Rocelia Álvarez Ortiz

Expediente 33/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
33/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
17/02/2023

Partes del expediente

  • Rocelia Álvarez Ortiz
  • Luis Gerardo Chavez Marroquin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, a diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio de cuenta proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, mediante el cual acusa la recepción de este asunto, así como de su correspondiente resolución. Intégrese al expediente electrónico como constancia. Ahora, toda vez que en el presente cuaderno auxiliar no existe actuación pendiente de realizar, se ordena su archivo definitivo. Finalmente, como el juicio que nos ocupa fue tramitado vía electrónica, no hay necesidad de realizar la valoración del cuaderno de antecedentes. Cúmplase. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien actúa asistido de Rocío Guía Calderón, Secretaria de Juzgado, quien da fe.

  2. Principal

    En primero de abril de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez con el escrito recibido en la oficialía de partes, registrado bajo el folio registrado bajo el folio 4100. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, primero de abril de dos mil veintidós.********************Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente:********************Solicita copias certificadas. Incorpórese al sumario el escrito suscrito por ********************, tercera interesada; en su atención y con fundamento en el artículo 279 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse las copias certificadas que solicita, previo recibo de estilo que en autos deje.******************** En esa virtud, hágasele del conocimiento del ocursante que, de conformidad con el artículo 3o, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, deberá programar cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios Jurisdiccionales", y generar el código QR, a nombre de la persona autorizada para recibir dichas documentales, debiendo confirmar previamente, la autorización y QR brindados para tal efecto. Se precisa que en la hora y fecha que se le programe deberá presentar electrónicamente en un dispositivo móvil o impreso, el mencionado código QR, a fin de que puedan ingresar al edificio sede del Poder Judicial de la Federación.********************Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.********************Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  3. Incidental

    En veintitrés de marzo de dos mil veintidós, que el término legal de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia que sobreseyó el presente juicio transcurrió del siete al dieciocho de marzo del año en curso, descontando los días inhábiles, sin que lo hubiere hecho, toda vez que fue notificada el tres de marzo pasado; con la anterior certificación y con el estado procesal se da cuenta al Juez . Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que el dieciocho de marzo del año en curso, feneció el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva que decretó el sobreseimiento en el presente juicio, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1 Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a los cuadernos incidentales toda vez que no se aperturaron. 4. Devolución de constancias. Devuélvanse los autos juicio ordinario civil 17/2021, que remitió el Juez Primero de Primera Instancia en materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo como justificante de su informe, toda vez que resulta innecesaria su conservación. Solicitándose a la autoridad el acuse de recibo respectivo. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  4. Principal

    dos de marzo de dos mil veintidós S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo número 33/2022, promovido por Rocelía Álvarez Ortiz, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso presentado el diecisiete de enero de dos mil veintidós, Rocelía Álvarez Ortiz, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto de las autoridades que hizo consistir en: "LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. Lo es el C. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, con domicilio bien conocido en esta ciudad, para efectos de su notificación, en domicilio bien conocido, en calzada Benito Juárez, número 105, de esta ciudad de Uruapan, Michoacán. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Todo lo actuado dentro del expediente número 17/2021, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial de Uruapan, lo que culminó con la DILIGENCIA DE ENTREGA DE INMUEBLE de fecha 9 nueve de diciembre de 2021; en la que indebidamente se puso en posesión a la señora Diocelina Durán Torres, del inmueble ubicado en lote antes 08 ocho, hoy 11 once, de la manzana antes 09 nueve, ahora 20 veinte, de la zona 0, de la antes colonia Ejidal Popular, General Lázaro Cárdenas del Río, A.C. ahora Ex ejido de Santa Catarina, en la ciudad de Uruapan, Michoacán; actos que se llevaron a cabo dentro del expediente número 17/2021, sin que la suscrita, en cuanto poseedora del mismo inmueble, haya sido llamada a juicio, ya que nunca fui enterada de la tramitación del mismo, y mucho menos fui llamada en cuando demandada dentro de los autos del juicio ya referido, no obstante que dicha posesión la detente en forma pública pacífica, a título de dueña e ininterrumpidamente desde el año de 1992, que lo adquirí por cesión onerosa". La quejosa expuso que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado, señaló la existencia de la parte tercero interesada; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por acuerdo de dieciocho de enero de dos mil veintidós, se radicó la demanda de amparo con el número 33/2022, se previno a la parte quejosa, para que expresara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Secretario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. En proveído de treinta y uno de enero de la presente anualidad y ante la omisión de la quejosa de desahogar el requerimiento antes mencionado, se admitió a trámite la demanda, únicamente por la autoridad señalada en su escrito inicial, se requirió el informe justificado, se ordenó dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación y emplazar a la parte tercero interesada, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en esta misma data al tenor del acta que antecede, por lo que se procede a emitir la siguiente determinación. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclama un acto de autoridad, con ejecución dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad: ? Todo lo actuado dentro juicio 17/2021, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, que sobre reivindicación de inmueble, promovió Diocelina Durán Torres, frente a Leopoldo Almanza, respecto del inmueble ubicado en el lote once, manzana veinte, zona uno, de terreno perteneciente al núcleo agrario de Santa Catarina, ubicado en la calle Francisco I. Madero, de la colonia Los Laureles, segunda sección, anteriormente Ejido Santa Catarina y/o colonia Ejidal Lázaro Cárdenas, de esta ciudad, y la diligencia de entrega de dicho de inmueble de diecinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal/, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, residente en esta ciudad, ya que así lo reconoció al momento de rendir su informe de ley. Además, su certeza se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe con justificación, consistentes en el original del juicio ordinario civil número 17/2021, la cual tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º., atendiendo a su naturaleza de documental pública. Ilustra, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal , de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo, antes de proceder al estudio de los motivos de disenso que atañen el fondo del asunto, deben analizarse las causales de improcedencia cuya materialización aleguen las partes o se aprecian actualizadas oficiosamente, ya que ello implica una cuestión de orden público, tal y como se establece en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son aplicables, las jurisprudencias, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por razón de método se estudiaran por separado los actos reclamados. ? Respecto de todo lo actuado dentro juicio 17/2021, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, que sobre reivindicación de inmueble, promovió Diocelina Durán Torres, frente a Leopoldo Almanza. La tercero interesada, hace valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo , que establece que el juicio de amparo es improcedente, contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley. Resulta necesario precisar que el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , señala que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo vigente, en que se apoya la causa de improcedencia de referencia, establece que el juicio de amparo será improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5º de dicho ordenamiento legal. Por su parte, el artículo 5º, de la Ley de Amparo vigente, en su fracción I , establece que tiene el carácter de quejoso en el juicio de amparo, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la ley de la materia, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Del contenido de los preceptos trascritos, se obtiene que como requisito de procedencia del juicio de amparo, la quejosa debe acreditar tener interés jurídico o legítimo, individual o colectivo, salvo para los asuntos en que se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en cuyo supuesto, el quejoso deberá necesariamente, aducir ser titular de un derecho subjetivo que lo afecte de manera personal y directa. Para una mejor comprensión de la presente resolución, conviene precisar que el interés legítimo o interés jurídico puede definirse, como aquel interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor del quejoso. Dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. También, por "agravio" debe entenderse todo menoscabo o toda ofensa que se infrinja a la persona física o moral, ya sea de naturaleza patrimonial o no, siempre que sea apreciable objetivamente. En otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. Es aplicable, la jurisprudencia