Robinson Alfonso Silva Sesteaga
Expediente 636/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 636/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 18/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora
- Robinson Alfonso Silva Sesteaga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiséis de julio de dos mil veintidós, que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado, correspondiente al registro de juicios de amparo; así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diez horas con cuarenta y seis minutos del veintiséis de julio de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -autoridad responsable, quejosa, tercero interesado y fiscal federal adscrito-, la demanda de derechos, así como el informe justificado rendido por la responsable; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse del informe justificado. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, El secretario da cuenta con las documentales allegadas por la autoridad responsable. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos la secretaria hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Téngase por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 636/2022 L-III, promovido por Robinson Alfonso Silva Sesteaga, contra el acto atribuido al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora; y, Resultando Único. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, Robinson Alfonso Silva Sesteaga, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos reclamados que más adelante se puntualizarán. Se admite demanda. Por auto de diecinueve de mayo siguiente, este órgano de control constitucional, al que por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda de amparo, ordenó su registro con el número 636/2022 L-III; y, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se dio la intervención legal que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. Emplazamiento. Se emplazó -vía exhorto- a juicio al tercero interesado Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, ello mediante diligencia de veintinueve de junio de dos mil veintidós, llevada a cabo por la actuaria notificadora adscrita al Juzgado de Primera Instancia Mixto con Competencia Especializada del Distrito Judicial de Guaymas. Finalmente, la audiencia constitucional en este juicio, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes: Considerandos Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto atribuido a una autoridad cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de Distrito. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: El convenio de pago que emitió la responsable el veintidós de abril de dos mil veintidós, derivado del cumplimiento de la resolución definitiva dictada en el expediente 288/2009, el dieciséis de abril de dos mil dieciocho. III. Existencia del acto combatido Es cierto el acto atribuido a la responsable Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, pues así lo reconoció expresamente al rendir su informe justificado; circunstancia que se corrobora con la copia certificada de las documentales que acompañó en complemento al mismo, consistente en las actuaciones que conforman el expediente 288/2009, del índice del Tribunal responsable. Documentales que merecen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con fundamento en su numeral 2°, en virtud de que fueron certificadas por una autoridad jurisdiccional, con motivo y en ejercicio de sus funciones, además de contener el folio, rúbrica y sello del tribunal de origen. IV. Antecedentes del acto reclamado. En este punto, es oportuno realizar una breve relatoría de los antecedentes jurídicamente relevantes que se desprenden de las documentales que acompañó a su informe el Tribunal responsable, consistentes en copia certificada de las actuaciones que integran el juicio de servicio civil 288/2009/II, del índice de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, en funciones de Conciliación y Arbitraje, siendo los siguientes: a) El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva en el expediente número 288/2009/II, en la cual se declaró procedente la acción de indemnización constitucional, pago de salarios; y las desvinculadas consistentes en aguinaldo, prima vacacional y pago de horas extras intentada por Robinson Alfonso Silva Sesteaga, en contra del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora; asimismo, se condenó a este último, a pagar a favor de la parte actora aquí quejoso las siguientes prestaciones: - La cantidad de $59,099.40 (cincuenta y nueve mil noventa y nueve pesos 40/100 moneda nacional), por concepto de indemnización constitucional equivalente a tres meses del importe del último sueldo devengado por el Asistente, a razón de 656.66 (seiscientos cincuenta y seis pesos 66/100 moneda nacional). - La cantidad de $2´466,414.96 (dos millones cuatrocientos sesenta y seis mil cuatrocientos catorce pesos 96/100 monada nacional) por concepto de salarios vencidos contados desde el dieciséis de septiembre del dos mil nueve, hasta la fecha de la presente resolución (dieciséis de abril de dos mil dieciocho);. -La cantidad de $62,382.70 (sesenta y dos mil trescientos ochenta y dos pesos 70/100 moneda nacional), por concepto del pago de las primas vacacionales correspondientes del segundo periodo vacacional del dos mil ocho, los dos periodos vacacionales del dos mil nueve, dos periodos vacacionales del des mil diez, dos periodos vacacionales de dos mil once, dos periodos vacacionales de dos mil doce, dos periodos vacacionales de dos mil trece, dos periodos vacacionales de dos mil catorce, dos periodos vacacionales de dos mil quince, dos periodos vacacionales de dos mil dieciséis y dos periodos vacacionales de dos mil dieciséis;. - La cantidad de $98,499.00 (noventa y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pago de aguinaldo correspondientes a los años dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince y dos mil dieciséis, dos mil diecisiete;. - La cantidad de $42,681.60 (cuarenta y dos mil seiscientos ochenta y un pesos 60/100 moneda nacional), por concepto de 260 (doscientos sesenta) correspondiente a nueve horas extras dobles por nueve horas a la semana, por $164.16 (ciento sesenta y cuatro pesos 66/100 moneda nacional), establecido como salario asignado por hora de jornada establecida al cien por ciento;. -La cantidad de $91,108.80 (noventa y un mil ciento ocho pesos 80/100 moneda nacional), por concepto del pago de 370 (trescientos setenta) horas extraordinarias por el salario ordinario de doscientos por ciento, equivalente a la cantidad de $246.26 (doscientos cuarenta y seis pesos 24/100 moneda nacional). b) Por auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, el Tribunal Responsable declaró firme la resolución emitida por esa Sala Superior, el dieciséis de abril de dos mil dieciocho. c) En proveído de ocho de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó requerir a la parte demandada Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, para que en el término de cinco días diera cumplimiento voluntario a la resolución de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, con el apercibimiento que de no hacerlo, se haría acreedor a una multa por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional). d) Posteriormente, previo diversos requerimientos y ante el incumplimiento por parte del demandado Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, tercero interesado en el presente asunto; a solicitud de la parte actora Robinson Alfonso Silva Sesteaga, aquí quejoso, solicitó se actualizara las cantidades, a las que fue condenada la referida demandada; por lo que por auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, el Tribunal responsable, acordó de conformidad lo solicitado, en los siguientes términos: ". La resolución definitiva en su Resolutivo: "Tercero: Se condena al Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, a pagar al actor Robinson Alfonso Silva Sesteaga, la cantidad de $59,099.40 (cincuenta y nueve mil noventa y nueve pesos 40/100 moneda nacional), por concepto de indemnización constitucional equivalente a tres meses del importe del último sueldo devengado por el Asistente, a razón de $656.66 (seiscientos cincuenta y seis 66/100 moneda nacional);." "Cuarto: Se condena al Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, a pagar al actor Robinson Alfonso Silva Sesteaga, por concepto de salarios vencidos (.) por concepto de salarios vencidos contados desde el dieciséis de septiembre del dos mil nueve, hasta que el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, de cabal cumplimiento a la presente resolución, los cuales seguirán incrementándose a razón de un salario diario de $656.66 (seiscientos cincuenta y seis pesos 66/100 moneda nacional), que al día de hoy ascienden a la cantidad de $2´997,653.20 (dos millones novecientos noventa y siete mil seiscientos cincuenta y tres pesos 20/100 monada nacional), por concepto de salarios vencidos, contados de la primera actuacización de fecha once de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el presente expediente, hasta el día de hoy; ." "Sexto: En tal virtud se condena al Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, a pagar al actor Robinson Alfonso Silva Sesteaga, por concepto de primas vacacionales (.) correspondiente al segundo periodo del dos mil ocho, hasta que el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, de cabal cumplimiento a la presente resolución, los cuales seguirán incrementándose, que al día de hoy ascienden a la cantidad de $47,607.85 (cuarenta y siete mil seiscientos pesos 85/100 moneda nacional), por concepto de prima vacacional contados de la primera actualización de fecha once febrero de dos mil veintiuno, dictado en el presente expediente hasta el día de hoy; ." "Séptimo: Se condena al Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, a pagar al actor Robinson Alfonso Silva Sesteaga, por concepto de pagos de aguinaldo correspondientes al año 2008. (.) hasta que el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, de cabal cumplimiento a la presente resolución, los cuales