Rocío Anaya González

Expediente 457/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
457/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
16/08/2021

Partes del expediente

  • Rocío Anaya González

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 4238/2021, signado por la secretaria de acuerdos del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 457/2021, y remite el testimonio de la resolución pronunciada en la queja Q.P. 115/2021 en la cual resolvió: "(.) ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por ... por conducto de su asesor jurídico. (.)" Acúsese recibo de estilo correspondiente, realícense las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; por economía procesal, glósense los antecedentes relacionados con el envío del referido juicio; y, hágase del conocimiento de las partes. Por otra parte, se hace constar que este juicio no es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste, no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez que transcurran tres años- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio suscrito por el secretario de acuerdos del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del diverso, por el que se remitió el juicio de amparo 457/2021-V, original y copia del escrito de expresión de agravios, para la substanciación del recurso de queja interpuesto por la quejosa Rocio Anaya González, a través de su defensor particular, contra el proveído de diez de junio del año en curso, el cual fue admitido y registrado con el número Q.P 115/2021. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por el apoderado de la quejosa , mediante el cual, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, interpone recurso de queja contra el auto de diez de junio de dos mil veintiuno, por el que se desechó de plano la demanda de amparo génesis de este asunto. Por tanto, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respecto a la queja interpuesta por el quejoso, en el sentido de que es cierto el acto impugnado; y, para justificar su legalidad, remítase el escrito de queja y los autos que integran este sumario al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno; lo anterior, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito presentado por el defensor particular de la quejosa ..., mediante el cual desahoga la prevención de treinta y uno de mayo del año en curso. Ahora, del análisis integral de la demanda y ocurso de cuenta, se advierte que el promovente señala como acto reclamado y lo atribuye a la siguiente autoridad: Del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros de la Coordinación General de Investigación Estratégica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de la averiguación previa ... El acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno (sic), emitido en la indagatoria referida, mediante el cual: La requirió aclarara a qué perito solicitó se de intervención con el fin de que determine si la supuesta transmisión de acciones que se refieren los hechos que se investigan se realizó conforme a las leyes que rigen a las personas morales. Se estipula que el determinar si el acto jurídico a través del cual se realizó la cesión de acciones, que en el caso concreto fue el "endoso" cumple con todos los requisitos establecidos por la ley es facultad exclusiva del órgano investigador. DESECHAMIENTO En virtud de lo anterior, se aprecia que resulta notoriamente improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no lesiona derechos sustantivos ni genera efectos de imposible reparación en detrimento de la quejosa. Los citados preceptos son del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De la segunda disposición trascrita se desprende que el amparo en la vía indirecta proceden contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; éstos son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución General de la República y tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora, con relación a los actos de imposible reparación el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de esa naturaleza, ya que mediante una fórmula legal determinó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva de las cuales se ignora si llegará a trascender al resultado del fallo. Además, señaló que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo netamente procesal, es decir, lesionar bienes jurídicos cuya fuente derive de un derecho sustantivo y no formal. Asimismo, el Máximo Tribunal precisó que esa interpretación se deduce de las dos condiciones dispuestas por el legislador secundario para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o procedimiento. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, cuya afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, si los actos de ejecución reclamados son reparables, por no afectar de manera inmediata los derechos sustantivos del quejoso, el juicio de amparo es improcedente al tratarse de una violación procesal, esto es, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Las consideraciones anteriores están contenidas en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En el caso, del anexo exhibido por la parte quejosas, se advierte que el auto de quince de febrero de dos mil veintiuno -no así, veinte de abril de ese año-, a la letra dice: ".VISTO el estado que guardan las presentes actuaciones de las que se desprende que en fecha 12 de febrero del año 2021, se recibió escrito a nombre de la querellante ROCÍO ANAYA GONZÁLEZ, a través del cual solicita la práctica de las siguientes diligencias: .1.- Se recabe acta constitutiva y omisión de actos de la persona moral que nos ocupa. 2.- Se solicite folio mercantil al Registro Público de Comercio del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) con la finalidad de demostrar si fue protocolizado la supuesta transmisión del título accionario en cuestión en fecha coetánea a los hechos denunciados. 3.- Se de intervención a peritos de esa Institución Ministerial a la que respetuosamente me dirijo con la finalidad de determinar si la supuesta transmisión del título accionario se realizó conforme a las leyes que rigen a las personas morales. Y para ello argumento que, dichas diligencias son necesarias para determinar si durante la temporalidad en que se ejecutaron los delitos por los que se querello la ofendida, esto es, desde que se constituyó la empresa WODAABE S.A. de C.V. a la fecha en que se adquirió el último bien inmueble, específicamente del 8 de mayo del año 2007 al 30 de julio de 2009, se satisfizo o no alguno de los requisitos de ley para dar certeza jurídica al endoso consignado en las acciones relacionadas con los hechos que se investigan; **por lo anterior y con el fin de no violentar garantías de la querellante, en el sentido de no realizar las pruebas que considera le son necesarias para acreditar su dicho, esta autoridad considera procedente el desahogo de las mismas, no obstante ello es necesario se requiera a la querellante, a fin de que aclare respecto de su petición marcada con el