de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." Además, el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio éste que reglamenta el artículo 6º de la Ley de Amparo al disponer, en lo conducente, que la solicitud de garantías puede promoverse por la persona física o moral a quien le afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del numeral 5º de la ley de la materia. Ese principio de instancia de parte agraviada no es ajeno al amparo que se intenta en contra de ordenamientos de observancia general, pues para que el juicio resulte procedente, aquéllos deben provocar un perjuicio jurídico en la esfera del gobernado que lo legitime para accionar el medio de control constitucional; dicho perjuicio bien puede provenir de la sola vigencia de la norma, o en su caso, de un acto, en el que la misma se aplique. De los preceptos legales previamente citados, podemos advertir lo siguiente: ? El interés jurídico o legítimo se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma legal que se concreta en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. ? El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de una persona física o moral en lo particular. ? No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. ? En el juicio de amparo el quejoso debe acreditar fehacientemente que es titular de un derecho que es violado por un acto de autoridad. Es aplicable, la tesis , del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." La noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. La acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte la persona o los derechos del impetrante, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución General de la República las personas físicas, morales, de derecho privado y oficiales que sufren una afectación en su persona o patrimonio, derivada de una ley o de un acto de autoridad que viole sus garantías individuales, tienen facultad para intentar la acción reparadora ante los Tribunales de la Federación. Conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se hace a los derechos o intereses de un particular. Ahora, es de explorado derecho, tratándose del juicio de garantías, el interés jurídico como noción fundamental presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. Además, de acuerdo con el artículo 6º, de la ley de la materia vigente, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o, en su caso, por la ley. Así, los que litigan en un juicio son partes de éste, que se les denomina actor y demandado y son aquellas a quienes desde ese momento les nace el derecho a que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, o se les absuelva de las prestaciones reclamadas, respectivamente; en otras palabras, parte es todo aquel que pide o contra el cual se pide en juicio una declaración de derecho, por tanto, son las únicas que en ese procedimiento pueden hacer uso de todo derecho que les consigne la ley, ya para demostrar su acción, ya para sus excepciones, así como de impugnar los acuerdos o resoluciones que les agravie, a través de los recursos correspondientes y, por ende, son la únicas facultadas, cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad, para acudir ante el órgano jurisdiccional federal, demandando el cese de esa violación. Lo que no acontece en el caso, porque la parte quejosa no es parte en el juicio natural. Para corroborar, tal afirmación, es necesario realizar una relación de los principales antecedentes del acto reclamado, los cuales se desprenden de las constancias que remitió la autoridad responsable: a. Diocelina Duran Torres, a través de sus apoderados jurídicos, en la vía ordinaria civil y en ejercicio de la acción reivindicatoria demandó a Leopoldo Almanza. b. Demanda que correspondió conocer al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, residente en esta ciudad, quien en auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, la registro con el número 71/2021 y la admitió a trámite, ordenando el emplazamiento de la parte demandada. c. Seguido el juicio por sus cauces legales, el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, el Juez natural dictó sentencia definitiva, en la que determinó que la parte actora Diocelina Duran Torres, justificó los hechos constitutivos de su acción real sobre reivindicación de inmueble, frente de Leopoldo Almanza, por lo que lo condenó a restituir a favor de la actora el inmueble materia de conflicto. d. En acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, el juez responsable, declaró ejecutoriada la sentencia definitiva y el veintidós de noviembre del mismo año, señaló día y hora para la entrega real y material del bien inmueble de mérito, la que se llevó a cabo en diligencia de diecinueve de diciembre siguiente. Como se advierte de la exégesis anterior, al no seguirse el juicio natural contra la ahora quejosa Rocelia Álvarez Ortíz; en donde en modo alguno se le reclama ninguna de las prestaciones demandadas; resulta inconcuso que no se siguió la litis natural, en su contra, tampoco le agravia todo lo actuado; resulta inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo; pues las partes en ese juicio de origen, según quedó