Rocío Aketzali Ruiz González

Expediente 1252/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 29 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1252/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
29/09/2023

Partes del expediente

  • Rocío Aketzali Ruiz González

Actuaciones

  1. Principal

    VIII... Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Rocío ..., por derecho propio y en representación de su hija menor de edad R.A.C.R., personalidad que se le reconoce al tenor de la copia certificada del acta de nacimiento que exhibe, contra actos del Juez Segundo de lo Familiar en Tlalnepantla, Estado de México; regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número de expediente 1252/2023-VIII. Previo a pronunciarse sobre la admisión del ocurso que se provee, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Así, de la lectura integral de la demanda se advierte que se actualiza la hipótesis normativa aludida que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la contenida en la fracción XVIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo. En ese contexto, la causa de improcedencia prevista en el artículo y fracción referidos, alude a que el juicio de amparo se tornará improcedente cuando se reclamen resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales resulte procedente algún recurso, juicio o medio de defensa legal, a través del cual, puedan ser modificados, o nulificados. Lo anterior, ya que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común; entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se dijo, la acción constitucional se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos no susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal; es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional, debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, esto es, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. Ahora, en el presente asunto, la parte quejosa reclama: El auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente de origen, por medio del cual el Juez señalado como responsable determinó prevenir a la parte actora para que señale su domicilio a fin de estar en posibilidad de establecer la competencia y poder proveer sobre la demanda promovida. En ese sentido, este Juzgador estima que la parte quejosa podía obtener el remedio a las violaciones de las que le causan perjuicio respecto de la determinación reclamada emitida por el juez responsable; la que tendría que haber sido impugnada mediante la interposición del recurso de revocación a que alude los artículos 1.360, fracción I y 1.362, con relación al diverso 5.74, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, por lo que no cumplió con el principio de definitividad, respecto del acto reclamado. Ello es así, dado que es parte del juicio de origen, por tanto se encuentra facultada para hacer uso del medio de impugnación descrito antes de acudir ante esta autoridad de amparo con el fin de satisfacer el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, de tal modo que en el caso debió agotar el recurso de revocación en contra del proveído reclamado, ya que con la interposición oportuna de ese medio de defensa pudo obtener su modificación, confirmación o nulidad. Se afirma lo anterior, porque el artículo 5.74 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de México, establece cuáles son los actos contra los que procede el recurso de revocación; dentro de los cuales se precisa que contra los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales, procede dicho medio de impugnación... Del análisis sistemático del precepto legal transcrito se advierte que está previsto en el Código de Procedimiento Civiles del Estado de México vigente, las hipótesis en que procede el recurso de revocación; por ello, contra la determinación impugnada previo a la promoción del juicio de amparo la promovente debió agotar el principio de definitividad, a través del recurso de revocación. En consecuencia, si el auto impugnado en el presente juicio constitucional constituye la determinación adoptada por el juez responsable, en el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente de origen, por medio del cual el Juez señalado como responsable determinó prevenir a la parte actora para que señale su domicilio a fin de estar en posibilidad de establecer la competencia y poder proveer sobre la demanda promovida; es inconcuso que contra dicha determinación debió agotarse el recurso de revocación previo a acudir a esta instancia constitucional; de ahí que si éste no se hizo valer, se estima que no se cumplió con el principio de definitividad rector del proceso constitucional. Dicha conclusión se alcanza, pues en el presente asunto no se surte ninguna de las causas de excepción previstas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo... No pasa inadvertido para este juzgador la posible existencia de un supuesto de excepción al principio de definitividad derivado de la participación de un menor en una controversia y la imposibilidad de suspender el proceso con la interposición del recurso ordinario, que estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), del rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO" En ese criterio, el más Alto Tribunal señala como excepciones al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, las siguientes: 1. Cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor involucrado en caso de ejecutarse el acto reclamado; y, 2. El recurso ordinario que proceda en contra del acto reclamado no admita suspensión y, por ende, no sea adecuado y eficaz para alejar al niño o a la niña de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, con motivo de una afectación directa a su persona. Ahora, en el caso a estudio, se estima que no se actualizan dichos requisitos para la referida excepción al principio de definitividad, derivada del interés superior de la infancia. Ello es así, toda vez que aun cuando la parte quejosa indica que no se acordó sobre las medidas precautorias solicitadas que aduce son de carácter urgente, lo cierto es que la prevención combatida no genera en sí una afectación a su esfera jurídica, pues en este momento, no existe un agravio personal y directo, ya que depende de su actuar -desahogar la prevención efectuada-, para que el Juez señalado como responsable provea lo conducente en el juicio de origen. De ahí que, el acto reclamado por sí solo no representa una situación de vulnerabilidad para la integridad del menor, por el contrario, de no desahogar dicha prevención, se está retrasando a la autoridad responsable -de ser competente- en proveer lo conducente sobre la demanda y las medidas solicitadas. Esto es así, porque conforme a la tesis jurisprudencial, es la factibilidad de que el menor de edad involucrado resienta con el acto reclamado una perturbación a su equilibrio, a su persona o a su desarrollo normal, permitiéndose en caso de que el recurso ordinario correspondiente no paralice sus efectos, acuda de forma directa al amparo biinstancial para impedir la materialización de dicha posible vulneración, pues se parte de que en caso de concretarse, no sería factible restituirlo en la afectación ya sufrida. En ese sentido, se reitera, si en el acto reclamado la autoridad responsable previene a la parte actora para que proporcione su domicilio a fin de poder fijar la competencia respectiva, éste no genera una afectación a la integridad del citado infante. Por lo tanto, al no surtirse alguna de las excepciones al principio de definitividad, no existe justificación alguna para que la solicitante de amparo no haya agotado el recurso de revocación, que se debe interponer ante el mismo órgano jurisdiccional; máxime, que pudo obtener el remedio a las violaciones de las que se duele, ya que en dicho recurso hubiese sido factible que se anulara, revocara o modificara la parte conducente de la determinación de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis normativa aludida que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación a los diversos 35, 36 y 55, todos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de la videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en virtud de que el nombre de usuario ..., se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se autoriza consultar las actuaciones del presente expediente, así como realizar notificaciones vía electrónica. Atendiendo lo dispuesto en los citados numerales, en relación a los diversos 3º, 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, únicamente las notificaciones de carácter personal, se le practicarán vía electrónica al usuario aludido, como expresamente lo solicita, en el entendido de que queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la citada norma, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Sin que pase inadvertido que también señale un domicilio físico para oír y recibir notificaciones; sin embargo, la Ley de Amparo no prevé la posibilidad de que se tengan dos domicilios para el mismo efecto; de ahí que conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se preferirá el uso de medios electrónicos. Se hace del conocimiento que el correo electrónico y número telefónico que proporciona, será tomado únicamente para entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZADOS. Se autoriza a ...., en términos del artículo 12, primera parte, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, toda vez que su cedula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, aprobado en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. La intención de ello radica en asumir que la aplicación de la tecnología permite dar un paso sin precedentes en su compromiso con el uso responsable de las tecnologías y con la reducción del consumo de papel y demás insumos que vienen asociados a ello, razón por la cual se propone eliminar casi en su totalidad la generación de documentos físicos. ... En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa.

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