número "1", en el que solicitó a esta autoridad lo siguiente: "Se recabe acta constitutiva y omisión de actas de la persona moral que nos ocupa"; a que se refiere con el término "OMISIÓN DE ACTAS", es decir, si se refiere a una acta de asamblea a algún otro documento, lo anterior, para estar en posibilidad de dar debido desahogo a la diligencia solicitada; de la misma forma, respecto a su petición hecha en el punto marcado con el número "3", respecto a dar la intervención a peritos de esta Institución, deberá aclarar a que perito solicita se dé intervención con el fin de que determine si la supuesta transmisión de acciones a que se refieren los hechos que se investigan, se realizó conforme a las leyes que rigen a las personas morales; lo cual es necesario se aclare, pues debe hacerse saber a la promovente que, determinar si el acto jurídico a través del cual se realizó la cesión de acciones, que en el caso concreto fue el "endoso", cumple con todos los requisitos establecidos por la ley, es facultad exclusiva del órgano investigador, quien deberá hacer el estudio técnico jurídico de los hechos considerados como delictivos y la valoración de las pruebas que obran agregadas a la indagatoria y posteriormente, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado, debe determinar si el acto jurídico en cuestión tiene alguna repercusión en el ámbito penal o no. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 fracción l, 9 y 9 bis del Código de Procedimientos Penales vigente para el Distrito Federal; 1, 2 fracción l y ll, 3 fracciones l, ll y lll de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; con relación a los Transitorios Segundo y Décimo de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que es de resolverse y se.------------------------------------R E S U E L V E----------------------------------------- PRIMERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el cuerpo del presente acuerdo, gírese oficio al registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad de México, solicitando el oficio mercantil de la empresa WODAABE S. A. de C.V.--------------------------- SEGUNDO.- Requiérase a la querellante ROCÍO ANAYA GONZÁLEZ para los efectos señalados en el cuerpo del presente acuerdo.-----------------------------------C U M P L A S E--------------------------------------------" Determinación que en modo alguno afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo de la quejosa, que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto. Se explica. Rocío Anaya González solicitó la realización de las siguientes diligencias: 1. Se recabe acta constitutiva y omisión de actos de la persona moral que nos ocupa. 2. Se solicite folio mercantil al Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, con la finalidad de demostrar si fue protocolizado la supuesta transmisión del título accionario en cuestión en fecha coetánea a los hechos denunciados. 3. Se de intervención a peritos con la finalidad de determinar si la supuesta transmisión del título accionario se realizó conforme a las leyes que rigen a las personas morales. Respecto de lo cual, la autoridad ministerial acordó procedente su desahogo e incluso respecto al ordinal 2, giró oficio al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta entidad, a efecto de solicitarle el folio mercantil de la empresa WODAABE, S.A. DE .C.V. No se inadvierte que por lo que hace a los numerales 1 y 3, a efecto de mejor proveer y no violar algún derecho de la querellante, la requirió a fin de que los aclarara. Cierto, atinente al número 1, la requirió para que precisara a qué se refiere con el término de "omisión de actas", es decir, especifique si se refiere a un acta de asamblea o algún otro documento, ello para dar debido desahogo a la diligencia peticionada. Relativo al dígito 3, le pidió esclareciera a qué experto solicita se dé la intervención, con el fin de que determine si la transmisión de acciones a que se refieren los hechos que se investigan, se realizó conforme a las leyes que rigen las personas morales, dado que determinar si el acto jurídico a través del cual se realizó la cesión de acciones, que en el caso concreto fue el endoso, cumple o no con los requisitos previstos en la ley, es facultad exclusiva del órgano técnico de investigación, en términos, entre otros del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En razón de ello, se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que como ha quedado establecido, el acto reclamado no tiene sobre la quejosa una ejecución que sea de imposible reparación porque dicho auto no le impide en este momento el ejercicio de un derecho sustantivo y, en todo caso, su trascendencia sería posterior, por lo que se trata de una infracción meramente adjetiva que no afecta de manera material y presente ningún derecho sustantivo de la quejosa, aunado a que la autoridad señalada como responsable acordó favorablemente el desahogo de las pruebas que la querellante ofreció, incluso respecto a lo solicitado en el ordinal 2, giró oficio al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta entidad, a efecto de solicitarle el folio mercantil de la empresa WODAABE, S.A. DE .C.V. y respecto a las otras dos, sólo le requirió aclarar los aspectos referidos, para dar debido desahogo a la diligencias peticionadas y no violar algún derecho de la querellante, sin que negara lo peticionado ni impidiera el ejercicio de algún derecho. Por lo que en modo alguno puede estimarse que ello afecte derechos sustantivos de la peticionaria de amparo. De suerte que, la decisión impugnada, de ninguna manera priva a la inconforme de algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Federal o en los Tratados Internacionales en que México sea parte, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio. Por lo cual, en ese supuesto, es inexistente la privación o molestia de algún derecho sustantivo que asista en favor de la quejosa, pues, se insiste, no se está frente a esas prerrogativas a los derechos sustantivos de la inconforme que amerite analizarse vía bi-instancial, ya que de manera alguna se advierte que los alcances del acto tildado de inconstitucional generen una lesión a las potestades fundamentales aludidas; de ahí que sus consecuencias sean sólo intraprocesales y de modo alguno afecte derechos subjetivos. Sirve de apoyo a lo que antecede, la tesis de jurisprudencia P./J. 6/1991 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la páginas cinco, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, Agosto de 1991, que precisa: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En esas condiciones, se concluye que el juicio de amparo es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 63, fracción V, 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por lo que se debe desechar de plano la presente demanda. Como lo solicita la quejosa, devuélvase la documental que exhibe previo cotejo, copia y constancia de recibo que se deje en autos. Notifíquese personalmente.

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