Rocio Acosta Cervantes
Expediente 1200/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1200/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/10/2022
Partes del expediente
- Rocio Acosta Cervantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de cuyo contenido se desprende que por proveído de seis de octubre pasado, se tuvo por recibido el oficio remitido por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el cual informó que se desechó el recurso de queja interpuesto por la Directora General de Asuntos Agrarios de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Gobernador del Estado de Jalisco. Sin embargo, de manera errónea, se omitió precisar que el diverso recurso de queja interpuesto por el Director General Jurídico de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura Obra Pública del Estado de Jalisco, registró con el número de toca 429/2022, y se admitió a trámite, por tanto, de conformidad con el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la Materia, se regulariza el presente procedimiento para los únicos efectos de tener a la Superioridad informando que admitió el citado recurso de queja interpuesto en autos, por lo que se ordena asentar en autos para los efectos legales a que haya lugar. En esas condiciones, remítase el escrito original de agravios correspondiente al escrito de agravios del Director General Jurídico de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura Obra Pública del Estado de Jalisco, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio remitido vía electrónica por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por medio del cual, acusa de recibo correspondiente de los autos originales del juicio de amparo ... del índice de este Juzgado; circunstancia de la que este Órgano Federal toma conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Visto lo de cuenta, se provee: Téngase, por recibida la boleta de turno con número de registro xxxx, la cual fue solicitada a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. II. Se remite queja. Vistas las actuaciones y toda vez que ya obra la papeleta de turno, remítase al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, la digitalización del recurso de queja interpuesto contra el auto de veinte de junio de dos mil veintidós, que desechó de plano la demanda de amparo. Se hace del conocimiento del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que a partir de esta fecha, se encuentra compartido para su consulta el expediente electrónico del juicio de amparo xxxx, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual se ordena al Oficial Judicial "A" que de inmediato realice la configuración correspondiente. III. Se rinde informe. De conformidad con el artículo 101, de la Ley de Amparo, ríndase informe materia de la queja, si es cierto lo recurrido, ya que en auto de veinte de junio del actual, se desechó de plano la demanda de amparo. Se ordena al Secretario vigilar la idéntica integración del expediente físico y electrónico de este asunto, así como al integrar día a día las constancias de notificación que practique.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente y el Oficial Mayor Administrativo, ambos del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en proveído de dieciséis de junio de dos mil veintidós. En ese sentido, refiere que: "EN CUANTO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DIARIA ORDINARIA, CABE SEÑALAR QUE SE HIZO UN AJUSTE POR LO QUE CORRESPONDE AL AÑO 2022, A SOLO LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, ESTO EN VIRTUD DE QUE AL QUEJOSO SE LE CONTRATÓ Y ÉSTE EMPEZÓ A PRESTAR SUS SERVICIOS, EN EL PUESTO DE ASPIRANTE A POLICÍA EN LA ENTIDAD PÚBLICA QUE REPRESENTAMOS A PARTIR DEL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, POR LO QUE A PARTIR DE DICHO MES EL QUEJOSO ESTÁ RECIBIENDO QUINCENALMENTE DICHA PRESTACIÓN". Al respecto, dígasele que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que en caso de una separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación sea injustificada, el Estado solo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. En ese sentido, toda vez que en la sentencia dictada en el presente juicio, se determinó que el quejoso fue separado de su cargo injustificadamente como policía de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, no es dable la reinstalación del quejoso. En ese sentido, no le asiste la razón a las autoridades responsables, en el sentido de que "si bien es cierto que en la presente causa no se condenó a la reinstalación, también es cierto que no existe ningún impedimento legal para que se pueda contratar de nueva cuenta al quejoso, máxime que el motivo por el cual había sido separado de su actividad policial, no aprobación de los exámenes de control de confianza, fue anulada por la resolución de amparo". Ello pues sí existe una restricción constitucional a que la autoridad responsable recontrate al quejoso como elemento de seguridad pública. En consecuencia, a fin de que la ejecutoria de amparo sea puntualmente cumplida, deberá realizarse el pago de la indemnización y demás prestaciones a que tiene derecho el quejoso con motivo de la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, y actualizarse por la autoridad hasta la fecha del pago total, prescindiendo de considerar que ello no debe hacerse a partir del uno de abril del año en curso, puesto que, en cumplimiento a la restricción constitucional antes señalada, el quejoso no puede reincorporarse al servicio y, por tanto, debe ser separado inmediatamente del cargo que desempeña. En ese tenor, se requiere al Oficial Mayor Administrativo del municipio de Tepatitlán de Morelos, en su carácter de autoridad vinculada al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que ocurra la legal notificación de este proveído, realice el pago de la indemnización y demás prestaciones a que tiene derecho el quejoso con motivo de la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, esto es de la cantidad de xxxx, a la que deberá descontarse lo pagado con antelación por la autoridad responsable, esto es, xxxxx, y actualizado por la autoridad a la fecha del pago total, prescindiendo de considerar que ello no debe hacerse a partir del uno de abril del año en curso, puesto que, en cumplimiento a la restricción constitucional antes señalada, el quejoso no puede reincorporarse al servicio y, por tanto, deberá separarlo inmediatamente del cargo que desempeña. Lo anterior una vez que se realice el cálculo que deberá enterarse por concepto del impuesto sobre la renta correspondiente, así como la retención de las aportaciones de seguridad social que corresponden al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, préstamos, faltas o diversos impuestos. Lo cual deberán demostrar fehacientemente ante este juzgado de distrito, remitiendo copia certificada, ordenada, completa