Rocío Aguilar Tejada

Expediente 203/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 17 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
203/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
16/07/2019

Partes del expediente

  • Ismael del Toro Castro y Otros.
  • Rosa Elena González Velasco y Otros.
  • Alicia Judith Castillo Zepeda
  • Rocío Aguilar Tejada
  • José de Jesús Hernández Barbosa y Otros.
  • Rocío Aguilar Tejada y Otros.
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA... ARCHÍVESE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUÍDO... EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, POR TANTO, SE REALIZARÁ DICHA CIRCUSNTANCIA UNA VEZ TRANSCURRIDOS CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO...

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiséis de junio de dos mil diecinueve. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto citado al rubro; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, Ismael del Toro Castro, Patricia Guadalupe Campos Alfaro, Rocío Aguilar Tejada, Eduardo Fabián Martínez Lomelí, Alicia Judith Castillo Zepeda, José de Jesús Hernández Barbosa, Claudia Gabriela Salas Rodríguez, Rosalío Arredondo Chávez, María Cristina Estrada Domínguez, Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas, Rosa Elena González Velazco, Luis Cisneros Quirarte, Miguel Zárate Hernández, Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, Verónica Gabriela Flores Pérez, Rosa Isela González Méndez, Benito Albarrán Corona, Eva Araceli Avilés Álvarez y Víctor Manuel Páez Calvillo, por su propio derecho, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se precisarán en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señaló que los actos reclamados son violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por cuestión de turno conoció de la demanda este juzgado; en auto de treinta y uno de enero del presente año, se ordenó desechar de plano la demanda de amparo, inconforme con dicha resolución la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante acuerdo de veinticinco de abril de dos mil diecinueve (fojas 54 a 58), se recibió el testimonio que resolvió el mencionado recurso y en acatamiento a lo ordenado por el Tribunal de Alzada se admitió a trámite la demanda de amparo; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló alegatos; se fijó día y hora para la audiencia constitucional, misma que inició a las once horas con treinta minutos del veintiséis de junio de dos mil diecinueve, y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De un análisis realizado al escrito de demanda en armonía con el resto de la información del expediente, se precisa conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que los actos reclamados se hacen consistir en: Al Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco: El acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, emitido dentro del procedimiento laboral 460/2012-B1, en el que se determinó la suspensión del cargo de los integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, por el término de quince días sin goce de sueldo. Al Actuario Notificador adscrito a la mesa B1 del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco: La notificación correspondiente al acuerdo señalado en el punto antecede, pues expresó: ".le reclamo la omisión de notificar debidamente a los quejosos el auto 29 de noviembre de 2018." Al Congreso del Estado de Jalisco: La ejecución de la medida de apremio decretada por acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, emitida dentro del procedimiento laboral 460/2012-B1. TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos. No es cierto el acto reclamado al Congreso del Estado de Jalisco, toda vez que así lo manifestó al rendir informe justificado por conducto del Director de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo del Congreso del Estado de Jalisco (fojas 106 a 111). Al respecto, la parte quejosa no aportó medios de convicción eficaces para desvirtuar la negativa del acto reclamado, toda vez que si bien se demostró la existencia del acuerdo que ordenó la suspensión, no acreditó la existencia de algún acto inminente a suspender a los aquí quejosos por un plazo de quince días sin goce de sueldo, derivado del acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho; ello en atención a que la responsable refirió: ".este Poder Legislativo no ha emitido algún acto tendiente a suspender al Funcionario quejoso, pues aún y cuando el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, emitió acuerdo que ordena la suspensión del cargo a que se refiere el quejoso en su acto reclamado, este Poder Público emitió sus actos de manera oportuna para la correcta substanciación del trámite correspondiente, pues se recibió la solicitud, se requirió por su ratificación y posterior a ello se remitió la misma a la Dirección de Procesos Legislativos para que por su conducto se pusiera a disposición de la Asamblea Legislativa y se turnara finalmente a la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal para que dictaminara lo conducente. Todo lo anterior, sin que se acepte que la solicitud de suspensión realizada por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón pueda decretarse de forma inmediata, ya que el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga a esta autoridad otorgar derecho de