Rocio Bahena Ortiz
Expediente 1314/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 29 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1314/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 27/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Rocio Bahena Ortiz
- Gobernador Constitucional del Estado de Morelos.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
CUMPLASE
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 1314/2019, dos anexos, y testimonio de la ejecutoria emitida en autos del recurso de revisión 87/2020, concluyendo en sus puntos resolutivos que son del tenor siguiente: ".PRIMERO.- Se revoca la sentencia impugnada. SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo 1314/2019 promovido por Rocío Bahena Ortiz, por las razones expuestas en el último considerando del presente fallo." En atención a lo resuelto, la sentencia definitiva dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria emitida en autos del recurso de queja 172//2020, concluyendo en su punto resolutivo lo siguiente: "ÚNICO.- Se declara sin materia el presente recurso queja". En mérito de lo anterior, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes . En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que se concedió la suspensión definitiva. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por ROCÍO BAHENA ORTIZ, a través del cual interpone recurso de queja contra la interlocutoria de dos de marzo de dos mil veintiuno, por la que se declaró infundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva interpuesto; téngase por hechas las designaciones que refiere. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I inciso g), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se da trámite al recurso de queja en contra de la resolución interlocutoria de dos de marzo de dos mil veintiuno. En tal circunstancia, con fundamento en el párrafo primero del artículo 101 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con el recurso de queja, para que en el término de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán de remitirse al Tribunal de Alzada para que resuelva lo que legalmente proceda. Cabe hacer mención, que la parte recurrente señaló las copias certificadas que deberán remitirse al Tribunal Colegiado que conocerá del citado recurso, de conformidad con lo establecido por el artículo 100 párrafo segundo de la Ley de Amparo, lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. En virtud de lo anterior, se ordena agregar a los autos el escrito original de agravios, para que en su oportunidad se remita al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, para la substanciación del medio de impugnación que hace valer la promovente. En ese sentido, acorde con lo dispuesto por el artículo 39 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, en lo concerniente a que todos los envíos de expedientes de un órgano jurisdiccional a otro se harán de forma electrónica, salvo que el remitente estime necesario que el órgano destinario cuenta con las constancias físicas. Atento a lo anterior, integrado que sea el presente asunto, efectúese la remisión vía interconexión al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, en turno, el original y copia del escrito de expresión de agravios, para la substanciación de la queja interpuesta. Por tanto, mediante oficio que al efecto se libre efectúese el turno del asunto por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito. En mérito de lo anterior se instruye el Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado Federal, para que autorice al Tribunal Colegiado del conocimiento la consulta del expediente electrónico en línea del presente asunto. Sin que esto último sea óbice de remitir copia certificada de las constancias que en su caso sean requeridas por el aludido tribunal. Notifíquese corriéndole traslado a las partes con copia simple del escrito de agravios, con excepción de la recurrente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Incidental
Visto para dictar sentencia interlocutoria en el incidente por incumplimiento a la suspensión definitiva, derivado del juicio de amparo indirecto 1314/2019-VI; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos del incidente por incumplimiento de la suspensión. Mediante escrito de demanda Rocío Bahena Ortiz, por su propio derecho y en su carácter de Magistrada integrante del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y actual Presidenta de la Sala del Tercer Circuito Judicial en el Estado, con sede en Cuautla, Morelos, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, con suspensión de los actos reclamados del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos y otras autoridades, de quienes la impetrante reclama: De las autoridades marcadas con los numerales 1 al 3 del apartado que antecede, se reclaman: a) Las injustificadas, ilegales, inconstitucionales, inconvencionales, e indebidamente fundadas y motivadas, DICTAMINACIÓN, DISCUSIÓN y APROBACIÓN, en lo general y en lo particular, así como los indebidos actos de SANCIÓN, PROMULGACIÓN, REFRENDO y PUBLICACIÓN (por así haberse ordenado expresamente por el Congreso del Estado), respecto del denominado "PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL QUE SE DEJA SIN EFECTOSEL DECRETO NÚMERO DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD", CON FECHA 30 DE MAYO DE 2018." Mismo que se ha elevado de rango jerárquico normativo e inconstitucionalmente se le ha dado también el tratamiento de "DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS VEINTISIETE.