Roció Araceli Isabela González Benítez
Expediente 969/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 969/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Roció Araceli Isabela González Benítez
- María Gabriela Franco Inzunza y Otros.
- Rodolfo Pérez Berrelleza
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta remitido por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, recibido vía electrónica, que contiene transcripción del proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ****, del que se advierte que se admitió el recurso de queja interpuesto en autos.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, remitido por el apoderado de *, mediante el cual, interpone recurso de queja contra el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 101, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación. En consecuencia, mediante oficio que derive del presente proveído, ríndase el informe justificado a la superioridad, manifestando que es cierto el acto impugnado por la parte quejosa, toda vez que este órgano jurisdiccional, el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, emitió el acuerdo que se combate. A fin de corroborar lo anterior, remítase copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente, mismas que deberán anexarse al informe justificado al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosegundo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad. De igual forma, deberá enviarse el original del escrito de agravios. Finalmente, se instruye al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este Juzgado, a fin de que realice las gestiones correspondientes en dicho sistema, con el propósito de que el expediente electrónico del presente juicio de amparo, sea vinculado en el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosegundo Circuito, con residencia en esta ciudad, para su debida integración a las actuaciones de su expediente de queja.
- Principal
Vista la demanda de amparo remitida por *****, apoderado de ***** a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, mismo que contiene firma criptográfica, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, por tenerla acreditada ante la responsable, tal y como se desprende de los anexos que acompaña a la demanda consistente en la carta poder firmada por la parte quejosa, así como el auto de veintisiete de junio de dos mil once, dictado en el juicio laboral *****, de la Junta responsable; a través de la cual se solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Organismo Público Desconcentrado Estatal denominado Instituto Sinaloense de Cultura, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Fórmese el expediente 969/2023-IV-B, tanto impreso como electrónico, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 12/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO ANÁLISIS DE ACTUALIZACIÓN DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte, que la parte quejosa sustancialmente reclama: - El incumplimiento a la ejecución del laudo dictado en el juicio *****, emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. Empero, respecto a dicho acto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues la Ley Federal del Trabajo prevé el recurso de revisión que procede en contra de dicho acto. Se dice ello, pues el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Del mencionado precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2. Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones, y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto se cita, solo en la idea sustancial y jurídicamente conducente, la jurisprudencia del entonces Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." . Ahora, la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de la Materia, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". Conforme a dicho numeral, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Aunado a lo anterior, la fracción en cita establece cuatro excepciones al principio de definitividad ahí consagrado: 1. Cuando se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. 4. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Estableciéndose en la parte final de la fracción en estudio que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Del contenido numeral transcrito se aprecia que el legislador dispuso que procede el recurso de revisión contra los actos de ejecución de los presidentes, actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de laudos, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares. Por su parte, el acto reclamado al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, se hizo consistir en: - El incumplimiento a la ejecución del laudo dictado en el juicio *****, emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. Asimismo, es necesario precisar que del contenido integral de la demanda, así como de los anexos que se acompañan, se aprecia que el solicitante del amparo fue omisa en interponer, previo a comparecer al presente juicio, el medio de defensa en estudio -revisión-. Lo expuesto evidencia que el acto reclamado versa en una actuación inherente a la etapa de ejecución del laudo, respecto del cual procede la interposición de un medio ordinario de defensa -revisión-, el cual es eficaz para revocar, nulificar o modificar el acto reclamado en el presente juicio de amparo; por tanto, al no advertirse la interposición de tal medio de defensa, es indudable que se incumplió con el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo respecto al citado acto. No sobra decir que en el presente no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad citadas en párrafos que anteceden, ya que el acto reclamado no guarda relación con actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se aprecia que consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Asimismo, el quejoso no es persona extraña al procedimiento y el acto reclamado no es un auto de vinculación a proceso. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, atento su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la citada legislación. Por otra parte, ha de decirse que los criterios jurisprudenciales formados bajo la Ley de Amparo Abrogada, se invocan en términos del artículo Sexto transitorio de la vigente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones LA VÍA ELECTRÓNICA, y como sus autorizados únicamente para esos efectos a ******, por así haberlo solicitado expresamente. Ahora, respecto del domicilio procesal que señala, no ha lugar a tenerlo por señalado, ello, atento que también solicitó se realizaran las notificaciones vía electrónica en el presente juicio de amparo, por lo que, tener ambas vías podrían practicarse dobles notificaciones.
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