audiencia y defensa a los munícipes, previo a decretar el inicio del procedimiento de suspensión o revocación de mandato de cualquiera de los integrantes de un Ayuntamiento." En esa medida, toda vez que los quejosos no acreditaron que exista la inminente suspensión de sus cargos que refieren a través de la exhibición de algún medio de prueba idóneo para desvirtuar la negativa externada por el Congreso del Estado de Jalisco; en consecuencia, lo que procede es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. Ante la negativa categórica de todas las autoridades responsables, de la existencia del acto reclamado, los quejosos deben rendir elemento de convicción o prueba en contrario para demostrar que los actos reclamados son ciertos, pues de no hacerlo, el sobreseimiento es imperativo." Asimismo, es aplicable el contenido de la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En virtud de lo anterior, resulta innecesario analizar la causa de improcedencia invocada por la citada autoridad, toda vez que al haberse considerado inexistente el acto que se le reclama, resulta ocioso determinar su actualización. En cambio, son ciertos los actos identificados en los puntos 1) y 2), del considerando anterior, reclamados al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco y al Actuario Notificador de la Mesa B1, adscrito al citado tribunal laboral, ya que así lo manifestó el Pleno de dicho tribunal en proveído de seis de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente del que emana el acto reclamado, remitido por el secretario general del referido tribunal por oficio MB1/1954/2019, en vía de informe justificado (foja 66). Además, la certeza se corrobora con las constancias que obran en el presente juicio, consistentes en copias certificadas de actuaciones que integran el expediente de origen, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2º. CUARTO. Causas de improcedencia. Procede su estudio de manera preferente al referirse a un aspecto de orden público, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, respecto de los actos reclamados opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. El dispositivo señalado en primer término dispone, entre otras cosas, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. De lo anterior, se obtiene que cuando el acto que se reclama no afecta de manera real y directa derechos del peticionario de la protección constitucional, el juicio de amparo resulta improcedente. Conviene puntualizar también, que el interés jurídico, como presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, básicamente se traduce en la titularidad de un derecho legítimamente tutelado; de modo que, cuando un acto de autoridad o resolución afecta ese derecho amparado o protegido, dicho actuar se traduce en la afectación del interés jurídico, precisamente por el acto perjudicial de ese derecho y ello legitima al afectado para acudir en demanda de amparo, en los casos hipotéticamente contemplados en la ley de la materia. Así, el interés jurídico a que alude el artículo 61, fracción XII, de la citada codificación, en concordancia con el artículo 5, fracción I, consiste esencialmente, en el derecho que le asiste al gobernado para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales que estima se cometió o se pretende efectuar en su perjuicio, es decir, el interés en comentario se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en sus derechos. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia citada y por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el sólo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son acordes con la naturaleza y finalidades de dicho juicio. Cierto, conforme prescribe el artículo 5° de la Ley de Amparo, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma, acto u omisión que violente los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, prevé el principio de instancia de parte agraviada, de modo tal que la sentencia que se dicte en ese juicio sólo la proteja a ella, en cumplimiento del diverso principio conocido como de relatividad de la sentencia. Entonces, el concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquier ganancia lícita que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. En síntesis, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que el sujeto de tales derechos puede ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. Sobre el tema de que se trata, es oportuno citar, en lo conducente, la jurisprudencia emitida por la otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL." Por otra parte, conviene señalar que los artículos 140, 141, 142 y 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, contenidos en el Capítulo IV, intitulado "Del Procedimiento de Ejecución", establecen, entre otras cosas, que las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, para hacer respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas para ello; asimismo, que se impuso al referido órgano jurisdiccional la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a sus Magistrados integrantes la responsabilidad de hacerlos cumplir, facultando al mencionado Tribunal para dictar, en aras de lograr la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, todas las medidas que estime necesarias en la forma y términos, que a su juicio sean procedentes, disponiendo, en forma específica, en el artículo 