- Por el que se deja sin efectos el Decreto Número Dos Mil Seiscientos Diez, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", con techa 30 de mayo de 2018.- Por el que se expiden los Nombramientos a los Magistrados a que se refiere la disposición transitoria tercera, del Decreto Número 1613, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5477, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete" (sic). En adelante "Decreto 427". (.) Así también se reclaman, todos los efectos y consecuencias que de ello deriven en perjuicio de la suscribiente quejosa. De las autoridades marcadas con los numerales 4, 5 y 6 del apartado que antecede, se reclaman: b) Los indebidos e inconstitucionales acatamiento y observancia de "El Decreto 427" combatido, dando pie en consecuencia a un indebido incumplimiento: del Decreto 2610, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5602, el 30 de mayo de 2018; a fin de que se continúe respetando el plazo constitucional que se me ha otorgado para ostentar el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos hasta el 2026. Lo anterior, en la inteligencia de que de concederse la protección constitucional a la que suscribe quejosa y dejarse sin efectos el combatido "Decreto 427", prevalecerá la vigencia del diverso Decreto 2610 por el que se ha determinado el plazo por el que la suscribiente Magistrada fungirá como tal". Mediante proveído de treinta de septiembre de dos mil veinte se asumió conocimiento del asunto y se aceptó la competencia declinada, se admitió la demanda y se ordenó el trámite de la cuerda incidental, se solicitó a las responsables los informes previos y por una parte, se negó la medida cautelar respecto al acto reclamado consistente en el "punto de acuerdo parlamentario por el que se deja sin efectos el decreto número dos mil seiscientos diez, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el treinta de mayo de dos mil dieciocho, al haberse consumado el acto en el momento mismo de la dictaminación, discusión y aprobación, en lo general y en lo particular; así como los actos de sanción, promulgación, refrendo y publicación Por otra parte, se concedió la suspensión provisional para el único efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan; esto es, en términos de la situación jurídica en que se encuentra conforme al decreto mil setecientos cincuenta y siete (1757), publicado el veinticinco de abril de dos mil doce en el periódico oficial "Tierra y Libertad", por el que el Congreso del Estado de Morelos ratificó a Rocío Bahena Ortiz como Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por un periodo de ocho años, comprendido del dieciocho de mayo de dos mil doce al diecisiete de mayo de dos mil veinte. Posteriormente, al resolver sobre la suspensión definitiva, el siete de octubre de dos mil diecinueve se negó y se concedió únicamente para: "el único efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan; esto es, en términos de la situación jurídica en que se encuentra conforme al decreto mil setecientos cincuenta y siete (1757), publicado el veinticinco de abril de dos mil doce en el periódico oficial "Tierra y Libertad", por el que el Congreso del Estado de Morelos ratificó a Rocío Bahena Ortiz como Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por un periodo de ocho años, comprendido del dieciocho de mayo de dos mil doce al diecisiete de mayo de dos mil veinte. La situación jurídica que crea esta suspensión debe prevalecer hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que resuelva el juicio de amparo del que deriva la presente cuerda incidental." Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, que fue resuelto en sesión de nueve de julio de dos mil veinte, cuyo engrose se efectuó el nueve de septiembre siguiente, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Decimoctavo Circuito en la que modificó la resolución recurrida y concedió la suspensión definitiva para los efectos siguientes: ".se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, es decir, para que las autoridades responsables no ejecuten, esto es, no materialicen los efectos del decreto 427, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5743, el 10 de septiembre de 2019, en contra de ROCIO BAHENA ORTIZ, continuando en su cargo como Magistrada numeraria hasta en tanto reciban la notificación de la ejecutoria de la sentencia que se dicte en el juicio principal del que emana el incidente de suspensión que se analiza." Resolución que fue notificada a este Juzgado el diez de septiembre de dos mil veinte y que previo escrito de la parte quejosa, se ordenó a las autoridades responsables informaran lo relativo a la suspensión concedido por el Tribunal de Alzada, el cinco de octubre de dos mil veinte. En cumplimiento a lo anterior, el Congreso del Estado de Morelos, Gobernador del Estado de Morelos, el Presidente y Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; así como la Junta de Administración, Disciplina y Vigilancia del Poder Judicial del Estado, informaron lo concerniente a la suspensión definitiva. Posteriormente, el veintinueve de octubre de dos mil veinte, se tuvo por interpuesto el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa contra el auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, referente al cumplimiento pretendido por la quejosa respecto a la suspensión definitiva. Recurso de queja que aún se encuentra substanciándose en el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito. SEGUNDO. Admisión y trámite del incidente por incumplimiento de la suspensión. Previo escrito que se tuvo por recibido el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno vía electrónica por parte