Rocío Anaya González

Expediente 352/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
352/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
17/07/2017

Partes del expediente

  • Rocío Anaya González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad de México, a diecisiete de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida. En ese sentido, por sentencia dictada el veinte de junio de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Rocío Anaya González, para el efecto de que la agente del Ministerio Público responsable sustituta diera respuesta, de manera fundada y motivada, a las peticiones formuladas por la amparista, las cuales debería notificar en breve término a esta última. Sentencia que al no ser recurrida por alguna de las partes se declaró que causó ejecutoria mediante proveído de siete de julio pasado, y dado que la autoridad referida, el treinta de junio pasado comunicó que acató dicha sentencia, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que realizaran algún pronunciamiento. De lo expuesto, se concluye que la sentencia protectora está cumplida. Así se considera, porque de las constancias que remitió la autoridad ministerial responsable sustituta se aprecia que emitió el acuerdo de veintiséis de junio del año en curso, por el que dio respuesta a las peticiones que formuló la amparista; sin que en el caso sea procedente analizar la legalidad de las consideraciones relativas. En relación con esta última aseveración, es orientadora la tesis 2a./J. 1/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 203 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Enero de 2001, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO". Aunado a lo anterior, la quejosa tuvo conocimiento de dicho acuerdo ministerial con motivo de la vista ordenada en proveído de siete del mes actual, sin que realizara algún pronunciamiento al respecto. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 36/99, sustentada por la sala citada, impresa en la página 469 del semanario mencionado, Novena Época, Tomo IX, Mayo de 1999, de título: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA". Consecuentemente, es evidente que se restituyó a la quejosa en el goce de sus derechos violados, acorde con el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que se reitera que la sentencia protectora está cumplida. No se soslaya que el acuerdo ministerial fue emitido antes de que se declarara firme la sentencia protectora; sin embargo, ningún fin práctico tendría obligar a la autoridad responsable emita otro, pues tal actuación derivó de los efectos por los que se concedió el amparo, lo que permite inferir que se pronunciaría en los mismos términos, al habérsele dejado plena libertad de decisión, aunado a que la quejosa tiene expedito su derecho de controvertir tal determinación por la vía que estime procedente. Por último, de ser el caso, una vez que fenezca el plazo previsto en el artículo 202, de la ley de la materia, dese cuenta para acordar lo conducente, dado que no se actualiza alguno de los supuestos señalados en el último párrafo de este dispositivo.

  2. Principal

    Ciudad de México, a siete de julio de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que ampara; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. Ahora, del estado de autos se advierte que mediante acuerdo de treinta de junio pasado, se reservó proveer lo relativo al oficio recibido en la misma fecha, en que la autoridad responsable informó que dio contestación a los escritos que fueron materia de la concesión de amparo, hasta en tanto causara ejecutoria dicha resolución, lo que en el caso sucede. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga.

  3. Principal

    Cúmplase.

  4. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 352/2017, promovido por Rocío Anaya González, contra las omisiones reclamadas de la Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación C-2 de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (autoridad sustituta); y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, remitido por cuestión de turno a este juzgado, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las omisiones que se precisarán en el considerando segundo. II. La solicitante de amparo narró los antecedentes de las omisiones controvertidas, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se transgreden sus derechos fundamentales previstos en los artículos 8 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Al día siguiente de su recepción, se admitió a trámite la demanda, que se registró con el orden 352/2017; se requirió a la autoridad señalada como responsable rindiera informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que en su oportunidad se realizó al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 37 y 107, fracción VII, de la Ley de Amparo; y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de la omisiones reclamadas. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el número 1347 aparece publicada en la página 1511 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [aplicable de conformidad con el artículo SEXTO TRANSITORIO del decreto por el que se expidió la ley de la materia, dado que no se opone a su contenido], que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis de la demanda y de las demás constancias, se precisa que las omisiones reclamadas de la Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación C-2 de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (autoridad sustituta) son las siguientes: * La abstención de dar respuesta a los escritos signados por la quejosa, dirigidos a la averiguación previa FDF/T/T2/00836/10-09, que presentó en las siguientes fechas: 1. El veintidós de marzo de dos mil dieciséis, en que solicitó: a) remitiera oficio recordatorio al Juzgado Tercero de lo Familiar de esta ciudad, a fin de que recabara copia certificada de la demanda y audiencias relativas al incidente de reducción de pensión alimenticia, derivado del juicio ordinario 410/2003; b) requiriera al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social rindiera informe en relación con algunos antecedentes laborales de Erick Roberto Uhthoff Brito; y c) solicitara a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informara diversos datos bancarios a nombre de "WODAABE, S.A. DE C.V.", que tuviera registrados a partir de dos mil siete. 2. El veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, por el que solicitó copia certificada de: a) oficio o factura por el que remitió la indagatoria y anexos relativos a la Coordinación de Servicios Periciales, a fin de que se realizara el dictamen ordenado en el juicio de amparo 274/2016, del registro de este juzgado; b) de dicha experticial; y c) para el caso de que no fuera posible en razón de su inexistencia, de la constancia de la que se advirtiera la imposibilidad para la realización de tal opinión. 3. El veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, por el que solicitó copia certificada de: a) citatorio, de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, dirigido a Erik Roberto Uhthoff Brito; y b) de la comparecencia relativa. 4. El veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, por el que solicitó girara oficio al Servicio de Administración Tributaria, a fin de que remitiera información fiscal relativa a la persona moral "WODAABE, S.A. DE C.V.". 5. El veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, por el que solicitó copia certificada de: a) solicitud de cuatro de febrero de dos mil dieciséis y del folio mercantil 373076, del Registro Público de Comercio del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), relativo a la empresa mencionada; b) acta constitutiva de dicha persona moral; c) oficio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al que se adjuntó el informe emitido por Banorte, de uno de marzo de dos mil dieciséis, y la tarjeta de firmas registradas en esta última institución bancaria; d) dictamen rendido por el perito Alejandro Varela Sánchez; y e) declaración ministerial de Leopoldo Ignacio Jiménez Romero. TERCERO. Son ciertas las omisiones reclamadas, pues así de aprecia de la copia certificada que adjuntó la autoridad ministerial sustituta a su informe justificado, de la que se advierte que no ha dado respuesta a las peticiones realizadas por la quejosa; documental que tiene valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia que bajo el número 682 aparece publicada en la página 765 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte -SCJN Sexta Sección-, Procedimiento de amparo indirecto, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de justicia del país, de título siguiente: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN". CUARTO. En atención a que no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia identificable con el número 1340 impresa en la página 1502, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de justicia del país, con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Es fundado uno de los conceptos de violación, aunque para concluir de esa manera deba suplirse su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por lo que es procedente conceder la protección constitucional con base en las siguientes consideraciones. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la omisión de dar respuesta a una solicitud en algún procedimiento seguido ante una autoridad jurisdiccional, o bien, ante autoridades administrativas que realicen funciones materialmente jurisdiccionales -como en el caso sucede, dado que las peticiones relativas fueron realizadas en la etapa de averiguación previa-, debe analizarse acorde con los numerales 14 y 17 constitucionales, que regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, de manera armónica con el artículo 8° de la Carta Magna. Tal criterio está plasmado en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J.7/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Justicia de la Nación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Página 480, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento". En ese sentido, del anexo relativo que adjuntó la autoridad ministerial sustituta en apoyo a su informe justificado, se aprecia que no existe pronunciamiento en relación con las peticiones de la quejosa, dado que la autoridad ministerial que en su momento conoció de la indagatoria, sólo tuvo por recibidos los escritos precisados y condicionó la emisión del acuerdo correspondiente una vez que la peticionaria de amparo ratificara el contenido de tales ocursos, sin que justificara esa forma de proceder (fojas 58, 94, 104 y 105, anexo). En ese sentido, es procedente la concesión del amparo solicitado para que la agente del Ministerio Público responsable sustituta dé respuesta, de manera fundada y motivada, a las peticiones de la quejosa, determinaciones que deberá notificar en breve término a esta última. Con la precisión que el efecto de la sentencia protectora únicamente constriñe a la autoridad responsable citada para que dé contestación a la pretensión de la quejosa, pero no la vinculan a que resuelva en determinado sentido. Es orientadora la tesis pronunciada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 81, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, cuyo rubro y texto son: "PETICIÓN. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8º. Constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término y por escrito, las promociones que se presenten". Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Rocío Anaya González contra las omisiones atribuidas a la Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación C-2 de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (autoridad sustituta), consistentes en: * La abstención de dar respuesta a los escritos signados por la quejosa, dirigidos a la averiguación previa FDF/T/T2/00836/10-09, que presentó en las siguientes fechas: 1. El veintidós de marzo de dos mil dieciséis, en que solicitó: a) remitiera oficio recordatorio al Juzgado Tercero de lo Familiar de esta ciudad, a fin de que recabara copia certificada de la demanda y audiencias relativas al incidente de reducción de pensión alimenticia, derivado del juicio ordinario 410/2003; b) requiriera al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social rindiera informe en relación con algunos antecedentes laborales de Erick Roberto Uhthoff Brito; y c) solicitara a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informara diversos datos bancarios a nombre de "WODAABE, S.A. DE C.V.", que tuviera registrados a partir de dos mil siete. 2. El veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, por el que solicitó copia certificada de: a) oficio o factura por el que remitió la indagatoria y anexos relativos a la Coordinación de Servicios Periciales, a fin de que se realizara el dictamen ordenado en el juicio de amparo 274/2016, del registro de este juzgado; b) de dicha experticial; y c) para el caso de que no fuera posible en razón de su inexistencia, de la constancia de la que se advirtiera la imposibilidad para la realización de tal opinión. 3. El veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, por el que solicitó copia certificada de: a) citatorio, de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, dirigido a Erik Roberto Uhthoff Brito; y b) de la comparecencia relativa. 4. El veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, por el que solicitó girara oficio al Servicio de Administración Tributaria, a fin de que remitiera información fiscal relativa a la persona moral "WODAABE, S.A. DE C.V.". 5. El veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, por el que solicitó copia certificada de: a) solicitud de cuatro de febrero de dos mil dieciséis y del folio mercantil 373076, del Registro Público de Comercio del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), relativo a la empresa mencionada; b) acta constitutiva de dicha persona moral; c) oficio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al que se adjuntó el informe emitido por Banorte, de uno de marzo de dos mil dieciséis, y la tarjeta de firmas registradas en esta última institución bancaria; d) dictamen rendido por el perito Alejandro Varela Sánchez; y e) declaración ministerial de Leopoldo Ignacio Jiménez Romero. Tal concesión es para que la autoridad responsable citada, una vez que quede firme esta sentencia, dé respuesta, de manera fundada y motivada, a las peticiones de la quejosa, determinaciones que deberá notificar en breve término a esta última.

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