143 de la Ley Burocrática Jalisciense, que el indicado órgano jurisdiccional para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer sanciones, cuya cuantía puede ir de diez a cien veces el salario mínimo general vigente en la zona económica de Guadalajara; y que cuando sea la autoridad quien deba cumplir los resolutivos del laudo, la multa será cubierta por la dependencia o entidad que haya sido condenada y si no obstante lo anterior, la autoridad reitera la negativa de cumplir, el Tribunal resolverá la suspensión en el cargo por un plazo de quince días sin goce de sueldo de los funcionarios que debieron darle cumplimiento. Todo lo correlacionado evidencia que en términos generales, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, dictando todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, incluso para hacer cumplir sus determinaciones, haciendo uso de los medios de apremio respectivos, que se pueden traducir, en la imposición de una sanción que va desde diez hasta cien veces el salario mínimo general vigente en la zona económica de Guadalajara, Jalisco o en la imposición de la suspensión en el cargo por un plazo de quince días sin goce de sueldo de los funcionarios que debieron darle cumplimiento al laudo. Ahora bien, tal y como se adelantó, con el dictado del acto reclamado no se afecta el interés jurídico de la parte quejosa y por lo tanto, se patentiza la improcedencia del juicio de amparo destacada. Para poner de relieve el porqué de la improcedencia planteada, conviene hacer notar que de los antecedentes narrados por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se observa, entre otras cosas, lo siguiente: El Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, dictó laudo condenatorio dentro de los autos del expediente laboral 460/2012-B1 de su índice. El veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, dictó acuerdo en donde se hace efectivo el apercibimiento decretado en diverso proveído de treinta de agosto de dos mil dieciocho, consistente en suspender a los quejosos en su carácter de integrantes del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, por un plazo de quince días sin goce de sueldo. Sin embargo, la decisión en lo que atañe a suspender por quince días sin goce de sueldo a los ahora quejosos como integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, autoridad demandada -de momento-, no afecta, por si misma, los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, evidenciando, como ya se adelantó, la improcedencia del juicio de amparo, puesto que si bien es cierto en dicho acto reclamado se hizo efectivo el apercibimiento lo cierto es que, el actuar por sí mismo, no genera, por el momento, menoscabo alguno a la esfera jurídica del quejoso. Cierto, si bien es verdad que el Tribunal Burocrático por acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, determinó hacer efectivo el apercibimiento a los quejosos relativo a suspender por un plazo de quince días sin goce de sueldo, cierto también resulta que para llegar a decretar dicha suspensión del cargo aún deben reunirse ciertos requisitos. Para entender el procedimiento que pueda concluir con la suspensión del cargo de los ahora quejosos, ordenada por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, y que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto de origen, se estima conveniente transcribir algunos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, mismos que a la letra señalan: "CAPÍTULO VII Substanciación Del Trámite Para La Desintegración De Ayuntamientos Y Suspensión O Revocación Del Mandato A Alguno De Sus Miembros Artículo 224. 1. Corresponde al Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, declarar la desintegración de los Ayuntamientos, y la suspensión o revocación del mandato de alguno de sus miembros, previo el cumplimiento del derecho de audiencia y defensa de los afectados. Artículo 225. 1. Cuando el Congreso del Estado reciba alguna denuncia o queja contra Ayuntamientos o Concejos Municipales o miembros de estos cuerpos colegiados por alguna o algunas de las causas graves tipificadas por la ley que establece las bases generales de la administración pública municipal, procede con arreglo a lo contenido en el presente capítulo. Artículo 226. 1. Una vez ratificada la queja o denuncia, se presenta a la Asamblea del Congreso del Estado para que se turne a las Comisiones de Gobernación y Desarrollo Municipal, las cuales califican si la causa atribuida corresponde a las previstas por la ley y, si la denuncia reúne los requisitos de procedencia, deberá dictaminarse en un plazo de hasta cuarenta y cinco días hábiles. 2. Si las comisiones de Gobernación y de Desarrollo Municipal resuelven que la queja o denuncia no debe atenderse, deben proponer dictamen de acuerdo legislativo en tal sentido para que sea la Asamblea la que resuelva lo conducente. 3. En caso de que la Asamblea apruebe la sustanciación del trámite, los presidentes de las comisiones de Gobernación y de Desarrollo Municipal notificarán inmediatamente al denunciante y a los denunciados. Artículo 227. 1. Los Ayuntamientos, Concejos Municipales o sus miembros denunciados, pueden manifestar lo que a su derecho convenga y presentar pruebas en el término de quince días hábiles a partir del día siguiente al en que fueron notificados. Artículo 228. 