de la quejosa, mediante proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se dio trámite al segundo incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva por cuanto al Gobernador del Estado de Morelos y al Secretario de Gobierno del Estado de Morelos por sí y en su carácter de Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", se ordenó la tramitación de dicha incidencia, se requirió a las autoridades responsables su respectivo informe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 208 fracción II de la Ley de Amparo, y se fijó fecha y hora para el verificativo de la audiencia correspondiente, que inició en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente, porque deriva del incumplimiento a la suspensión decretada en un juicio de amparo del índice de este juzgado federal. TERCERO. Oportunidad y procedencia del incidente por incumplimiento a la suspensión definitiva. El incidente por incumplimiento a la suspensión definitiva es oportuno. El artículo 206, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece que el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión podrá promoverse en cualquier tiempo,mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo. La suspensión definitiva se decretó por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Decimoctavo Circuito, en sesión de nueve de julio de dos mil veinte, cuyo engrose se efectuó el nueve de septiembre siguiente; la promoción por la cual se dio trámite al segundo incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva se tuvo por presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno; por su parte, en el expediente principal del que emana la presente cuerda incidental se dictó sentencia el diecisiete de enero de dos mil veinte, en contra de la cual la parte quejosa hizo valer recurso de revisión, y el seis de febrero de dos mil veinte se dio trámite al referido medio de impugnación el que se encuentra substanciándose, dado que aún no se ha notificado a este juzgado que se haya resuelto. Esto es, el incidente por incumplimiento a la suspensión se intentó con posterioridad al dictado de la suspensión definitiva y con anterioridad a que cause ejecutoria la sentencia en el juicio de amparo, por tanto se estima que es oportuno. CUARTO. Procedencia, trámite, resolución y efectos del incidente por incumplimiento a la suspensión. 4.1. Procedencia del incidente. El incidente por incumplimiento de la suspensión procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. 4.2. Trámite del incidente. El incidente se tramita de conformidad con las reglas siguientes: 1. Se presenta por escrito, con copias para las partes, ante el órgano judicial correspondiente; en el mismo escrito se ofrecerán las pruebas relativas. 2. El órgano judicial señalará fecha para la audiencia y requerirá a la autoridad responsable para que rinda informe en el plazo de tres días; y, 3. En la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes, se dará oportunidad para que éstas aleguen oralmente y se dictará resolución. 4.3. Resolución y efectos del incidente. Si se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la Ley de Amparo. QUINTO. El incidente por incumplimiento a la suspensión definitiva es infundado. Resulta infundado el incidente por incumplimiento a la suspensión definitiva promovido por la quejosa como se explicará a continuación. En el juicio de amparo, los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. La suspensión de los actos reclamados es una providencia cautelar, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio constitucional, cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta prevista, positiva o negativa, de una autoridad, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve el juicio en lo principal. El objeto primordial de la providencia cautelar consiste en mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle; por tanto, en virtud de la suspensión, el acto que se reclama queda en suspenso mientras se decide si es violatorio o no de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si tal consumación ocurre, no podrían volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como sucedería en el caso que se concediera el amparo Esto es, la suspensión no tiene como único objeto mantener viva la materia de amparo sino también se propone evitar al agraviado durante la tramitación del juicio de amparo los perjuicios que la ejecución del acto pudiera ocasionarle. Los efectos de la suspensión entonces son obrar sobre la ejecución del acto reclamado ya que afecta las medidas tendentes a su ejecución paralizándolas impidiendo que el acto reclamado se ejecute o haciendo cesar tales medidas si la ejecución ya se ha iniciado; en su caso, de conformidad con el artículo 147, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se podrá restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. En el caso, la materia de la suspensión definitiva decretada por el Tribunal de Alzada en autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1314/2020-VI lo fue para que las cosas se mantuvieran en el estado que se encontraban, es decir, para que las autoridades responsables no ejecuten, esto es, no materialicen los efectos del decreto 427, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5743, el 10 de septiembre de 2019, en contra de ROCÍO BAHENA ORTIZ, continuando en su cargo como Magistrada numeraria hasta en tanto reciban la notificación de la ejecutoria de la sentencia que se dicte en el juicio principal del que emana el incidente de suspensión que se analiza. La quejosa funda la procedencia del incidente de incumplimiento a