seguirán incrementándose, que al día de hoy ascienden a la cantidad de $137,798.60 (ciento treinta y siete mil setecientos noventa y ocho pesos 60/100), por concepto de aguinaldos contados desde el año dos mil ocho, al día de hoy; ." "Octavo: Se condena al Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, a pagar al actor Robinson Alfonso Silva Sesteaga, la cantidad de $42,681.60 (cuarenta y dos mil seiscientos ochenta y un pesos 60/100 moneda nacional) por concepto de 260 (doscientos sesenta) correspondiente a nueve horas extras a la semana, por $164.16 (ciento sesenta y cuatro pesos 66/100 moneda nacional), establecido como salario asignado por hora de jornada establecida al cien por ciento;." "Noveno: Asimismo, se condena al Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, a pagar al actor Robinson Alfonso Silva Sesteaga, la cantidad de $91,108.80 (noventa y un mil ciento ocho pesos 80/100 moneda nacional), por concepto del pago de 370 (trescientos setenta) horas extraordinarias por el salario ordinario de doscientos por ciento, equivalente a la cantidad de $246.26 (doscientos cuarenta y seis pesos 24/100 moneda nacional)". Por lo que nos da un gran total de $3´375,949.45 (tres millones trescientos setenta y cinco mil novecientos cuarenta y nueve pesos 45/100 moneda nacional), salvo error u omsión de carácter aritmético. Asimismo, se acuerda de conformidad y a fin de dar cumplimiento a la resolución dictada en el juicio de amparo número 58/2019, por el Juez Segundo de Distrito en el Estado (sic), se acuerda celebrar pláticas conciliatorias entre las partes, con el fin de llegar a un acuerdo y/o convenio de pago con el fin de dar cumplimiento a la resolución definitiva dictada en el presente expediente, y así dar por terminado el presente expediente arbitral, se fija para tal efecto las once horas del día veintiocho de marzo de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 133 de la Ley del Servicio Civil." e) Luego el cinco de abril de dos mil veintidós, nuevamente a petición de la parte actora Robinson Alfonso Silva Sesteaga, se hicieron precisiones sobre la actualización de los salarios caídos, a que fue condenado el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, en la resolución definitiva de dieciséis de abril de dos mil dieciocho; en la que se concluyó que la suma total de dichas prestaciones condenadas hacen un total de $3´388,769.03 (tres millones trescientos ochenta y ocho mil setecientos sesenta y nueve pesos 03/100 moneda nacional). f) El veintidós de abril de dos mil veintidós, las partes en el juicio de origen, celebraron un convenio conciliatorio, ante la dirección de Conciliación, Orientación y Consulta Ciudadana, para mayor ilustración se procede a plasmar la constancia en mención: Hasta aquí la relatoría de los antecedentes jurídicamente relevantes del acto reclamado. V. Causa de improcedencia actualizada. Examinada la existencia del acto reclamado, así como sus antecedentes, se impone analizar la procedencia del juicio constitucional por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62, de la Ley de Amparo. En el presente asunto, este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.) La fracción XXIII, del artículo 61 transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que se relaciona con las causas de inejercitabilidad de la acción Constitucional establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el numeral de referencia, como lo es el que deriva de la interpretación, en sentido contrario, de la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia. Ahora, de la intelección del precepto legal invocado en segundo término, se deduce que el juicio de amparo procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, entendiendo por "juicio", para los efectos del amparo, el proceso contencioso que inicia con la presentación de la demanda ante el órgano competente y concluye con el dictado de la sentencia definitiva. Sobre esa base, los actos impugnables en amparo indirecto ante el juez de Distrito, son los que los jueces o tribunales ordinarios ejecutan antes de que hayan recibido la demanda y después de que se haya pronunciado sentencia ejecutoria, incluyendo actos de ejecución de sentencia o de remates, aunque con reglas específicas de procedencia. Sin embargo, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia, para impugnar los actos o resoluciones emitidos dentro de este, la propia ley de la materia impone que es necesario que tales actos se reclamen hasta la última resolución, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta. En consecuencia, las resoluciones que se dictan durante el periodo de ejecución de una sentencia no pueden impugnarse mediante el juicio de amparo, precisamente para evitar que la ejecución se interrumpa con frecuencia mediante la interposición de medios de defensa que prolongarían los procedimientos de ejecución de manera indefinida, haciendo en muchos casos nugatoria la eficacia de los fallos. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la regla específica de procedencia del juicio de amparo contenida en la fracción III, párrafos segundo y tercero, del artículo 114 de la anterior Ley de Amparo (artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo), rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la última, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del quejoso y se reclame también ésta, pues esos actos dictados en ejecución de sentencia tienen como apoyo la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que mientras no se dicte la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados en ese procedimiento así como el problema de Constitucionalidad del precepto legal aplicado (en su caso), solo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución. Por otra parte, resulta importante precisar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, en sesión de dieciséis de noviembre de dos mil diez, determinó que: De conformidad con la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo (actualmente artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo) y partiendo de la base de que el amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo (ahora también agrarios), emitidos fuera de juicio o después de concluido, pero tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia o del procedimiento de remate, el amparo procederá únicamente contra la última resolución, siendo ésta, en principio, la que declare cumplida la sentencia o la que decrete la imposibilidad de que se cumpla y, específicamente, tratándose de remates, la que apruebe o desapruebe el remate; entonces, el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, aun cuando se impugne la Constitucionalidad de la ley aplicada, por lo que -incluso en estos casos- sólo procede contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución, en el que se podrán alegar las violaciones a la Constitución Federal que se estimen conducentes. Sin embargo, existen actos emitidos en ejecución de sentencia, en contra de los cuales procede el amparo indirecto, entre otros, aquellos respecto de los que el acto reclamado afecta derechos sustantivos de manera inmediata; por tanto, un acto dictado en ejecución de sentencia puede reclamarse a través del amparo indirecto, cuando: se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente (regla general). La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo (artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo) establece, en principio, una regla autónoma relativa a que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción IV (actualmente fracción V del artículo 107) del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Lo anterior, sin que dicha aplicación por analogía permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. La amplitud de la norma contenida en la fracción IV del citado artículo 114 de la Ley de Amparo (ahora fracción V del artículo 107), en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la fracción III de dicho precepto (artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo), de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Las consideraciones apuntadas dieron origen a la jurisprudencia de rubro y texto : "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto.". Con base en el criterio anterior, se puede concluir que, por regla general, el juicio de amparo resulta improcedente en tratándose de actos de ejecución de sentencia, si la acción Constitucional no se promueve contra la última resolución dictada en ese procedimiento. Sin embargo, también se advierte que a esa regla aplica la excepción relativa a que, tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, existe la posibilidad de impugnarlos vía amparo indirecto, exclusivamente cuando infrinjan directamente derechos sustantivos ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la resolución definitiva; esto es, que no sean consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva. En el caso, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama el convenio en conciliación celebrado dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, por la parte actora en el juicio de origen Robinson Alfonso Silva Sesteaga, acompañado de su abogada; y, el síndico suplente en funciones Carlos Alberto Burrola Cordova, en su carácter de representante legal del demandado Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, el veintidós de abril de dos mil veintidós; en el cual ambas partes se sometieron, entre otras, a las siguientes cláusulas: ". Primero.- (.) Segundo.- Están de acuerdo las partes en reconocer que la cantidad que se adeuda de acuerdo de actualización de cuenta de fecha cinco de abril de dos mil veintidós, es la cantidad de $3´388,769.03 (tres millones trescientos ochenta y ocho mil setecientos sesenta y nueve pesos 03/100 moneda nacional), por concepto de indemnización constitucional; salarios caídos; aguinaldos; prima vacacional y pago de horas extras y a que a la a la fecha de la firma de este convenio la cantidad asciende a $3´401,398.03 (tres millones cuatrocientos un mil trescientos noventa y ocho pesos 03/100 moneda nacional). Tercera.