y legible de las constancias que así lo acrediten. Hágase saber a la autoridad vinculada al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que el Tribunal Pleno ha determinado que en los casos en que en acatamiento a una sentencia de amparo se deba restituir o pagar a los quejosos una determinada cantidad de dinero, las autoridades legalmente facultadas para disponer de los recursos presupuestales autorizados por el órgano competente para ello, deben realizar las acciones necesarias para efectuar el pago relativo aun cuando esos recursos no estén destinados para tal fin, sin que ello implique violación alguna al artículo 126 constitucional, en cuanto prevé que no se podrá hacer ningún pago que no esté expresamente previsto en el presupuesto de egresos, ya que esta disposición no puede oponerse a la ejecución de una sentencia de amparo, dado que es la propia Constitución General de la República la que determina la exigibilidad inmediata de su cumplimiento, al señalar en su artículo 107, fracción XVI, que en caso de que ello no suceda y su incumplimiento sea inexcusable, las autoridades responsables serán inmediatamente separadas de su cargo y consignadas al Juez de Distrito que corresponda. Asimismo, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que si bien es cierto que el presupuesto de egresos se rige por el principio de anualidad, porque el ejercicio fiscal, por razones de política tributaria, comprende un periodo de un año, para el cual se planea precisamente el gasto público que implica la programación de actividades y cumplimiento de proyectos al menos durante ese tiempo, también lo es que el artículo 126 de la Constitución acepta que el presupuesto no debe ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues prevé la posibilidad de que pueda variarse al establecer que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, de donde se desprende que en el propio texto de la norma constitucional referida, subyace el principio de modificación presupuestaria, al permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior, a saber: a) Al aprobarse el presupuesto de egresos; o, b) En ley posterior, la que por su cronología necesariamente sucede a aquel proyecto presupuestario original en el tiempo; de manera que el precepto constitucional en mención, en lugar de constituir un valladar insuperable para la autoridad responsable, prevé la posibilidad de modificación del presupuesto original para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas, es decir, su virtud es la de establecer un remedio para los casos fortuitos, que le permite solicitar los ajustes presupuestarios necesarios para enfrentar las obligaciones pecuniarias del Estado, gasto que necesaria e ineludiblemente debe autorizarse por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es impostergable. Además, si la autoridad ya tiene autorizado un presupuesto que le permite efectuar un pago, aun cuando no esté previsto específicamente en él, debe realizarlo si con ello da cumplimiento a un mandato de amparo, pues exclusivamente en esta hipótesis no podría considerarse jurídicamente que vulnerara la prohibición contenida en el artículo 126 de la Constitución General de la República, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo no puede quedar condicionado a la determinación de si se aprueba o no una partida presupuestal para hacer frente a la obligación impuesta, dado que la majestad de la Constitución Federal impone categóricamente que aquéllas sean cumplidas inexcusablemente, por lo que únicamente en esta hipótesis no puede operar el principio de responsabilidad que deriva del mencionado artículo 126 constitucional, pues técnicamente no se estaría contraviniendo, sino que se actualizaría un caso de excepción en el que no sería punible la conducta de la autoridad. El anterior aserto, encuentra sustento en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12 del Tomo XV, Abril de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO" Se apercibe a las autoridades en comento que, de no cumplir con el lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, sus integrantes se harán acreedores a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional); establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, así como la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. Se requiere también al Presidente Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en su carácter de superior jerárquico de dichas autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, ordene al Oficial Mayor Administrativo del municipio de Tepatitlán de Morelos o a quien corresponda, a que de cumplimento a la ejecutoria de amparo, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional); establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado el diez de enero de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, además que incurrirá en las mismas responsabilidades que las autoridades responsables y vinculada. Hágasele del conocimiento de dicha autoridad, en su carácter de superior jerárquico, que, para dar cumplimiento a lo anterior, no basta que emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hará acreedor a las sanciones antes mencionadas. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1380 del Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en su Décima Época, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO". Por otra parte, visto el estado procesal de autos y de las constancias que integra el presente juicio de amparo, se advierte que a la fecha ya obran las constancias de notificación realizadas a la totalidad de las partes, relativas al auto de ocho de junio de dos mil veintidós donde se tuvo a las autoridades Presidente Municipal y Presidente de la Comisión de Honor y Justicia, Sindico, Comisario de Seguridad Pública y Secretario Técnico de la Comisión de Seguridad Pública, todos del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,, interponiendo queja en contra de la interlocutoria de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintidós, donde se resolvió el incidente innominado de liquidación. En esas condiciones, por medio del oficio que se envié con los datos necesarios del presente asunto, al correo guadalupe.solorzano.aguayo@correo.cjf.gob.mx , se solicita a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que otorgue el turno correspondiente; a efecto de que en su momento, dichos medios de impugnación sean remitidos al órgano jurisdiccional, que toque conocer de los mismos y entonces pueda vincularse este expediente para su consulta. Igualmente, se ordena al Oficial Judicial A adscrito a este órgano jurisdiccional, que una vez realizado lo anterior, lleve a cabo las gestiones necesarias para que esté disponible el presente expediente, para la superioridad.
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