la suspensión al referir que las autoridades denunciadas Gobernador del Estado y Secretario de Gobierno, por sí y con el carácter de Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", en el respectivo ámbito de su competencia, han realizado junto con las autoridades inicialmente denunciadas actos defectuosos sin respetar la suspensión que le fue concedida, debido a que han promulgado y publicado en el Periódico Oficial la convocatoria JPYG/002/TSJ/2021 emitida por los integrantes de la LIV Legislatura del Congreso del Estado Que le fue otorgada la suspensión para que pese a los efectos del decreto 427 publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad 5743, la quejosa continuara en el cargo como Magistrada Numeraria hasta en tanto las responsables reciban notificación de la sentencia ejecutoria. Por ello, la quejosa solicita sea reincorporada de manera inmediata en el cargo como Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado lo cual -a su parecer- es viable debido a que no se contraviene el orden público ni el interés social. Para acreditar su dicho, la quejosa ofreció como pruebas documentales consistentes en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de nueve y once de febrero de dos mil veintiuno concernientes a la convocatoria JPYG/002/TSJ/2021, la instrumental de actuaciones y la presuncional en los aspectos legal y humano. El Gobernador del Estado de Morelos y al Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, a través del Director General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica, esencialmente informaron que al declararse la invalidez de la disposición transitoria tercera del Decreto mil seiscientos trece, consideran que se deja sin efectos la suspensión definitiva concedida a la quejosa. En mérito de lo anterior, es infundado el incidente intentado, ya que lo manifestado por la quejosa respecto que con la reciente convocatoria para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, las autoridades responsables no están dando cumplimiento a la suspensión definitiva, es desacertado. Lo anterior es así, ya que por cuanto a lo manifestado por la quejosa respecto de la reciente convocatoria para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2ª./J. 25/2020 estableció que el procedimiento y designación de magistrados en la entidades federativas es un acto soberano emitido en uso de las facultades discrecionales del Congreso del Estado en contra del cual no procede el amparo en términos del artículo 61 fracción VII de la ley de la materia, por lo que sus efectos no podrían ser afectados por una suspensión de amparo. Por ello, el incumplimiento de la suspensión debe acreditarse plenamente y como las responsables negaron el acto que se atribuye y, que del acervo probatorio no se acreditó la falta de acatamiento a la medida cautelar decretada en autos, se declara infundado el incidente planteado Lo anterior es así, pues sin soslayar el efecto para el cual fue otorgada la medida cautelar por el Tribunal de Alzada, lo fue para que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban, es decir, para que las autoridades responsables no ejecutara ni materializaran los efectos del decreto 427, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5743, el 10 de septiembre de 2019, en contra de ROCÍO BAHENA ORTIZ, continuando en consecuencia con el cargo como Magistrada numeraria hast en tanto recibieran la notificación de la ejecutoria de la sentencia que se dicte en el juicio principal del que emana el incidente de suspensión que se analiza. En el particular la actuación que se refuta como desacato, no deriva de la ejecución del mencionado decreto 427, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5743, el 10 de septiembre de 2019, sino por el contrario, como lo refieren las responsables, de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 20/2017. Procedimiento de control de constitucionalidad concentrado en el que el Máximo Tribunal de Justicia de País invalidó el artículo Tercero Transitorio del diverso decreto mil seiscientos trece por el cual extendía el nombramiento a veinte años de la aquí quejosa, y por tanto su periodo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos concluyó el diecisiete de mayo de dos mil veinte. Por lo tanto, no constituye un defectuoso cumplimiento a la suspensión la mencionada publicación de la convocatoria que aduce la quejosa, sobre la base que además que ésta constituye la emisión de un acto soberano que no podría ser materia de análisis en la vía de amparo indirecto y mucho menos en el incidente de suspensión; la misma derivó de la ejecución del fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el medio de control constitucional apuntado, cuyos alcances y efectos no constituyen materia de estudio en esta incidencia. Por ello, ya que el incumplimiento de la suspensión debe acreditarse plenamente y como las responsables negaron el acto que se atribuye y, que del acervo probatorio no se acreditó la falta de acatamiento a la medida cautelar decretada en autos en la forma planteada por la quejosa, se declara infundado el incidente planteado. Por lo expuesto fundado, se resuelve: ÚNICO. Es infundado el incidente por incumplimiento de la suspensión definitiva, promovido por ROCÍO BAHENA ORTIZ, por propio derecho y con el carácter de Magistrada integrante del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, conforme a los razonamientos expuestos en el considerando quinto de la presente interlocutoria. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe que autoriza y da fe.
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