- Manifiesta el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, por conducto del Sindico Suplente en Funciones el C. Carlos Alberto Burrola Cordova, que su representada está de acuerdo a pagar en vía de arreglo conciliatorio para dar por terminado el presente conflicto con Robinson Alfonso Silva Sesteaga el 65% (sesenta y cinco por ciento) sobre la cantidad de $3´401,398.03 (tres millones cuatrocientos un mil trescientos noventa y ocho pesos 03/100 moneda nacional), que representa la cantidad de $2´210,908.71 (dos millones doscientos diez mil novecientos ocho pesos 71/100 moneda nacional), otorgándole un primer pago a la firma de este convenio por la cantidad de $220,621.36 (doscientos veinte mil seiscientos veintiún pesos 36/100 moneda nacional) y el resto que representa $1´990,287.35 (un millón novecientos noventa mil doscientos ochenta y siete pesos 35/100 moneda nacional), en doce mensualidades por la cantidad de $165,857.27 (ciento sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta y siete pesos 27/100 moneda nacional). Cuarta.- Que de acuerdo a lo manifestado en la cláusula anterior, en este acto y en las instalaciones que ocupa esta Unidad de Conciliación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, ubicado en Bulevar García Morales número 114, colonia El Llano de esta Ciudad, el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, otorga un primer pago por la cantidad de $220,621.36 (doscientos veinte mil seiscientos veintiún pesos 36/100 moneda nacional) mediante cheque número 15241490 emitido por la Institución Financiera BBVA y quien entrega en este acto y el resto de $1´990,287.35 (un millón novecientos noventa mil doscientos ochenta y siete pesos 35/100 moneda nacional), en pagos subsecuentes mensuales, entregados en las instalaciones de este recinto, a razón de la siguiente tabla: Fecha Cantidad 1 16/05/2022 $165,857.27 2 15/06/2022 $165,857.27 3 14/07/2022 $165,857.27 4 15/08/2022 $165,857.27 5 14/09/2022 $165,857.27 6 14/10/2022 $165,857.27 7 15/11/2022 $165,857.27 8 15/12/2022 $165,857.27 9 16/01/2023 $165,857.27 10 15/02/2023 $165,857.27 11 15/03/2023 $165,857.27 12 14/04/2023 $165,857.27 $1´990,287.35 Cantidades que serán entregadas en las fechas descritas en el horario que pactaran las partes al momento de la firma del presente, en las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, en el domicilio antes citado y ante la Dirección de Conciliación donde se levantará la constancia conducente que se anexará al presente y será parte del sumario. Quinta.- En caso de incumplimiento de los pagos referidos en las fechas antes señaladas el Ayuntamiento de Guaymas, deberá pagar la actualización de los salarios caídos que se sigan computando por el tiempo transcurrido entre la fecha que debió hacerse el pago hasta el día en que se realice descontando los pagos ya realizados, a razón del salario diario del trabajador que se tuvo determinado por la cantidad de $656.66 (seiscientos cincuenta y seis pesos 66/100 moneda nacional) . Sexta.- Manifiesta el C. Robinson Alfonso Silva Sesteaga que está de acuerdo con el presente convenio y específicamente lo establecido en las cláusulas anteriores, por lo que una vez que transcurran los plazos señalados y se cumplan con los pagos pactados, se tenga por cumplido en su totalidad el laudo a su favor y por pagadas todas y cada una de las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda y las cuales fueron condenada en laudo dictado en autos del expediente 288/2009 sin reserva ninguna acción ni derecho que ejercitar en lo futuro en contra de la demandada. Séptima: Ambas partes comparecientes solicitan que el presente convenio una vez transcurrido el tiempo y se cumplan en tiempo y forma con los pagos convenidos, se eleve a categoría de laudo cumplimentado, por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, toda vez que el mismo no contiene renuncia alguna de los derechos laborales del trabajador ni cláusula que sea contraria a la moral ni al derecho, mismo que se ratifican en este mismo acto y ambas partes solicitan se archive el presente convenio una vez cumplido en su totalidad junto con el expediente 288/2009 como asunto total y definitivamente cumplido.." Luego, en esa misma data -veintidós de abril de dos mil veintidós-, la Dirección de Conciliación, de Orientación y Consulta Ciudadana, tuvo por hechas las manifestaciones de los comparecientes a quienes se les tuvo por celebrado el convenio que antecede, el cual dijo, no contiene cláusula contraria a la moral, ni vulnera derechos de los trabajadores ni afecta derechos a terceros, ni disposición de orden público, por lo que, determinó aprobar y sancionar en sus términos dicho convenio, obligando a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar de conformidad con los artículos 17 Constitucional, 133 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora, artículo 7 de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el Estado de Sonora y artículo 30 bis, del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. Sin embargo, el acto (convenio