ello será una vez que se agoten los recursos ordinarios. Empero, como ha quedado plasmado, del artículo 1334 del Código de Comercio, se desprende que dicha determinación puede ser reclamada mediante la interposición del recurso de revocación, en el cual se deberán señalar los motivos por los que se consideran tales circunstancias, a lo que el juez, en su caso, tendrá la obligación de resolver si su proceder fue legal o no. En esas condiciones, resulta manifiesto e indudable la actualización de la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; de ahí que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por ***....II

  4. Principal

    ...Previo citatorio dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa, y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista la resolución y/o proveído de nueve de febrero de dos mil veintitrés, a través del cual se determina: Pachuca de Soto, Hidalgo; nueve de febrero de dos mil veintitrés. SE DESAHOGA PREVENCIÓN. Téngase a la quejosa, dando cumplimiento a la prevención formulada en auto de veintitrés de enero pasado, para ello manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que fue notificada del acto reclamado el seis de diciembre de dos mil veintidós; en consecuencia, acuérdese lo que en derecho proceda. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda, al advertirse, de manera manifiesta e indudable, una de las causales de improcedencia previstas en el diverso 61 de dicho ordenamiento legal. En efecto, la previsión legal invocada en segundo término, en su fracción XVIII, dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. . Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; .. De la interpretación del citado precepto se advierte que, tratándose de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, siempre que en su contra proceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, éste debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo, salvo los casos de excepción expresamente establecidos. Precisado lo anterior, esta autoridad resolutora considera que el auto de uno de diciembre de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil ***, mediante el cual, el Juzgado Mixto de Zacualtipán, Hidalgo, ordenó el embargo sobre el 30% del excedente del salario mínimo de la quejosa, apercibiendo a la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que retuviera la cantidad de $1,667.76 (mil seiscientos sesenta y siete pesos con setenta y seis centavos), de manera quincenal y hasta cubrir la cantidad de cien mil pesos, es impugnable a través del recurso de revocación, de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio que a la letra dice lo siguiente: Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición". En efecto, de su lectura de advierte que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio. En el caso, la parte quejosa reclama el acuerdo de uno de diciembre de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil ***, mediante el cual, el Juzgado Mixto de Zacualtipán, Hidalgo, ordenó el embargo sobre el 30% del excedente del salario mínimo de la quejosa, apercibiendo a la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que retuviera la cantidad de $1,667.76 (mil seiscientos sesenta y siete pesos con setenta y seis centavos), de manera quincenal y hasta cubrir la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos) y ordenó su entrega a la actora por quincena; determinación que, si bien podría producir una ejecución de carácter irreparable, es susceptible de impugnarse a través del recurso de revocación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1334 del Código de Comercio, precisamente porque ese es el recurso idóneo contra actos de esa naturaleza. Sobre la base de que de acuerdo a la cuantía del negocio que es de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos) y, en términos del artículo 1339 del Código de Comercio, tal determinación no es apelable. En ese tenor, se actualiza la hipótesis contenida en el numeral 1334 de la legislación mercantil antes transcrito, en el sentido de que los autos que no fueran apelables son revocables. Es importante mencionar, que la causal de improcedencia invocada es notoria y manifiesta, porque bajo el contexto del corpus juris internacional, los recursos y medios de impugnación no pueden ser considerados una mera posibilidad que ponga en tela de juicio su procedencia, al grado de considerar que la existencia de recursos no es notoria y manifiesta. Esto es, lo notorio y manifiesto significa que se está frente a algo cierto, real y que necesariamente debe acontecer; así, se repite, bajo el contexto de los derechos humanos, las personas no tienen a su alcance una mera expectativa de la posibilidad de impugnar la resolución de las autoridades, sino que ese derecho, es decir, el de impugnación, es real y no puede estar supeditado a más condiciones que en los casos en que el legislador considere que la procedencia de un recurso puede afectar el orden público y el interés social. Conforme a los artículos 8, punto 1, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos adoptada en San José de Costa Rica, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial. Asimismo, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. En este sentido, atento al principio de progresividad de los derechos humanos, ya no puede considerarse que la existencia de un recurso en la ley, constituya sólo una posibilidad, pues el derecho humano a la impugnación evidencia que es una realidad que todas las personas tienen a su alcance los recursos y medios de defensa que las leyes secundarias establecen a su favor. De manera que, si en la especie el Código de Comercio prevé el recurso de revocación contra resoluciones que sean de imposible o difícil reparación, el quejoso debe hacer valer dicho recurso, porque la ley no se lo prohíbe expresamente, por motivos de afectación del orden público y el interés social. Por el contrario, es un derecho humano que los quejosos sean escuchados por la autoridad competente, en este caso, el tribunal de apelación, siendo que el recurso de apelación es el idóneo, porque procede contra autos y resoluciones de ejecución irreparable o difícil reparación. Esto aunado a que la procedencia del recurso de revocación no tiene por qué ser expresa, ya que como se dijo, todas las personas tienen derecho a un recurso rápido y sencillo, siendo que la revocación procede contra autos que no son apelables, por así disponerlo la legislación. Cabe mencionar, que si bien es cierto, que la parte quejosa reclama el auto de uno de diciembre de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 279/2022, mediante el cual, el Juzgado Mixto de Zacualtipán, Hidalgo, ordenó el embargo sobre el 30% del excedente del salario mínimo de la quejosa, apercibiendo a la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que retuviera la cantidad de $1,667.76 (mil seiscientos sesenta y siete pesos con setenta y seis centavos), de manera quincenal y hasta cubrir la cantidad de cien mil pesos, por considerar dicho acto como de aquellos cuya ejecución podría ser irreparable, esa circunstancia no significa que esté exenta de observar el principio de definitividad, pues aun cuando el amparo es procedente contra actos de esa naturaleza, ello será una vez que se agoten los recursos ordinarios. Empero, como ha quedado plasmado, del artículo 1334 del Código de Comercio, se desprende que dicha determinación puede ser reclamada mediante la interposición del recurso de revocación, en el cual se deberán señalar los motivos por los que se consideran tales circunstancias, a lo que el juez, en su caso, tendrá la obligación de resolver si su proceder fue legal o no. En esas condiciones, resulta manifiesto e indudable la actualización de la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; de ahí que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por ***....II

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