1. Las comisiones de Gobernación y de Desarrollo Municipal actúan como instancias instructoras del Congreso del Estado, las cuales sustancian la causa, se allegan y reciben información, argumentos, declaraciones, reconocimientos y en general todas las pruebas necesarias y desahogan las mismas para el esclarecimiento de la verdad. 2. En cualquier tiempo las comisiones señaladas en este artículo pueden recabar información o hacer los requerimientos que consideren pertinentes para el mayor esclarecimiento de los hechos. Artículo 229. 1. Dentro de los quince días naturales siguientes, se señala día y hora para que ante las comisiones instructoras se celebre una audiencia, misma que se debe efectuar dentro de los quince días naturales siguientes. 2. En dicha audiencia se desahogan las pruebas ofrecidas y se expresan los alegatos, citándose al denunciante y al representante del Ayuntamiento, Concejo Municipal o al miembro denunciado. Concluida la audiencia, las comisiones presentan, dentro de los cinco días hábiles siguientes, dictamen proponiendo el sentido de la resolución que deba adoptar el Congreso del Estado, según el caso. Artículo 230. 1. Si la resolución adoptada por el Congreso del Estado se refiere a la desintegración del ayuntamiento y esto ocurre durante el primer año de ejercicio, se comunica mediante oficio, previo decreto, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el resultado de la resolución y los términos de la convocatoria a elecciones extraordinarias. 2. Si no procede que se celebren nuevas elecciones, el Congreso del Estado designa de entre los vecinos del municipio, a propuesta conjunta de las comisiones de Gobernación, de Desarrollo Municipal y de Asuntos Electorales, a los integrantes del Concejo Municipal que concluyen el periodo respectivo, en los términos de la Constitución Política del Estado y la ley estatal de la materia. 3. El Congreso del Estado debe nombrar una comisión encargada de instalar de inmediato el Concejo Municipal. Artículo 231. 1. Cuando la queja se deba a la ausencia absoluta de la mayoría de los miembros propietarios y suplentes, de manera que no pueda integrarse el ayuntamiento, basta que las comisiones de Gobernación y Desarrollo Municipal constaten el hecho y que sometan su dictamen al Congreso del Estado, para que éste declare la desintegración del Ayuntamiento y se proceda a la designación de un Concejo Municipal o se convoque a la celebración de elecciones extraordinarias si así procede. Artículo 232. 1. Si la resolución adoptada por el Congreso del Estado se refiere a la suspensión o revocación del mandato de alguno de los miembros del Ayuntamiento, se notifica a éste para que llame al suplente y desempeñe el cargo durante el término de la suspensión, el cual no puede exceder de un año, o para que concluya el periodo en caso de revocación del mandato." De los numerales transcritos, se observa el procedimiento para la suspensión en el cargo de algún miembro de los ayuntamientos, el cual compete al Congreso del Estado de Jalisco, estipulando que una vez ratificada la queja o denuncia correspondiente, serán las Comisiones de Gobernación y de Desarrollo Municipal, las que aprueben la sustanciación del trámite, mismas que actuaran como instancias instructoras del Congreso del Estado, encargándose de substanciar el procedimiento en el desahogo de pruebas, las cuales se desahogarán en una audiencia que se celebrará a los quince días siguientes. Una vez desahogada la audiencia de referencia, las comisiones aludidas presentarán dentro de los cinco días hábiles siguientes, un dictamen en el que propondrán el sentido de la resolución que deberá adoptar el Congreso del Estado, según sea el caso. El Congreso del Estado una vez que cuente con el dictamen de las Comisiones de Gobernación y de Desarrollo Municipal, emitirá una resolución por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, para lo cual si se refiere a la suspensión o revocación del mandato, se notificará para que se llame al suplente correspondiente y desempeñe el cargo durante el término de la suspensión, el cual no podrá exceder de un año, o para que concluya el periodo en caso de revocación del mandato. Dicho lo anterior, se advierte que hasta el momento el proveído reclamado no trae afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa, dado que aún y cuando el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, solicitó o presentó solicitud para la suspensión temporal de los quejosos, ésta todavía no se determina por acuerdo del Congreso del Estado de Jalisco. Por ende, la circunstancia de que se haya hecho efectivo el apercibimiento decretado en el juicio laboral y que se haya hecho del conocimiento de los ahora quejosos relativo a suspenderlos de su cargo por quince días sin goce de sueldo como integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara Jalisco, por sí mismo, no causa afectación alguna a su interés jurídico, ya que en su caso, una vez substanciado el procedimiento respectivo y dictado el dictamen correspondiente, tendrá que otorgársele la garantía de audiencia en el mismo. Tiene apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 111/2018 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2018369, del contenido siguiente. "SUSPENSIÓN EN EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE UN AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE JALISCO, POR INCUMPLIMIENTO DE UN