conciliatorio de veintidós de abril de dos mil veintidós) reclamado en estudio no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución, ya que si bien, fue aprobado y sancionado por la Dirección de Conciliación, cierto es, que en aquél no se declaró cumplida la sentencia; pues al contrario, se estableció que eso sucedería una vez que transcurrieran los plazos señalados y se cumplan con los pagos pactados -Cláusula Sexta-; además, se dispuso que, una vez transcurrido el tiempo y se cumplan en tiempo y forma con los pagos convenidos, se eleve a categoría de laudo cumplimentado, y se ordenara su archivo como asunto total y definitivamente cumplido, por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora -Cláusula Séptima-; hipótesis que hasta este momento no ha acontecido. En las condiciones anotadas, resulta evidente que el acto reclamado no constituye la última resolución con la que concluya el procedimiento de ejecución, como tampoco afecta materialmente derechos sustantivos distintos de la cosa juzgada y, por ende, en términos del artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, el juicio de amparo es improcedente. De ahí que, no será sino hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución mencionado, cuando proceda el amparo, en el cual el ahora inconforme podrá impugnar la resolución de mérito, más aun, podrá reclamar todas las violaciones procesales que estime se han actualizado en su perjuicio en la fase de ejecución, que hasta este momento no deparan un perjuicio de imposible reparación, sino que, en su caso, de trascender al resultado final de dicho procedimiento, puede ser reparado por la vía del amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo de la ley de la materia. Se arriba a la anterior conclusión, porque como se ha dejado establecido el acto que aquí se combate, está relacionado con la etapa de ejecución de la sentencia; por lo que, la decisión emitida, no es ajena a la cosa juzgada en el juicio de origen; por tanto, el acto combatido, es inherente, precisamente al fondo del asunto que se ventiló en aquel procedimiento instaurado por el ahora impetrante del amparo; de ahí que el juicio de amparo resulta improcedente. Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, ambos de la ley de la materia, el juicio de amparo resulta improcedente. VI. Decisión En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, procede sobreseer en el presente juicio de derechos en términos del numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se Resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos promovido por Robinson Alfonso Silva Sesteaga contra el acto precisado en el apartado II, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando V de este fallo. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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Auto. En Hermosillo, Sonora, doce de julio de dos mil veintidós. Recepción de despacho. Agréguese a los autos el despacho remitido por la autoridad siguiente: OFICIOAUTORIDAD192/2022 ORDEN 117/2022 DESPACHO 28/2022JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO CON COMPETENCIA ESPECIALIZADA DEL DISTRITO JUDICIAL DE GUAYMAS, SONORA. Mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, y devuelve despacho debidamente diligenciado. Se hace efectivo apercibimiento. En cuanto al apercibimiento decretado en auto de diecisiete de junio pasado, se advierte que en tal encomienda, se requirió a la parte tercera interesada Ayuntamiento de Guaymas, Sonora para que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, sin que hasta la fecha lo hayan hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo, y se ordena que las mismas, aún las de carácter personal, se le practiquen por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto efectúe el señalamiento de mérito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Baja de comunicación oficial enviada. Finalmente, dese de baja la comunicación oficial enviada, -Orden 117/2022, Despacho 28/2022- y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro Cuatro de Juzgado relativo al registro de "Comunicaciones Oficiales Enviadas", así como del Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (S.I.S.E.) Notifíquese; y personalmente a la encargada del Libro Cuatro de Juzgado relativo a "Comunicaciones oficiales enviadas". Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia constitucional. Del estado de autos y la certificación que antecede se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, en virtud de el diecisiete de junio de dos mil veintidós, se ordenó girar despacho al Juzgado de Primera Instancia Mixto de Competencia Especializada, con residencia en Guaymas, Sonora, para que en auxilio de las labores de este juzgado, emplace a la parte tercero interesada Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. A efecto de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con cuarenta y seis minutos del veintiséis de julio de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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