precisado con antelación, son la únicas facultadas, cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad, para acudir ante el órgano jurisdiccional federal demandando el cese de esa violación. Es aplicable, la tesis del tenor literal: "AMPARO IMPROCEDENTE, CUANDO EL QUEJOSO NO ES PARTE EN EL JUICIO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si de las constancias de autos se aprecia que el quejoso no fue parte en el juicio del que deriva la sentencia reclamada, es evidente que ésta no afecta su interés jurídico y, por lo mismo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo. A esto debe agregarse que de conformidad con el artículo 4°. del mismo ordenamiento legal, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo aquel a quien perjudica el acto reclamado, por lo que, en tal caso, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 4o., ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Además, de las constancias que remitió la autoridad responsable como apoyo a su informe con justificación, no se advierte algún acto de ejecución, específicamente contra la aquí quejosa; en ese orden de ideas, es inconcuso que la actuación del juez civil responsable, no depara perjuicio alguno contra el impetrante de garantías. De ahí, que al ostentarse como tercera extraña a juicio de origen, es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que la quejosa es ajena a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado; y, por ende no le causa ningún agravio personal y directo. Es aplicable, la jurisprudencia, del tenor siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo." En las relatadas consideraciones, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, promovido por Rocelia Álvarez Ortiz, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que hace al acto reclamado como: Todo lo actuado dentro del Juicio Ordinario Civil número 17/2021, del índice del Juez responsable, promovido por Diocelina Durán Torres, contra Leopoldo Almanza. ? En relación con el diverso acto reclamado, consistente en la diligencia de entrega de dicho de inmueble de diecinueve de diciembre de dos mil veintiuno, este órgano de control constitucional, estima que de igual forma, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con la diversa I del numeral 5 , ambos de la Ley de Amparo. Conforme al primer precepto señalado, la acción constitucional es improcedente cuando se reclaman actos que no afectan los intereses jurídicos o legítimos de la quejosa, en los términos establecidos en la fracción l del artículo 5o. de la Ley de la Materia, así como también, cuando se reclaman normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. A su vez, del numeral 5, fracción l, de la Ley de Amparo, dispone que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; en consecuencia, la parte quejosa debió acreditar su interés jurídico para la procedencia del presente juicio de amparo. Por interés jurídico debe entenderse el derecho que asiste a un particular para reclamar un acto proveniente de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, la afectación a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal; o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad . De acuerdo con lo anterior, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violentado, y es lo que configura el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Lo anterior se robustece con la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del título: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS" De lo expuesto, se evidencia que aun cuando al juicio de amparo pueda acudir cualquier gobernado que alegue tener un interés jurídico, debe demostrar el requisito de la existencia de afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, ya sea económica, profesional o de otra índole, que de cualquier modo pueda ser oponible, cualificado, actual y real. Es decir, no basta con afirmar que se afecta el interés de la peticionaria de amparo, sino que debe demostrarse que el acto reclamado afecta su esfera jurídica. En este orden de ideas y en atención al estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que Rocelia Álvarez Ortíz, ostentándose como tercera extraña al juicio civil 17/2021, que sobre reivindicación de inmueble, promovió Diocelina Durán Torres, frente a Leopoldo Almanza, respecto del inmueble ubicado en el lote once, manzana veinte, zona uno, de terreno perteneciente al núcleo agrario de Santa Catarina, ubicado en la calle Francisco I. Madero, de la colonia Los Laureles, segunda sección, anteriormente Ejido Santa Catarina y/o colonia Ejidal Lázaro Cárdenas, de esta ciudad, y la diligencia de entrega de dicho de inmueble de diecinueve de diciembre de dos mil veintiuno, reclama la diligencia de entrega de inmueble de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, sobre dicho inmueble. Sobre ese tópico, la quejosa arguye que el inmueble del cual se ordenó la restitución a la parte actora en el juicio de origen, es de su posesión, ya que la tiene desde el año mil novecientos noventa y dos, y que se le debió reclamar a ella la posesión del referido predio. A fin de defender el derecho de posesión que dice le asiste, allegó los siguientes medios probatorios: 1. Constancias del juicio 17/2021, tramitado ante el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, que sobre reivindicación de inmueble, promovió Diocelina Durán Torres, frente a Leopoldo Almanza, respecto del inmueble ubicado en el lote once, manzana veinte, zona uno, de terreno perteneciente al núcleo agrario de Santa Catarina, ubicado en la calle Francisco I. Madero, de la colonia Los Laureles, segunda sección, anteriormente Ejido Santa Catarina y/o colonia Ejidal Lázaro Cárdenas, de esta ciudad, del que deriva el acto reclamado. 2. Copia certificada de las principales constancias del juicio ordinario civil sobre prescripción positiva número 278/200, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, promovido por la aquí quejosa frente a Diocelina Duran Torres y del Instituto Nacional del Suelo Sustentable "INSUS". Documentales, que si bien tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, son insuficientes para acreditar la titularidad que dice tener respecto del inmueble que defiende; esto es, que tiene la posesión del mismo, virtud a que no son las pruebas idóneas para acreditar que es titular de tal derecho. Es así, ya que respecto de la documental destacada con el número 1, únicamente se advierte la tramitación del juicio que sobre reivindicación de inmueble, promovió Diocelina Durán Torres, frente a Leopoldo Almanza, respecto del inmueble ubicado en el lote once, manzana veinte, zona uno, de terreno perteneciente al núcleo agrario de Santa Catarina, ubicado en la calle Francisco I. Madero, de la colonia Los Laureles, segunda sección, anteriormente Ejido Santa Catarina y/o colonia Ejidal Lázaro Cárdenas, de esta ciudad, en el que mediante sentencia definitiva se condenó al demandado a la restitución del inmueble materia de conflicto y en el que la quejosa no fue parte. Y, por lo que ve a la diversa documental, se observa que la aquí quejosa, mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, ante el Juzgado de referencia, presentó demanda en la vía ordinaria civil y en ejercicio de la acción de prescripción positiva contra Diocelina Duran Torres y del Instituto Nacional del Suelo Sustentable "INSUS", a quienes les reclama la acreditación de la prescripción positiva a su favor, al tener mejor derecho para poseer el inmueble ubicado lote antes 08 ocho, hoy 11 once, de la manzana antes 09 nueve, ahora 20 veinte, de la zona 0, de la antes colonia Ejidal Popular, General Lázaro Cárdenas del Río, A.C. ahora Ex ejido de Santa Catarina, en la ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo; así como, la firma de la escritura pública a su favor; que dicha demanda fue admitida por el Juez responsable en auto de uno de julio de dos mil veinte, y en diligencias de cuatro de agosto de dos mil veinte y seis de diciembre de dos mil veintiuno, se realizó el emplazamiento de la parte demandada, entre ellas, la aquí tercero interesada; es decir, únicamente acredita ser la parte actora en dicho juicio, en el que incluso no se ha emitido sentencia alguna que le reconozca algún derecho. De ahí que si la quejosa, como tercera extraña en el juicio natural, no demuestra la legítima propiedad o posesión del inmueble materia del juicio de donde deriva el acto reclamado, es evidente que no puede afirmarse que dicho acto le cause perjuicio y, por ende, cabe concluir que el mismo no afecta su interés jurídico. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica del derecho común; de manera que la promovente tenga una base objetiva que, en forma fundada y razonable, produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien inmueble, entendiéndose por título, en general, la causa generadora de la posesión; lo que en el caso no acontece. En esa tesitura, las pruebas aportadas por la impetrante de amparo resulten insuficientes para acreditar que la diligencia de entrega de inmueble dictada en el juicio de origen, vulnere sus derechos patrimoniales, por lo que no se puede tener por demostrado fehacientemente su interés jurídico para reclamar los actos que atribuyó a la autoridad responsable. Es aplicable, la jurisprudencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002, página 5, Novena Época, con número de registro digital 187733, que dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". De ahí que lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XII del artículo 61, vinculada con la diversa I del numeral 5o., de la Ley de Amparo, respecto al acto en estudio. Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, toda vez que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo, atento al criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, del epígrafe "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" . QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 33/2022, promovido por Rocelia Álvarez Ortiz, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, ante Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, secretaria que autoriza y da fe

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · 3,119 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano