Rocali Silva Álvarez y Otros.
Expediente 221/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 23 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 221/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 19/10/2022
Partes del expediente
- Rocali Silva Álvarez y Otros.
- Rocali Silva Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se desprende que el expediente en que se actúa, fue foliado de forma incorrecta, ya que posterior a la foja cuarenta y cuatro, se continuó duplico el dígito, siendo correcto continuar con el número cuarenta y cinco, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordena regularizar el folio del presente asunto. Cúmplase.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y tercero interesado manifestaran su inconformidad contra la determinación de ocho de septiembre de dos mil veintidós, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no se inconformaron. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I, inciso b), del artículo 18, del citado Acuerdo General, al ser un juicio que concedió el amparo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término de tres años a partir de esta fecha, como dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurar el presente expediente, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente depurado. 3. Transferir el expediente principal, una vez terminado el proceso de depuración, al Centro Archivístico Judicial, tal como lo dispone el último párrafo del artículo 18, del acuerdo en comento. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa y tercero interesada en proveído de veinticuatro de agosto del año en curso, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable adujó haber dado al fallo constitucional pronunciado en el presente juicio; por lo que es procedente dictar la resolución a que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Antecedentes. Previo al análisis de las constancias que obran en autos relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, resulta necesario destacar los acontecimientos que se enlistan a continuación: El dieciséis de junio de dos mil veintidós, se dictó resolución definitiva en la que se determinó conceder la medida protectora solicitada por la parte quejosa. Toda vez que la sentencia no fue recurrida, por auto de cinco de julio de dos mil veintidós, se declaró que la misma causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad obligada que diera cumplimiento al fallo constitucional. La autoridad responsable 1. Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por conducto de la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Secretaria General de Acuerdos, con sede en Pichucalco, Chiapas, por oficios registrados con folios 13641 y 13642, de cinco y nueve de agosto del año en curso, respectivamente, remitió las constancias con las que adujó acatar la ejecutoria de amparo. Luego, el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con las documentales antes referidas, para que dentro del término de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera; la cual no fue desahogada tal como se desprende de la certificación de cuenta. SEGUNDO. Efectos de la ejecutoria de amparo. En sentencia constitucional de dieciséis de junio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que la 1. Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Pichucalco, Chiapas, realizara lo siguiente: "(.) a) Deje sin efectos la resolución de tres de febrero de dos mil veintidós, emitida en el toca civil ***, mediante la cual confirmó el auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por la 2. Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas, en el expediente ***, por el que ordenó suspender el procedimiento de ejecución de sentencia. b) En su lugar emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción se pronuncie nuevamente sobre la procedencia de la suspensión del procedimiento de ejecución, pero purgando los vicios destacados en la presente sentencia. En concreto, deberá prescindir de estimar aplicable al caso la hipótesis contenida en el artículo 422, fracción X, inciso b) del Código de Procedimientos Civiles del Estado; asimismo, al momento de resolver, necesariamente habrá de considerar el estado procesal del asunto (ejecución de sentencia), el impacto que el fallecimiento de un sujeto ajeno a la litis tiene sobre el mismo, y si efectivamente el albacea perdió la representación de parte de la sucesión, trayendo consigo la inejecutabilidad de la sentencia, en términos de lo establecido en el considerando que antecede." TERCERO. Análisis de cumplimiento. Una vez precisado lo anterior, se procede al examen de las constancias que en copia certificada remitió la autoridad responsable en mención, la cual adquieren valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. Así, analizadas las actuaciones que obran en autos, se desprende que en cumplimiento al fallo protector la autoridad responsable 1. Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Pichucalco, Chiapas, pronunció la resolución de nueve de agosto actual, en el toca civil ***, de su índice. Ahora, en observancia al efecto indicado con el inciso a) la responsable en el considerando tercero de la citada resolución determinó: ".se declara INSUBSISTENTE, la resolución dictada por esta Sala el 03 tres de febrero de 2022 dos mil veintidós, en el presente Toca Civil número ***, formado con motivo al recurso de apelación interpuesto por ***, en contra del auto de fecha 01 uno de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, dictada por el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito judicial de Pichucalco, en el expediente número ***, relativo al JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por el apelante, en contra de ***." Por otra parte, para acatar el efecto indicado en el punto b), la autoridad en comento, se encuentra obligada a purgar los vicios destacados en el fallo protector, los cuales son esencialmente los siguientes: 1. No puede estimarse válido lo aseverado por la autoridad responsable en torno a que al precepto 422, fracción X, inciso b) del Código de Procedimientos Civiles del Estado, resulta aplicable al caso y que, por tanto, procedía ordenar la suspensión del procedimiento a partir de su contenido, toda vez que no puede pasar inadvertida la regulación que la propia ley establece, y menos aún aplicarla de forma indiscriminada sin considerar el estado procesal del asunto, ni las consecuencias de paralizar la ejecución de una sentencia firme (cosa juzgada). 2. Dejó de considerar que en la especie el coheredero fallecido no figuró como demandado, sino que se encuentra inmerso en la sucesión a bienes de *** y/o ***, misma que actualmente está representada por su albacea ***. 3. Tampoco se ocupó de analizar si efectivamente la muerte de uno de los coherederos cesó en automático el cargo de albacea de *** por lo que al occiso se refiere, lo cual se estima relevante, pues también habló de la excepción a la regla de suspender del procedimiento por muerte de una de las partes, cuando se encuentra representada por un mandatario, y determinó que en el caso no se actualizaba tal supuesto. 4. Su resolución incluso resulta contradictoria toda vez que previo a determinar la suspensión del procedimiento al establecer que el de cujus no se encuentra representado, sin embargo, previo a ello, señaló que el albacea es el órgano representativo de la copropiedad hereditaria para actuar en nombre y por cuenta de los herederos o legatarios, en todo lo relativo a la defensa y administración de los bienes; apreciación que aun cuando fuera correcta, en realidad no fue sustentada en algún precepto legal o criterio aislado o jurisprudencial para estimarlo válido. 5. Aunque ciertamente, conforme al artículo 1633 del Código Civil para el Estado, si el heredero fallece sin aceptar o repudiar la herencia, el derecho de hacerlo se transmite a sus sucesores, lo cierto es que por ese simple hecho no puede determinarse procedente una suspensión sin antes considerar el estado procesal del asunto (ejecución), el impacto que el fallecimiento de un sujeto ajeno a la litis tiene sobre el mismo, y si efectivamente el albacea perdió la representación de parte de la sucesión, trayendo consigo la inejecutabilidad de la sentencia. En ese tenor, en la sentencia constitucional de mérito se concluyó que el órgano colegiado responsable actúo en forma contraria al contenido del artículo 16 constitucional, en la medida que basó su postura en un precepto inmerso en una regulación que resulta inaplicable a la etapa de ejecución de sentencia, aunado a que dejó de considerar aspectos relevantes para resolver la pretensión sometida a su potestad. Luego, en atención a las consideraciones antes reseñadas, la 1. Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Pichucalco, Chiapas, en resolución de nueve de agosto actual, en el toca civil ***, de su índice, precisó que el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en el juicio de origen, la cual no fue recurrida por ninguna de las partes, por lo que causó ejecutoria en proveído de cuatro de noviembre del año pasado, concluyendo que la etapa en la que se encuentra el procedimiento en estudio se encuentra en la etapa de ejecución. Posteriormente, estableció que la suspensión del procedimiento decretada por el juez de primera instancia en auto de uno de septiembre de dos mil veintiuno, tuvo lugar con posterioridad al dictado de la sentencia; es decir, en la etapa de ejecución. Del mismo modo, detalló el contenido del precepto 422, fracción X, inciso b) del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, precepto legal que se encuentra inmerso en el "TITULO SÉPTIMO", denominado "DE LOS INCIDENTES Y LA CADUCIDAD", particularmente en el "CAPITULO I", intitulado "DE LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA", de la citada legislación, del cual advirtió, que la caducidad de la instancia puede configurarse tanto en la primera como en la segunda instancia, y sólo opera cuando el juicio se encuentra en estado de resolución pendiente de trámite que tienda a esa finalidad. Además, que en dicha normativa se establece diversos supuestos en los que no operará dicha figura, entre los que se encuentran las diligencias practicadas en ejecución de sentencia que haya pasado ante la autoridad de cosa juzgada, así también, que la suspensión del proceso interrumpe el término de la caducidad, la cual tendrá lugar, entre otros casos, cuando sea necesario esperar la resolución de una cuestión previa o conexa por el mismo juez o por otras autoridades. En vista de ello, determinó que bajo esa perspectiva, en el asunto sometido su potestad, el negocio se encuentra en ejecución de sentencia, por tanto, no opera la caducidad, en virtud de que la autoridad de cosa juzgada origina la extinción de la o las instancias respectivas, lo cual impide traer la caducidad de las mismas a debate. Por otro lado, en relación al análisis derivado de la muerte de uno de los coherederos y el cese automático el cargo de albacea de *** por lo que al occiso se refiere, la autoridad responsable determinó que dicho fallecimiento no es razón o causa suficiente para suspender el procedimiento, primeramente porque la litis no fue entablada en contra de *** -de cujus-, sino fue promovida por ***, en contra de ***, en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de *** y/o ***, por ser la persona que originalmente contrajo la deuda hipotecaria. Asimismo, señaló que el cargo de albacea doctrinaria y jurisprudencialmente ha sido considerado como un mandato, el cual de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2574 del Código Civil para el Estado de Chiapas, no se extingue con la muerte; por lo que, el albacea se encuentra facultada para proseguir el juicio donde fue designada, aun ante la muerte de uno de sus mandantes, para evitar daños y perjuicios a la sucesión de que se trate y mientras no se declare judicialmente que ha cesado en el encargo, se encuentra facultada para defender en el procedimiento y fuera de él, a la herencia como la validez del testamento y, en general, atender su administración y representación de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1679 y 1680, fracción VIII, de la ley sustantiva civil. Por tanto, determinó que al encontrarse el procedimiento en etapa de ejecución de sentencia, no es aplicable el contenido del artículo 422, fracción X, inciso b), del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas; así como tampoco, procede ordenar la suspensión de forma indiscriminada sin considerar el estado procesal del asunto, ni las consecuencias de paralizar la ejecución de una sentencia firme, motivo por el cual determinó revocar el auto de tres de febrero de dos mil veintidós y procedió a dictar los términos en que debería quedar el auto recurrido en primera instancia. Lo anterior, pone de manifiesto que el actuar de la responsable se ajustó a lo ordenado en el fallo constitucional, pues a consideración del suscrito, prescindió de estimar aplicable al caso sometido a su potestad, la hipótesis contenida en el artículo 422, fracción X, inciso b) del Código de Procedimientos Civiles del Estado; asimismo, consideró el estado procesal del asunto (ejecución de sentencia), el impacto que el fallecimiento de un sujeto ajeno a la litis tiene sobre el mismo, y si efectivamente el albacea perdió la representación de parte de la sucesión, trayendo consigo la inejecutabilidad de la sentencia y con libertad de jurisdicción procedió a emitir una nueva determinación. En esa tesitura, las actuaciones reseñadas evidencian que se restituyó al peticionario de amparo en el goce del derecho fundamental contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se concluyó vulnerado en la sentencia de amparo, relacionado con los principios de legalidad y seguridad jurídica, pues ante los actos realizados en esta etapa, regresaron las cosas al estado que tenían antes de esa privación. Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional determina: Único: La autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo de dieciséis de junio de dos mil veintidós, en forma total, sin excesos ni defectos, al considerar que acató el núcleo esencial de la misma. Para los efectos del precepto 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes. Notifíquese.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa y tercero interesada en proveído de veinticuatro de agosto del año en curso, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable adujó haber dado al fallo constitucional pronunciado en el presente juicio; por lo que es procedente dictar la resolución a que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Antecedentes. Previo al análisis de las constancias que obran en autos relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, resulta necesario destacar los acontecimientos que se enlistan a continuación: El dieciséis de junio de dos mil veintidós, se dictó resolución definitiva en la que se determinó conceder la medida protectora solicitada por la parte quejosa. Toda vez que la sentencia no fue recurrida, por auto de cinco de julio de dos mil veintidós, se declaró que la misma causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad obligada que diera cumplimiento al fallo constitucional. La autoridad responsable 1. Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por conducto de la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Secretaria General de Acuerdos, con sede en Pichucalco, Chiapas, por oficios registrados con folios 13641 y 13642, de cinco y nueve de agosto del año en curso, respectivamente, remitió las constancias con las que adujó acatar la ejecutoria de amparo. Luego, el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con las documentales antes referidas, para que dentro del término de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera; la cual no fue desahogada tal como se desprende de la certificación de cuenta. SEGUNDO. Efectos de la ejecutoria de amparo. En sentencia constitucional de dieciséis de junio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que la 1. Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Pichucalco, Chiapas, realizara lo siguiente: "(.) a) Deje sin efectos la resolución de tres de febrero de dos mil veintidós, emitida en el toca civil ***, mediante la cual confirmó el auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por la 2. Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas, en el expediente ***, por el que ordenó suspender el procedimiento de ejecución de sentencia. b) En su lugar emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción se pronuncie nuevamente sobre la procedencia de la suspensión del procedimiento de ejecución, pero purgando los vicios destacados en la presente sentencia. En concreto, deberá prescindir de estimar aplicable al caso la hipótesis contenida en el artículo 422, fracción X, inciso b) del Código de Procedimientos Civiles del Estado; asimismo, al momento de resolver, necesariamente habrá de considerar el estado procesal del asunto (ejecución de sentencia), el impacto que el fallecimiento de un sujeto ajeno a la litis tiene sobre el mismo, y si efectivamente el albacea perdió la representación de parte de la sucesión, trayendo consigo la inejecutabilidad de la sentencia, en términos de lo establecido en el considerando que antecede." TERCERO. Análisis de cumplimiento. Una vez precisado lo anterior, se procede al examen de las constancias que en copia certificada remitió la autoridad responsable en mención, la cual adquieren valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. Así, analizadas las actuaciones que obran en autos, se desprende que en cumplimiento al fallo protector la autoridad responsable 1. Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Pichucalco, Chiapas, pronunció la resolución de nueve de agosto actual, en el toca civil ***, de su índice. Ahora, en observancia al efecto indicado con el inciso a) la responsable en el considerando tercero de la citada resolución determinó: ".se declara INSUBSISTENTE, la resolución dictada por esta Sala el 03 tres de febrero de 2022 dos mil veintidós, en el presente Toca Civil número ***, formado con motivo al recurso de apelación interpuesto por ***, en contra del auto de fecha 01 uno de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, dictada por el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito judicial de Pichucalco, en el expediente número ***, relativo al JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por el apelante, en contra de ***." Por otra parte, para acatar el efecto indicado en el punto b), la autoridad en comento, se encuentra obligada a purgar los vicios destacados en el fallo protector, los cuales son esencialmente los siguientes: 1. No puede estimarse válido lo aseverado por la autoridad responsable en torno a que al precepto 422, fracción X, inciso b) del Código de Procedimientos Civiles del Estado, resulta aplicable al caso y que, por tanto, procedía ordenar la suspensión del procedimiento a partir de su contenido, toda vez que no puede pasar inadvertida la regulación que la propia ley establece, y menos aún aplicarla de forma indiscriminada sin considerar el estado procesal del asunto, ni las consecuencias de paralizar la ejecución de una sentencia firme (cosa juzgada). 2. Dejó de considerar que en la especie el coheredero fallecido no figuró como demandado, sino que se encuentra inmerso en la sucesión a bienes de *** y/o ***, misma que actualmente está representada por su albacea ***. 3. Tampoco se ocupó de analizar si efectivamente la muerte de uno de los coherederos cesó en automático el cargo de albacea de *** por lo que al occiso se refiere, lo cual se estima relevante, pues también habló de la excepción a la regla de suspender del procedimiento por muerte de una de las partes, cuando se encuentra representada por un mandatario, y determinó que en el caso no se actualizaba tal supuesto. 4. Su resolución incluso resulta contradictoria toda vez que previo a determinar la suspensión del procedimiento al establecer que el de cujus no se encuentra representado, sin embargo, previo a ello, señaló que el albacea es el órgano representativo de la copropiedad hereditaria para actuar en nombre y por cuenta de los herederos o legatarios, en todo lo relativo a la defensa y administración de los bienes; apreciación que aun cuando fuera correcta, en realidad no fue sustentada en algún precepto legal o criterio aislado o jurisprudencial para estimarlo válido. 5. Aunque ciertamente, conforme al artículo 1633 del Código Civil para el Estado, si el heredero fallece sin aceptar o repudiar la herencia, el derecho de hacerlo se transmite a sus sucesores, lo cierto es que por ese simple hecho no puede determinarse procedente una suspensión sin antes considerar el estado procesal del asunto (ejecución), el impacto que el fallecimiento de un sujeto ajeno a la litis tiene sobre el mismo, y si efectivamente el albacea perdió la representación de parte de la sucesión, trayendo consigo la inejecutabilidad de la sentencia. En ese tenor, en la sentencia constitucional de mérito se concluyó que el órgano colegiado responsable actúo en forma contraria al contenido del artículo 16 constitucional, en la medida que basó su postura en un precepto inmerso en una regulación que resulta inaplicable a la etapa de ejecución de sentencia, aunado a que dejó de considerar aspectos relevantes para resolver la pretensión sometida a su potestad. Luego, en atención a las consideraciones antes reseñadas, la 1. Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Pichucalco, Chiapas, en resolución de nueve de agosto actual, en el toca civil ***, de su índice, precisó que el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en el juicio de origen, la cual no fue recurrida por ninguna de las partes, por lo que causó ejecutoria en proveído de cuatro de noviembre del año pasado, concluyendo que la etapa en la que se encuentra el procedimiento en estudio se encuentra en la etapa de ejecución. Posteriormente, estableció que la suspensión del procedimiento decretada por el juez de primera instancia en auto de uno de septiembre de dos mil veintiuno, tuvo lugar con posterioridad al dictado de la sentencia; es decir, en la etapa de ejecución. Del mismo modo, detalló el contenido del precepto 422, fracción X, inciso b) del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, precepto legal que se encuentra inmerso en el "TITULO SÉPTIMO", denominado "DE LOS INCIDENTES Y LA CADUCIDAD", particularmente en el "CAPITULO I", intitulado "DE LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA", de la citada legislación, del cual advirtió, que la caducidad de la instancia puede configurarse tanto en la primera como en la segunda instancia, y sólo opera cuando el juicio se encuentra en estado de resolución pendiente de trámite que tienda a esa finalidad. Además, que en dicha normativa se establece diversos supuestos en los que no operará dicha figura, entre los que se encuentran las diligencias practicadas en ejecución de sentencia que haya pasado ante la autoridad de cosa juzgada, así también, que la suspensión del proceso interrumpe el término de la caducidad, la cual tendrá lugar, entre otros casos, cuando sea necesario esperar la resolución de una cuestión previa o conexa por el mismo juez o por otras autoridades. En vista de ello, determinó que bajo esa perspectiva, en el asunto sometido su potestad, el negocio se encuentra en ejecución de sentencia, por tanto, no opera la caducidad, en virtud de que la autoridad de cosa juzgada origina la extinción de la o las instancias respectivas, lo cual impide traer la caducidad de las mismas a debate. Por otro lado, en relación al análisis derivado de la muerte de uno de los coherederos y el cese automático el cargo de albacea de *** por lo que al occiso se refiere, la autoridad responsable determinó que dicho fallecimiento no es razón o causa suficiente para suspender el procedimiento, primeramente porque la litis no fue entablada en contra de *** -de cujus-, sino fue promovida por ***, en contra de ***, en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de *** y/o ***, por ser la persona que originalmente contrajo la deuda hipotecaria. Asimismo, señaló que el cargo de albacea doctrinaria y jurisprudencialmente ha sido considerado como un mandato, el cual de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2574 del Código Civil para el Estado de Chiapas, no se extingue con la muerte; por lo que, el albacea se encuentra facultada para proseguir el juicio donde fue designada, aun ante la muerte de uno de sus mandantes, para evitar daños y perjuicios a la sucesión de que se trate y mientras no se declare judicialmente que ha cesado en el encargo, se encuentra facultada para defender en el procedimiento y fuera de él, a la herencia como la validez del testamento y, en general, atender su administración y representación de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1679 y 1680, fracción VIII, de la ley sustantiva civil. Por tanto, determinó que al encontrarse el procedimiento en etapa de ejecución de sentencia, no es aplicable el contenido del artículo 422, fracción X, inciso b), del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas; así como tampoco, procede ordenar la suspensión de forma indiscriminada sin considerar el estado procesal del asunto, ni las consecuencias de paralizar la ejecución de una sentencia firme, motivo por el cual determinó revocar el auto de tres de febrero de dos mil veintidós y procedió a dictar los términos en que debería quedar el auto recurrido en primera instancia. Lo anterior, pone de manifiesto que el actuar de la responsable se ajustó a lo ordenado en el fallo constitucional, pues a consideración del suscrito, prescindió de estimar aplicable al caso sometido a su potestad, la hipótesis contenida en el artículo 422, fracción X, inciso b) del Código de Procedimientos Civiles del Estado; asimismo, consideró el estado procesal del asunto (ejecución de sentencia), el impacto que el fallecimiento de un sujeto ajeno a la litis tiene sobre el mismo, y si efectivamente el albacea perdió la representación de parte de la sucesión, trayendo consigo la inejecutabilidad de la sentencia y con libertad de jurisdicción procedió a emitir una nueva determinación. En esa tesitura, las actuaciones reseñadas evidencian que se restituyó al peticionario de amparo en el goce del derecho fundamental contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se concluyó vulnerado en la sentencia de amparo, relacionado con los principios de legalidad y seguridad jurídica, pues ante los actos realizados en esta etapa, regresaron las cosas al estado que tenían antes de esa privación. Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional determina: Único: La autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo de dieciséis de junio de dos mil veintidós, en forma total, sin excesos ni defectos, al considerar que acató el núcleo esencial de la misma. Para los efectos del precepto 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes. Notifíquese.
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