LAUDO. CORRESPONDE AL CONGRESO DEL ESTADO CALIFICAR SI SE ACTUALIZA UNA CAUSA GRAVE QUE AMERITE LA IMPOSICIÓN DE DICHA SANCIÓN. De acuerdo con el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Legislaturas de los Estados, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, están facultadas para suspender Ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre que éstos hayan tenido la oportunidad de defenderse. Ahora bien, el artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios prevé, entre las medidas que el Tribunal de Escalafón y Arbitraje puede emplear para lograr el cumplimiento de un laudo, la suspensión del servidor público obligado a acatarlo; no obstante, de la interpretación de su último párrafo, se advierte que cuando se trate del titular de un Ayuntamiento quien incurra en incumplimiento, el tribunal laboral deberá remitir las actuaciones correspondientes a la autoridad facultada para aplicar dicha sanción, esto es, al Congreso del Estado, a efecto de que verifique mediante el procedimiento respectivo si se actualiza una causa grave que amerite la suspensión del servidor público, pues en términos de la Constitución Federal éste es el único facultado para suspender de sus funciones al Presidente Municipal de un Ayuntamiento, por tratarse de una medida excepcional para intervenir en la permanencia de los miembros del órgano de gobierno municipal." Entonces, si dicho proveído (acto reclamado) por sí mismo no trae aparejado perjuicio alguno a la parte quejosa puesto que no existe evidencia de que se haya concluido el trámite relativo a la suspensión de los quejosos ante el Congreso local, es fácil inferir que resulta improcedente el juicio de amparo, puesto que se insiste, en el mismo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Lo anterior encuentra sustento en lo que al efecto establece la Jurisprudencia 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.- En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Por todo lo anterior, es claro, notorio y manifiesto que ante la falta de afectación real y directa al interés jurídico del quejoso, de ahí que resulte evidente se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de amparo. En virtud de la mencionada declaratoria, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, tal como lo establece la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en el apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo VI, Materia Común, visible página 335, del rubro: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Ismael del Toro Castro, Patricia Guadalupe Campos Alfaro, Rocío Aguilar Tejada, Eduardo Fabián Martínez Lomelí, Alicia Judith Castillo Zepeda, José de Jesús Hernández Barbosa, Claudia Gabriela Salas Rodríguez, Rosalío Arredondo Chávez, María Cristina Estrada Domínguez, Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas, Rosa Elena González Velazco, Luis Cisneros Quirarte, Miguel Zárate Hernández, Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, Verónica Gabriela Flores Pérez, Rosa Isela González Méndez, Benito Albarrán Corona, Eva Araceli Avilés Álvarez y Víctor Manuel Páez Calvillo. Notifíquese. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; quien actúa y firma con el licenciado Roberto Martínez Gutiérrez, secretario que autoriza y además certifica que las promociones que, en su caso, generaron la presente resolución, y la resolución misma, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico.

  3. Principal

    Se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las TRECE HORAS DEL VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el oficio que suscribe el Director de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo del Congreso del Estado de Jalisco, por medio del cual, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado. Asimismo, se le tiene señalando como sus delegados a las personas que menciona, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Amparo. De igual forma, se le tiene haciendo valer causales improcedencia, misma que será analizada al dictar la sentencia correspondiente. Con lo anterior, dese vista a las partes, en términos del precepto 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, para que se impongan de su contenido, en la inteligencia de que "dar vista" significa que los autos quedan a su disposición en la secretaría de este juzgado. Asimismo, respecto a la solicitud del Congreso del Estado de Jalisco, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite utilizar medios digitales o fotográficos para copiar el contenido de las actuaciones que obran en el presente sumario, autorizando para tal efecto a sus delegados. Sin que pase inadvertida su solicitud, de que se le gire oficio a fin de notificarle el contenido del presente proveído; no obstante, no ha lugar a proveer de conformidad a lo peticionado, toda vez que en el auto que admitió la demanda de amparo, se estableció respecto de las autoridades responsables cuáles notificaciones sí procede llevarlas a cabo mediante oficio, y en este caso el acuerdo en el que se le tiene rindiendo informe justificado, designado delegados y formulando manifestaciones, no le otorga el ejercicio de un derecho procesal, de ahí que se torne sin relevancia para ordenar la notificación por oficio.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 15,464 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano