Rocio Alicia Rangel Nolasco

Expediente 1604/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1604/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Rocio Alicia Rangel Nolasco

Actuaciones

  1. Principal

    certificación de secretario respecto de la temporalidad de destrucción del expediente.-

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, en que se hace constar que no se interpuso el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el proveído de ocho de noviembre del dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a este expediente; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como concluido. Notifíquese.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN VIRTUD DE QUE NO ATENDIÓ AL CITATORIO DEJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: 08-11-2021: "Vista la demanda promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la Directora General Adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por considerarlos violatorios del artículo 17º de la Constitución Federal. REGISTRO Se ordena el registro en el libro de gobierno bajo el número 1604/2021-V, así como la formación del expediente que refiere el artículo 3 de la ley de la materia. ESTUDIO DE PROCEDENCIA Previo a proveer lo que en derecho proceda respecto de la demanda de amparo, se toma en consideración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda, y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia ésta se desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la ley de la materia, en especial, con los citados en su artículo 61, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 899 del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". La tesis en cita prevé que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo que resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Resulta necesario tener presente el contenido de la fracción XII del artículo 61 de la ley de la materia, que dice: *** La norma transcrita prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso en los términos de la fracción I del artículo 5° de la ley de la materia. El numeral al que nos remite la norma transcrita prevé que el quejoso es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que la norma, acto u omisión vulnera sus derechos fundamentales y con ello produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea directamente o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De lo expuesto se obtiene que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada que aduzca: -Ser titular de un derecho, o; -Contar con un interés legítimo individual o colectivo. El criterio obligatorio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 69/2002, donde determinó que las características que identifican al interés legítimo son: a) El éxito de la acción se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. b) Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. c) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. d) El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. e) Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo que se le considera como un interés jurídicamente relevante. f) La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. La Segunda Sala concluyó que la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o se llegue a dictar. En ese orden, los gobernados que acudan a promover el juicio de garantías deben contar con un interés legítimo que supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 141/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, diciembre del dos mil dos, página doscientos cuarenta y uno, que dice: *** Un requisito indispensable para acreditar la titularidad del interés legítimo es la existencia de una afectación indirecta en la esfera jurídica del individuo, empleándose la frase "especial situación frente al orden jurídico" con un sentido de racionalidad, esto es, refiriéndose a situaciones concretas o excepcionales que guarden características diferentes a las generales en que pueden encontrarse los gobernados frente al orden jurídico, circunstancia que debe apreciarse en cada caso para determinar si existe o no un interés legítimo cuya materialización exige que el particular resienta un perjuicio real y actual en sus derechos, aun cuando la norma no le reconozca un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente. Así, carece de interés legítimo para promover el juicio de amparo el gobernado que pretende únicamente lograr un control de legalidad abstracto sobre un acto, sin lograr un beneficio directo o indirecto en su esfera jurídica individual, pues no se advierte el modo en que esa impugnación le beneficiará ni demuestra cómo la concesión de amparo lo restituirá en el goce de un derecho violado. Apoya lo expuesto, en lo conducente, la tesis IX.2o.2 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XI, agosto del 2012, tomo 2, página 1792, que dice: *** El interés legítimo debe diferenciarse del interés simple que tiene todo miembro de la comunidad en que las autoridades cumplan con las normas de derecho objetivo, sin que ese cumplimiento implique un beneficio personal. El interés simple es el mero interés ciudadano por la legalidad, que no lo faculta para accionar el juicio de amparo, sino que únicamente permite la denuncia o la acción popular cuando las leyes lo permiten, en tanto que no requiere de una condición precisa o de una cualificación subjetiva especial. A diferencia del interés simple, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Conviene entonces destacar que la existencia del interés legítimo se corrobora determinando si la eventual concesión del amparo genera un beneficio jurídico a favor del gobernado. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2012364, de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, agosto de 2016, tomo II, página: 690, y que a la letra dice: *** Ahora, la parte quejosa acude a esta autoridad jurisdiccional solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto consistente en: "El señalamiento lejano de la Fecha para recoger copia de la resolución emitida por la autoridad responsable dentro del acuerdo de bloqueo 145/2020." Es aplicable en lo conducente y por el criterio que sostiene de que la demanda es un todo, la tesis visible en la página "167", del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1988, Octava Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: *** Al respecto, la quejosa aduce que le causa agravio la determinación controvertida, toda vez que cuenta con treinta días para promover el juicio contencioso contra la determinación emitida en el acuerdo de bloqueo 145/2020, por lo que el señalamiento del cuatro de enero de dos mil veintidós para notificarle la resolución que confirma que subsiste el bloqueo de sus cuentas. No obstante lo anterior, el artículo 13, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, señala que se podrá presenta demanda, mediante Juicio en la vía tradicional, por escrito ante la sala regional competente o, en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, la cual deberá presentarse dentro de los treinta días siguientes a aquél en el que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada o hayan iniciado su vigencia el decreto, acuerdo, acto o resolución administrativa de carácter general impugnada cuando sea auto aplicativa. Se cita el contenido de dichos numerales para mayor abundamiento: "TÍTULO II De la Substanciación y Resolución del Juicio CAPÍTULO I De la Demanda ARTÍCULO 13.- El demandante podrá presentar su demanda, mediante Juicio en la vía tradicional, por escrito ante la sala regional competente o, en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, para este último caso, el demandante deberá manifestar su opción al momento de presentar la demanda. Una vez que el demandante haya elegido su opción no podrá variarla. Cuando la autoridad tenga este carácter la demanda se presentará en todos los casos en línea a través del Sistema de Justicia en Línea. [.] I. De treinta días siguientes a aquél en el que se dé alguno de los supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, lo que se determinará conforme a la ley aplicable a ésta, inclusive cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla administrativa de carácter general. b) Hayan iniciado su vigencia el decreto, acuerdo, acto o resolución administrativa de carácter general impugnada cuando sea auto aplicativa. [.]" Luego, no se advierte el agravio que le pueda ocasionar el señalamiento de cita para notificarle la resolución que confirma la subsistencia del bloqueo de cuentas, pues para efectos de promover el juicio contencioso administrativo en contra de la referida resolución, si bien cuenta con los treinta días que señala, este plazo empezará a computarse una vez que haya surtido efectos la notificación correspondiente. Por consiguiente, la demanda de amparo indirecto que se analiza es notoria, manifiesta e indudablemente improcedente; por lo que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la Directora General Adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. Al respecto, conviene citar el criterio jurisprudencial aprobado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: *** DOMICILIO Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. AUTORIZADOS Se tienen como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que señala, al haberlas expresamente autorizado para tales fines. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita al fedatario de la adscripción para que, de ser necesario, realice las diligencias que se ordenen en este sumario, aún en días y horas inhábiles, a fin de no dilatar su tramitación. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.".- NOT.-

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