Rocío Alejandra Peña Castañeda
Expediente 461/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 461/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 02/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Rocío Alejandra Peña Castañeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito signado por Héctor Francisco Monsalvo Ayala, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual remite a dos copias de licencia médica y un acuse original de licencia médica que comprenden del día doce de agosto al veintisiete de agosto de dos mil veintiuno y una constancia de salud; al respecto se tienen por hechas las manifestaciones que vierte, para los efectos legales a que haya lugar, y por recibidas dichas constancias; no obstante, dígase que por auto de veinticinco de agosto de la presente anualidad se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de ocho de julio de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que fue ejercido por la parte quejosa; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Por consiguiente, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables, por sí o por conducto de las instancias administrativas que resulten competentes, provean lo conducente para que: De conformidad con los Acuerdos de veinticuatro de marzo -artículos primero y segundo, y de treinta y uno de marzo ambos de dos mil veinte, por el que se establecen acciones ordinarias y extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, en el ámbito de sus atribuciones, de respuesta a los escritos de quince de abril y diecisiete de junio de dos mil veinte -entregado el dieciocho de junio siguiente- determine si los padecimientos que cursa la quejosa -rinosinusitis crónica alérgica, conjuntivitis crónica, hipotiroidismo y otros- se encuentran dentro de las consideradas de riesgo de enfermar gravemente a causa del COVID-19, para considerarla persona vulnerable, de ser así, lleven a cabo las gestiones conducentes, para que, de forma inmediata, se garantice el derecho a la salud de la quejosa, a través del resguardo domiciliario de la trabajadora, lo cual implica que le sea otorgado permiso, licencia o autorización para ausentarse de sus labores, sin afectar sus prestaciones y demás derechos o prerrogativas que le corresponden y que son inherentes a su encargo en el centro de trabajo, hasta en tanto las autoridades competentes determinen el regreso a las actividades laborales de las personas consideradas como grupo vulnerable, esto es, hasta en tanto el semáforo de riesgo epidemiológico semanal se modifique a un riesgo menor (distinto al máximo). En el entendido, de resultar procedente la petición, las autoridades responsables, pueden asignar tareas laborales a la parte quejosa, siempre y cuando éstas correspondan a sus funciones cotidianas, debiéndole proporcionar lo necesario para que pueda desempeñarlas dentro de su domicilio particular, debiendo salvaguardar la integridad y salud de la quejosa, de conformidad con las consideraciones expuestas en la sentencia. Aspectos que deben ser considerados con el esencial propósito de reparar, de forma integral, las violaciones al artículo 8º y 4° constitucional.". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al remitir mediante oficio con terminación 37728/2021/LRA de seis de julio de dos mil veintiuno, copia debidamente certificada del oficio DG/120/2021 de cinco de julio de dos mil veintiuno, por el cual se advierte da atención a la ejecutoria de amparo, y procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de dicha ejecutoria protectora; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar mediante oficio DG/120/2021 de cinco de julio de dos mil veintiuno por el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo atiende a los Acuerdos de veinticuatro de marzo -artículos primero y segundo, y de treinta y uno de marzo ambos de dos mil veinte, por el que se establecen acciones ordinarias y extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, en el ámbito de sus atribuciones, y da respuesta a los escritos de quince de abril y diecisiete de junio de dos mil veinte -entregado el dieciocho de junio de dicho año- determinando que los padecimientos que señala la quejosa en dichos escritos no se encuentran dentro de las consideradas de riesgo de enfermar gravemente a causa del COVID-19, para considerarla persona vulnerable, y como consecuencia le señala que atendiendo a su petición la nueva área donde realizara sus actividades laborales, como horarios establecidos, ello tomando en consideración su trabajo encomendado conforme a sus reglamentos internos, todo ello le fue fundado, motivando y con plenitud de jurisdicción, con lo cual se desprende que las autoridades siguieron los lineamientos de la ejecutoria de amparo. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que las autoridades responsables, procedieran a dar cumplimiento a lo siguiente: ". De conformidad con los Acuerdos de veinticuatro de marzo -artículos primero y segundo, y de treinta y uno de marzo ambos de dos mil veinte, por el que se establecen acciones ordinarias y extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, en el ámbito de sus atribuciones, de respuesta a los escritos de quince de abril y diecisiete de junio de dos mil veinte -entregado el dieciocho de junio siguiente- determine si los padecimientos que cursa la quejosa -rinosinusitis crónica alérgica, conjuntivitis crónica, hipotiroidismo y otros- se encuentran dentro de las consideradas de riesgo de enfermar gravemente a causa del COVID-19, para considerarla persona vulnerable, de ser así, lleven a cabo las gestiones conducentes, para que, de forma inmediata, se garantice el derecho a la salud de la quejosa, a través del resguardo domiciliario de la trabajadora, lo cual implica que le sea otorgado permiso, licencia o autorización para ausentarse de sus labores, sin afectar sus prestaciones y demás derechos o prerrogativas que le corresponden y que son inherentes a su encargo en el centro de trabajo, hasta en tanto las autoridades competentes determinen el regreso a las actividades laborales de las personas consideradas como grupo vulnerable, esto es, hasta en tanto el semáforo de riesgo epidemiológico semanal se modifique a un riesgo menor (distinto al máximo). En el entendido, de resultar procedente la petición, las autoridades responsables, pueden asignar tareas laborales a la parte quejosa, siempre y cuando éstas correspondan a sus funciones cotidianas, debiéndole proporcionar lo necesario para que pueda desempeñarlas dentro de su domicilio particular, debiendo salvaguardar la integridad y salud de la quejosa, de conformidad con las consideraciones expuestas en la sentencia .". En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que mediante oficio DG/120/2021 de cinco de julio de dos mil veintiuno por el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo atiende a los Acuerdos de veinticuatro de marzo -artículos primero y segundo, y de treinta y uno de marzo ambos de dos mil veinte, por el que se establecen acciones ordinarias y extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, en el ámbito de sus atribuciones, y da respuesta a los escritos de quince de abril y diecisiete de junio de dos mil veinte -entregado el dieciocho de junio de dicho año- determinando que los padecimientos que señala la quejosa en dichos escritos no se encuentran dentro de las consideradas de riesgo de enfermar gravemente a causa del COVID-19, para considerarla persona vulnerable, y como consecuencia le señala que atendiendo a su petición la nueva área donde realizara sus actividades laborales, como horarios establecidos, ello tomando en consideración su trabajo encomendado conforme a sus reglamentos internos, todo ello le fue fundado, motivando y con plenitud de jurisdicción, con lo cual se desprende que las autoridades siguieron los lineamientos de la ejecutoria de amparo. No pasa desapercibido para quien resuelve las manifestaciones que vierte la parte quejosa en su escrito de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en el que señala que le fue negada su petición de vulnerabilidad y por lo anterior ya se encuentra laborando en el área asignada por la autoridad responsable, ello lo hace para no poner en riesgo su trabajo, empero, no quiere decir que este conforme con el cumplimiento que emite la responsable en razón que no toma en consideración la suspensión de plano, así como la ejecutoria de amparo ni atiende sus condición y que los semáforos varían de un día para otro y se pone en riesgo su salud, por la naturaleza de la pandemia y el trabajo que se desarrolla, además de sus padecimientos. Al respecto, dígasele a la parte quejosa que a criterio de este órgano jurisdiccional el núcleo de la ejecutoria de amparo fue cumplido en sus términos, tal como quedó señalado en párrafos que anteceden, haciéndole saber que contrario a su dicho, la concesión protectora no le fue para que dejara de presentarse a realizar sus labores en el lugar donde presta sus servicios hasta que termine la pandemia, sino que en la ejecutoria se señaló en lo conducente lo siguiente: "., en el ámbito de sus atribuciones, de respuesta a los escritos de quince de abril y diecisiete de junio de dos mil veinte -entregado el dieciocho de junio siguiente- determine si los padecimientos que cursa la quejosa -rinosinusitis crónica alérgica, conjuntivitis crónica, hipotiroidismo y otros- se encuentran dentro de las consideradas de riesgo de enfermar gravemente a causa del COVID-19, para considerarla persona vulnerable, de ser así, lleven a cabo las gestiones conducentes, para que, de forma inmediata, se garantice el derecho a la salud de la quejosa, a través del resguardo domiciliario de la trabajadora, lo cual implica que le sea otorgado permiso, licencia o autorización para ausentarse de sus labores, sin afectar sus prestaciones y demás derechos o prerrogativas que le corresponden y que son inherentes a su encargo en el centro de trabajo, hasta en tanto las autoridades competentes determinen el regreso a las actividades laborales de las personas consideradas como grupo vulnerable, esto es, hasta en tanto el semáforo de riesgo epidemiológico semanal se modifique a un riesgo menor (distinto al máximo). En el entendido, de resultar procedente la petición, las autoridades responsables, pueden asignar tareas laborales a la parte quejosa, siempre y cuando éstas correspondan a sus funciones cotidianas, debiéndole proporcionar lo necesario para que pueda desempeñarlas dentro de su domicilio particular, debiendo salvaguardar la integridad y salud de la quejosa, de conformidad con las consideraciones expuestas en la sentencia .". (lo remarcado y subrayado es propio de este estudio, para mejor claridad) Esto es, si hubiese sido procedente su solicitud de vulnerabilidad debería de ser para los efectos que señala la quejosa, sin embargo, se dio libertad de jurisdicción a la responsable y atendiera a los acuerdos señalados en la ejecutoria para también atender su solicitud tantas veces citada, y por ello esté Juzgado no puede analizar las cuestiones de fondo que ahora emite la responsable ya que no fue materia de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó por cuerda separada incidente de suspensión. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del dieciséis al treinta de agosto de dos mil veintiuno, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el catorce de junio de este año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/1594/2021, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Santiago Hernández Pérez, Delegado de las autoridades responsables, Titular de los Servicio de Salud de Morelos y Director del Hospital General de Cuernavaca "Dr. José G. Parres" mediante el cual informa que ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite copia de los oficios con los cuales refiere haber acatado el fallo protector. Al respecto, se tiene a la autoridad oficiante informando sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y con relación a su contenido dígase que por auto de ocho de julio de la presente anualidad se dio vista a las partes con el cumplimiento de ejecutoria, por lo que deberá de estarse a lo ordenado en el citado acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Santiago Hernández Pérez, Delegado de las autoridades responsables, Titular de los Servicio de Salud de Morelos y Director del Hospital General de Cuernavaca "Dr. José G. Parres" mediante el cual informa y adjunta constancias conducentes para dar debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexos, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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